Por Roberto Veiga González

Costará mucho esfuerzo colocar a Cuba en la normalidad y desatar un proceso de desarrollo. Serán necesarios, además, cuantiosos recursos económicos que no poseeremos con facilidad y tal proceso deberá asumirse con una perspectiva integral.

Será imperativo institucionalizar un Estado democrático, incluyente y pluralista, descentralizado y con independencia entre las ramas del poder, autonomía de los gobiernos locales y una administración pública racional y eficaz, bajo el imperio de la transparencia y la Ley; y también promover una sociedad civil democrática y pluralista. Sin todo ello será demasiado incierto alcanzar un rumbo justo y liberador.

Pero tal senda no logrará ser justa ni liberadora sin los recursos tangibles para el bienestar de la sociedad; lo cual demanda un modelo económico democrático, con centralidad del trabajo, orientado al desarrollo y el bienestar general. Sin economía resulta difícil la libertad e imposible la justicia.

Asimismo, no habrá sociedad prospera, democrática y libre sin ciudadanos educados. La libertad, sostiene la sana filosofía, es el ejercicio de la razón y la voluntad. Será entonces imprescindible asegurar el acceso universal e integral a una educación democrática con altos estándares científicos, técnicos, humanistas y éticos.

Estos son pilares de cualquier ruta de normalización y desarrollo. Mas llevará tiempo aproximarnos al mínimo suficiente, dada la crisis que padece la nación -universal, profunda y lacerante-. Ello exige implementar durante una etapa alguna estrategia de ayuda humanitaria nacional, sólo posible a través de la cooperación internacional. Además, debemos comprender que el desarrollo progresivo de Cuba dependerá de la colaboración que pudiera encontrar en América Latina y el Caribe, y con los países de América del Norte y el resto del mundo.

Urge dedicar sabiduría y esfuerzo a la infraestructura del país; un sistema sostenible de pensiones y seguridad social; la atención de salud integral, incluida la prevención; una defensa civil que responda a catástrofes naturales, sanitarias, humanas u otras; y una política medioambiental basada en diagnósticos y sugerencias de la ciencia, sobre los principios del derecho ambiental, orientada hacia la prevención y solución.

A la vez no podemos aceptar, como sugieren algunos, postergar el beneficio a los más desfavorecidos hasta que el país disponga de recursos suficientes. Por el contrario, desde el inicio debemos priorizarlos y elevar esta prioridad en idéntica proporción al desarrollo que se vaya alcanzando.

En el centro de toda política deberá estar el empoderamiento de los grupos sociales vulnerables e históricamente marginados; la protección a personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones y voluntad de prestarle ayuda; la lucha contra todo tipo de violencia, en particular contra la violencia de género; la atención a las personas con discapacidad; el cuidado de las personas mayores; así como el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

Para emprender la normalidad y desarrollo de Cuba -sin dudas- contamos con cubanos capaces, sensibles políticamente y dispuestos.