El modelo de Estado existente en Cuba es, en esencia, una copia de los modelos estatales del extinto campo socialista. Estos modelos se caracterizan por una alta concentración del poder; la existencia de una burocracia estatal y partidista que responde solo a sus intereses como clase; la negación de la existencia de otros partidos o movimientos políticos; el uso de mecanismos de control social y la represión para impedir el nacimiento y desarrollo de cualquier alternativa; la necesidad de contar con un enemigo, que puede ser real, pero al que se le achacan la responsabilidad de todos los males.
Estas características se expresan en el derecho positivo vigente en Cuba de una forma clara y precisa al no existir mecanismos efectivos de control a los que ejercen el poder; la no existencia de disposiciones normativas que garanticen la trasparencia y la rendición de cuenta efectiva del gobierno; la ausencia de normas que regulen las relaciones entre el partido y el estado; la imposibilidad del ejercicio de derechos consagrados a nivel constitucional, pero que en la práctica no se pueden realizar; y la criminalización, difamación, asesinatos de reputación de todos aquellos que critiquen o se opongan a la triada Estado/Gobierno/Partido.
Estos sistemas se caracterizan también por una elevada incapacidad e ineficiencia para, incluso, cumplir sus propias metas y decisiones, pero a la misma vez, son altamente efectivos para mantenerse en el poder.
La crisis cubana agudizada por la pandemia de Covid-19, ha puesto de relieve las grandes deficiencias estructurales del modelo cubano, ante el agravamiento de las condiciones de vida y la incapacidad del Estado de ofrecer una alternativa viable y la ausencia de liderazgos que generen confianza y consenso. A la vez, sectores de la sociedad civil cubana se han convertido en los motores de un cambio político en Cuba, lo cual se ha expresado en hechos concretos como los del Movimiento San Isidro, el 27 de noviembre, el 27 de enero y por último lo ocurrido el 11 de julio.
La respuesta del gobierno a los hechos del 11 de julio son un claro ejemplo de que el sistema sí estaba preparado para enfrentar una situación como esa y que no se iba a “caer” rápidamente. El gobierno ha continuado con la misma forma de actuar que le ha dado resultado en más de 60 años: acusar al imperialismo de una nueva maniobra para destruir la “Revolución”; reprimir lo necesario hasta extinguir las protestas, sin importar si se hace dentro de la ley o no; acusar de delincuentes o antisociales a los participantes; y como estas fueron tan masivas, decir que hubo muchos “confundidos” y, por último, al estilo “orweliano”, no hablar de las mismas y hacer como que no existieron.
Las condiciones objetivas que motivaron el estallido social del 11-J no van a cambiar en un plazo corto de tiempo, el gobierno va a continuar siendo ineficiente e incapaz de implementar sus propias políticas, y ello continuará agravando la crisis estructural del modelo cubano y las posibilidades reales de otro estallido social. Cada vez que un nuevo estallido social ocurra, aunque este no sea de las proporciones del 11-J, y el Estado vuelva a utilizar la represión de la forma que lo hizo o incluso peor, se va a hacer más complicado mantener la gobernabilidad en el país y se potenciarán los escenarios de violencia y caos.
El Estado/Gobierno/Partido ha dejado claro que no dialogará, ni negociará con ningún grupo o movimiento que proponga cambios en el sistema político del país, en el sentido de reconocer la oposición política, garantizar el goce de los derechos civiles y políticos sin los limites ilegítimos establecidos por los burócratas en el poder o manejar las relaciones con los Estados Unidos, incluido el bloqueo/embargo, de una forma diferente.
La ceguera del gobierno cubano al no reconocer que la sociedad cubana se ha diversificado políticamente y que los mismos mecanismos que hasta ahora le han garantizado mantenerse en el poder ya no van a funcionar, lo van a ser responsable si un nuevo escenario de violencia e inestabilidad se vuelve a generar.
En estos momentos el gobierno es el único con el poder y la capacidad para enrumbar el país por el camino del dialogo y el reconocimiento de la diversidad política. Pero, lamentablemente, la propia naturaleza y estructuras del tipo especifico de socialismo de estado existente en Cuba le van a impedir adaptarse al nuevo momento histórico concreto. A no ser, y esto no es descartable, que, dentro de la misma burocracia estatal, surjan voces disidentes que, por diversos motivos, puedan romper la aparente unanimidad existente dentro de las estructuras de ejercicio del poder y moverse hacia el cambio y la apertura.
Hacen mucho daño las visiones maniqueas de la realidad cubana fomentadas por el gobierno cubano y por un sector importante de la emigración cubana, en la que solo caben la eliminación de uno u otro. Ellas han servido como justificación del gobierno cubano para reprimir todo tipo de opinión disidente y para esos sectores de la emigración acusar de “comunistas” o “castristas” a todos aquellos que no comulguen con su línea dura de enfrentamiento al gobierno cubano. Por suerte, considero, cada día éstas van perdiendo más terreno y se imponen nuevas ideas basadas en el reconocimiento de la diversidad política, la posibilidad del dialogo y la reconciliación entre los cubanos.
Este camino solo va a ser posible con el sacrificio de los cubanos, que es la única forma de lograr cambios cuando un sistema no garantiza los derechos políticos básicos. Pero esta lucha no tiene que ser violenta, puede y debe ser pacífica.
Dentro de lo limitado de las posibilidades que el sistema legal cubano reconoce hay muchas de ellas que permiten presionar hacia una apertura democrática, pero estas solo se lograrán si una parte importante del pueblo se identifica y comienza a actuar como sujetos del cambio.
Esa será la mejor vía para un dialogo nacional que permita refundar la Republica sobre las bases de un Estado Derecho y en el que los cubanos nos reconciliemos entre nosotros, respetando nuestras diferencias.
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