Por Santiago Cantón, Michael Matera, María Jaraquemada Hederra y Mark L. Schneider

América Latina y el Caribe enfrentan niveles persistentemente altos de pobreza, desigualdad, polarización política, violencia, corrupción e impunidad. Esta situación se ve agravada por la pandemia de los últimos años que ha dejado a esta región del “Sur” en un estado general más precario que nunca y aún menos prioritario para sus socios en el “Norte”. Además, la ola democrática que experimentó la región en la década de 1990 y principios de la de 2000 se ha visto contrarrestada por un aumento del autoritarismo y otras medidas antidemocráticas. El flagelo de la corrupción y la impunidad, que durante décadas ha empañado gravemente la reputación de la mayoría de los países de la región, requiere respuestas políticas urgentes e integrales. Varios países de la región, entre los que destacan Chile y Uruguay.

La región de América Latina y el Caribe (ALC) tiene una gran oportunidad de emprender un programa innovador de cooperación Sur-Sur sobre transparencia y anticorrupción, basado en el intercambio de mejores prácticas dentro de la región, incluidas las experiencias de Chile y Uruguay, así como como de otros países que han logrado avances en varios frentes de transparencia (como Colombia y Costa Rica). Este esfuerzo debe avanzar en paralelo con el nuevo compromiso del gobierno de EE. UU. de promover y apoyar el progreso integral en la lucha contra la corrupción tanto en el país como en el extranjero y en coordinación con sus socios globales. Intercambios mutuos de mejores prácticas, incluyendo no solo la cooperación Sur-Sur sino también la nueva cooperación Norte-Sur y Sur-Norte, podría ayudar a distinguir al Hemisferio Occidental como un lugar donde una mayor transparencia y una gobernabilidad más efectiva fomentan los objetivos de desarrollo regional, crecimiento, comercio e inversión. Proponemos aprovechar el trabajo de transparencia Sur-Sur que los cuatro autores iniciaron en los últimos años para avanzar en un proyecto concreto de transparencia y gobernanza Sur-Sur que reúna a representantes afines de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en el hemisferio. 

FONDO

Gran parte de la región de América Latina y el Caribe, incluso en el período anterior a la COVID-19, ya estaba lidiando con algunos de los desafíos políticos, económicos y sociales más complejos que la región ha enfrentado en muchas décadas: niveles altos y crecientes de pobreza. , desigualdad, polarización política, violencia, corrupción, crimen transnacional e impunidad, junto con bajos niveles de crecimiento económico, gobernanza generalmente ineficaz y caídas récord en la confianza pública en las instituciones democráticas. El impacto adicional de la pandemia de Covid-19 desde marzo de 2020, que tuvo un costo per cápita desproporcionadamente alto en ALC, solo exacerbó aún más estas condiciones de crisis. Abordar esta situación hoy solo se complica aún más por la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 y el impacto de este conflicto en el crecimiento mundial y los precios de las materias primas. y sobre las complejas relaciones e interrelaciones bilaterales que tienen los países de ALC con EE.UU., China y Rusia. Para redondear estas circunstancias poco auspiciosas, EE. UU., con su proximidad y vínculos históricos con la región de ALC, se encuentra en este momento seriamente distraído por crisis internacionales apremiantes, en su mayoría más allá del hemisferio occidental, su propia polarización e inestabilidad política interna, y una migración crisis en su frontera sur.

En medio de estas complejas circunstancias globales, los países de América Latina y el Caribe, más que nunca abandonados a su suerte, enfrentan condiciones que exigen respuestas urgentes y concertadas. La región de ALC enfrenta la probabilidad de una asistencia técnica y humanitaria menos generosa de los países del Norte, incluidos EE. a las crisis mundiales de energía y alimentos, y las presiones para reducir el gasto para reducir la inflación. 

ALC: AMENAZAS URGENTES A LA GOBERNANZA Y LA GOBERNABILIDAD

¿Cómo pueden los países de América Latina y el Caribe dirigir de manera más efectiva sus propios esfuerzos y arsenales de políticas públicas para abordar las crisis multifacéticas que enfrentan hoy? Sugerimos que cada país de ALC puede y debe promover políticas efectivas sobre los amplios desafíos de la gobernabilidad. Solo se puede lograr un progreso real con un consenso nacional genuino, incluido el apoyo de la sociedad civil y el sector privado. Esto suena como una tarea difícil, pero romper bruscamente con las tendencias profundamente arraigadas de corrupción de élite es esencial para enfrentar esas crisis.  

Remitimos a los lectores y respaldamos las recomendaciones hechas por el PNUD e IDEA Internacional en un informe de mayo de 2022, Gobernanza, Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe , que se enfoca con una claridad impresionante en cómo los “problemas crónicos de gobernabilidad y la baja calidad” de ALC de gobernabilidad” son los culpables de muchas de las crisis que enfrenta la región. El informe argumenta que la región ALC enfrenta cada vez más “una crisis de gobernabilidad y de democracia… De particular preocupación son las acciones intencionales en algunos países para restringir la libertad de expresión y de prensa, para atacar a las autoridades electorales y los jueces, y para debilitar el control constitucional sobre la autoridad del poder ejecutivo.  Estas conductas, junto con la persistencia del crimen, la corrupción y la impunidad, amenazan los cimientos mismos del estado de derecho en la región [ énfasis propio] con el consecuente impacto en las libertades civiles y políticas, la capacidad de garantizar elecciones libres y justas, y el ejercicio de la plena participación ciudadana”. (ref. Informe PNUD/IDEA página 9)

El informe del PNUD/IDEA Internacional proporciona una lista de recomendaciones que responden a los seis principales problemas que enfrenta la región de ALC: “(1) tasas de crecimiento económico bajas y erráticas, (2) alta desigualdad de ingresos y concentración de la riqueza, (3) fiscalmente estados constreñidos, (4) desafección representativa y democrática, (5) fragmentación y polarización del sistema político, y (6) rezago y deterioro del estado de derecho”. (Informe PNUD/IDEA página 6)

Si bien el Informe PNUD/IDEA Internacional incluye recomendaciones que abordan cada una de las seis áreas problemáticas de la gobernabilidad, en esta discusión, destacamos el problema final, el deterioro del estado de derecho, con un enfoque específico en el impacto destructivo que tiene la corrupción. había en toda la región.  “Si el estado de derecho no se fortalece de manera profunda y efectiva, la corrupción, el crimen organizado y la violencia se perpetúan y forman un círculo vicioso de impunidad. La corrupción afecta gravemente la gobernabilidad y la gobernabilidad, ya que socava la confianza ciudadana en la democracia y sus instituciones, favorece el mal uso y uso indebido y la apropiación indebida de los ya escasos recursos públicos, genera impunidad y afecta la cohesión social. De todos los aspectos de la democracia en América Latina y el Caribe, la reducción de la corrupción es el campo en el que se han logrado avances menos sustanciales y rápidos en las últimas décadas”. (PNUD/IDEA pág. 29) Y finalmente, “sin iniciativas e instituciones fuertes de integración regional, los esfuerzos aislados de cada país para combatir flagelos como el crimen organizado, la migración, el narcotráfico, la corrupción y el cambio climático siempre serán insuficientes”. (Informe PNUD/IDEA página 33)

La corrupción y el deterioro del estado de derecho son factores que han sido documentados por el creciente número de medidas de corrupción y del estado de la gobernabilidad que se han desarrollado a medida que el trabajo de transparencia y anticorrupción se ha convertido en un mercado en crecimiento en las últimas décadas: desde los primeros Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional al Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial y su nuevo y mejorado Índice de Ambiente Propicio para los Negocios (BEE) , el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial a una de las medidas más recientes e innovadoras, el Pronóstico de Riesgo de Corrupción ERCAS/CIPE, así como numerosas otras medidas e índices. Todos estos informes y medidas, desde su inicio a principios de la década de 1990, han dejado la historia constante de ALC como una de las regiones más profundamente corruptas del mundo. A pesar de los diferentes esfuerzos realizados por organismos internacionales, donantes bilaterales, sociedad civil y periodistas, aún existen muy pocos ejemplos de éxito. La corrupción continúa siendo una de las principales prioridades de los ciudadanos para que sus gobiernos y autoridades la aborden, sin mejoras generales en las últimas décadas.   

ESFUERZOS ANTICORRUPCIÓN EN LA REGIÓN ALC A LO LARGO DE LAS DÉCADAS

Tal vez reflejando en parte el historial empañado de la región, el Hemisferio Occidental tomó la delantera en el frente de la corrupción cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) creó en 1996 la primera convención regional anticorrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción (IACC )  que más tarde sirvió como modelo para la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) de 2006 . La corrupción ha sido un foco frecuente de muchas iniciativas concretas destinadas a mejorar la transparencia y la gobernabilidad en ALC, incluido el trabajo significativo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización de los Estados Americanos (OEA) , el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). ElEl Compromiso de Lima de 2018 sobre Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción en la Octava Cumbre de las Américas y el enfoque en la lucha contra la corrupción en la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio de 2022, todos han servido como evidencia de compromisos crecientes (y a veces menguantes) para anticorrupción en toda la región. Otras iniciativas multilaterales de transparencia que se han arraigado en un número cada vez mayor de países de la región incluyen la Open Government Partnership (OGP) y la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) . Debido a todos estos esfuerzos, no es inusual tener fuertes compromisos políticos en estos temas por parte de la mayoría de los candidatos a las elecciones nacionales, pero sin el impacto que se esperaría de tales promesas electorales.

Durante más de dos décadas, los donantes de asistencia bilateral a América Latina y el Caribe (principalmente EE. UU., Canadá, la Unión Europea, Alemania, el Reino Unido, España y Japón) también han brindado asistencia técnica Norte-Sur significativa, aunque en su mayoría descoordinada .en temas de gobernabilidad y transparencia que ha contribuido a una mejor comprensión de la gobernabilidad y la corrupción en la región y a algunos avances limitados en políticas concretas. Importantes proyectos multianuales y multimillonarios en ALC, en particular por parte de USAID y la Unión Europea, han desempeñado un papel en ayudar a desarrollar instituciones del estado de derecho y organizaciones de la sociedad civil en muchos países de la región. Numerosas organizaciones relevantes de la sociedad civil basadas tanto en el Norte como en la propia región de ALC (por ejemplo, Transparency International, IDEA International, Pan American Development Foundation, Open Societies Foundation y muchas otras) también han promovido numerosas iniciativas macro y micro que valen la pena en transparencia y gobernabilidad. En el mejor de los casos, los resultados de estos esfuerzos han sido mixtos,

CONCEPTO DE COOPERACIÓN SUR-SUR

Cambios significativos han tenido lugar en el mundo en los últimos años en términos de relaciones políticas y económicas internacionales. Una consecuencia clara de esto ha sido que el “modelo” tradicional Norte-Sur de intercambio de conocimientos y experiencia en políticas ya no se considera el único enfoque para el trabajo de asistencia técnica y políticas públicas. Los esfuerzos cooperativos para desarrollar e implementar la cooperación técnica bilateral entre países en desarrollo se denominan Cooperación Sur-Sur , mientras que la cooperación bilateral financiada por países desarrollados se conoce como Cooperación Triangular. Podría decirse que la experiencia de otros países en desarrollo al abordar desafíos comunes puede ser más relevante y eficaz para los países receptores, especialmente cuando estos países comparten características históricas, culturales, políticas, institucionales y sociales comunes y, en muchos casos, hablan el mismo idioma. A menudo también es más fácil para los socios aceptar asistencia proveniente de otros países en desarrollo que han experimentado desafíos similares y pueden compartir enfoques exitosos.

Promovida cada vez más activamente por las Naciones Unidas, “la escala, el alcance, el volumen y el número de partes interesadas de la cooperación Sur-Sur… continúan experimentando un crecimiento exponencial en todos los niveles”. (Ref: Estrategia para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la cooperación Sur-Sur y triangular para el desarrollo sostenible ). La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) fue creada para promover estas nuevas formas de cooperación técnica. Si bien los recursos de la UNOSSC han sido limitados y la efectividad de sus programas a veces socavada por sensibilidades políticas, el propio Secretario General ha dicho que “la cooperación Sur-Sur está contribuyendo a la transformación de las normas y principios de la cooperación internacional”. 

A pesar de la creciente importancia de dicha cooperación, los intercambios Sur-Sur sobre gobernabilidad y corrupción han sido limitados, en parte debido a la sensibilidad política de estos temas y al limitado apoyo financiero de los donantes. La Conferencia de Buenos Aires sobre Cooperación Sur-Sur de 2019 , la segunda Conferencia de Alto Nivel de la ONU, alentó abiertamente los intercambios Sur-Sur para combatir la corrupción y señaló que “la corrupción y los flujos financieros ilícitos impiden el desarrollo económico, profundizan la desigualdad de ingresos y reducen la movilización de recursos para el desarrollo sostenible en los países en desarrollo”. En 2020, la ONU lanzó una nueva estrategia para todo el sistema sobre cooperación Sur-Sur y triangular para el desarrollo sostenible, incluido un enfoque cada vez más prominente en el trabajo de transparencia y gobernanza.

UNA INICIATIVA SUR-SUR DE GOBERNANZA Y ANTICORRUPCIÓN

Los líderes del sector público y privado genuinamente comprometidos en el hemisferio necesitan desarrollar nuevos enfoques para fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción que ha causado tanta destrucción política y económica en sus países al socavar la confianza básica de los ciudadanos en el gobierno. Este esfuerzo debe organizarse, en parte, como una iniciativa Sur-Sur basada en las mejores prácticas y la amplia experiencia de varios países de la región donde se han logrado avances concretos en los últimos años, incluso en temas críticos de financiamiento electoral, cabildeo leyes, capacitación y reforma judicial, transparencia en la contratación pública y en la gestión financiera del sector público, capacitación y reforma judicial, entre otros. Este esfuerzo deberá distinguirse del manto anticorrupción que han utilizado cínicamente los políticos populistas para debilitar a sus oponentes políticos y rivales comerciales. En muchos otros casos, los esfuerzos de reforma se reflejan en nuevas leyes, pero la implementación de las leyes suele ser incompleta o inexistente, lo que frustra a los reformadores. El apoyo a una iniciativa innovadora como esta debe provenir de socios bilaterales y multilaterales en el Norte, así como de líderes del sector privado en la región que reconocen el impacto positivo que ese trabajo inevitablemente tendrá en el entorno comercial. Gran parte de los antecedentes y la investigación necesarios ya se han realizado, y los proyectos piloto deben aprovecharse rápidamente para generar impulso. 

En 2017/2018, los autores lanzaron una iniciativa concreta de asistencia técnica que generó un importante cuerpo de investigación y un limitado intercambio inicial Sur-Sur de mejores prácticas en las áreas de transparencia, anticorrupción y seguridad ciudadana en América Latina. Este esfuerzo se centró y documentó la experiencia y las mejores prácticas en Chile, Uruguay y Colombia, con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) como destinatarios previstos. La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) participaron en esta labor desde 2017 hasta 2021 en diversos grados, así como organizaciones de la sociedad civil, incluidas las filiales de los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en los países involucrados, así como otras ONG. El trabajo inicial de 2017-2020, que fue financiado por USAID y Open Societies Foundations, se llevó a cabo mientras varios de nosotros estábamos en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y luego en la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). ). Otros de nosotros trabajábamos en ese momento con organizaciones de la sociedad civil en la región que cooperaban con PADF y CSIS.

Este proyecto Sur-Sur se basó en el argumento de que la región de ALC en sí misma tiene una experiencia significativa y relevante con los esfuerzos para abordar la corrupción y promover una mayor transparencia en los sectores público y privado. Chile y Uruguay, que como la mayoría de sus vecinos de ALC enfrentaron altos grados de polarización política y social, han logrado avances impresionantes en políticas anticorrupción a través de esfuerzos deliberados para construir un consenso nacional detrás de estas medidas. En la mayoría de las medidas de transparencia y estado de derecho, incluido el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Chile y Uruguay han superado con creces a todos los demás países de la región y compiten efectivamente con la mayoría de los países desarrollados. Uruguay ha superado consistentemente a Estados Unidos en muchas medidas de transparencia, mientras que Chile ha empatado o superado en varias ocasiones a Estados Unidos. Colombia, aunque no está tan alto en los índices de transparencia como Chile y Uruguay, ofrece lecciones específicas sobre cómo abordar la impunidad y, al mismo tiempo, promover mejoras significativas en la seguridad ciudadana. Los tres países se destacan en la promoción de mecanismos no gubernamentales legales, regulatorios e independientes innovadores para abordar estos problemas. Otros países seleccionados en ALC también se han distinguido en medidas de transparencia relacionadas con políticas específicas y áreas de enfoque, incluidos Costa Rica, Brasil, México y otros. ofrece lecciones específicas sobre cómo abordar la impunidad y, al mismo tiempo, promover mejoras significativas en la seguridad ciudadana. Los tres países se destacan en la promoción de mecanismos no gubernamentales legales, regulatorios e independientes innovadores para abordar estos problemas. Otros países seleccionados en ALC también se han distinguido en medidas de transparencia relacionadas con políticas específicas y áreas de enfoque, incluidos Costa Rica, Brasil, México y otros. ofrece lecciones específicas sobre cómo abordar la impunidad y, al mismo tiempo, promover mejoras significativas en la seguridad ciudadana. Los tres países se destacan en la promoción de mecanismos no gubernamentales legales, regulatorios e independientes innovadores para abordar estos problemas. Otros países seleccionados en ALC también se han distinguido en medidas de transparencia relacionadas con políticas específicas y áreas de enfoque, incluidos Costa Rica, Brasil, México y otros. 

Este proyecto Sur-Sur en su etapa inicial se centró en las mejores prácticas de Chile, Uruguay y Colombia en cinco áreas prioritarias de política pública que incluyen:

– financiamiento de campañas y partidos políticos;

– gestión del sector financiero público;

– contratación y adquisiciones gubernamentales, incluso para proyectos de infraestructura;

– la reforma del servicio civil y los mecanismos de investigación de antecedentes para los funcionarios públicos, incluso en el poder judicial y la aplicación de la ley; y

– fortalecimiento y control interno de las instituciones de seguridad y justicia para combatir la impunidad y mejorar la seguridad ciudadana.

Se puede acceder al trabajo analítico escrito completado durante la primera fase de este proyecto aquí , e incluye evaluaciones detalladas de los avances de política en Chile, Uruguay y Colombia en las cinco áreas enumeradas anteriormente. El trabajo también incluye diagnósticos de dónde existen vacíos de política pública en los países del CNT. El Informe Final de USAID sobre esta primera fase del proyecto proporciona un recuento detallado del trabajo completado, incluidas recomendaciones para el trabajo de seguimiento en una segunda fase planificada del proyecto. PADF completó en 2020 un informe de seguimiento sobre los esfuerzos anticorrupción en Ecuador que fue paralelo al trabajo anterior del NTC.

Cuando los gobiernos del CNT en 2021 mostraron renuencia a asumir un compromiso genuino para involucrarse seriamente en este proyecto, la iniciativa, que en ese momento estaba siendo coordinada por FUPAD, se estancó a pesar del entusiasmo por seguir adelante por parte de los representantes de la sociedad civil del CNT como así como representantes públicos y privados en Chile y Uruguay.  

¿SIGUIENTES PASOS PARA LANZAR UNA NUEVA INICIATIVA SUR-SUR?

El momento actual es propicio para revisar el trabajo ya realizado en la promoción de la cooperación Sur-Sur en materia de transparencia, actualizar y ampliar los hallazgos y recomendaciones de la investigación y despertar el interés de los países de la región por participar en una iniciativa de este tipo. El Diálogo Interamericano (DIA) ya está liderando el esfuerzo para relanzar esta iniciativa Sur-Sur . Como una organización regional única de la sociedad civil dedicada a fomentar la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe , el Diálogo Interamericano está bien posicionado para ayudar a coordinar el debate de políticas en torno a los desafíos de gobernabilidad y gobernabilidad de ALC , para diseñar soluciones y promover una nueva cooperación regional en todo el Hemisferio Occidental. La DIA ya está involucrada en discusiones iniciales con instituciones públicas y privadas clave en la región, incluidas las agencias de asistencia técnica, AGCID en Santiago y AUCI en Montevideo, con los directores locales de los capítulos de Transparency International en Chile (Chile Transparente) y Colombia (Transparencia por Colombia) y con la organización de la sociedad civil Uruguay Transparente en Uruguay, así como con representantes en Ecuador y República Dominicana, posibles países participantes iniciales de esta nueva iniciativa.

Un emprendimiento multinacional de este tipo implica una compleja plataforma de actividades e intercambios. Reconocemos plenamente los desafíos asociados con este ambicioso plan. Sin embargo, un círculo inicial comprometido de representantes públicos y privados en Chile, Uruguay, Colombia y EE. UU. y una red potencial de aliados y colegas en países como Ecuador, República Dominicana, Honduras, Paraguay, México, Brasil, Perú y en otro lugar, déjanos entusiasmados por seguir adelante con esta iniciativa en los próximos meses. 

Entre los próximos pasos posibles para la iniciativa Sur-Sur, deseamos mencionar de forma muy breve las siguientes ideas y conceptos: 

– Los autores están interesados ​​en construir una coordinación más estrecha entre nuestras propias instituciones actuales (Diálogo Interamericano (DIA), Transparencia Internacional (TI) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo), así como con otras organizaciones afines que podrían contribuir a la forma y contenido de esta iniciativa Sur-Sur, incluyendo IDEA Internacional, Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), BID, CAF, OEA, ONU y otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil, así como donantes bilaterales (EE. UU., Canadá, UE, Japón) que comparten nuestra evaluación de la grave amenaza que representan la corrupción y la impunidad en la región de ALC.

– El gobierno de los EE. UU., con su “Estrategia para contrarrestar la corrupción” de diciembre de 2021 , y con los EE. UU. como vecino hemisférico, tiene un papel importante que desempeñar en la promoción de esta forma de colaboración Sur-Sur, complementando lo que el gobierno de los EE. UU. ya se ha comprometido en términos de asistencia técnica Norte-Sur más tradicional. Esta nueva estrategia anticorrupción de Washington también abre una oportunidad potencial para el apoyo de los EE. UU. (así como de Canadá, la UE y Japón) para convertir esta iniciativa Sur-Sur en una Triangular.

– Las áreas de enfoque en los esfuerzos anticorrupción son muy amplias, y los esfuerzos iniciales podrían orientarse mejor hacia aquellas áreas que han sido políticamente más sensibles y, por lo tanto, más difíciles para que los socios logren un progreso genuino en: la regulación del financiamiento político/de campañas y de la legislación ; cabildeo (dos recomendaciones clave en el Informe PNUD/IDEA de mayo de 2022). La Estrategia de EE. UU. para contrarrestar la corrupción habla con franqueza de impulsar “una mayor transparencia en el sistema de financiamiento de campañas de EE. UU.” (Estrategia de EE. UU., página 18), una apertura para un enfoque innovador de cooperación Sur-Norte. Chile y Uruguay tienen una experiencia muy relevante para compartir con Estados Unidos sobre cómo implementar limitaciones efectivas al financiamiento electoral y al cabildeo.    

– Cualquier trabajo de intercambio de mejores prácticas se llevará a cabo con nuevos países participantes en ALC solo después de un acuerdo explícito de ese gobierno, acompañado por organizaciones de la sociedad civil relevantes y líderes del sector privado en ese país. Los compromisos anticorrupción populistas “falsos” no pueden legitimarse en esta iniciativa Sur-Sur. Será necesario desarrollar formas efectivas de involucrar a los países participantes.

– El intercambio de mejores prácticas siempre debe verse como un diálogo bidireccional y un flujo de información. Representantes públicos y privados de Chile, Uruguay y Colombia reconocen abiertamente que sus propias experiencias en anticorrupción nunca serán completas y siempre requerirán revisión, renovación y compromiso con los principios de transparencia y consenso nacional.

– Proponemos reunir a un pequeño número de expertos regionales en transparencia a principios de 2023 para promover una discusión orientada a la acción de una Iniciativa Sur-Sur de ALC sobre Estado de Derecho y Gobernanza. Los ocho miembros del “Grupo Asesor de Expertos sobre Lucha contra la Corrupción, Transparencia e Integridad en América Latina y el Caribe” del BID de 2018 ( Informe en español ) podrían ser incluidos como participantes clave junto con representantes apropiados de IAD, TI, IDEA, PADF , y otras partes interesadas, incluidos los representantes gubernamentales.

– El progreso real en la lucha contra la corrupción debe incluir un amplio apoyo de los sectores público y privado. Los líderes del sector privado deben desempeñar un papel fundamental en la promoción de un progreso genuino en materia de transparencia y anticorrupción. Una forma de promover este papel del sector privado podría ser a través de la participación de líderes empresariales y representantes de la sociedad civil de cada país involucrado en esta Iniciativa Sur-Sur en un Grupo de Trabajo sobre Estado de Derecho y Gobernanza dirigido conjuntamente por Peter D. Programa Bell Rule of Law, posiblemente con el capítulo local de Transparency International en cada país participante. En un momento posterior, también se podría considerar una entidad regional más amplia. 

– Más adelante, y en consonancia con los planes 2017-2021 de la iniciativa Sur-Sur, proponemos la creación de una “cámara de compensación de mejores prácticas” para promover la transparencia, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. Estas mejores prácticas deben presentarse y registrarse, incluso en un formato digitalizado accesible en la web, para facilitar una amplia distribución y posible aplicación en cualquier socio interesado y comprometido en LAC y más allá. Asimismo, para contribuir a la rendición de cuentas y la confianza en este tipo de iniciativas es muy importante brindar informes públicos periódicos de los objetivos y metas, compromisos y logros de la iniciativa.

Este ambicioso proyecto de colaboración Sur-Sur tiene como objetivo compartir la estrategia comprobada de la sociedad civil, el sector privado y los socios públicos que trabajan juntos para construir la voluntad política necesaria para institucionalizar la lucha contra la corrupción y responsabilizar a quienes abusan de sus posiciones y su poder. Las lecciones que han dejado con claridad Chile, Uruguay y Colombia en los últimos años es que el cambio es posible y que las políticas ideológicas polarizadas pueden superarse. Esto puede suceder cuando los representantes de la sociedad civil y el sector privado, junto con líderes políticos inteligentes de todos los lados, reconocen que el país puede avanzar solo si es un lugar donde las reglas son justas, consistentes, afectan a todos por igual y se hacen cumplir.

Este proyecto, si se puede emprender, ayudará a desarrollar nuevas vías para el intercambio bidireccional de experiencia técnica Sur-Sur para construir un nuevo espíritu de transparencia: las instituciones anticorrupción son clave para proteger la democracia y promover el progreso económico, y aquellos que abusan de su confianza pública en cualquier parte de las Américas irá a la cárcel.

*Diálogo Interamericano . “América Latina y el Caribe: Promoviendo el Estado de Derecho y la Gobernabilidad a través de la Cooperación Sur-Sur“ Diálogo Interamericano (10 Nov 2022)