Los que ejercen el poder en Cuba saben de la crisis en que se encuentra el país, pero son incapaces de realizar los cambios necesarios para enfrentarla; por eso serán los máximos responsables si en Cuba se desata un escenario de violencia, debido a protestas populares, tal y como ocurrió el 11 de julio de 2021.
Por Michel Fernández Pérez
Cuba lleva muchos años en una situación de crisis estructural. El sistema imperante es incapaz de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de los cubanos como individuos y de la nación en su conjunto. Los principales reclamos de los cubanos ―alimentación adecuada, acceso a la vivienda, servicios públicos efectivos, ejercicio de los derechos civiles y políticos sin discriminación ideológica― no han podido ser cumplidos, y en los que más avanzaron ―educación, salud, deportes, cultura― muestran un elevado deterioro.
La crisis estructural es resultado de un sistema económico y político diseñado de una manera que impide y reprime toda forma de expresión social o individual que cuestione o interpele el actuar del Estado, a la vez que promueve la mediocridad y el servilismo entre sus dirigentes. Este sistema ha sido incapaz, incluso, de cumplir las propias metas que se ha trazado.
Por otra parte, las medidas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos de América, que llevan más de sesenta años en vigor, constituyen un problema que impide el desarrollo económico en condiciones de normalidad, pero no son la principal causa de la crisis cubana y sí han sido utilizadas muy inteligentemente por el poder en Cuba para justificar todos los males y lograr la solidaridad internacional. En un escenario como el cubano, donde la eliminación de estas medidas depende de otro Estado soberano, en este caso el más poderoso del mundo, lo menos a lo que podría aspirar el pueblo cubano es contar con un gobierno que, a pesar del embargo/bloqueo, logre enrumbar la nación por el camino del desarrollo y la prosperidad.
El sistema político y económico cubano tiene sus bases en el modelo del llamado «socialismo real», en el que se consagra la propiedad estatal administrada por los funcionarios como núcleo del sistema; la inexistencia de controles a la actividad del Estado, al no existir la división o separación de funciones u otra institución con poder de veto ante los excesos del Gobierno, bajo la idea de la unidad de poder; el establecimiento de un único partido burocratizado, sin ninguna democracia a lo interno, de corte verticalista y autoritario; el no reconocimiento de derechos a las personas y grupos que se oponen a este Estado de cosas, criminalizándolos; y la no existencia real de ningún mecanismo de participación popular fuera de los que el Estado/partido acepte.
Si en algo este sistema ha sido extraordinariamente eficiente es en destruir el país, dejándolo con muy pocas posibilidades de reconstrucción en un corto plazo y en impedir la organización de una oposición que le presente algún tipo de riesgo al ejercicio del poder.
Los que ejercen el poder en Cuba saben de la crisis en que se encuentra el país, pero son incapaces de realizar los cambios necesarios para enfrentarla; por eso serán los máximos responsables si en Cuba se desata un escenario de violencia, debido a protestas populares, tal y como ocurrió el 11 de julio de 2021.
El grupo dirigente en Cuba sabe que está en riesgo de perder el poder o al menos que este se ponga en crisis, por eso cada vez más va a recurrir a la represión y a la violencia estatal no legítima. Por este motivo estamos presenciando detrás de bambalinas una mutación en los mecanismos de poder.
Esta mutación tiene como objetivo irse conectando con el sistema capitalista mundial, que es el que controla y monopoliza la creación de riquezas, pero sin ninguna intención de avanzar en indicadores de Derechos Humanos tales como libertades básicas de expresión, asociación y participación política.
De esta manera el grupo que ejerce el poder desea mantener y fortalecer los beneficios que ya posee, pero de una forma diferente: manteniendo sus prebendas, no ya por pertenecer al aparato militar, la burocracia partidista y del Gobierno a los altos niveles, sino por ser dueños efectivos de los recursos y las empresas en Cuba, con la capacidad de negociar con el capital extranjero y garantizar la propiedad de los bienes y recursos incluso en casos que pierdan o tengan que ceder en parte su poder político. Esto se evidencia en la utilización de mecanismos para legalizar la titularidad de las empresas y recursos del país en manos privadas y en la imposibilidad de ser controlados por ninguna institución del Estado, ni por mecanismos de control popular. Existe todo un entramado de compañías, asociaciones económicas, empresas, negocios privados que escapan de cualquier tipo de control y son las que en el fondo garantizan el control de los recursos del país.
Como afirmé anteriormente, las posibilidades de que se repitan protestas sociales de mucha intensidad y alcance son muy elevadas, ya que las situaciones objetivas que produjeron estas en julio del pasado año aún están presentes. Esto podría desembocar en un escenario en el que el Gobierno pierda el control o tenga que reprimir más violentamente que lo que ha hecho hasta la fecha. Esto podría terminar en una intervención militar de Estados Unidos, si por este motivo se ve amenazada su seguridad nacional o que la sociedad cubana se vuelva ingobernable; en ambos escenarios la responsabilidad es del gobierno cubano, por no implementar los cambios estructurales necesarios y aferrarse al poder con un modelo inviable.
Otro escenario sería una transición pacífica hacia un ideal de República, escenario menos probable, pero más deseado por los cubanos que creemos que se necesita fundar una nueva República basada en los Derechos Humanos, donde el Estado esté sometido a mecanismos de rendición de cuentas y control popular y se reconozca el pluralismo político.
Para alcanzar este objetivo propongo determinados principios básicos para obligar a la clase política en el poder a ceder cuotas de este, hasta que se complete la refundación nacional con una nueva constitución producto de una Convención Constituyente elegida democráticamente:
– La utilización de todas las formas de acciones pacíficas, con renuncia expresa a la violencia y la condena a la violencia del Estado.
– Ayuda y solidaridad con todos los cubanos, principalmente aquellos que desde Cuba ponen en riesgo su libertad en su lucha contra el totalitarismo.
– Respeto a todas las tendencias políticas en el sentido de crear un frente común cuyo principal objetivo sea el fin del sistema totalitario cubano. Si los cubanos que aceptamos las reglas democráticas no somos capaces de superar nuestras diferencias, no tendremos ninguna oportunidad de poner en jaque al poder totalitario del Estado cubano.
– Superar el miedo de muchos cubanos que consideran que un cambio puede poner en riesgo su trabajo e incluso su vida; la nueva República no puede edificarse sobre la venganza. La reconciliación nacional es una parte integral del proceso de transición.
Muchos otros países, desde las dictaduras militares, el apartheid o el llamado socialismo real, lograron superar estos sistemas en la mayoría de las ocasiones pacíficamente; esto señala que el camino de la paz no es imposible. Sin dudas será difícil, pero es la única forma para intentar construir la República martiana.
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