Introducción

Hace muy pocos años, al observar el país, me interesaba sobre todo por los análisis acerca del desarrollo institucional, legal, democrático, civil. Sin embargo, en los últimos años, cualquier ligero examen de la realidad sólo me empuja, a bruces, hacia la búsqueda sobre lo elemental, o sea, conseguir que las cosas funcionen. Para muchos ya esto resultaba desconsolador, después de tantos sueños, de tanta faena, de tantos costos. Mas, el transcurso de este año 2020 nos adentró en un escenario que bordea la crisis humanitaria y el desanclaje del sistema imperante. Ello debe interpelarnos a todos.

Reforma clausurada

La Isla provenía de una situación difícil, cuando el 26 de julio de 2007 el general Raúl Castro exhortó a cambiar las estructuras del país y los conceptos políticos. Para ello, convocó una consulta popular y dispuso el inicio de una reforma, por supuesto que dentro de las coordenadas del propio sistema. Él no la asumiría de manera amplia, pero se imponía reforzar condiciones para que sus “herederos políticos” la desarrollaran con posterioridad.

Entre ellas se encontraban, el logro de una economía eficiente, una mayor eficacia de las instituciones del Estado, y una multilateralización de las relaciones internacionales, que sería dispuesta a favor de las trasformaciones internas. Sabía, además, que todo ello tenía una condición esencial, pues no sería factible ni estable sin normalizar los vínculos entre Cuba y Estados Unidos. Ello tomó cuerpo en los llamados lineamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC), refrendados en su VI Congreso, de 2011.

En eso trabajó desde 2006, antes de su anuncio oficial en 2007, cuando lo denominó “actualización del modelo”. A la vez, lo culminó en 2016, con el VII Congreso del PCC, lo cual ratificó además en mayo de 2017, a través de una sesión extraordinaria del parlamento. Con esta cancelación renunció a estos propósitos y desistió de un legado propio, acorde a las exigencias de su período en la jefatura del Estado (Cárdenas, 2020, Padilla, 2020, Peña, 2020).

Consecuencias de la parálisis política

Como resultado de esta parálisis, aumentó el deterioro económico y social, y también político, si bien quizá no de gobernanza.

Lo cual se ha ido agravando por la combinación de un modelo económico ineficaz, una impertinente dependencia económica de Venezuela y las consecuencias de la crisis en ese país, y los aplastamientos que provienen de la Casa Blanca. Además, por la carencia de voluntad gubernamental para promover la acción ciudadana por medio de una sociedad civil empoderada.

Sin embargo, cabe destacar que el gobierno ha organizado y administrado lo mejor posible los escasos recursos que consigue. Pero el actual impacto del Covid-19 ha provocado un shock económico negativo, capaz de postrar las escuálidas estructuras económicas. Por ello, cuando la Isla controle el Covid-19 no estará en condiciones de “administrar la pobreza”; esfuerzo que ha permitido alguna estabilidad distributiva, si bien básica y gradualmente menos equitativa. Esto constituye un reto sensible y apremiante que preocupa a todos los cubanos y coloca suma responsabilidad en el actual gobierno.

La pandemia ha precipitado y ahondado la carencia de divisas disponibles, el deterioro del mercado turístico, las dificultades en la toma de créditos por impagos a países y acreedores comerciales, la disminución de remesas, y el desplome en las exportaciones de algunos rubros o servicios. Igualmente, imposibilita la habitual factura de bienes importados, sobre todo de consumo con énfasis en alimentos, y otros intermedios vitales para los procesos productivos (Pérez Villanueva 2020). Incluso, según da cuenta la entrega de la “Agencia Cubana de Prensa”, del 1 de junio de 2020, José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del PCC, en reunión con dirigentes de la agricultura, aseguró que después del Covid-19 será casi imposible importar alimentos, los que constituyen alrededor del 60% del consumo social.

Por otra parte, será improbable que Rusia o China reemplacen a Venezuela o den préstamos billonarios a Cuba. Rusia enfrenta una caída de su PIB entre 4% y 6% en 2020. Rosneft, la importante empresa petrolera de Rusia, ante presiones de la administración Trump, anunció el fin de sus operaciones en Venezuela, lo cual deja dudas sobre sus futuras operaciones en la esfera energética de Cuba.

China, por su parte, sufrió un descenso de 6,8% en el primer trimestre y aunque proyecta una tasa positiva para todo 2020, alrededor de 2,5 %, es la menor en los últimos 44 años. Además, el gigante asiático ya redujo el comercio con Cuba en un 23 % durante el período 2015-2018 (Mesa-Lago 2020). Asimismo, tiene aplazado desde hace años la ejecución de múltiples proyectos acordados (Amuchástegui 2020).

A la par, Cuba no entra en el grupo de 70 países a los cuales el G-20 acordó una moratoria sobre la deuda. Aunque el presidente Raúl Castro avanzó en tal asunto con el Club de París por primera vez desde la moratoria unilateral de 1986, y realizó negociaciones adicionales con China y Rusia.

Por ello, se debe esperar presiones derivadas de las obligaciones financieras de la Isla con respecto a su deuda externa y adeudos comerciales a corto plazo. Ante esto, la Isla tendrá que negociar, en mucha desventaja y sobre bases bilaterales, con el Club de París que acaba de concederle una moratoria de un año, y con sus acreedores europeos y asiáticos. A su vez, la crisis en los mercados petroleros afecta la capacidad de pago de dos importantes “clientes” de Cuba por concepto de proyectos de cooperación, Venezuela y Angola (Amuchástegui, 2020).

Como resultado, se espera una creciente paralización de la actividad económica, un deterioro progresivo de los ingresos de la población y del fisco, un incremento de la informalidad y precarización laboral en estadios iniciales de recuperación, y fuertes presiones inflacionarias en torno a bienes esenciales como los de alimentos, higiene personal y limpieza (Pérez Villanueva, 2020).

A la vez, este año 2020 ha confirmado el evidente agotamiento de las tradicionales organizaciones sociales, de las instituciones de comercio y de otros servicios importantes, como las comunicaciones y el transporte.

Reto actual

Todo ello coloca al país en una variante de “callejón sin salida”. Por ende, Cuba entera, incluso el presidente Miguel Díaz-Canel y el aparato gobierno, ha desembocado en un Rubicón.

En tal sentido, se deber reconocer que la Isla aún posee un Estado eficaz frente a los desastres, pero también que ya es mucho menos eficaz acerca de cuestiones fundamentales.

Después de una extensa insistencia en contra de cualquier reforma, el despacho de prensa de “Granma”, del 1 de junio, que da cuenta de una reunión del Consejo de Ministros, informa que el primer mandatario advierte la necesidad de transformar el sistema productivo en busca de eficiencia y productividad, utilidad e ingresos, con el objetivo de lograr desarrollo, exportar y satisfacer las demandas internas de bienestar.

Para ello, indica el jefe de Estado, habrá que cuestionarlo y revisarlo todo, con el propósito de modernizar las instituciones y los procesos, pues en muchos casos estas tienden a entorpecer cadenas de gestiones.

Sin embargo, en este ejercicio de cuestionarlo y revisarlo todo, con el propósito de modernizar las instituciones y los procesos, el poder teme a las palabras provenientes de la autonomía ciudadana, a las opiniones que no proceden de la dirección del PCC (Castellanos, 2020, González, 2020, Padilla, 2020).

Esta fragilidad ha conllevado a sinrazones, desafueros. Actualmente se embisten opiniones emitidas en redes sociales o iniciativas artísticas, a través de métodos y castigos impropios. Desgraciadamente, en estos momentos ciertos espacios, donde se pronuncian cubanos de las disímiles proyecciones ideopolíticas, son reflejo de una expresión nacional signada por la confrontación creciente (Castellanos, 2020, González, 2020).

Nadie y menos un Estado debe sentir que le afecta una posición diferente o una crítica, aún si esta llega a ser impulsiva o irritada. Es imprescindible aceptar las diferencias y la tensión cívica y democrática.

El Estado no debe continuar permitiendo que su aprensión por la opinión ajena y el necesario afán de la ciudadanía activa agravien la República. A la vez cada ciudadano, cada opinión, cada demanda, deben convertir la libertad individual y social en el alma de del Estado de derecho que deseamos. Sólo esta convergencia lo haría posible.

Además, esto sucede después de desperdiciar todas las oportunidades posibles de hacer los cambios con las indispensables condiciones de estabilidad. ¿Qué sucederá? ¿Comenzarán reformas profundas e integrales? ¿Se hundirá el modelo social -como les advirtiera el propio general Raúl Castro en 2010? De seguro no ocurrirá ni una cosa ni la otra, pero todo será distinto, aunque azaroso, pues el poder deberá enfrentar definitivamente sus fobias con la libertad. Ello resultará complejo, porque no tendrán que vencerlas sólo en cuanto a la libertad de los otros, sino incluso en torno a la suya propia.

Modelo político constituido

Asimismo, estas dificultades proceden de otras contrariedades de mayor profundidad, relacionadas con el sustrato socio politológico. A continuación, esbozaré tres de ellas. Me refiero al modelo político constituido, la legitimidad del actual gobierno y el intríngulis social.

Desde hace décadas la sociedad cubana demanda un “nuevo pacto social” a través de una renovada Constitución de la República. Incluso, Raúl Castro, jefe del Estado (2006-2018), lo consideró e inauguró un proceso de reforma constitucional.

Pero este no lo consiguió. Aunque se realizaron modificaciones positivas, estas no atendieron reclamos importantes. Entre ellos se pueden citar el desarrollo de una sociedad civil emprendedora, un modelo económico mixto e internacionalizado, la instrumentalización del pluralismo político, una democratización de la prensa, la evolución hacia un importante quehacer parlamentario, la elección directa del presidente de la República, el matrimonio igualitario, una fortísima seguridad legal, ciudadana y judicial, así como la inclusión de los emigrantes en las dinámicas sociales, económicas y políticas de la Isla.

No quedaron conforme ni los “conservadores”, ni los “reformistas” (dentro de la oficialidad). Tampoco quedaron satisfechas disímiles maneras de entenderlo desde la sociedad y, mucho menos, aquellos que aspiran a una transformación radical del sistema.

Pero los disconformes se posicionaron de dos maneras: rechazando el texto por insuficiente, o aceptando el texto con sus insuficiencias. Estos últimos lo hicieron a partir del criterio de que el articulado ofrece márgenes para trabajar, aunque no de manera expedita.

De este modo, la nueva Constitución fue aprobada por referendo el 24 de febrero de 2019, con el voto favorable de casi el 80 por ciento de los ciudadanos con derecho electoral presentes en el país.

Acerca de la igualdad para disfrutar de los derechos, garantiza (Artículo 42) la no discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad y origen nacional o territorial.

Igualmente, añade que no deberá discriminarse por cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

Sin embargo, carece de un señalamiento explícito acerca de la no discriminación por motivos de ideas, criterios, o posiciones políticas, por lo cual el ejercicio de estos derechos continúa enmarcado “a partir de la discrecionalidad” del poder y no forman parte de aquéllos que tal vez podrían ejercerse.

Lo anterior afecta la legitimidad del Artículo 3 cuando refrenda que: “En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”.

Esto resulta equívoco al carecer la ciudadanía de importantes derechos políticos. Por otro lado, el Artículo 5 asegura la constricción de tales derechos, pues establece que el Partido Comunista constituye la fuerza política única y que éste resulta la “vanguardia organizada” de la nación cubana, a modo de “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, legados de las constituciones de 1976 y 2002.

El otro reto que emana de esto, está vinculado con la potencial contradicción entre el partido único como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado y el carácter de la Asamblea Nacional como órgano supremo del Estado (Artículo 102).

La sociedad civil y la esfera pública resultan ámbitos modificados, pero aún insatisfechos. En acápites de la Propuesta de Reforma Constitucional aparecían los términos “sociedad civil” y “ciudadanía”, pero ambos resultaron suprimidos en la versión final, reemplazados por la terminología de “sociedad” y “pueblo”. Esto no tendría que ser negativo, pero, al parecer, responde a una toma de distancia con maneras de concebir la sociedad civil y el quehacer ciudadano.

En Cuba las asociaciones constituyen organismos anexos al Partido Comunista. Sólo en algunos casos han logrado constituirse modestas agrupaciones o instituciones, con cierta autonomía y con funciones no oficiales, pero siempre a partir de una decisión oficial que, a la vez, procura que éstas tributen a intereses gubernamentales.

En el nuevo texto, aunque no brinda atisbos de que esto pueda cambiar, sí desaparecen del Artículo 14 términos que indicaban estrictos condicionamientos ideológicos y gubernativos. Ello, tal vez, podría ser un potencial punto de partida hacia mejores posibilidades.

El Artículo 55 refrenda la libertad de prensa. Esta refiere, no sólo al derecho a la información, sino también al derecho de los ciudadanos a participar directamente en los medios de prensa. No obstante, el artículo también sostiene que estos medios serán del Estado, y sólo habrá otras posibilidades para medios que no sean fundamentales, pero tampoco en base a otro tipo de propiedad.

Se prohíbe la propiedad privada de estos medios, aunque se abre cierta oportunidad a otras formas de propiedad social no estatales, quizá al modo de las revistas de la Iglesia Católica. No queda claro cuáles podrían ser esos medios no fundamentales, que no habrían de ser propiedad del Estado, pero tampoco privados.

Al iniciarse el proceso de reforma, el corpus económico carecía de orientación estratégica dada la opacidad que ha marcado la búsqueda de un modelo económico apropiado. Desde el principio del proceso de reforma, se sostenía oficialmente que los medios fundamentales de producción han de ser propiedad del Estado (Artículo 18) y la empresa estatal sería el sujeto principal de la economía (Artículo 27).

Se rechazaba, oficialmente y a priori, que la propiedad privada pudiera también jugar un papel fundamental en la economía, aunque este rechazo cause graves daños a la sociedad, pues el Estado no posee condiciones para lograr que las empresas estatales sean eficaces y eficientes y, aún menos, para garantizar prosperidad, si sigue la preponderancia de la empresa estatal sobre la privada. No obstante, desde el primer esbozo (Artículo 22), el nuevo texto reconoce las siguientes formas de propiedad económica: socialista de todo el pueblo, cooperativa, privada y mixta, y también promueve la inversión extranjera (Artículo 28).

Esto generó un debate intenso. Ciertos actores reclamaron mayor espacio para la empresa privada y para un modelo económico mixto; y actores oficiales defendieron la mayor marginalidad posible para la iniciativa económica privada. La primera versión del actual Artículo 30 prohibía “la concentración de la propiedad” y varios diputados reclamaron incluir una prohibición a “la concentración de riquezas”.

Sin embargo, la versión final no prohíbe la concentración de riqueza, sino que se comprometió a redistribuirla. Se abandonó la prohibición absoluta de concentrar propiedades y, en su lugar, se estableció que las normas jurídicas regularán la concentración de las mismas. Además, y sin que haya existido debate público al respecto, la última versión del texto agregó que los bienes del Estado “pueden trasmitirse en propiedad” privada en casos excepcionales, con la sola aprobación del Consejo de Ministros (Artículo 24), sin tener que consultar a la Asamblea Nacional (Domínguez, Veiga, 2020).

El policentrismo bocetado en la Constitución de 2019 pretende desconcentrar las funciones principales del poder. Establece el presidente del Parlamento que, a la vez, preside un Consejo de Estado con amplias y fuertes facultades. Desde el punto de vista institucional, este Consejo y su presidente podrían ser entidades con mucho poder, muy probable que de modo análogo al del presidente de la República.

La nueva figura del primer ministro es el jefe del gobierno, si bien por medio de una confusa “subordinación” al jefe de Estado. Igual, a partir de la lógica del policentrismo, se inserta la autonomía municipal, aunque el texto deja interrogantes acerca de los sostenes de tal empeño. También se incorpora la figura del presidente de la República, que es jefe del Estado y del gobierno, pero le desagrega las funciones de jefe del Consejo de Ministro.

Sin embargo, el texto retiene la supremacía jerárquica del PCC, por encima del Estado y la sociedad. En tanto, quién ostente el máximo cargo del PCC será el jefe cohesionador de los otros cargos. Por ello, más bien se han desconcentrado las funciones (no el poder) y, a la vez, se ha liberado a esa máxima autoridad de la responsabilidad directa por la ejecutoria de estas.

Por supuesto que tal distribución de funciones podría incorporar cierta colegialidad, al menos, en esta triada. El peso de las circunstancias fuerza a que procuren la distribución de algunos cargos y que estos se ejerzan de manera efectiva, entre los cuales destacan los mencionados. Asimismo, dichas responsabilidades pudieran estar ocupados por personas con ejecutoria análoga dentro del entramado de poder y, por ende, todas podrían tener equivalencia política, ya que en la Isla el peso político proviene sobre todo de la “historia” de cada cual y menos del cargo de autoridad que pueda ocupar. Además, aunque el presidente de la República sea a la vez el primer secretario del PCC, esto ya no le asegurará una especie de poder “absoluto”.

Dicha agrupación no posee el influjo de otros tiempos. La composición del Comité Central no garantiza la presencia de personas que posean el talante requerido para ocupar el próximo Buró Político y asegurar que éste constituya una autoridad “hegemónica”, “indiscutida” e “indiscutible”.

Por otra parte, hay algunos márgenes que podrían ofrecer oportunidades a favor de los derechos, aunque no expeditas.Teniendo como presupuesto la reforma del Artículo 1, que ahora precisa un Estado “socialista de derecho”, la nueva Constitución incorpora el concepto de Derechos Humanos y, en el título V, amplía el catálogo de derechos. Asimismo, resultan esbozadas nuevas garantías para éstos.

Entre ellas: el acceso al Habeas Corpus (Artículo 96); la asistencia letrada desde el inicio del proceso (Artículo 95, inciso b); la posibilidad de apelar a la justica ante daños o perjuicios causados por la administración pública (Artículo 98); y el acceso a recurso judicial para proteger los derechos constitucionales de la ciudadanía cuando estos sean vulnerados por Estado (Artículo 99). Sin embargo, no se aceptó la propuesta de crear un Tribunal de Garantías Constitucionales; se omite toda alusión factible acerca de la concreción de tal recurso; y no habrá recurso alguno en cuanto a la constitucionalidad de las leyes.

Esta Carta Magna proviene de la necesidad, un tanto confusa, de adentrar al país en un cambio de época; lo cual la convierte, de facto, en una Constitución transitoria. La misma, en su momento, reclamará una revisión más profunda. Llegado ese momento, será preciso incorporarle toda libertad posible y todos los instrumentos precisos que aseguren el bienestar general, en su noción de mayor integralidad.

Ella podrá ofrecer alguna utilidad, pero no será sustento y marco de las transformaciones que reclama el país. Cuba hoy demanda un cause acorde a las necesidades y riesgos de las actuales generaciones de cubanos, y a la vitalidad de una nueva generación de actores políticos que desea una sociedad distinta (Domínguez, Veiga, 2020).

Legitimidad del actual gobierno

Si bien resulta factible catalogar de “confuso” el entorno constitucional e institucional, es posible clasificar de “opaca” la actual realidad gubernativa.

El 19 de abril de 2018 Miguel Díaz-Canel fue nombrado presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Sin embargo, aunque su figura era sobradamente conocida y todos esperaban el acontecimiento del relevo, no resultaba posible atisbar un perfil político suyo capaz de ofrecer elementos para un análisis más profundo en torno a su proyección futura en el ejercicio del cargo.

Se conocía su inteligencia, su gusto por las artes y que estudia y lee mucho de lo que se publica en Cuba. Se sabía que cuando estuvo en Villa Clara y Holguín se relacionó con la sociedad, procurando estar al tanto de lo que ocurría en su territorio y realizó una buena labor de gerencia, de administración.

También se realzó su actitud “callada” mientras fue vicepresidente primero. Por eso, nadie podía saber que pensaba acerca del “todo” y de “cada cuestión” de la vida política cubana. La única excepción fue el derroche de “cólera ideológica” que caracterizó sus últimos años como vicepresidente. Muchos creen que en su limitado discurso político sólo utiliza consignas ideológicas y apelaciones a eslóganes de la historia. Su carácter “apocado” pareció quedar ratificado en su discurso de aceptación del cargo, cuando sólo comunicó “lealtad” al liderazgo de la Revolución.

Asimismo, el discurso de Raúl Castro para anunciar el nombramiento de Díaz-Canel fue atípico. Por lo general en sus discursos dialoga con otros actores, con la sociedad y con otras partes del mundo. Sin embargo, en esa ocasión sólo se encargó de hablarle a la estructura de poder, de reafirmar su apoyo al nuevo mandatario. Esto pudo responder a la necesidad de fortalecerlo ante ciertas carencias de legitimidad dentro del propio poder y/o a otras lógicas. Tal vez no respondió a nada sensible, sino sólo a que era forzado hacerlo dado el modo en que se produjo la selección sucesoria.

De todas formas, sea cual sea la razón, expresa alguna dificultad. Además, esta manera contraproducente (en sentido político) de seleccionar al presidente aún permanece en la nueva ley electoral de 2019, pues esta norma jurídica no posee naturaleza de “ley electoral”, sino de reglamento que fija los procedimientos para nombrar a las personas que ocupan los cargos del Estado.

En tal sentido, Díaz-Canel ocupó el máximo sitio en la política cubana sin contar con la legitimidad necesaria. Es decir, no tenía el apoyo de las necesarias bases sociopolíticas, ni de redes de influencias, ni suficientes vínculos internacionales. Igualmente, no disfrutaba de las necesarias expectativas sobre su gestión, las cuales contribuirían al entusiasmo y a la implicación de “los otros” en torno a su liderazgo.

Como consecuencia, no resulta factible considerar que la gestión de Díaz-Canel expresa acuerdos societales y políticos gestionados por él. De este modo conduce su gestión a partir de la aceptación de sus políticas por parte del círculo histórico de poder y justificando sus actitudes y propuestas ante las estructuras de gobierno y los grupos de influencia. Asimismo, no puede modificar los marcos de las estrategias y políticas establecidas oficialmente, aunque tales cambios no sean contrarios a éstas.

Al mismo tiempo, ha debido conducirse dentro de un entramado institucional complejo.

Para relacionarse con la sociedad cuenta con un sistema de órganos (asociativos y periodísticos) anexos al PCC, que abarcan toda la sociedad, aunque de un modo rígido y desgastado. Probablemente en estos momentos sólo representen a muy pocos ciudadanos, y no sean muy capaces de lograr una interlocución auténtica, eficaz y efectiva con el conjunto de la sociedad.

Por su parte, el Parlamento y su Consejo de Estado están llamados a contrastar, controlar e impulsar los quehaceres del presidente. Para eso, poseen mucho poder formal. Sin embargo, no cumplen este papel, porque aún constituyen meros tramitadores de lo que orienta el “poder real”.

Este “poder real” se concentra de forma consistente en Raúl Castro. Quizá podría ampliarse a la influencia que ejercen algunos “dirigentes históricos” en el entorno del general-expresidente. También sería posible extenderlo un poco más allá, hacia aquellas personas o entidades que colaboran con Raúl Castro de manera tangible y continua, con independencia de que pertenezcan a una institución u otra. Estas pueden ser el parlamento o su Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, o el Buró Político (entidad que en otros tiempos participaba de forma más activa que otras en el esquema de poder que implementó Fidel Castro).

Cuba no cuenta con nuevos “actores con autoridad” presentes en la vida política y en la gestión gubernamental. Faltan personas e instituciones que puedan ser percibidas como portadoras de medidas de confianza y de certeza. No hay personas con la legitimidad necesaria para ser escuchadas y atendidas por la mayoría social. Ni que, al mismo tiempo, puedan convocar y pedir el apoyo de esa mayoría para el impulso de sus políticas y objetivos. Por supuesto que estas autoridades deberían pertenecer a generaciones más jóvenes que la elite tradicional. Esto debería haberse conseguido por caminos diferentes a los de “Sierra Maestra”, las “guerras internacionalistas” y la “lucha de los movimientos latinoamericanos”. Pero no ha sucedido.

Este escenario complejo ahonda las dificultades del país. No obstante, para algunos, este “contexto desértico” le deja el “camino libre” al jefe del Estado y del Gobierno y, por ello, contribuye a consolidar su liderazgo. Craso error. Estos no le han dejado el “camino libre”, sino que le han “vaciado el camino”. No podrá haber Estado próspero sin ciudadanos activos, ni un gobernante vital sin una sociedad pujante, ni un líder en una esfera pública incapaz de garantizarle que su proyección prevalece porque sobresale del contraste con todas las proyecciones posibles.

Por otra parte, los sostenes del “poder real”, o sea, de quienes poseen la facultad de custodiar el sistema y tomar las decisiones concretas, se ajustan a una etapa distinta, ya sin líderes históricos, con carencia de aliados ideológicos internacionales, cada vez más distantes de la capacidad de administrar la pobreza, ante el desdibujo sociológico del imaginario “Revolución”, y forzados a una relación con Estados Unidos. En este escenario los individuos serán importantes, pero ya nunca más “pilares definitivos” del poder, de la estabilidad.

Tratarán de estar “unidos”, pero ahora a través de “alguna colegiación”. Lo necesitan para sostener compromisos e intereses propios. Además, ellos podrían ser funcionales para nuevos intereses (por ejemplo, del empresariado privado que pueda emerger) y, por eso, hasta pudieran ser apoyados por estos. Pero el logro de ese nuevo equilibrio y cohesión dentro del poder, se jugaría en la “reproducción” del PCC. De lo contrario, carecerían de tales atributos necesarios al poder.

Para procurarlo, la agrupación política tendría que sostener un discurso acorde a su historia, pero operar pragmáticamente, abandonar el exceso de centralismo y promover alguna colegiación, una relación distendida entre ellos y con la población en cuanto a la creación y ejecución de políticas, y conseguir que su pretensión de “partido de poder” no asfixie la iniciativa económica, civil y política de otros sectores de cubanos. Pero probablemente ya no podrán lograrlo, al menos, de la forma y en la proporción que desearían.

Ciertamente, donde hubiera colocado Fidel Castro, de manera formal, la “legitimidad legal e institucional” de su poder, allí estaría, además con todas las herramientas del Estado a favor de ello. Pero una cosa era “su poder” y ese apoyo al mismo, y otra “el poder real” de tal sitio, institución, mecanismo. Debieron comprender esto, pero no ha sucedido.

Uno de los defectos más nocivos del sistema es la obsesión por mantener la “realidad total” del modo en que la percibieron en “el instante x”. Por sus propios intereses debieron asumir que, en determinado momento, una sola persona no tendría toda la autoridad, ni una sola persona ocuparía todo el espacio institucional del poder. Era necesaria una transferencia de autoridad y legitimidad a las instituciones, a los cargos responsables de estas, a la colegialidad en sus filas, a una dinámica social democrática.

Tamaño desafío, para ellos, a estas alturas, además con tanto en contra. Además, han entronizado costumbres heredadas del período colonial y la república de inicios del siglo XX, con mecanismos y prácticas importadas de la Unión Soviética, a una herencia autoritaria propia, con rasgos de corrupción y problemas de administración alimentados durante siglos, de fuerte burocracia y verticalismo (Cárdenas, 2020).

Por ello, debió acontecer un esfuerzo para construir instituciones democráticas sólidas. (Arencibia, 2020, Cárdenas, 2020, Castellanos, 2020, Fernández, 2020, Legra, 2020, Padilla, 2020, Peña, 2020). En contra de este proceso ha conspirado la dificultad, ya casi endógena, de incorporar a los jóvenes a las instituciones políticas. También los temores a compartir el poder, de funcionar, allí donde es posible, de forma colegiada y de consultar más allá de una especie de encuesta a través de cierta dramaturgia, y de facilitar que nuevos actores se conviertan en personas con autoridad.

Pero en este momento no queda opción. El poder debe comprender que, para la actual sociedad cubana, la funcionalidad social y la legitimidad política de un modelo de Estado, ya no corresponden con un estereotipo leninista-estalinista (Arencibia, 2020, Cárdenas, 2020, Castellanos, 2020, Cires, 2020, Escobar, 2020, Fernández, 2020, González, 2020, Legra, 2020, Padilla, 2020, Peña, 2020).

Intríngulis social

Todo esto acontece en una realidad social con demandas bien definidas y actores políticos, incluso exponentes de un nuevo tiempo. Si bien ello aún no prefigura el presente. Existe una debilidad ciudadana, razonable, si consideramos las causas que la provocan, genera una especie de “circulo vicioso fatal” (Arencibia, 2020, Cárdenas, 2020, Castellanos, 2020, Cires, 2020, Escobar, 2020, Fernández, 2020, Legra, 2020, Padilla, 2020, Pardo, 2020, Peña, 2020).

Cuba requiere de una sociedad civil autónoma, plural y empoderada, y ello sólo sería factible por medio de instituciones democráticas. Pero esto necesita de un Estado reformado a través del protagonismo ciudadano, capaz de colocar la soberanía en la sociedad y, de este modo, legitimar el modelo de Estado. Además, esto corresponde con los fundamentos de las actuales demandas, en medio de un sustrato cívico que defiende una noción de ciudadanía no subordinada a los designios del Estado, sino a modo de protagonista (Arencibia, 2020, Cárdenas, 2020, Castellanos, 2020, Cires, 2020, Escobar, 2020, Fernández, 2020, González, 2020, Legra, 2020, Padilla, 2020, Pardo, 2020, Peña, 2020).

Entre las directrices de tales cambios que ya forman parte del imaginario social y se solicitan, podemos encontrar la libertad (individual, de expresión, de prensa, de asociación…), la democracia (participación política real de los ciudadanos en las decisiones que atañen a la nación, contrapeso de los poderes públicos, limitación temporal y alternancia en los cargos fundamentales, transparencia en la gestión de la economía a todas las escalas, elecciones directas, pluripartidismo), y la necesarias transformaciones económicas (en busca de la tan ansiada y tantas veces pospuesta prosperidad individual y de país, trabada en lo interno por absurdos que los economistas llevan décadas denunciando y sugiriendo cómo modificar) (Arencibia, 2020).

Para Jesús Arencibia, esas libertades y condiciones suelen exigirse, por ejemplo, a favor del feminismo y las demandas de la comunidad LGTBI, las agendas ambientalistas, la protección y bienestar animal, los gremios específicos que reivindican su derecho a la autonomía (ejemplo, cineastas), artistas contestatarios que igualmente se pronuncian por su total libertad individual y de grupo, de intelectuales (escritores, profesores, científicos) que abogan por un proceso intenso de reformas, las instituciones y grupos religiosos de diversas denominaciones, medios de prensa alternativos al aparato PCC/Estado/Gobierno, y las de organizaciones políticas de oposición (Arencibia, 2020).

Si bien no es posible presumir la sociedad civil únicamente a través de las expresiones por internet. El concepto sociedad civil supone cierto grado de organización, de lo que carece la sociedad cubana, aparte de las iglesias, algunos gremios profesionales.

A la vez, la crisis y esta nueva realidad transcurren en una sociedad que, frente al necesario rediseño del Estado, expresa al menos tres consideraciones diferentes, además en ningún caso monolítica. Ellas podrían agruparse en -las que defienden el actual régimen y sistema políticos, y abogan por reformas económicas que mejoren el nivel de vida de la población; -las que temen que las reformas económicas den paso al capitalismo puro y desmonten imaginarios que muchísimos cubanos desean conservar; y -las favorables a las reformas económicas y la democratización del régimen político, desde diversos posicionamientos ideológicos y proyectos políticos (Padilla, 2020).

Ello, a la vez, en medio de la coexistencia de muchas percepciones y matices, como en cualquier país y época. Arencibia destaca tres probables franjas generaciones, que son parte de un abanico mucho más grande y diversas en su interior.

Estas pudieran esbozarse del modo siguiente: -los adultos mayores que nacieron en las dos o tres décadas previas al 1ro de Enero de 1959, vinculados al proceso revolucionario; -los adultos de entre 30 y 60 años, nacidos en las 3 décadas posteriores al triunfo revolucionario, que le dieron al proceso sus años más impetuosos, y ahora, ya sin muchas opciones o deseos de redireccionar sus metas, tratan de “ir pasando”, mientras se sienten atrapados en la sensación de que sus padres los montaron en un Titanic y sus hijos los abandonarán en la profundidad de las aguas; y -los jóvenes y adolescentes, de las generaciones nacidas en los 90 y los 2000, que descreen profundamente del viejo discurso político, con metas de vida que los separan sustancialmente de “construir” algo en la Isla.

Estos últimos, más bien, con la mente puesta en tomar prudencial distancia y crecer (económica, profesional, espiritualmente) bien lejos. Y aquí el “lejos”, sirve, aunque en definitiva no logren emigrar (Arencibia, 2020).

La confluencia de todo esto, en un contexto sin oportunidades para modificar el rumbo comunitario e individual, ha incorporado la desesperanza y una garrafal desidia, lo cual conduce al predominio de la enajenación. Mientras el Partido/Estado/Gobierno declara públicamente planes de desarrollo hasta 2030, los ciudadanos en su mayoría piensan cada día cómo llegar a las 20:30 horas, conseguir algo para comer y descansar luego en la mayor armonía familiar posible, para reiniciar otro día de “batalla” (Arencibia, 2020).

Esta situación le favorecería al Estado emprender reformas, pues la población tiende a buscar sólo alivio a su condición actual. Pero también pudiera acontecer en contra de la estabilidad del poder, porque las carencias son tantas y frente a la expectativa de solucionar los problemas, pudiera surgir una lista de anhelos capaz de colocar en peligro a quienes controlan el Estado (González, 2020). He aquí una expresión política riesgosa de ese “circulo vicioso fatal” que nos acompaña.

Será imposible una solución si no rompemos ese “circulo” por ese mismo punto. Quienes son el Estado deberían comprender que su mayor peligro está en no comprender que deben adaptar las políticas a los cambios sociales y, por ende, las reformas que implementen no deben tener el propósito de frenar los cambios que se dan en la sociedad, sino institucionalizarlos, garantizarlos.

A la vez, esto nunca sucederá sin una cuota mínima, pero significativa, de civismo ciudadano, si bien no sea mayoritaria. En un contexto político donde, además, impere la búsqueda de concertación (Arencibia, 2020, Balari, 2020, Cárdenas, 2020, Castellanos, 2020, Cires, 2020, Escobar, 2020, Fernández, 2020, González, 2020, Legra, 2020, Padilla, 2020, Peña, 2020). No a modo de coincidencia, acuerdos, sino de compromiso con valores e instituciones que permitan dirimir pacífica y democráticamente los desacuerdos (Padilla, 2020).

Sin embargo, las demandas y actores de “esta época” no tienen espacio en la esfera pública, aunque han logrado cierto impacto en algunos sectores. Han estado constreñidos por los límites a las libertades civiles y los intereses del partido único, quien controla todos los medios masivos de comunicación (Arencibia, 2020, Cárdenas, 2020, Castellanos, 2020, Cires, 2020, Escobar, 2020, Fernández, 2020, González, 2020, Legra, 2020, Padilla, 2020, Pardo, 2002, Peña, 2020).

Igualmente, ese escaso influjo ha sido posible en medio de un entresijo que cuasi tolera o no a tales ciudadanos, a partir de consideraciones acerca de si estos carecen de toda valía y/o si en tal momento se pagaría un costo innecesario por destruirlos (Padilla, 2020). Todo ello le ha escatimado a la sociedad civil su peso específico en la política del país y en la esfera pública.

O sea, un escenario signado por una crisis al menos socioeconómica, el predominio de la enajenación social, un ejercicio opaco y restrictivo del gobierno, y actores civiles pujantes, pero minoritarios y carentes de garantías legales, además por lo general irritados frente al poder. En tal sentido, pareciera que el poder pudiera despreciar a estos, por carecer de fuerza política real, así como que estos pudieran desconocer al poder, porque es gris, carece de ruta política y sólo tiende a ofrecer carencias, limitaciones, desafueros.

Pero esta propia debilidad nacional nos convierte en tripulantes de “una misma barca”, con una sola “tabla de salvación”. Dicha “tabla” está compuesta, paradójicamente, de estos tres elementos, ahora convertidos en miniaturas, pero también en factibles “piedras angulares”. Ellos son -el poder, -nuestra crisis, y -esos actores civiles, minoritarios y carentes, y algunos quizá a veces errados, pero no vencidos por la desesperanza y la enajenación.

Por una improbable ruta de solución

Toda recuperación del país pasaría por la promoción de un ejercicio ciudadano autónomo, signado por la esperanza y el compromiso, con equilibro entre los proyectos individuales y comunitarios. Esa cualidad de actores, que ahora son escasos y desprovistos, pudiera ensancharse exponencialmente. Además, lograrlo en lo económico, civil, cultural, político.

Pero conseguirlo demandaría bocetar un “camino a recorrer” y un “sitio de llegada”, que anuncien un espacio para todos los ciudadanos y una cuota del bienestar deseado por cada uno. No debería afectar que alguien posea una historia u otra, una posición sociopolítica u otra, un lugar de residencia u otro, una singularidad u otra.

Sólo desde este contexto sería posible apelar al compromiso ciudadano en la iniciativa economía y en el esfuerzo laboral, necesarios para asumir la reforma económica que demanda el país. Habría que comprender, además, que nadie aportará su “capital” laboral y/o financiero si con ello no contribuye a sus anhelos individuales, sociales, políticos. Lo cual requeriría ubicar el tema de los derechos humanos en el centro de la cuestión, y hacer proliferar el diálogo y el acuerdo y, sobre todo, la acción múltiple y plural.

De este modo podrían comenzar a renovarse las pautas de la motivación, la conducta y la socialización. Sería imprescindible lograrlo, al menos, en los ámbitos de la economía, los derechos humanos, la sociedad civil, la emigración, las relaciones con Estados Unidos, y la política.

El poder pudiera considerar “imprudente” desatar estas potencialidades, pues implicaría una forma de gobierno que no le resulta habitual, además en una circunstancia de frustración de diversos sectores sociales para con su desempeño. Sin embargo, no hacerlo únicamente aumentaría tal frustración, debilitaría su capacidad de gobierno, y estaría asegurado el fracaso de todos, aun de quienes se resisten a emprender estos caminos porque estiman que tendrían “algo” que perder. Lo que podrían llegar a perder en ello no sería nada en comparación con la derrota que un día los acongojaría.

Economía

En tal sentido, ha sido positivo que, el pasado 16 de julio de 2020, el gobierno cubano anunciara una reforma económica. La más importante desde los incumplidos Lineamientos del PCC, en 2011. Si bien no es posible advertir cuánta voluntad sostendrá en el empeño. Además, resulta lamentable que lo haya hecho cuando ya no tenía la más minúscula alternativa y no lo haya emprendido cuando aún existía un mínimo de condiciones para evitar los sufrimientos de la sociedad ante el inevitable “brutal ajuste económico”.

Fue anunciado, por ejemplo, una nueva concepción de la planificación económica, que se aleje de la asignación de recursos y la administración; la descentralización de la gestión económica; el papel dinamizador de la demanda interna; la promoción de un mercado, regulado solo indirectamente, en especial por medio del ingreso; la competitividad, promoviendo además eficacia, ahorro y motivación; la complementariedad entre las empresas privadas y estatales; la autonomía de las empresa estatales; la institucionalización de la micro, pequeña y mediana empresa privada; la capacidad para que estas puedan importar y exportar, aunque a través de contratos con empresas estatales; la ampliación y el fortalecimiento del trabajo por cuenta propia; el desarrollo de las cooperativas; la reforma del sistema agropecuario y el final del monopolio de su comercialización; la promoción de la inversión extranjera directa, en especial en la agricultura; la creación de un mercado mayorista con respaldo en divisa; el encadenamiento de las industrias nacionales; y la cancelación del gravamen del 10 % al dólar.

Sin embargo, quedan muchas interrogantes, además de la falta de confianza. Pues se iniciaron reformas en la década de 1990, luego con los llamados Lineamientos, y en todos los casos fueron frustrados por el propio gobierno.

Cómo se concebiría el plan estatal de la economía, de modo de que libere las potencialidades y, a la vez, asegure la asignación de recursos a la sociedad, además de manera indirecta.

Considero excelente dicha fórmula. Pero esto requiere mayor atención a los balances financieros, no solamente a la producción física o la enumeración de turistas. También demanda instituciones y operaciones exquisitas y eficaces. Igualmente, ello solo sería factible desde actitudes dúctiles que lo propicien, las cuales suelen conseguir solidez únicamente a través de la experiencia práctica. En eso, como sabemos, aún somos feto, no “nato”. Por ende, esta nueva ruta será posible exclusivamente por medio de una política clara, bien respaldada, y sostenida por políticos vitales.

Asimismo, se desarrollarán las micros, pequeñas y medianas empresas privadas. Con ello parecen lograr alguna expresión política esos preceptos que, a modo de fantasma, ya “profetizaban” tal posibilidad en lo aprobado por Congreso del PCC, en 2011, y en la nueva Constitución de 2019. Sin embargo, concurren dudas al respecto. Aún no conocemos si serán posibles las micro, pequeñas y medianas empresas en todos los ámbitos, o solo en algunos, o si tal oportunidad estaría únicamente reservada a unas pocas áreas, además pueriles.

No estamos informados acerca de si disfrutarán de las facultades propias de una empresa, o sólo algo más de lo que ha sido. Desconocemos si el Estado comprende que deberá fomentarlas y apoyarlas con créditos, garantías de préstamos, asistencia técnica, capacitación, e incentivos fiscales. No estamos al corriente de la factibilidad de traspasar empresas estatales al sector privado, lo cual permite la Carta Magna. Tampoco sabemos si podrán ser inscritas y funcionar como corresponde al ingenio y a la iniciativa económica.

Por otro lado, las empresas estatales y las privadas compartirán un conjunto de desafíos que impone esta reforma. Estimando la complementariedad entre esos ámbitos, de seguro deberán procurar el modo de beneficiarse recíprocamente a través de la subcontratación, y las empresas privadas emergentes deberán capacitarse para emplear a los trabajadores estatales que resultarán “excedentes” al ejecutarse el imprescindible ajuste en ese sector.

Un plan estatal de la economía, con fundamentos apropiados, demandará empresas mayoristas para todo el sistema empresarial, tanto estatal como privado; y, en tanto ese mercado mayorista necesitará ampliarse y consolidarse con rapidez en base a un respaldo en Moneda Libremente Convertible (MLC), quizá sea forzoso hacerlo con la participación de la inversión extranjera.

De alguna manera, también se requerirá, para que esto funcione realmente, la aceptación del valor del comercio, del valor de lo mercantil, del valor de los intermediarios, todo lo cual ha sido demonizado una y otra vez. Acerca de ello, el sistema actual favorece la ineficiencia, la ilegalidad.

Habrá que desarrollar mecanismos de exportación e importación que permitan a las entidades económicas cubanas contratar empresas especializadas cooperativas o privadas o estatales, con precios de acuerdo a la oferta y la demanda. También aquí, y no solo en el comercio agroalimentario, no deben existir monopolios. En este sentido, se deberían buscar cadenas hoteleras que le hagan competencia a Sol Meliá.

A la vez, todo proceso de esta índole necesita un sostén tangible sobre el cual erigirse. Evidentemente, tal vez en cualquier circunstancia, este resulta la MLC. Pero ello se torna particularmente complejo, en nuestro caso, porque la carencia de esta ha sido el detonante de esa decisión de reforma que jamás hubieran deseado emprender. En tanto, el ajuste comienza sin su pilar. Eso resulta una situación compleja, un desafío mayor, un riesgo extremo de fracaso.

Dada la estructura económica de la Isla y la actual situación mundial, será difícil acceder a la cuantía necesaria de MLC. Esto fuerza a priorizar la búsqueda de ella a través de las remesas familiares y las posibilidades de inversión para los emigrantes cubanos. Pero esto, aun si se logra, no sería suficiente para salir de la crisis y edificar un modelo de desarrollo. De este modo se conseguiría responder a un grupo de demandas de sobrevivencia, pero no más.

Tal vez sea posible pasar de una actual “trialidad monetaria” a una “dualidad”. Desde esta lógica, al desaparecer el peso CUC, quedaría sólo el CUP y el USD. Además, al homogenizarse la taza de cambio, podrían quedar en mayor igual proporcional todos los actores naturales y jurídicos. Sin embargo, aún no habríamos llegado a la unificación monetaria.

El CUP no cumpliría todavía sus funciones como dinero, lo cual generará una demanda adicional de las divisas extranjeras en el mercado informal, que beneficiará a quienes operen este mercado informal. Cabría destacar la necesidad de operar medidas políticas que no aumentan la brecha entre los mercados formales e informales. Igualmente, sería forzoso apurar el desarrollo de la producción y los servicios, de manera que el CUP logre ser realmente convertible, y en algún momento pueda llegar a operar de manera plena en todo el territorio nacional. Si no se corrigiera esto progresivamente, se estaría entronizando una especie de modelo de fracaso, frustración y pobreza.

Incluso, algunos de los mecanismos que se implementan para dar curso a las potencialidades a pesar de la carencia de MLC, deberían considerar la necesidad de una moneda estable. Me refiero, por ejemplo, a las bonificaciones de deuda, que se sostiene en una especie de compromiso futuro, con capacidad de resarcirse solo por medio de una genuina capitalización.

Además, ello podría impulsar peligrosas distorsiones si fueran concedidos a partir de la mera discrecionalidad. Algo de esta índole debe gestionarse desde puntuales criterios de concesión y precisas obligaciones para las empresas beneficiadas. Debemos evitar nuevas distorsiones financieras, económicas, comerciales.

La reforma exige ser atravesada por un binomio de liberación de “las fuerzas productivas”, junto a un proyecto audaz de desdolarización a través de una unificación monetaria y cambiaria, con sólido respaldo en MLC. Pero ello demanda, a su vez, un amplio acceso de Cuba a créditos.

Sin embargo, el acceso posible a créditos, sería difícil, o muy insuficiente, sin una agenda de negociación con las instituciones financieras internacionales. Lamentablemente, ha prevalecido el rechazo a esto. Se alega acerca de las afectaciones sociales que ello pudiera ocasionar. Reconozco que, en muchos casos y de alguna manera, pudiera ser arduo beneficiarse de este vínculo, sin perjudicar otros propósitos.

No obstante, al respecto siempre me interrogo si, finalmente, no estamos renunciado a esos probables beneficios sin tampoco favorecer esas otras intenciones que no deseamos afectar. O sea, qué hacer cuando, en definitiva, no hemos sido capaces de trazar dispositivos que aseguren tal bienestar ni eviten el deterioro también de esos otros afanes.

Sobre ello precisó el profesor Jorge Ignacio Domínguez, en un artículo titulado “¿Qué debe saber el presidente Raúl Castro para considerar una posible relación entre Cuba y el FMI?”, publicado en Cuba Posible el de julio de 2016. Deja claro el autor que: -sería lógico, oportuno, y relativamente sencillo que Cuba desarrolle conversaciones informales con el FMI, sin ningún compromiso previo; -porque acepta cualquier sistema político en sus países miembros; -la membresía no cede soberanía per se; -pues sólo exige transparencia de datos acerca de la economía; y -para que rija cualquier otra condición sobre algún país, tiene que aceptarla su gobierno, por lo general a cambio de algún apoyo financiero. Por ejemplo, China, Vietnam, y Laos son miembros.

Desde entonces Cuba ha dado “pasitos” en tal sentido, al ingresar al Banco Centroamericano de Integración Económica y al acercarse a la CAF, Banco multilateral que se ancla en los países andinos. Ahí se puede comenzar inclusive una conversación informal con las instituciones de mayor capacidad, como el FMI y el Banco Mundial, si bien para lo monetario/cambiario la clave es el FMI.

Por otro lado, será necesario que todo ello se convierta en una Política (así, con mayúscula). De lo contrario, sería un modo para que el gobierno sustituya su incompetencia y reciba finanzas, a través de una multiplicidad de ciudadanos que logren hacer trabajar a otros. Por supuesto que esto, en sí mismo, ya sería una contribución, pero los cubanos siempre hemos deseado una comunidad (ese sueño martiano de “con todos y para el bien de todos”). Esto exige no confundir al país con una zona franca, ni al Estado con una mera institución fiscal. De seguro necesitamos muchas zonas francas, pero todas al servicio de una República de derecho.

A la vez, en este momento cargamos con una limitación para esto, a modo de “espada de Damocles”. Será dificultoso el acceso a las instituciones financieras internacionales y la necesaria estabilidad política, sin una normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que implicará la interpelación acerca de cuestiones políticas del modelo social cubano. Eso resulta una fortísima realidad. Sólo resta decidir si la enfrentamos, desde nuestros valores y en beneficio de los cubanos.

Igualmente, ello no sería una disonancia, pues el examen de actual modelo sociopolítico es un reto profundo que nos convoca desde hace mucho tiempo. No tenemos que hacerlo porque sea considerado en Estados Unidos. Debemos emprenderlo porque en ello, por muchísimas razones internas, nos jugamos la República, la soberanía, el bienestar de todos.

Derechos humanos

No tendría que ser difícil la garantía del catálogo de derechos, así como su evolución en lo necesario, y asumirlo como imperativo para todo el funcionamiento de los poderes públicos y la sociedad. El Estado cubano ha firmado la Carta de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos. Además, la inmensa mayoría de estos ya forma parte de la Constitución de 2019 (Arencibia, 2020, Cárdenas, 2020, Fernández, 2020, Padilla, 2020, Peña, 2020).

Bastaría con despenalizar lo político. Con ello, de inmediato, los instrumentos formales y materiales del derecho en Cuba quedarían liberados para realizar un ajuste capaz de colocarlos en una condición de cuasi excelencia (Arencibia, 2020, Cárdenas, 2020, Fernández, 2020, Padilla, 2020, Peña, 2020). En esta corrección, atendiendo a opiniones generalizadas o significativas, habría que favorecer la solidez civilista de dos importantes entramados institucionales (Escobar, 2020, González, 2020).

Sería necesario adecuar el sistema de tribunales porque, desde hace mucho tiempo, es inadecuado a las dinámicas sociales que prefiguran la realidad. Deberían adecuarse sus capacidades para conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, con el objetivo de proteger los derechos ciudadanos y asegurar la reparación de las víctimas de ilegalidades y delitos, y velar por el respeto al debido proceso de las personas imputadas, así como exigir la ejecución de sus sentencias y supervisar el cumplimiento de estas.

Incluso, ante la vulneración de derechos -también constitucionales- por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones. Sería necesario, además, cincelar la autonomía institucional de los tribunales (funcional, financiera y administrativa, de la carrera judicial y del régimen disciplinario de los jueces y magistrados), y la inamovilidad de estos.

A la vez, la despenalización de lo político liberaría a las estructuras de seguridad de un quehacer alejado de la naturaleza de su quehacer cotidiano. Podría entonces suceder lo que, por momentos, ha parecido al menos un deseo. O sea, que estas y los institutos militares, encargados de cuestiones estratégicas de defensa, constituyan una especie de consejo, a cargo del presidente de la República y supervisado por el parlamento.

En este caso, esas otras actitudes, conductas y hechos antijurídicos, no relacionados con asuntos estratégicos, podrían ser trabajados por los institutos policiales y otras entidades del orden público, a través de un ministerio apropiado para ello, dirigido desde el ejecutivo del país. Además, debería poseer el carácter “civil” que procuran algunos cuerpos policiales.

Este implica, por ejemplo, que estos agentes, en sus funciones, puedan cumplir libremente sus desempeños elementales, si bien dentro de lo normado legalmente. También que sólo puedan ejecutar operaciones de otra índole bajo el mandato o autorización de la fiscalía o los tribunales. Igualmente, que posean una disciplina militar de cuerpo, aunque dentro de la ley y los mandatos de la justicia, y también que, a título individual y en última instancia, sus agentes puedan apelar al imperio constitucional y a sus conciencias.

Dimensión pública de los derechos

La realización de los derechos demanda que la libertad sea la instancia suprema, si bien su hábitat natural sea la sociabilidad humana. Cada ser humano puede ofrecer algo que los otros necesitan y, a su vez, puede recibir mucho de cada individuo. De ahí la complementariedad social. Igualmente, cada persona, como individuo, necesita recibir del exterior para desarrollarse, madurar, y después, en tanto sujeto social, devolver, a modo de reciprocar.

Esto demanda que el quehacer cívico de una ciudadanía, diversa, resuelva la bifurcación entre individuo-sociedad-poder público. Pero esto sólo puede sostenerse sobre la compresión de que cada derecho posee dimensiones individuales y privadas y, también, sociales y públicas. De lo contrario, sería difícil ese equilibro entre los proyectos individuales y comunitarios.

Al respecto, tenemos las agendas de identidades particulares (género, racial, religiosas), otras sobre ámbitos concretos (medio ambiente, protección al consumidor, animales), y agendas acerca de asuntos generales, primordiales, transversales (derechos humanos, fundamentos sociales y estatales, cuestiones electorales, economía, bienestar social, o de un universo de cuestiones sin llegar a una proyección programática competitiva).

Son proyecciones directamente políticas porque, a diferencia de otros quehaceres de la sociedad civil, sus cometidos específicos pasan por el ajuste y desarrollo del Estado. A la vez, no lo son a modo de plataforma programática gubernativa, pues no ofrecen una cosmovisión que pretenda aportar a la integralidad social, a través de una agenda de gobierno, lo cual además les exigiría competir para desempeñar el ejercicio del poder.

Los partidos políticos han sido otra cosa. Grupos organizados, siempre con una plataforma, ante todo ideológica, y con un programa definido (sobre cuestiones económicas, sociales, culturales y familiares), que descansan en múltiples sectores sociales, y siempre buscan el mayor número de miembros posible.

Con un sistema de filiación (integrados, por ejemplo, por individuos, sindicatos, cooperativas y otras asociaciones), una sólida administración, un cuerpo de funcionarios permanentes, los necesarios grupos de trabajo, la educación política de los miembros, una enorme presencia en la esfera pública, y la actividad puramente electoral.

Sin embargo, en las últimas décadas muchísimos partidos políticos han abandonado este carácter. Aunque suelen conservar la expresión de determinadas aspiraciones, la intención de brindar propuestas para una gestión del país con cierta integralidad, varios instrumentos para movilizar a sujetos sociales, y el empeño de ejercer el poder, para lo cual compiten. Además, lo hacen con un carácter menos ideológico, menos militante, sino más gerencial, si bien de naturaleza política. Muchos tienden a ser únicamente una especie de “marca”.

Ello posee aspectos positivos, y señala un nuevo derrotero. Por una parte, facilita las coaliciones y la movilidad electoral; y por momentos parece que las candidaturas aún provienen generalmente de los partidos políticos solo porque, dadas las condiciones, estos continúan siendo el “hábitat” propicio para la promoción de líderes con ese tipo de agendas.

Por otra parte, esta realidad ha permitido que, en algunos casos, prosperen con sumo éxito candidatos a la presidencia de países que no provienen de agrupaciones políticas programáticas. En tanto, quizá este desempeño va dejando de ser exclusivo de los partidos políticos, y esto ya demande un ajuste mayor de la política, de la teoría, del derecho.

Por supuesto, a la nueva pluralidad política que me refiero no le corresponde el rol de los partidos políticos. Pero tal vez sí otro, que incluya su presencia en la estructura de representación política, sin intentar sustituir a estos.

A la República de Cuba le corresponde, tanto como al resto del orbe, aunque desde las circunstancias propias del país, asegurar los instrumentos para que esta nueva pluralidad ejerza su cuota de soberanía (Arencibia, 2020, Cárdenas, 2020, Castellanos, 2020, Cires, 2020, Escobar, 2020, Fernández, 2020, González, 2020, Lebrá, 2020, Padilla, 2020, Pardo, 2020, Peña, 2020). Tal vez no sólo en cuanto al derecho de asociación y la presencia en la esfera pública, sino además hasta el acceso a la Asamblea Nacional. Ello podría corresponder dado el carácter del parlamento cubano.

No pertenece a este ámbito, pero aprovecho para también suscribir que sería pertinente la legalización, como institución en la Isla, de algunos medios de comunicación no formalizados. Algunos de ellos podrían aportar decoro a libertad de prensa en nuestra sociedad.

Para no quedar en lo hipotético, mas a modo de ejemplo, no de elenco documental, cito algunas de esas dinámicas de la sociedad civil, actualmente “alegales” o “ilegales”, que podrían ser instituidas. Aquellas agendas contrarias a la discriminación racial y las defensoras de las agendas LGTBI. Los proyectos garantes de los derechos de los consumidores, los protectores del medio ambiente y los defensores de los animales. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Convivencia. Los medios de prensa 14ymedio y Oncuba.

En equivalente sentido, sería necesario asegurar que los intereses de los trabajadores cubanos no pasen de la opacidad ante una economía estatal, monopolizada, centralizada, vertical y colectivista, a ser instrumentos (no sujetos) de una multiplicidad (ojalá que amplia) de empresarios privados con “planes” propios (lo cual, reitero, podría ser sumamente positivo). No afirmo esto porque fuera menos dañino resultar una sombra en esa economía estatal, sino porque eso ya no tiene remedio, y la nueva realidad está por configurarse.

Además, resalto que los sindicatos serían poco útiles si dejan de comprender que, con independencia de preferencias políticas e ideológicas, la legitimidad de ellos se juega en -procurar un equilibrio entre la defensa de los intereses de los trabajadores y el aporte a los intereses generales de la sociedad; -conquistar beneficios para los trabajadores, sin quebrantar el bienestar legítimo de otros o de la sociedad toda; y -no permitir, a toda costa, que se afecten los trabajadores como resultado de la impunidad que puedan disfrutar intereses espurios de otros, de empresarios, de poderes.

Emigración

La emigración cubana es parte medular de este acontecer. Incluso, la anunciada reforma económica procura divisas a través de las remesas familiares y las posibilidades de inversión para los emigrantes cubanos. Sin embargo, lo necesario sería incorporar la emigración a todas las dinámicas de la Isla mediante la restitución ampliada de derechos. Esto constituye uno de los fundamentos de la “normalización” de lo cubano (Arencibia, 2020, Fernández, 2020).

Al mismo tiempo, haría falta que la incorporación institucional de los emigrantes en las realidades de la Isla deje de concebirse como remanente de la añeja bipolaridad isla/exilio porque, a pesar de que algo de ello permanece, este ya no es el eje transversal del asunto. Tal déficit forma parte de las deudas con el universo ciudadano. Aunque formalmente no sea de este modo, tan ajenos al quehacer de un “soberano” están los cubanos residentes en la Isla, como los domiciliados en cualquier sitio del orbe.

En abril de este año 2020, debió realizarse en La Habana un nuevo encuentro de ese ciclo de reuniones esporádicas de emigrados cubanos con autoridades y funcionarios de la Isla. La Covid-19 lo hizo imposible, pero muchos suponemos que no demorará en concretarse una vez que la pandemia esté controlada.

Esta reunión del Estado cubano con emigrados debería orientarse en esa perspectiva. Sería, además, el suceso adecuado para formalizar el empeño, colocarlo en la esfera pública y comenzar gestiones que procuren legitimarlo.

Por otra parte, la reunión cargará con antiguas dificultades casi administrativas, que los burócratas han sido incapaces de solucionar, y resultan insostenibles políticamente. Entre ellas, los excesivos costos de los trámites consulares de los emigrados cubanos, las facilidades para estar fuera de Cuba por más dos años sin perder la residencia permanente y los bienes en la Isla, y la necesidad de procedimientos más adecuados para la repatriación de los cubanos emigrados. Ojalá se comunique una solución auténtica para todo ello antes de la cita. No se organiza una reunión de esta índole para tratar esos asuntos.

Asimismo, resulta conveniente que el evento se agencie desde una metodología democrática que asegure representatividad de la sociedad cubana “transnacional”. Además, quizá como ningún otro de estos encuentros, este posee el imperativo de lograr deliberaciones adecuadamente libres y encauzadas alrededor de una agenda elaborada de manera plural.

Internacionales

Todas estas transformaciones de la sociedad cubana dependerán del entorno positivo que pudieran encontrar en América Latina y el Caribe, en las relaciones de colaboración con los países de América del Norte, y en la cooperación internacional con el resto del mundo. Pero esto no sería del modo adecuado sin una relación genuina con Estados Unidos (Arencibia, 2020, Cárdenas, 2020, Escobar, 2020, Fernández, 2020, Lebrá, 2020, Padilla, 2020, Peña, 2020). De lo contrario, resultaría difícil que el país alcance las condiciones de estabilidad y bienestar.

Se concebía que el mundo apoyara a Cuba para que estuviera en condiciones de realizar las reformas. Pero el “portazo” a la política de Barack Obama hacia la Isla convenció a los poderes internacionales de que esa política es exigua. Por ello, es muy probable que de ahora en adelante el camino sea inverso: serán las transformaciones en Cuba las que están llamadas a ser un pilar para la cooperación internacional.

En tanto, cualquier política de normalización con Estados Unidos debería concebirse en beneficio de las reformas que demanda el país. Además, debe procurarse una relación con los ámbitos estadounidenses propensos a la negociación y también con aquellos otros que recelan de la misma. Única manera de alcanzar una relación estable, cierta.

Igualmente, en cualquier caso, muchísimos de los implicados en Estados Unidos con esa etapa serían quienes prefiguren el nuevo acercamiento, y estos se verán forzados a una revisión de los fracasos en aquellas gestiones, por razones humanas y también políticas.

A muchísimos de ellos les costó en su país el vínculo con la Isla y en algunos casos tuvieron que pagarlo de un modo muy parecido a como se pagan esas cosas en Cuba. A la par, no faltan, entre ellos, quienes estiman que sin una modificación de estructuras en la Isla no sería posible (no ya ideológicamente, sino práctica y funcionalmente) un acople entre los dos países (en lo económico, en lo civil), que beneficie a la sociedad cubana, no meramente simbólico. Incluso, en este sentido, algunos estiman que el gobierno cubano debería dejar claro si lo que busca es un status de relación entre los dos gobiernos que cancele la confrontación y, de este modo, le haga fácil el acceso al “sistema mundo”, pero sin vínculos reales entre ambas sociedades.

Estimar que cualquier negociación con Estados Unidos podrá retomarse en el punto donde fue cancelada por Cuba durante la era Obama, sería un error que debe evitarse. sin embargo, aspectos de las nuevas medidas económicas pudieran ayudar. Si se permite que, de verdad, empresas privadas exporten e importen, sería un paso más allá de lo que era posible hasta el final de la presidencia de Obama.

Diálogo político

Todo lo anterior conduce al tema de los derechos políticos de la sociedad, y al marco institucional y normativo que los faciliten. Cualquier desarrollo de esto sería por medio de un quehacer inclusivo, capaz de prefigurar una reforma del modelo sociopolítico.

Sin embargo, ello podría dinamizarse a través de dos epicentros procedimentales. O sea, un proceso de apertura y acogimiento entre lo plural que integre todas las subjetividades, necesidades, proyecciones, de modo que todos puedan alcanzar relevancia política y así impriman legitimidad a la reforma iniciada por los decisores gubernamentales.

O la necesidad de alguna previa aceptación de “relevancia” política entre actores, como mejor modo de alcanzar la legitimidad necesaria para iniciar y desarrollar una ruta de integración de lo plural, porque ya sin esto sería difícil, endeble.

La primera variante fue posible y disfrutó de condiciones suficientes. Pero no ocurrió y, quizá, sea difícil recuperar un escenario factible para ello cuando, además, se agotó el “tiempo político” capaz de otorgarle cierto hálito. En tanto, sería ineludible optar por la segunda variante. Pero se hace enrevesado comprender el “peso específico” que pudiera poseer esta oportunidad.

La inconsistencia de ambas rutas “socio politológicas” es sumamente desfavorable. Para cada cual, con independencia de su preferencia, sería beneficioso que cualquiera de las dos resultara factible. De lo contrario, se impondrían la parálisis, el desgaste, la ruina “espiritual”.

Una encuesta del Observatorio Cubano de Derecho Humanos, de 2019, ofrece una muestra que pudiera confirmar como necesaria la segunda ruta. Proyecta que un 42,8 % de cubanos desea un cambio que provenga de las decisiones tomadas por las altas esferas del gobierno, y un 49,4 % desea una especie de aniquilamiento del gobierno. Estos últimos, esparcidos por tres variantes. Un 31 % preferiría una explosión social, un 13,1 % un golpe de estado, y un 5,3 % una invasión extranjera (Cires, 2020).

A partir de estos datos, podemos presumir que casi toda la sociedad desea cambios. Igualmente, que podría tener “asiento cómodo” un proceso de democratización proveniente del poder y coordinado por este. Pero expone la advertencia de que probablemente la mayoría ya no lo considera posible y preferiría no continuar esperándolo.

Ello indica que, de ocurrir, al gobierno le sería prácticamente imposible lograr éxitos, si no inicia el proceso por un estadio que, en otros tiempos, solo hubiera acontecido en fases muy posteriores al comienzo del este.

De resultar aproximadamente cierta tal apreciación, sería conveniente que el poder la comprenda y se disponga porque, si bien pudieran sostener el control del país, podría ocurrir una especie de quiebra del funcionamiento institucional y algún tipo de crisis humanitaria, con las graves consecuencias sociopolíticas de todo esto. Del mismo modo, los diversos actores de la sociedad, que hasta ahora no poseen condiciones para imponer algo de esta envergadura, también deberían colocarse y aprovecharla.

Sería complejo bocetar este acontecer, dadas las particularidades cubanas y porque no ha madurado nada en este sentido, que permita presuponer. Por eso, únicamente sería factible un enfoque de “laboratorio” y, además, poco riguroso, a partir de la práctica histórica y considerando criterios sólidos de algunos cubanos.

Al respecto, se indica la necesidad de una aspiración a modo de referente compartido capaz de implicar, una idea del proceso aceptada, las ineludibles garantías para este, la mediación debida, y la disposición de los actores imprescindibles para que ello suceda.

Acerca del referente convocante, motivador, existe consenso de que no ha sido posible construirlo, si bien se pudieran señalar algunos esfuerzos importantes. En cuanto a esto sólo se indica la necesidad de alejarnos de esta crisis y crear condiciones para el desarrollo y el bienestar, la libertad y la democracia.

Al procurar algún referente de tal índole, sólo encuentran en el pasado. En tal sentido, algunos muestran el Programa del Moncada, La historia me absolverá, aunque tal vez no de modo literal, de instrumento con vigencia (Arencibia, 2020). Otros apelan a la Constitución del 40, incluso para que aporte mecanismos jurídicos e institucionales (González, 2020).

Sin embargo, no considero un obstáculo este presunto vacío confuso, sino camino despejado. Incluso, quizá ello exprese algún tipo de coherencia necesaria para hacer nacer un nuevo tiempo y que este también sea muy cubano. Sería provechoso combinar -la actual necesidad de alejarnos de esta crisis y crear condiciones sociales, -el ejemplo de diálogo nacional, representativo y genuinamente plural del proceso constituyente de 1940, y -el testimonio político, expresado en torno al Programa del Moncada, acerca del costo por no atender todo esto.

A la vez, quizá resulte beneficioso no hacerlo por medio de un instrumento legal e institucional aceptado por la generalidad de manera “apabullante”, que pueda “encerrarnos en marcos”. Sino a partir de la actual Constitución de 2019, legalmente valida y capaz de abrir algunas oportunidades, pero no suficientemente legitima ni para muchísimos de lo que quisieron aprobarla en referendo. También esto abriría caminos despejados.

De comenzar una senda de este tipo deberíamos afrontar, sin cortapisas, los principales desafíos nacionales.

La discriminación política, racial, de género, de orientación sexual, religiosa; la incorporación de la emigración a los afanes internos; el envejecimiento poblacional y la necesidad de un sistema de pensiones solvente; la atención a la violencia doméstica, y al desarrollo integral de la infancia y de la adolescencia; el cuidado especializado a las personas con discapacidad; la protección a personas sin recursos ni amparo; el cuidado al medio ambiente; el mejoramiento delos sistemas de educación y salud, y de otras prestaciones sociales; organizar el mercado laboral a partir de las capacidades educativas y de los presupuestos del trabajo decente, y pagar un salario que satisfaga las necesidades básicas, e incentive la productividad y la calidad del trabajo, junto a la defensa de la libertad sindical; y reconstruir la infraestructura socioeconómica del país.

Ello también exigiría asumir que lograrlo reclama una ampliación del catálogo de derechos humanos y de las garantías para el ejercicio y cumplimiento de los mismos. La desconcentración y descentralización del Estado, y la autonomía de los gobiernos locales. Una economía de mercado, con funciones estratégicas y reguladoras del Estado, con una concepción múltiple de la propiedad económica, que garantice el mejor desarrollo de las nuevas medidas económicas.

La inversión, nacional y extranjera, pública y privada, en todos los sectores económicos, admitiendo la contratación y remuneración directas a los empleados. Orientada a la creación de riqueza, empleo, experiencia, tecnología, capital y acceso a mercados; además, en busca de quedar colocada en las cadenas globales de creación de valor.

La incorporación del país a las instituciones financieras internacionales; una gestión del crédito a favor del desarrollo social; la unificación monetaria y cambiaria; la solidez de las finanzas y de las capacidades crediticias, especialmente el microcrédito; y un sistema tributario progresivo, capaz de garantizar el mejor empleo de lo recaudado.

Igualmente, una mínima comprensión de esto último delinea el imperativo de algunas reformas inmediatas, por ejemplo, una ley que garantice la libertad de asociación. También para desempeños políticos. Una ley capaz de asegurar la libertad de prensa. Una reforma constitucional y legal que ampare la elección libre y competitiva de los delegados municipales y diputados, los prefectos y gobernadores, y del presidente de la República. Un marco regulatorio que garantice las mismas condiciones para todos los actores económicos.

Sostienen analistas que, a estas alturas del acontecer cubano, en tal diálogo político deberían estar presente todas las expresiones políticas (Arencibia, 2020, Escobar, 2020). Por el lado del Estado, el máximo poder gubernamental y partidista o en su lugar por quienes tengan la capacidad de tomar decisiones, pero no los militares. Por parte de la sociedad civil, los actores moderados que tanto han insistido en dialogar y también aquellos que en su momento creyeron que dialogar era traicionar y que pueden atribuirse el mérito de haber presionado al poder (Escobar, 2020).

Asimismo, Reinaldo Escobar indica que un diálogo de esa naturaleza debe ofrecer garantías políticas. Quienes gobiernan no pueden pretender encarcelar a sus interlocutores y los opositores no deberían aprovechar la ocasión para asaltar el poder. La agenda del diálogo debe alimentarse con propuestas de ambos lados. Los protagonistas de este proceso necesitarán prudencia para no ir demasiado lejos ni excesivamente rápido, pero habrán de tener audacia para no quedarse rezagados ni actuar demasiado lento.

A la vez, señala que las condiciones previas para ello podrían ser: a) La renuncia a que el Partido Comunista sea, por ley, la fuerza dirigente de la sociedad. b) Convocar a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna. c) Una nueva Ley electoral. d) Una ley de asociaciones que permita la legalización de partidos políticos y la existencia de una sociedad civil independiente ajena al concepto de polea de transmisión que hoy prevalece. e) Una ley que garantice el funcionamiento de la prensa independiente y otras formas de libertad de expresión artísticas, académicas y de manifestación ciudadana. g) Una ley que garantice, las libertades religiosas. g) Eliminar las restricciones que tienen los cubanos residentes en el extranjero para viajar a la Isla, invertir en negocios y establecerse en ella. También advierte que, si este diálogo se realizara antes de que se hayan cumplido estas siete condiciones previas, el objetivo de la agenda debería ser lograr que se cumplan dichas condiciones (Escobar, 2020).

Por otra parte, tal vez predomine que podamos alcanzarlo sin apoyos y garantes externos, pero no está ausente el criterio de que ello podría ser beneficioso (Escobar, 2020, González, 2020). Algunos muestran la capacidad gestora, mediadora, negociadora, de la diplomacia noruega, así como el potencial acompañamiento del Frente Amplio de Uruguay, y el experimentado desempeño garante de la Santa Sede.

Sin embargo, los más agudos analistas estiman que todo esto sería factible en la medida que los actores de la generación histórica salgan del escenario, queden limitados los “conservadores” de su entorno, y se consiga una relación estable entre Cuba y Estados Unidos. A la vez, cuando el entorno de la sociedad civil y la oposición política articulen propuestas viables que cuenten con la posibilidad de ser compartidas e influir en la ciudadanía (Escobar, 2020).

Pero también cabe destacar que ello no significa posponer los esfuerzos, por tres razones fundamentales. Ese instante sería el inicio de una etapa únicamente si resulta de la culminación de un trabajo anterior, podríamos estar en el umbral de ese cruce de época, y no siempre los tiempos políticos e históricos coinciden con los tiempos biológicos y sus circunstancias.

Conclusiones

Ante tales riesgos que desafían, los cubanos debemos prefigurar las soluciones oportunas. Para hacerlo, nos corresponde una gestión ciudadana activa a través de ese ejercicio autónomo de las capacidades económicas, civiles y políticas, aunque ello resulte el anatema principal del modelo de Estado vigente.

Ante esto, tradicionalmente hemos tomado en tres direcciones diferentes. La tendencia hacia una relativa vida individual. La preferencia por la diatriba en contra de todo lo relacionado con el andamiaje social y el gobierno. La propensión a una dinámica que procura aportar a la actual sociedad, pero sin que el poder imagine algún tipo de disensión, autonomía “excesiva”, o escasa disposición para servirle. Los tres itinerarios son legítimos y seguramente todos aportan, pero no serán decisivos para socorrer al país en las condiciones actuales.

Debería expandirse una zona ciudadana capaz de fascinar en la búsqueda de un bienestar que trascienda lo económico. Esta perspectiva, además, podría sostener la posición crítica, pero junto a la propuesta sólida, y también debería procurar la avenencia entre todos los actores, pero sin que “esa concordia” perturbe en un ápice el avance decidido hacia esa Cuba mejor.

Fuentes consultadas

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