Por Arnaldo M. Fernández

Los Derechos Humanos se consagran fuera del papel sobre la base institucional del Estado Democrático de Derecho. Así, la consagración de la primavera de Derechos Humanos en Cuba presupone transitar hacia ese Estado desde el Estado totalitario imperante. Y cómo hacerlo presupone a su vez resolver la disyuntiva política que el expresidente Ramón Grau San Martín planteó entre cubanos al filo de la dictadura de Fulgencio Batista: «Votos o balas» (1). Todo lo demás es embeleco.

Tras haberse impuesto a la crítica de las armas, el Estado totalitario en Cuba lleva más de medio siglo arrostrando el embate de las armas de la crítica. Propiciar la opción militar a la oposición (2) es el canto de cisne de la cubanología desligada de los hechos, así como de las razones históricas, lógicas y hasta metafísicas. Entretanto los intelectuales (in)orgánicos de la oposición pacífica y sus llamados actores políticos soslayan los votos como único sustituto racional de las balas.

Esa enfermedad infantil viene manifestándose por décadas con proyectos de mera política simbólica, como recoger firmas para pedirle peras legislativas democráticas al olmo parlamentario de la dictadura de partido único. Se abunda en juegos florares como lucubrar reformas de la constitución vigente sin saber cómo cambiar la correlación de fuerzas políticas en un Estado que detenta no solo el monopolio sobre las armas, sino también sobre los medios fundamentales de producción y de comunicación social.

Los recientes ademanes (25N, 11J y 15N) y movimientos (San Isidro, Archipiélago, Consejo para la Transición Democrática…) de la oposición pacífica no pasan de concitar embullo genuino o fingido por obra y desgracia del desespero frente a la longevidad sostenible del Estado totalitario. Y los fracasos sucesivos de acciones opositoras con mucha voluntad mediática y ninguna voluntad de poder no pueden atribuirse a la represión política, que como rasgo esencial del Estado totalitario nunca será justificación a posteriori, sino dato a priori al tomarse la decisión de enfrentarlo.

¿Qué hacer?

Rosa María Payá emprendió ya acción política directa desde afuera con el Foro Parlamentario Transatlántico por una Cuba Libre (Miami, 20 de noviembre de 2021), para estrechar el cerco diplomático y financiero en torno a la dictadura. No solo desde Estados Unidos, sino también desde la Unión Europea (UE) y América Latina. Será muy difícil que el Estado totalitario desaparezca en esta suerte de Triángulo de las Bermudas, pero al menos concertar parlamentos guarda conexión políticamente racional de medio a fin.

El flujo de ayuda financiera europea a la dictadura, por ejemplo, quedaría cortado si las gestiones de aquel foro desembocaran en que la UE suspenda el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (2017), por apartarse de principios de acción exterior de la UE tales como la democracia, el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

Por su parte, Santiago Alpízar esbozó la acción política directa desde dentro en el panel «Cuba después del 11J», durante la más reciente edición (Praga, 10-12 de octubre de 2021) del Fórum 2000 auspiciado por la Fundación Vaclav Havel. Tras denunciar el apartheid político en las elecciones nacionales, al quedar privados de validez los votos en contra de los candidatos gubernamentales (únicos) a la Asamblea Nacional, Alpízar señaló la vía de acceso (única) de la oposición pacífica al poder político: los candidatos a las asambleas municipales se nominan por los propios electores reunidos en sus áreas de residencia.

Será difícil que la oposición pacífica ―sobre todo si persisten las divisiones internas— supere electoralmente al Gobierno, pero al menos la acción directa del voto contra el Gobierno guarda conexión políticamente racional de medio a fin.

Apartheid político

La re-Constitución (2019) del Estado totalitario mantuvo el ardid discriminatorio de que para ser elegido diputado a la Asamblea Nacional hay que obtener «más de la mitad del número de votos válidos (sic) emitidos en la demarcación electoral» (Artículo 210). En virtud de la Ley Electoral complementaria (3), esta trampa constitucional funciona de manera tal que el núcleo duro del Estado totalitario se preserva por ausencia de oposición parlamentaria.

Al prescribirse desde arriba tanto la candidatura cerrada como la boleta que solo da opción de votar por uno, algunos o todos los candidatos, la única forma que tienen los de abajo para expresar su voluntad en contra es dejar sus boletas en blanco o emborronarlas. La discriminación política se consuma con que ni unas ni otras se computan como votos válidos.

Así, los candidatos del Gobierno solo tienen que votar por sí mismos para ser elegidos diputados. Los demás electores no tienen otra forma de manifestarse en contra que invalidando sus propios votos. Y tal es, paradójicamente, la única acción política directa contra el statu quo en las elecciones nacionales.

La oposición pacífica pierde sentido al solicitar referendos, porque cada cinco años el Gobierno mismo se encarga de servirlos en bandeja electoral prefijando todos los candidatos a diputado. Por eso mismo es mejor emborronar la boleta con NO que dejarla en blanco. Mucho menos sentido tiene llamar a la abstención, porque las elecciones son una farsa. Incluso así cabe aprovecharlas como referendos para acentuar la crisis de legitimación del régimen con la fuerza del número de votos sin validez.

Cuadratura del círculo

Fidel Castro configuró institucionalmente la misma maraña circular que había imputado en La historia me absolverá (1954) al dictador Batista: «Yo los nombro ministros y ustedes me nombran presidente».

El Consejo de Estado saliente convoca a elecciones y enseguida el Consejo mismo o la Asamblea Nacional, según corresponda, elige a los integrantes del Consejo Electoral Nacional. Ante este último toman posesión los miembros de la Comisión de Candidaturas, designados por las direcciones nacionales de las organizaciones de masas y sociales que el propio Estado, como dispone la re-Constitución, se encarga de reconocer y estimular (Artículo 14).

Esta comisión propone a los precandidatos a diputado, quienes serán nominados por votación pública en las asambleas municipales y elegidos por votación secreta en las demarcaciones electorales. Los elegidos constituyen la Asamblea Nacional y a instancia de la Comisión de Candidaturas presentan propuestas para presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional, quienes doblarán estos cargos en el Consejo de Estado entrante. Los diputados electos proponen también a los demás miembros del Consejo de Estado.

Ambas candidaturas se someten en boletas separadas a la Asamblea Nacional para nominación por votación pública y subsecuente elección por votación secreta. Igual procedimiento se sigue para nominar y elegir al presidente y al vicepresidente de la República.

El primero de ellos, como jefe de Estado, propone a los candidatos para la presidencia, vicepresidencia y secretaría del nuevo Consejo Electoral, quienes son elegidos por la Asamblea Nacional en votación secreta. El presidente así electo propone a los demás miembros del Consejo Electoral, sometidos a igual votación.

Así, la suerte electoral del Parlamento cubano está echada desde que el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional salientes configuran el Consejo Electoral Nacional, ante el cual tomará posesión la nueva Comisión de Candidaturas Nacional, que a su vez propondrá a los integrantes del Consejo de Estado entrante para su nominación y elección por la nueva Asamblea Nacional.

Fisura

Así se designó (4) la grieta del Estado totalitario por donde salieron las denuncias de violaciones de Derechos Humanos que formuló el pionero de la oposición pacífica organizada en Cuba: el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, fundado en 1976 y atizado políticamente en 1988 como Partido Pro Derechos Humanos, con la iniciativa de recoger firmas para plebiscito y asamblea constituyente.

Principió entonces la extenuante e infructuosa jornada de oponerse al Estado totalitario con denuncias a instancias extranjeras o internacionales, llamados al pueblo cubano y peticiones al Gobierno dictatorial. Entretanto, pasaría inadvertida la fisura estructural más relevante de la dictadura de partido único: las elecciones municipales, en las cuales los candidatos son nominados libremente por los electores en asambleas de vecinos por área de residencia.

Si el pueblo cubano está en contra del Gobierno, ya sea de manera visible en protestas callejeras o invisible en supuesta mayoría silenciosa, pero descontenta, el arrastre popular de la oposición pacífica tiene que manifestarse de manera políticamente efectiva en el doble paso de las elecciones municipales.

Ese pueblo tiene que votar primero de forma directa y pública (a mano alzada) en las asambleas de electores por áreas de residencia para nominar a sus candidatos y seguidamente votar en secreto para que estos nominados sean elegidos como delegados a las asambleas municipales. Así, la fisura del Estado totalitario se ensancharía más allá de las asambleas municipales, porque esos delegados:

• Eligen por votación secreta a los gobernadores y vicegobernadores de sus respectivas provincias, propuestos por el presidente de la República.
• Gozan también de la facultad exclusiva de nominar o rechazar, por mayoría simple en votación a mano alzada, a los precandidatos a diputados que presente la Comisión de Candidaturas Nacional.
• Pueden ser nominados como candidatos a la Asamblea Nacional hasta computar la mitad del número de diputados que corresponde elegir en sus respectivos municipios.

El acceso de opositores pacíficos por esta vía (única) a la Asamblea Nacional resquebrajaría el núcleo duro del Estado totalitario con la emergencia de la oposición parlamentaria.

Guerra electoral

A tal efecto hay que soliviantar al electorado desde abajo. Se precisa preparar opositores que, en las asambleas de nominación por áreas, propongan a sus candidatos a delegados a las asambleas municipales. Otros tendrían que estar preparados para expresar criterios a favor del candidato de la oposición y en contra del candidato del Gobierno.

Todas las propuestas se someten a votación directa y pública en el mismo orden en que fueron formuladas, y resulta nominado quien obtenga mayor número de votos. Los nominados van enseguida a elecciones por voto secreto y serán electos como delegados a la Asamblea Municipal quienes obtengan más de la mitad de los votos válidos (sic) emitidos en sus respectivas circunscripciones.

Así, cada ciudadano opuesto al gobierno debe acudir al colegio electoral, firmar a la derecha de su nombre en la lista oficial, recibir su boleta, entrar en la cabina cerrada a ejercer el voto y salir con la boleta doblada para depositarla en la urna. Si la mayoría del pueblo cubano está del lado de la oposición, no tendrá mejor oportunidad para demostrarlo. Y si no lo hace, a Cuba le tocó perder sin remedio.

Operativo antifraude

Dentro y fuera de Cuba se sostiene que la guerra electoral contra la dictadura no conducirá a nada —¡como si otras formas de lucha hubieran dado algún resultado!—, porque habrá fraude. No se entiende que el opositor pacífico sin votar equivale al desertor en la oposición armada.

A semejanza de la represión política, el fraude nunca justificará la derrota en las urnas, ya que resulta premisa de toda guerra electoral. A fin de minimizar el fraude hay que proceder del siguiente modo legal en los colegios electorales:

• Turnarse para presenciar la votación sin violar la privacidad del ejercicio del voto ni causar interferencias en las funciones de la mesa del Colegio Electoral.
• Presenciar el escrutinio, desde el lugar que indique el presidente de la mesa, sin interferir en nada ni comportarse de otra manera contraria a la solemnidad del acto, pero prestando suma atención a tres acciones:

– Conteo de las boletas sacadas de la urna.

– Separación de las boletas en blanco.

– Declaración de las boletas nulas, con firma del presidente de la mesa.

De igual forma, debe procederse en la elección de diputados a la Asamblea Nacional, que por ley se atiene a las disposiciones fundamentales para elegir a los delegados a las asambleas municipales. A las anteriores medidas preventivas contra el fraude se suma otra: tener listos a opositores que salgan y animen a los ciudadanos a congregarse frente al colegio electoral a la hora del cierre.

Por ley, los opositores que presencien el escrutinio pueden (y deben) firmar el acta que el presidente de la mesa leerá en voz alta para dar a conocer los votos válidos por nominado. Si detectan fraude, deben aprovechar esta oportunidad legal para escribir fraude en el acta y salir a avisar a la gente afuera.

Las tánganas por fraude electoral tendrán siempre repercusión política directa mucho más significativa que protestas o marchas callejeras. Amén de darlas ipso facto, hay que judicializarlas al siguiente día con denuncia por escrito, ante el Tribunal Municipal, del delito de alterar los resultados de la votación.

Coda

Si la oposición pacífica no acaba de articularse como acción política directa con votos, el compás dialéctico del desespero porque la dictadura no acaba de venirse abajo y del embullo con ademanes opositores irracionales seguirá al ritmo frenético del mundo mediático sin enrumbar por el camino hacia la consagración de los Derechos Humanos, que se allana con la institucionalización del Estado Democrático de Derecho. La oposición pacífica de hoy continuará entonces en el mundo terrenal tal y como la oposición beligerante de ayer: viviendo de desengaños para morir de ilusiones.

Notas

1 El Mundo,La Habana, 4 de abril de 1956.

2 Dr. Jaime Suchlicki: «Lo que quizá funcione en Cuba, y lo que no», El Nuevo Herald, 26 de noviembre de 2021.

3 Ley no. 127, Gaceta Oficial Ordinaria no. 60, 19 de agosto de 2019. El texto discurre por entre los siguientes artículos: 192, 202, 119, 120, 3, 36, 165, 153, 166, 212, 214, 217, 218, 216, 218.3, 219, 220 ss., 227, 228, 89, 93.1.f, 110.1, 125, 191, 193, 91.1, 93, 111, 113,116-121, 125, 240, 242.1, 204 y 205.

4 Reinaldo Bragado: La fisura: Los Derechos Humanos en Cuba, Cátedra del Pensamiento Libre, Universidad Internacional de la Florida, Miami, 1998, 405 pp.