Introducción

Cuba Próxima presentará cada año un “Catálogo sobre el Estado de Derecho en Cuba” por medio de un conjunto de propuestas de cambios.

Son acápites de este catálogo inicial, Derechos Humanos, Libertad política, Estado democrático, Sociedad civil, Economía y bienestar, Cultura, Familia, Política social, Relaciones internacionales, Orden público, defensa y seguridad nacional.

Libertad, cambios gubernamentales y diálogo entre opositores políticos y miembros de la sociedad civil también forman parte de nuestro primer Catálogo de trabajo.

Derechos Humanos

La dignidad humana es sostenida únicamente en libertad y bienestar, lo cual se concreta en los Derechos Humanos, fundamento central de cualquier política referida a la justicia. Ello demanda:

– Garantizar los Derechos Humanos por medio de un catálogo que complemente los derechos sociales e individuales y de tercera y cuarta generación; además, ubicado como imperativo para todo el funcionamiento del Estado y la sociedad civil, de la ley y la impartición de justicia.

– Ratificar los Pactos de Derechos Políticos y Civiles, y de Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones Unidas, firmados en 2008, y suscribir los demás tratados internacionales y regionales sobre Derechos Humanos; los cuales deben poseer rango constitucional.

– Garantizar el derecho al aborto, el cual debe ser asegurado por el sistema nacional de salud, sin costo monetario. El Estado y la sociedad civil deben fomentar políticas públicas de apoyo a las embarazadas y la comprensión de la naturaleza del aborto; evitando su empleo como método anticonceptivo.

– Eliminar la sanción de pena de muerte del ordenamiento legal cubano.

– Defender que los principios del desarrollo de los derechos y libertades fundamentales son la igualdad, la progresividad, la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la posibilidad de ejercer todo lo que no esté prohibido expresamente por ley, la irretroactividad de la ley si bien no acerca de las leyes penales cuando sean favorables al encausado o sancionado, y la oportunidad de exigir todos los derechos tanto individual como colectivamente.

– Consolidar un poder judicial independiente en lo funcional, presupuestario y jerárquico, capaz de proteger todos y cada uno de los Derechos Humanos de todos y cada uno de los ciudadanos.

Libertad política

La ciudadanía es la condición jurídica que ostentan las personas con respecto al Estado y la sociedad, como facultad para el disfrute de todos los derechos que permiten cumplir la responsabilidad política y, de ese modo, asegurar también el desempeño de todas las otras responsabilidades sociales, económicas, culturales, familiares e individuales. Esto exige:

– Fomentar una convivencia civilista donde el desarrollo de cada persona sea causa y efecto del progreso de todos.

– Garantizar los derechos a participar en la formación de la opinión general, convertir la voluntad social en voluntad política, constituir agrupaciones políticas programáticas, nominar candidatos a los cargos públicos, elegir estas autoridades, ser electo y controlar el poder.

– Reconocer el derecho al voto de los emigrados, quienes deben ostentar la facultad de poseer representación parlamentaria, creando nuevas circunscripciones, y postularse como candidatos a cargos públicos.

– Garantizar el derecho a la múltiple ciudadanía.

– Defender el establecimiento de agrupaciones políticas programáticas con derecho a organización, entidades de estudio e investigación, medios de comunicación y acceso a la prensa pública, programas de gobierno, candidatos a cargos de autoridad y acceso a todas las fuentes licitas de financiación privada y pública.

– El financiamiento de las agrupaciones políticas programáticas demanda regular las donaciones equitativas por parte del Estado y de asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos individuales, empresas privadas y fuentes extranjeras. Si bien jamás deben recibir financiamiento de empresas estatales, semiestatales y portadoras de contratos con empresas estatales o empresas y personas con deudas tributarias, ni con organizaciones de caridad y religiosas, ni entidades con una vigencia reciente o posterior a un periodo estipulado.

– Todos estos derechos requieren garantizar el acceso equitativo a la esfera pública a través de las libertades de expresión, asociación y prensa. También el disfrute de las condiciones culturales y económicas que sustentan el ejercicio de la ciudadanía, de la democracia.

Estado democrático

El ejercicio ciudadano demanda centralidad de los Derechos Humanos e imperio de la Ley, democracia sociopolítica y sociedad civil autónoma, cultura humanista y civilidad política, economía democrática y bienestar social. O sea, demanda un Estado de Derecho. Lo cual requiere:

– Inhabilitar el carácter único y hegemónico del Partido Comunista.

– Desarrollar un modelo de gobierno incluyente, pluralista, descentralizado y democrático, con independencia entre las ramas del poder y autonomía de los gobiernos locales, bajo el imperio de la Ley.

– Establecer una institucionalidad de gobierno y una administración pública, racionales y eficaces, desconcentradas y descentralizadas.

– Establecer la probidad pública y la transparencia de las instituciones del Estado.

– Establecer que el acceso a los cargos de diputados y delegados, gobernantes locales y presidente de la República, sea por medio de elecciones libres, iguales, directas, secretas, competitivas y periódicas.

– Asegurar para todo ello el acceso equitativo a la esfera pública a través de las libertades de expresión, asociación y prensa. También el disfrute de las condiciones culturales, sociales y económicas que sustentan el ejercicio de la democracia.

– Como fundamento del Estado de Derecho, garantizar los derechos de acceso universal a la educación, al cuidado de salud, la seguridad social, la asistencia pública en caso de dificultad o desventaja, y la protección ciudadana y judicial.

– Asegurar que el sistema de justicia, garante de los Derechos Humanos, continuamente exija a las instituciones públicas la centralidad y finalidad de estos.

– Fortalecer la autoridad de un Tribunal Constitucional autónomo que garantice la constitucionalidad de las leyes, con autoridad para descalificar leyes y acciones de gobierno que violen la Constitución.

– Instituir el Defensor del Pueblo, como garante máximo del disfrute de los Derechos Humanos.

Familia

La familia, lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda la vida, lleva consigo el porvenir de la sociedad. Ello solicita:

– Defender la familia como célula básica de la sociedad con garantías individuales y sociales en cuanto a los derechos propios de la institución, la educación y la cultura, el trabajo y la seguridad social, la democracia sociopolítica y la protección de la ley, y una atención familiar recíproca.

– Proteger legalmente los diferentes imaginarios de relación conyugal y familia, por medio de un status social que asegure el desarrollo de cada una de estas singularidades con total libertad pública, mientras también cada una de ellas salvaguarda la integridad individual y pública de las otras.

– Asegurar que los padres posean el derecho a elegir la educación que prefieren para sus hijos.

– Promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, la atención a las personas con discapacidad, el cuidado de los ancianos, y la lucha contra la violencia doméstica.

– Proteger las personas sin recursos ni amparo, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones de prestarle ayuda.

– Desarrollar políticas demográficas que conduzcan al rejuvenecimiento de las familias y la población.

Sociedad civil

El desarrollo del Estado de Derecho exige una sociedad civil activa, regida por leyes e instituciones, pero autónoma, no tutelada. Esto demanda:

– Fomentar agrupaciones civiles, de sindicatos, estudiantes, campesinos y empresarios, y todas las organizaciones que decidan impulsar la protección y reivindicación de Derechos Humanos.

– Desarrollar el ejercicio libre de las profesiones y la asociación colegiada de todas ellas, con el objetivo de facilitar la satisfacción de sus demandas profesionales y la coordinación del aporte al bienestar general.

– Estimular la incorporación de emigrantes cubanos en las dinámicas del país a través de proyectos públicos o particulares; reconocer los diversos grupos civiles de la diáspora; y asegurar la relación entre los “emigrados” y la institucionalidad cubana.

– Incorporar el país a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado para trabajar en la unificación progresiva de reglas que faciliten los procedimientos judiciales y administrativos entre cubanos naturales residentes fuera de Cuba y las contrapartes nacionales en la Isla.

– Defender una Ley de Asociaciones que asegure al tejido civil cubano la debida personalidad jurídica, organización y funcionamiento, y una economía totalmente autónoma del Estado y los partidos políticos.

Economía y bienestar

Será imposible disfrutar los Derechos Humanos sin un modelo económico orientado al desarrollo y el bienestar general que, además, ubique al trabajo como clave de la cuestión social. Lo cual, en Cuba, resulta urgente puesto que impera la precariedad económica, los salarios y pensiones sin poder adquisitivo, la pobreza y la desigualdad. Ello indica:

– La participación de todas las formas de propiedad. O sea, empresas públicas, también provinciales y municipales; regidas por el gobierno central o los gobiernos provinciales y municipales, según el caso; pero no propiedad de estos, ni administrada por ellos, sino gerenciadas desde los principios fundamentales de la conducción empresarial. Empresas sociales, como cooperativas, sociedades económicas, entre otras. Empresas individuales, propiedad de una persona o de una familia. Empresas mixtas. Asociaciones de empresas privadas, cuyos miembros sean accionistas, y de estas con otras empresas públicas, sociales, individuales o mixtas.

– En cuanto a las empresas cubanas expropiadas, aplicar la emisión de créditos fiscales que puedan ser transferibles y supeditados en cierta proporción a nuevas inversiones de capital en el país; así como el trueque del valor expropiado a una empresa cubana, dedicada con éxito a ese giro en el extranjero, por inversión; y el establecimiento de un Fondo Filantrópico, sin fines de lucro, para beneficio de Cuba y los cubanos.

– Defender las reglas del mercado y la libre contratación económica y el necesario control por parte del Estado y el Gobierno, y restablecer una sola moneda para todo mercado con una tasa de cambio única y sostener la liquidez financiera.

– Establecer una planificación económica estratégica, encargada de regir la reducción de la inflación y el aumento de la producción, los servicios, la exportación, el PIB y el ingreso per cápita.

– Desarrollar las industrias del turismo, la azucarera, del níquel, del cobalto, de activos financieros, de diversos servicios -con énfasis en los profesionales-, y del ejercicio autónomo de las profesiones.

– Promover el desarrollo de los sectores estratégicos por medio de inversiones y/o créditos; identificar potencialidades para la inversión en diversas localidades del país en busca de un desarrollo compartido; y avanzar en inversiones que puedan sostener la evolución de otras y en corto tiempo generen empleos, salarios, producciones, servicios y bienestar.

– Garantizar un sistema de impuestos, proporcionales y progresivos, sobre las ganancias de todas las personas naturales y jurídicas, sean públicas o no; y establecer un procedimiento para cumplimentar el presupuesto del Estado y la distribución de la riqueza.

– Patrocinar instituciones financieras y crediticias -públicas, sociales y privadas-, para apoyar empresas, personas naturales y ONGs.

– Reconstruir la infraestructura del país.

– Elaborar una estrategia de vínculo progresivo de Cuba al “Tratado México-Estados Unidos-Canadá”.

– Refrendar un Código del Trabajo detallado y dinámico, amparado en los principios constitucionales y los convenios suscritos con la OIT, que sea marco fundamental de la gestión laboral.

– Defender las condiciones de trabajo, una retribución justa, el establecimiento del salario mínimo, la jornada laboral de siete horas diarias, las jornadas laborales extras pagadas, el debido descanso semanal y anual pagados, la indemnización por despido, un sistema de contratos colectivos de trabajo, un régimen de justicia laboral, el derecho a huelga, y la libre sindicalización.

– Promover entidades gestoras de empleo, tanto públicas como privadas, coordinadas racionalmente por el ministerio de trabajo.

– Procurar que los salarios sean suficientes para cubrir las necesidades vitales, el crecimiento cultural, las moderadas diversiones y una cuenta de ahorro.

– Avanzar hacia el establecimiento de una Renta Básica Universal, sostenible, que contribuya a la vida digna de toda la sociedad.

– Establecer un Comisión Trisectorial que cada 30 meses considere las condiciones para el desarrollo socioeconómico y a partir de ello refrende un Acuerdo-Marco sobre el proceso económico-laboral de los siguientes 30 meses. Compuesta por un Comité integrado por los sindicatos y las asociaciones de profesionales y de oficios, otro Comité de empresas, y un Comité gubernamental compuesto por instituciones ejecutivas encargadas de la economía, las finanzas, el desarrollo social y el trabajo.

Cultura

El acontecer humano depende del obrar de las personas, de la cultura. Mas no se trata de cualquier hacer, ni de aquellos afanes centrados de manera preferente en las circunstancias económicas, sociales o políticas, sino sobre todo de las ocupaciones referidas a la dignidad en paz y libertad. Ello exige:

– Promover las ciencias y una libre iniciativa cultural orientada hacia la libertad, el bienestar, la paz y la justicia.

– Fomentar donaciones y créditos a largo plazo y con reducidos intereses, a favor del desarrollo de la obra cultural de individuos o grupos con talentos.

– Defender la libertad religiosa, entendida como una neutralidad positiva por parte de un Estado que ha de garantizar la igualdad proporcional a todas las religiones éticamente aceptables.

– Asegurar que todas las religiones tengan derecho patrimonial y accedan a subvenciones, y además puedan participar en la educación y formación de opiniones, organizar servicios sociales y prestar asistencia en los hospitales.

– Garantizar una educación universal extendida y elevada, ya sea en los centros públicos u otros, y obligatoria hasta culminar los estudios secundarios.

– Promover la enseñanza técnico-profesional media y superior, y orientar el bachillerato hacia la formación vocacional.

– Establecer la enseñanza de la inteligencia artificial, la informática y su tecnología, en todos los niveles y tipos de formación.

– Promover un sistema de formación profesional y universitaria que integre dinámicas de instituciones latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Además, que asegure a cada estudiante la titularidad de la carrera por parte de todos los institutos y universidades que participaron en su formación.

– Desarrollar la formación pedagógica y docente como carrera, y retribuir a los educadores de los centros públicos con un sistema especial de salarios que los dignifique.

– Asegurar que todos los ciudadanos, organizaciones e instituciones, tengan acceso a información veraz, variada, plural y socialmente relevante, y a la vez puedan informar y participar a través de medios de comunicación propios o públicos.

– Los medios públicos de comunicación tendrán que garantizar cualquier participación debidamente solicitada, siempre que el mensaje no contradiga la ética y las normas jurídicas, y la dirección de estos deberá constituirse de manera que asegure su carácter público y evite convertirlos en instrumentos del gobierno de turno.

Protección social

No habrá Derechos Humanos ni nación sin la capacidad social de reproducir de manera cotidiana a las personas, sobre todo en aquellas dimensiones donde estas no pueden lograrlo con el esfuerzo individual o solidario. Esto requiere:

– Defender el acceso universal a una atención de salud integral, incluso preventiva, por medio del desarrollo de diferentes instituciones sanitarias, y el progreso de las ciencias y la industria médicas.

– Sustentar una política medioambiental basada en diagnósticos y sugerencias de la ciencia, sobre los principios del derecho ambiental y la participación ciudadana.

– Desarrollar una Defensa Civil que organice y ejecute la respuesta ante catástrofes naturales, sanitarias, humanas u otras. Para lo cual debe garantizar la permanente disponibilidad, coordinación y ejecución de los necesarios recursos económicos, científicos, legales, institucionales, profesionales y sociales que el Estado debe asegurar.

– Revitalizar la seguridad social en los casos de maternidad, jubilación, invalidez temporal o permanente, desamparo y desempleo. Esto por medio de la cotización de los trabajadores y empleadores, que provean un fondo de reserva a modo de capital en valores y proyectos productivos, lo cual generará un interés o dividendo anual que engrosará dicho fondo.

Orden público, defensa, seguridad

Actualmente “La Patria” exige sostener un pie sobre ese “ejército” que está llamado a mantener, en espíritu y con inspiración martiana, nuestra “República en Armas”, con el propósito de garantizar que todos los cubanos podamos colocar el otro pie de “La Patria” en el firmamento de la polis (como era denominada por los griegos de la antigüedad) para edificar y consolidar la “República Civil”. Lo cual solicita:

– Abolir el servicio militar.

– Integrar los institutos militares por cuerpos profesionales especializados que garanticen la civilidad y el respeto de las normas constitucionales y legales.

– Prohibir que los militares pertenezcan a una agrupación política, o que sean elegidos para ocupar estos cargos, mientras permanezcan en activo, si bien puedan elegir autoridades públicas.

– Organizar las instituciones militares a través de dos agrupaciones, un ministerio de seguridad policial y consejo de defensa y seguridad nacional.

– Instituir que ambas agrupaciones participen de la responsabilidad internacional por la paz a través los “cascos azules” de la ONU y de los mecanismos para la lucha contra el crimen organizado en el orbe y el hemisferio.

– El ministerio de seguridad policial estaría dirigido por un estado mayor coordinado por un policía destacado, bajo el mando de un ministro civil.

– Estaría integrado por los siguientes cuerpos: -Cuerpo de salvamento frente a incendios, inundaciones, peligros marítimos u otras catástrofes y riesgos. -Cuerpo de seguridad fronteriza marítima, aérea y migratoria. -Cuerpo especializado en la lucha contra la corrupción pública, el crimen organizado y otros delitos tipificados. -Cuerpo para patrullaje público y protección del tránsito, de infantería y motorizado. -Cuerpo de registro de identidad, prevención y control del delito. -Cuerpo para el enfrentamiento de terroristas y disturbios. -Cuerpo de peritos y técnicas.

– Las fuerzas policiales deben poseer carácter “civil”, lo cual exige que en sus funciones los agentes cumplan sus desempeños ordinarios dentro de lo establecido legalmente. A la vez que sólo puedan ejecutar operaciones de otra índole bajo el mandato o autorización casuística de la fiscalía o los tribunales. También que se rijan por una disciplina de cuerpo, pero a la vez puedan, a título individual y en última instancia, apelar al imperio constitucional o a sus conciencias.

– El consejo de defensa y seguridad nacional será dirigido por un estado mayor coordinado por un militar destacado, bajo el mando del presidente de la República. Integrará las siguientes fuerzas: -Cuerpo de Defensa civil. -Cuerpos de contrainteligencia e inteligencia. -Cuerpo para la seguridad de personas e instituciones relevantes. -Una fuerza nacional. -Una unidad de tropas especiales y comandos.

Relaciones internacionales

El desarrollo de Cuba dependerá de vínculos con América Latina, América del Norte, Europa y Asia. Ello exige una necesaria normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. De lo contrario, será difícil que el país consiga las condiciones de estabilidad económica, social y política, capaz de asegurar el bienestar. Esto indica:

– Trabajar por un sistema mundo en libertad y justicia, paz y solidaridad, democracia e inclusión, desarrollo y bienestar.

– Propiciar vínculos con todos los países del orbe y promover unas relaciones internacionales favorables a los Derechos Humanos, la cooperación económica, el intercambio de profesionales, el empleo compartido, la cooperación en políticas públicas, y la concertación política sobre los asuntos fundamentales.

– Participar en todos los organismos y acuerdos internacionales.

– Ingresar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.

– Firmar la Carta Democrática e integrar el Sistema Hemisférico.

– Establecer el status de “relación favorecida” para vínculos con países donde sea posible un intercambio recíproco ventajoso.

– Fomentar una política de Estados Unidos hacia Cuba consensuada entre Demócratas y Republicanos, a modo de política de Estado, despojada de tacticismos electorales y alejada de la contienda política interna. Lo cual dependerá de las condiciones políticas entre cubanos y de la capacidad de negociación entre ambos países sobre modelos futuros de resolución legal acerca de temas bilaterales por aclarar.

Apertura

Todo lo anterior sólo resultaría de un civilismo plural con el diálogo a modo de procedimiento político y la concertación como mejor recurso para el cambio. Lo cual exige:

– Que el gobierno emprenda una reforma política y económica acorde con los principios y derechos del siglo XXI.

– Cese del odio político, el hostigamiento y la difamación, la violencia policial y la débil protección judicial.

– Avance hacia el establecimiento de una economía de mercado, con funciones estratégicas y reguladoras del Estado, y una concepción múltiple y equitativa de la propiedad económica.

– Implementación de un proceso de indemnización a las propiedades de cubanos confiscadas por medio de una justicia distributiva-humanista.

– Desarrollar las garantías a las libertades de expresión, creación, reunión, asociación y prensa. También a los derechos políticos, incluido el pluralismo político.

– Reforma legal que facilite el acceso de todos los cubanos a los cargos políticos, y ampare la elección libre y competitiva de todas las autoridades públicas, incluso del presidente de la República; además, la realización de unas elecciones generales de acuerdo a la nueva norma jurídica.

– Laborar a favor de una confianza nacional capaz de conseguir un “olvido estratégico” de la mayor parte de las razonables quejas de los contendientes, con el objetivo de lograr que los enemigos se dispongan a construir juntos la nación.

– Esclarecimiento de las violaciones de Derechos Humanos durante las manifestaciones del 11-J y anteriores y posteriores las condenas judiciales injustas.

– Acuerdo sobre las responsabilidades y culpas acumuladas, en las diversas partes, con los correctivos pertinentes.

– Elenco de compensaciones a víctimas y descendientes.

– Compromiso de los estados cubanos y estadounidense en el restablecimiento de la normalidad.

Conclusiones

El contenido de este primer catálogo de Cuba Próxima, además de hoja de ruta para la democracia, reclama una actitud ciudadana civilista, capaz de exigir al gobierno cambios tangibles e interactuar respetuosamente con sus iguales, incluidos aquellos que defienden opciones políticas y económicas diferentes a las suyas.

Solo con cambios claros y perdurables por parte del gobierno, será posible crear un clima que propicie un diálogo de reconciliación nacional, bajo el imperio de la ley democrática. Muchos ciudadanos están promoviendo dichos cambios, buena parte de la sociedad cubana está expectante y esperanzada ante sucesos como los movimientos San Isidro, 27N y 15N.

Cuba Próxima contribuirá a la causa de Cuba con lealtad democrática y sentido de Estado.