La profunda crisis económica y sus efectos sociales han conducido a una crisis tanto social, como del sistema institucional, cuya solución requiere de un abordaje sistémico.
Introducción
En la actualidad, Cuba enfrenta una profunda crisis estructural, sistémica y multidimensional que, desde el punto de vista económico, se expresa en un agotamiento del modelo de funcionamiento de su economía; estancamiento de los sectores productivos del país; e incremento de los niveles de pobreza ante la incapacidad de crecientes sectores de la sociedad de satisfacer sus necesidades más elementales a partir de sus ingresos.
El país arrastra debilidades estructurales de su modelo económico, agravadas por los efectos de la pandemia del Covid-19, el endurecimiento de las sanciones económicas de la administración Trump, que, en lo esencial ha mantenido la de Biden; y a las que se han unido nuevos errores de política económica del Gobierno cubano.
La profunda crisis económica y sus efectos sociales han conducido a una crisis tanto social, como del sistema institucional, cuya solución requiere de un abordaje sistémico.
Para analizar la situación económica del país y sus posibles vías de solución, hemos elaborado un dossier con las opiniones de reconocidos especialistas, en las que a partir de preguntas formuladas por Cuba Próxima, se debaten temas como la salida de la crisis actual, el modelo económico posible, el rol del sistema monetario, el posible acceso a organismos financieros de carácter multilateral, las condiciones para promover el incremento de las inversiones foráneas en el sector productivo, los cambios institucionales y el marco legal, así como la forma en que las reformas pudieran ser coherentes con la gestión humanitaria.
Han contribuido a este dossier:
Mauricio De Miranda Parrondo, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia; Doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, España; Licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, Cuba. Coordinador del dossier.
Juan Carlos Albizu-Campos, Investigador del Centro de Estudios sobre la Economía Cubana y Profesor Titular de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Cuba; Doctor en Demografía por la Universidad de París X, Nanterre, Francia; Especialista en Demografía por el Centro Latinoamericano de Demografía, San José, Costa Rica; Licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, Cuba.
Omar Everleny Pérez Villanueva, Centro de Reflexión y Diálogo, Cuba; Profesor Titular; Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana; Máster en Economía y Política Internacional, Centro de Investigación y Docencia Económica de México; Licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, Cuba.
Pavel Vidal Alejandro, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia; Doctor en Ciencias Económicas y Licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, Cuba.
Tamarys Lien Bahamonde Pérez, Candidata a Doctora en Políticas Públicas, Biden School of Public Policy and Administration, Delaware University, Estados Unidos; Máster en Desarrollo Regional por la Universidad de Camagüey, Cuba; Licenciada en Economía por la Universidad de La Habana, Cuba.
1- Cuba padece una crisis -nacional- con una pobreza creciente, quizá endógena. ¿Será posible salir de esta crisis y lograr bienestar sin una liberalización profunda de la económica, con la participación de todas las potencialidades nacionales y extranjeras posibles?
Juan Carlos Albizu-Campos: La crisis es sistémica y tiene un carácter estructural. Y ello tiene que ver con un modelo de sociedad basado en el ejercicio centralizado del poder que ha invertido la relación entre política y economía, así como con el efecto de contracción económica que ha tenido el embargo/bloqueo desde 1960. Al decir de Torres y Echevarría (2021), da cuenta de “un patrón histórico de crisis económicas recurrentes derivadas de choques externos negativos conjugados con errores internos”.
Contrario a la definición marxista de “la política es la expresión concentrada de los intereses económicos de la clase dominante”, lo que propone es que todas las dimensiones de la sociedad, incluyendo la economía, dependen de la visión política de la máxima dirigencia del país, basada en la exclusividad de un solo partido político sobre la conceptualización de la propia sociedad.
Así, desde muy temprano en la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, el país ha tenido que atravesar diversas fases agudas de crisis económica. Al menos, podrían enumerarse:
– Crisis del modelo de financiamiento presupuestario. 1968-1974.
– Crisis de estancamiento del modelo de cálculo económico (período de “rectificación de errores”). 1985-1990.
– Crisis del llamado “Período Especial en Tiempos de Paz”. 1991-1995.
– Crisis de desvertebración del sector azucarero, iniciado en 2002, y desmontaje del complejo agroindustrial.
– Crisis de recentralización y la ralentización económica iniciada en 2006, descapitalización de la infraestructura y el equipamiento, y consecuente recesión posterior: el modelo económico como obstáculo al desarrollo (Pérez V., 2010).
– Colapso de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional. 2007-2009.
– Contracción del turismo y las remesas. Crisis financiera nacional.
– Crisis de sostenibilidad del modelo. 2013-2019.
– Crisis combinada de Pandemia- Cierre de País- “Ordenamiento Económico”. Desde 2020.
Este sucinto recuento, por demás incompleto, no hace otra cosa que poner en evidencia que el actual modelo económico en Cuba, tal y como está concebido, aplicado y operado, no es reformable. Todas esas crisis no hicieron otra cosa que mostrar que se trata de un proceso sistémico, con fases agudas en determinados períodos, que lo que hicieron fue agravar un malfuncionamiento económico que solo ha sido disimulado por un fuerte financiamiento proveniente del exterior, que, al verse interrumpido, se manifiesta con mayor fuerza, en tanto las condiciones que afectan el nivel de productividad en la economía y la inversión de capital, siguen estando presentes.
Un nivel muy bajo de actividad económica de la población (sólo 4,8 millones de ocupados de los poco más de 7,6 millones de habitantes en edad laboral, aptos y calificados), así como un profunda deformación estructural en las inversiones que continúa privilegiando el sector inmobiliario y de turismo, 46% de toda la inversión en 2021, contra 5,9% en el sector agropecuario (en un país con notable inseguridad alimentaria), y que en 2022 se redujo a menos de 3%, 0,6% en ciencia e innovación tecnológica, 0,6% en educación y 2,9% en construcción, reduciéndose a 1,7% en 2022, así como 9,4% en suministro de electricidad, gas y agua, que se redujo a 6,6% también en 2022.
Y ello es el resultado de una concepción del modelo en que no existe espacio para la participación de todas la potencialidades nacionales e internacionales posibles, lo que sólo sería viable en un contexto de liberalización económica profunda en la que participen todos los actores. Lo demuestra además el “tira y jala” de las reformas y contrarreformas de las que las MIPYMES han sido las principales víctimas.
Así, se suceden unas tras otras las crisis de desabastecimiento de todo tipo, de combustible, de energía, de descapitalización de la industria manufacturera (sólo 12,8% de la inversión en 2021, la más baja de la región latinoamericana) y la industria azucarera, que pasó de 2,0% a 0,4% en ese bienio. Todo ello acompañado de una notable incapacidad de recuperación ante fenómenos de todo tipo que han azotado al país, desde los naturales hasta accidentes devastadores.
Empantanadas en el miedo e ideológicamente desestructuradas, las autoridades (representantes de la clase dominante) no perciben la necesidad de una reforma real y efectiva que permita una verdadera liberación de las fuerzas productivas y la consecuente transformación económica del país. Ante la posibilidad de dirigir el país hacia un modelo de prosperidad, que también tendría que enfrentar la solución de las desigualdades generadas en las últimas seis décadas, ha preferido escoger lo que llaman “continuidad” del vigente modelo de “equidad con miseria” (igualdad en la pauperidad, diría Martí), cuyos resultados saltan a la vista: una depreciación de la moneda de 95,83% (Bloomberg, 2022), el producto interno bruto per cápita más bajo del hemisferio occidental (EIU, 2022), así como el más elevado índice anual de miseria, a nivel global (Hanke, 2022), impulsado por un récord de inflación, que alcanzó niveles entre 740%, EIU 2022); 1.221% (Hanke, 2002) y 1.840% (Peña, 2022).
Mientras, en una aplicación perversa del modelo de “Salida, Voz y Lealtad” de Hirshman, ganan tiempo “promoviendo” la salida masiva de la población, que estimaciones recientes han cifrado en 3,5% sólo en 2021, la principal crisis migratoria de la historia de Cuba.
Al decir de Mesa-Lago, “no es factible salir de la crisis con las políticas actuales”. Y tanto “China como Vietnam demuestran el fracaso del modelo socio-económico cubano”. Diría De Miranda (2021) “La situación de la economía cubana es tal que requiere de una especie de Plan Marshall. El país carece de fuentes internas de acumulación para afrontar el desarrollo económico y ya no tiene un aliado «especial» que le transfiera recursos por consideraciones políticas”, mientras que es el propio actual modelo político-económico el principal freno a la salida de la crisis actual y el desarrollo ulterior del país, pues en él se producen y reproducen los frenos que impiden el avance.
Mauricio De Miranda: La crisis actual de Cuba tiene un carácter multidimensional porque además de económica tiene severas connotaciones sociales y políticas. Además, lejos de ser una crisis coyuntural, es una crisis estructural porque implica una crisis de los fundamentos en los que se basan tanto el sistema económico como el político. Es una crisis del sistema de administración centralizada de la economía y del sistema institucional que soporta el modelo seguido por el país en las últimas seis décadas.
Puede resultar incomprensible que la dirigencia cubana no haya tomado las debidas lecciones de la crisis que condujo al derrumbe del llamado “socialismo realmente existente” en la antigua Unión Soviética y en los países de Europa Oriental. Como es sabido, ello condujo al derrumbe del sistema político y a una transición hacia el capitalismo. Mientras tanto, en China y Vietnam la crisis del modelo fue sorteada con una profunda reforma del sistema económico orientada al fortalecimiento de los mercados y la creación de oportunidades crecientes para el desarrollo del sector privado, mientras que el Estado en ambos países mantuvo su carácter totalitario, pero transformó su tradicional interferencia a nivel microeconómico en una fuerte capacidad reguladora a través de las palancas de la política macroeconómica.
En la crisis actual, Cuba enfrenta severos problemas estructurales, entre los que destacan: 1) estancamiento de la producción industrial y agrícola; 2) obsolescencia tecnológica del sector productivo en general; 3) deterioro y subdesarrollo de la infraestructura; 4) crisis energética; 5) debilidad del sector exportador; 6) excesiva dependencia de las importaciones; 7) escasez de oferta de bienes de consumo y de bienes intermedios; 8) exceso de capacidad instalada en el sector turístico; 9) insuficiente capacidad de ahorro bruto para canalizar hacia las inversiones que resultan imprescindibles para dinamizar el crecimiento de la producción; 10) altos déficits presupuestales que han sido cubiertos con emisión monetaria; 11) alto nivel de inflación; 12) mantenimiento de una dolarización parcial que produce la segmentación de los mercados; y 13) emigración creciente de la población económicamente activa, unida al descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población.
A estos fenómenos estructurales le suman otros que resultaron choques externos más recientes, como son la pandemia del Covid-19 y el endurecimiento de las sanciones económicas por parte del gobierno de Trump que no han sido modificadas esencialmente durante el gobierno de Biden que constituyen factores de agravamiento, pero no causa de la crisis.
La política económica no ha sido capaz de corregir estos problemas estructurales y, de hecho, ha agravado muchos de ellos. En gran medida, restricciones ideológicas y políticas, unidas a un evidente interés en no ceder el control que los funcionarios del Gobierno tienen sobre el sector productivo son los factores que limitan el despliegue adecuado de las fuerzas productivas. Así las cosas, desatarlas de sus amarras, implica cambios esenciales que, hasta el momento, las autoridades no han estado dispuestas a hacer.
Sin duda es necesario liberalizar la economía, aunque no creo que debamos caer en el espejismo del “mercado libre”, entre otras cosas porque los mercados libres no existen. La labor económica del Estado es necesaria, como elemento regulador, no como controlador. Hasta el momento, las aperturas hacia el mercado que se han producido en Cuba han sido limitadas por su intermitencia, falta de profundidad y por el carácter controlador del Estado, que termina limitando su desarrollo.
Tamarys Lien Bahamonde: En la década de 1950, los economistas cubanos de la época concordaban en que Cuba atravesaba una crisis estructural permanente, cuyo origen se encontraba en la recesión de los años ’20, y la incapacidad de una economía nacional monoexportadora, monoproductora, y estacionaria, para recuperarse de ese impacto de forma efectiva. La crisis de los ‘90 tuvo un efecto similar, y a pesar de períodos de recuperación, las décadas pasadas demuestran la debilidad estructural de la economía cubana para enfrentar impactos externos. La actual crisis ya ha alcanzado todas las esferas de la sociedad cubana, con particular gravedad en los indicadores sociales. Las soluciones que se han propuesto a lo largo de los pasados treinta años son diversas, pero muchas comparten elementos comunes.
Cuba necesita un modelo económico que otorgue mayor autonomía a los actores económicos, que descentralice decisiones importantes para garantizar la eficiencia y efectividad de las políticas -sobre todo en términos de rapidez de las respuestas a los problemas- y debe incluir una participación más armónica de los mecanismos de mercado dentro del funcionamiento económico usando instrumentos regulatorios tradicionales, como los impuestos, sin que las regulaciones se conviertan en insalvable obstáculo para el crecimiento y el desarrollo económico y social.
Un reto por enfrentar en el diseño de política económica es lograr un equilibrio que garantice la eficiencia del sistema y niveles de equidad imprescindibles. Cuba necesita una reforma real, consistente y coherente, que regule no solo las funciones del Estado, sino de todos los participantes en la economía. Se trata de implementar regulaciones que hagan posible alcanzar objetivos estratégicos y contribuyan a que todos los actores y ciudadanos puedan integrarse al proceso económico de manera armónica.
Omar Everleny Pérez: En la situación económica que esta Cuba solo podría avanzar hacia adelante, no menciono al desarrollo, si se sale de la pasividad en la toma de las decisiones y si las reformas en lugar de parciales y graduales, adoptan un carácter sistémico integral. La retórica oficial sigue separando lo estatal de lo no estatal, pero la realidad ha demostrado que la economía tiene que ser una sola, y todos los actores económicos tienen que gozar de las mismas garantías jurídicas.
La reforma económica que necesita Cuba debe ser global y eso es lo que garantizaría el éxito. Pero también hace falta que las medidas se adopten a un ritmo más acelerado y con la máxima urgencia. Es necesario que lo que se implemente se haga antes de que el deterioro económico desemboque en una mayor degradación de la sociedad de la que ya se observa.
Pavel Vidal: Desde la segunda mitad de la década pasada la macroeconomía cubana se ha visto duramente afectada por diferentes choques externos. La administración Trump retomó con fuerza la política de sanciones y ello recayó sobre una balanza de pagos ya debilitada por el impacto de la crisis venezolana. La pandemia y sus consecuencias para los ingresos de divisas a través del turismo resultaron un golpe enorme y prolongado a una economía que no ha logrado mejorar estructuralmente ni despegarse significativamente del modelo económico centralmente administrado y monopolizado por empresas estatales, a pesar de las diferentes reformas que se han intentado poner en práctica.
La dinámica de las reformas económicas en las últimas décadas, con sus altos y bajos en diferentes momentos, ha conservado su carácter parcial, fragmentado y de extrema gradualidad, sin haber logrado superar las principales distorsiones y obstáculos que enfrenta el crecimiento potencial de la economía. Si bien se han introducido aperturas en la agricultura, el sector privado de pequeña escala y en la inversión extranjera, otras transformaciones estructurales e institucionales del modelo centralmente administrado y monopolizado por empresas estatales siguen pendientes. Es decir, no ha ocurrido una liberalización profunda de la economía. Ello influye desfavorablemente en la capacidad de recuperación del sistema productivo después de un choque externo adverso como la pandemia. La lenta e incompleta recuperación acrecienta los efectos sociales, migratorios y de pobreza.
La peor secuela de la pandemia y la reforma monetaria de 2021 ha sido una inflación fuera de control que ha vuelto a amplificar las dualidades de precios y de tasas de cambio, que ha impulsado la dolarización, la informalidad y ha precarizado la situación social de la mayoría de los cubanos, dejando la emigración como única salida para muchos.
2- ¿Cuáles podrían ser los fundamentos de un modelo económico orientado al desarrollo y al bienestar general, que establezca al trabajo como valor que sustenta la riqueza individual y social?
Tamarys Lien Bahamonde: El debate sobre descentralización y rol del mercado lleva décadas en la palestra pública cubana sin expresarse de forma efectiva en la política social y económica. La devolución de poder administrativo a los territorios, y el tránsito de una subordinación ministerial, que es por naturaleza centralizada y vertical, hacia una subordinación territorial de las decisiones económicas trascendentales, como la alimentación, son importantes pasos hacia la transformación del modelo económico.
En ese sentido se ha intentado avanzar en los últimos años, pero se necesita devolución de poder efectiva a los gobiernos locales, entrenamiento a los dirigentes, preparación técnica a los profesionales encargados de tomar decisiones, todo lo cual toma tiempo y recursos, y los resultados se verían en el largo plazo. En un entorno donde actores estatales y privados participan en la economía, las políticas deben enfocarse también en la protección laboral de los trabajadores.
La precariedad laboral en Cuba comienza en el sector estatal -que todavía es empleador fundamental-, donde salarios y condiciones de trabajo no se corresponden con las necesidades de los ciudadanos ni con el nivel de precios, y se extiende al sector no estatal, donde se explota esa precariedad del sector estatal en beneficio de empleadores y detrimento de trabajadores.
El sistema de precios en Cuba, sobre el cual se ejerce un control gubernamental casi absoluto en algunas áreas, afecta a los grupos más vulnerables de cubanos, cuyos ingresos no son suficientes ni siquiera para cubrir necesidades básicas. El monopolio estatal sobre las redes de tiendas minoristas en divisas, con precios altos y no sujetos al mercado, ejerce una presión importante en el nivel general de precios. El líder de la inflación para los hogares continúa siendo el sector de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con especial énfasis en la carne de cerdo y el arroz (ONEI, 2023), pero ello también responde a deficiencias de política económica asimétrica, como la prioridad de las inversiones en sectores como el turismo, que descuida otros priorizados, como los alimentos.
Adicionalmente, la limitada capacidad del sector no estatal cubano para acceder a materias primas y tecnología que son importadas afecta su desempeño y disminuye sus posibilidades de integrarse armónicamente a la economía nacional.
Mauricio De Miranda: Una sociedad en la que el trabajo no permite satisfacer las necesidades es inviable tanto desde el punto de vista económico como político y social. Una de las cuestiones que habrá que asegurar en Cuba es precisamente la dignificación del trabajo.
En la actualidad, los descalabros de la política económica del Gobierno han llevado a algunos a preferir el modelo del libre mercado que defienden los libertarios en el que el Estado se reduce a la mínima expresión, no interviene en la economía, una especie de “laissez faire, laissez passer” idílico, bajo el principio de que el Estado es una carga para la sociedad.
Sin embargo, la experiencia histórica muestra la importancia del Estado en el abordaje de crisis devastadoras como la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX y mucho más cerca en el tiempo durante la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Por otra parte, precisamente fueron las medidas desreguladoras adoptadas desde los años ochenta, las que crearon las condiciones para la crisis financiera que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008-2009.
La propaganda política en los países del “socialismo burocrático” -Cuba incluida-, ha pretendido identificar al socialismo con el Estado y la propiedad socialista con la estatal, cuando no son la misma cosa. Si nos atenemos a concebir el socialismo como un sistema en el que predomina la propiedad social y se trata, como escribió Engels, de una “asociación libre de productores”, ni Cuba, ni los países que se hicieron llamar socialistas, lo han sido en realidad. En ninguno de ellos la propiedad social ha podido realizarse como tal, la sociedad en tanto “propietaria colectiva” de los medios de producción, ha carecido de la capacidad de ejercer un control sobre la gestión de esa propiedad y más bien, han sido los gestores -léase burócratas- quienes han usufructuado esa propiedad, obteniendo de ello pingües beneficios personales y vínculos corruptos que muchas veces se ramifican hacia sus familias.
Mientras tanto, ha resultado evidente que un modelo de administración centralizada de la economía, con un predominio de la propiedad estatal, administrada burocráticamente, no es capaz de asegurar un desarrollo sostenido de la economía que se traduzca en el mejoramiento del bienestar social. El fracaso de este modelo está corroborado por la experiencia histórica y Cuba es precisamente uno de sus últimos ejemplos demostrativos.
Soy consciente de la inmensa probabilidad que existe de que se intente un viraje radical que lleve al país del actual sistema estatizado a uno de privatización generalizada, basada en el clientelismo y la corrupción. Por ello, resulta necesario alertar sobre el peligro real que se cierne sobre una sociedad que ha estado -en su inmensa mayoría- inmovilizada por la pasividad y el miedo a reclamar sus derechos, a pesar de que la Revolución Cubana justamente se hizo para restaurar las libertades y para construir un país con justicia social.
No es posible concebir un modelo económico orientado al desarrollo y al bienestar social sin democracia política, es decir, sin el pleno ejercicio de las libertades, cuyo reconocimiento por los poderes establecidos ha sido el resultado de más de dos siglos de luchas sociales. A partir de esto, creo necesario combinar el desarrollo pleno del emprendimiento privado y de opciones cooperativas con un Estado democrático que posea una serie de funciones económicas para evitar los “fallos del mercado”, que lo regule mediante instrumentos legales transparentes y que participe activamente en la provisión de bienes públicos y promueva la justicia social. Necesitamos un cuerpo legal robusto, tribunales independientes, con un banco central y una contraloría general independientes e instituciones y reglas de juego creíbles y transparentes para los inversionistas tanto nacionales como foráneos. Lamentablemente, no es lo que tenemos hoy.
Pavel Vidal: Dada la magnitud de la crisis actual, las transformaciones que hace una o dos décadas podían parecer de avanzada, hoy no son suficientes. La sociedad cubana actual no solo demanda cambios en el terreno económico, sino políticos, para poder participar, protestar pacíficamente, elegir y expresarse sin temor a represalias.
Dada la posposición una y otra vez de los cambios necesarios al modelo de socialismo burocrático, centralmente administrado y apoyado en el monopolio de la empresa estatal, la salida de la crisis actual requiere de un programa de estabilización y reformas que incluya profundas transformaciones en las lógicas, incentivos y estructuras económicas e instituciones vigentes y fallidas por tantas décadas. Es la vía para generar riqueza desde la productividad del trabajo y garantizar un incremento sostenido de los salarios e ingresos reales.
Omar Everleny Pérez: El primer fundamento es que se debe introducir en la economía más mercado, aunque los detractores asocien equivocadamente el mercado con el capitalismo y no es lo mismo.
Si el trabajador cubano en general no se encuentra incentivado, es muy complejo que se logre la eficiencia y la productividad que se necesita. Si el salario no garantiza mínimamente la canasta básica de alimentos para la reproducción del trabajador y su familia, es muy difícil pensar que el mismo ofrezca las energías que se necesitan para que Cuba deje de importar alimentos que puede producir, entre otros elementos, etc.
Juan Carlos Albizu-Campos: Tendría que ser endógeno, sostenible e integral. Tendiente a un cambio profundo de paradigma del sistema, que bien puede orientarse hacia un modelo mixto, tal y como lo muestran los países escandinavos o Vietnam. En todo caso, tiene que ser un modelo orientado hacia el desarrollo humano. Según los reportes del Índice de Desarrollo Humano 2007, 2017 y 2021-2022 (PNUD 2008, 2018 y 2023), Cuba retrocedió 32 puestos en el ranking internacional del índice de desarrollo humano, pasando del lugar 51 en 2007, al 73 en 2017 y cayendo al 83 en el bienio 2021-2022. Tal retroceso no tiene equivalente a nivel global.
Así que la recuperación en ese sentido, y el avance futuro, sólo podría ser posible desde modelos como el de Economía Circular que, unido a los recursos que podrían obtenerse con la aplicación de un importante paquete de ayuda internacional, podría esperarse que la economía del país podría empezar a superar el estado de postración al que ha sido llevada, en primer lugar, debido a la obstinación de las autoridades, negadas a implementar cambios en la naturaleza en el modelo, dedicadas e implementar soluciones, tipo “parche”, ante situaciones de emergencia coyunturales.
3- ¿Será posible salir de la crisis y lograr un modelo económico eficaz sin avanzar en la devolución de la soberanía al peso cubano?
Mauricio De Miranda: El actual sistema en el que el peso cubano no puede cumplir plenamente sus funciones como dinero en el territorio nacional, con tasas de cambio múltiples, en las que coexisten las fijas oficiales que están alejadas de la realidad económica con las flexibles del mercado informal que refleja la precariedad de este, agrava las distorsiones que arrastra la economía cubana desde hace varias décadas.
Como el Banco Central no es un organismo independiente del Gobierno, las autoridades pueden adoptar políticas monetarias basadas en la emisión excesiva de papel moneda para monetizar sus déficits presupuestales, lo cual resulta irresponsable, porque descarga sobre la población la pavorosa inflación, motivada por dicha emisión monetaria sin respaldo en bienes y servicios que resultan escasos debido al estancamiento productivo. En consecuencia, el costo de la vida supera ampliamente los incrementos de ingresos que produjeron los aumentos nominales de salarios y pensiones, provocando un considerable deterioro de los ingresos reales.
En mi opinión, resulta imposible salir de la crisis y lograr un modelo económico eficaz sin devolver al peso cubano su condición de única moneda, a menos que la alternativa fuera perder la soberanía monetaria y utilizar la moneda de otro país o grupo de países. Si ello llegara a ocurrir habíamos retrocedido más de cien años. Ahora bien, restablecer la soberanía del peso cubano significa que dentro del territorio nacional todas las transacciones económicas se realicen en pesos cubanos. Absolutamente todas. Es decir, resulta necesario eliminar las tiendas en moneda libremente convertible.
La dolarización parcial de la economía reproduce las distorsiones que habían aparecido en los años noventa del siglo pasado con la circulación paralela de dólares, que segmentó los mercados y llevó al deterioro de la capacidad adquisitiva de la moneda nacional, porque con ella no resultaba posible adquirir lo que se necesitaba para vivir. Estamos ante una situación parecida, con la diferencia de que las transacciones en dólares se hacen con tarjetas electrónicas y no con efectivo.
Esto, además del impacto político y económico negativo, es un factor adicional para que se deprecie la moneda nacional en el mercado informal. No resulta justo que se dolaricen los gastos de la población y no sus ingresos.
Por eso, en otras oportunidades he expresado que, si la dolarización o eurización resulta imprescindible, porque es imposible estabilizar la moneda nacional, ese proceso debe abarcar a toda la economía y no a una parte de ella, y por supuesto requiere de acuerdos con los emisores, lo cual descartaría al dólar, debido a la existencia de sanciones económicas por parte del país emisor. Podría resultar difícil un acuerdo con el Banco Central Europeo y los países de la zona euro en la actual situación política del país. Esto nos deja como alternativa, la soberanía plena del peso y la necesidad de estabilizar la moneda, como necesario resulta estabilizar la economía en su conjunto.
El peso debe ser plenamente convertible en divisas dentro del territorio nacional, a una tasa de cambio flexible para que esa flexibilidad sirva como mecanismo de ajuste externo de los desequilibrios. Una tasa de cambio flexible ayudará a establecer precios relativos adecuados y una vez que funcione un mercado cambiario legal y transparente, es muy probable que no se produzcan grandes sobresaltos ni picos cambiarios y la economía tenderá a la estabilidad, aunque las distorsiones actuales son muchas.
Pavel Vidal: En 2023 se suma al complejo entramado monetario cubano una expansión de la dolarización parcial. La relación del sistema financiero cubano con el dólar estadounidense ha sido sumamente irregular en las últimas tres décadas. Las dualidades monetarias y cambiarias han entorpecido la correcta medición de los balances financieros empresariales, de los precios relativos, la competitividad de los diferentes sectores y grupos empresariales, así como las cuentas públicas, al mismo tiempo que ha desincentivado las exportaciones, la inversión extranjera y la sustitución de importaciones.
Avanzar en 2023 con la dolarización parcial institucional facilita la entrada de remesas por canales formales, les aporta liquidez a los bancos comerciales, y también le cierra espacios al mercado informal de divisas. Es favorable para las pymes que hacen operaciones internacionales o requieren de insumos importados. La desventaja, en cambio, sigue siendo que la dolarización parcial con dualidad de tasas de cambio es un “second best” dado que genera segmentaciones, distorsiones financieras y desigualdades, es decir, no asegura un crecimiento económico inclusivo y sostenido en el largo plazo.
Antes, durante y después de la reforma monetaria de 2021 la dinámica de las reformas estructurales mantuvo el referido carácter parcial, fragmentado y de extrema gradualidad. Esto, junto a la falta de financiamiento, dólares e insumos, anuló cualquier posible reacción positiva del sistema productivo a la devaluación del peso cubano. La reforma monetaria de 2021 manifestó todos los costos y disrupciones esperadas, pero magnificadas en un entorno macroeconómico de recesión y crisis de balanza de pagos y sin recursos para minimizarlos; y no logró ninguno de sus beneficios. Son lecciones que se deben aprender para el diseño e implementación de las próximas medidas que busquen fortalecer la viabilidad y funcionalidad del peso cubano. Es probable que la economía cubana se mantenga parcialmente dolarizada por muchos años. Lo primordial ahora sería enfocarse en arreglar el problema de las tasas de cambio múltiples y controlar la inflación.
Omar Everleny Pérez: En una economía como la cubana, los temas financieros influyen en la realidad de toda la economía. El peso cubano deberá ser la única moneda que funcione en el país, es decir la única moneda que sea capaz de comprar todos los bienes y servicios que necesitan las personas. Pero su fortalecimiento está en dependencia de que la economía crezca a las tasas que se necesita, es decir superior al 5 % durante un período de tiempo largo, y si eso sucedería y se recuperan las producciones industriales y agropecuarias deterioradas, entonces habría suficientes bienes y servicios en la economía y el rol del salario en pesos cubanos recuperaría su posición. Por otro lado, cómo es posible pensar que en una sociedad el salario no tenga el rol que debería tener, ya que los altos precios, por ejemplo, de los alimentos, han deteriorado el poder adquisitivo de los mismos, por tanto, no hay incentivos al trabajo.
Tamarys Lien Bahamonde: Probablemente, uno de los mayores obstáculos para la recuperación económica cubana es la restringida capacidad del turismo en los momentos actuales para desempeñar el rol del pasado. Por otra parte, Cuba vio reducidas drásticamente sus exportaciones de capital humano con la crisis venezolana, y los cambios políticos operados en Brasil, con Jair Bolsonaro, y en Ecuador, con Lenin Moreno. Ese es un sector que no se recupera en el corto plazo, y mucho menos si contamos el éxodo de profesionales que ha ocurrido en los últimos dos años.
Adicionalmente, la recuperación cañera esperada en los 90´s como sector impulsor de la economía, nunca sucedió, y la minería cubana se encuentra en un momento de bajo rendimiento de inversiones y productividad.
A todo lo anterior, hay que sumarle la crisis energética, resultado no solo de condiciones externas, como precios de los combustibles, o accesos a créditos, sino también a una fallida política energética de largo plazo que transformara la infraestructura y permitiera transitar paulatinamente hacia el uso de fuentes renovables de energía.
En resumen, los sectores que tradicionalmente sirvieron de locomotora para recuperar la economía, no se encuentran en condiciones de jugar ese papel, al menos por el momento. El acceso a créditos internacionales se encuentra muy debilitado por, entre otras razones, el impacto de largo plazo del COVID, la guerra de Rusia en Ucrania, y la endeble confianza en Cuba como país deudor.
A todos esos elementos se le debe sumar la fallida reforma monetaria que ha dado al traste con una aguda crisis que ha llevado a inflación alta, tipos de cambio múltiples, y poca confianza en el peso cubano, devaluado y depreciado, sin mostrar señales de recuperación en el corto plazo.
Corregir las distorsiones toma tiempo y esfuerzo, pero también voluntad política. La recuperación del valor del peso cubano es imprescindible para mejorar los niveles de vida y recuperar la confianza en la economía. Algo que se vuelve difícil cuando el acceso a productos básicos se encuentra restringido a una red de tiendas en moneda libremente convertible, monopolizada por el Estado cubano, y cuando el tipo de cambio oficial no se corresponde con el del mercado informal.
Continuar trazando políticas de espaldas a la realidad conlleva más errores y más costo económico y social. Las políticas económicas requieren análisis multidisciplinarios que estudien los impactos más allá de los resultados económicos. Sobre todo, necesitan mecanismos de evaluación de políticas en tiempo real que permitan identificar fallas y corregir errores, también de forma inmediata, si es necesario. Esa capacidad de respuesta en Cuba está lastrada por una cultura organizacional en la que se ha entronizado la verticalidad y la rigidez que data de décadas. Ninguna reforma real es tarea del corto plazo, pero todas tienen que comenzar en algún momento, en algún lugar, y cuanto antes, mejor.
Juan Carlos Albizu-Campos: Habría que empezar por afrontar el problema de la convertibilidad internacional del peso cubano. Todo lo demás será inocuo, y sólo contribuirá a prolongar una situación que, de hecho, es insostenible. Ya se ha probado hasta la saciedad. La dificultad radica en que la carencia de fuentes internas de acumulación que padece el modelo es el principal obstáculo, a mi modo de ver, insalvable.
Mientras, la propia desconexión de Cuba de los circuitos tradicionales de instituciones financieras, entre otras cosas debido al propio embargo/bloqueo implementado por Estados Unidos, hace virtualmente imposible un financiamiento externo que sería imprescindible.
La solución plausible, no exenta de dificultades, sería sustituir el CUP por cualquiera otra divisa que aparezca disponible y que se nos permita su uso, aunque el país no pertenezca a ninguna zona comercial internacional. En términos de dolarización, ejemplos en la región son varios, desde Panamá, El Salvador hasta Ecuador. Andorra, Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino usan el euro y acuñan sus propias monedas en virtud de acuerdos firmados con miembros de la Unión Europea. También Montenegro y Kosovo, sin entrar en ningún acuerdo legal con la Unión Europea, así como Macedonia del Norte, por sólo mencionar algunos ejemplos.
4- ¿Cuba tendría que negociar con las tradicionales Instituciones Financieras Internacionales? ¿Con cuáles otras sería conveniente?
Pavel Vidal: Cualquier transformación monetaria integral que se vuelva a intentar sin recursos externos y sin reformas estructurales está condenada al fracaso. El apoyo de instituciones financieras multilaterales es fundamental. El financiamiento internacional es crucial para suavizar los impactos negativos de los necesarios ajustes económicos y sociales de corto plazo y potenciar los beneficios de mediano y largo plazo. Y, en paralelo, se necesitan acelerar las reformas estructurales para dotar al sistema productivo de una renovada capacidad de respuesta y de grados de libertad para efectivamente lograr sustituir importaciones, aumentar las exportaciones e incrementar la productividad del trabajo.
Si el Gobierno cubano logra poner en marcha en los próximos años un programa de estabilización que cuente con un alcance estructural e institucional y logra convencer en su sostenibilidad, se pudiera intentar gestionar nuevo financiamiento internacional para aliviar la crisis de balanza de pagos. Con base a un programa de ajuste estructural profundo y creíble, el Gobierno estaría en mejores condiciones para sentarse a renegociar la deuda externa con los acreedores, y, de ser posible, incluir el tema en los diálogos que se tengan con el Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea con vistas a disponer de un entorno internacional más favorable para las relaciones comerciales y financieras y la inversión extranjera.
Mauricio De Miranda: Cuba fue uno de los países fundadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), pero el Gobierno Revolucionario decidió abandonar ambas instituciones durante los primeros años de su establecimiento.
En aquel entonces el panorama era totalmente diferente, ya que los países del “socialismo real” habían aceptado la presión de Stalin de no incorporarse a estos organismos y en esa línea Cuba decidió salirse en los años sesenta y cuando se creó el Banco Interamericano de Desarrollo en 1959, el país no se integró a esta institución. Era una forma de no tener que rendir cuentas a los organismos internacionales, entregando información económica sensible, contando, sin embargo, con líneas de financiamiento que se sustentaban en relaciones políticas.
El Gobierno cubano de entonces apostó por la ayuda económica de la Unión Soviética por razones políticas, como sustitutivo de los créditos de fomento que habrían podido tramitarse ante el Banco Mundial y los de equilibrio de balanza de pagos que podrían haberse gestionado en el Fondo Monetario Internacional. En aquellos tiempos, se descartaba la posibilidad de que el “socialismo realmente existente” implosionara.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el sistema de votación en estos organismos, donde las decisiones se adoptan por mayoría cualificada en la que Estados Unidos, en la práctica, tiene la posibilidad del veto, habrían conducido a que muy difícilmente Cuba, afectada por sanciones económicas impuestas por el Gobierno de ese país, hubiera podido acceder a esas líneas de crédito.
Sin embargo, desaparecida toda posibilidad de ayuda económica por razones políticas, algo que la dirigencia cubana actual busca en sus relaciones con China y Rusia, pero que difícilmente consiga, no quedan otras opciones que volver a estas organizaciones e integrar incluso el Banco Interamericano de Desarrollo. No creo que esto sea posible para el Gobierno actual en medio de las sanciones estadounidenses. De hecho, muy probablemente, Estados Unidos bloquearía el regreso de Cuba, a menos que se avanzara por el camino de la democratización, dejando sin piso argumental la ley Helms-Burton.
Tamarys Lien Bahamonde: Con cierta frecuencia se plantea la negociación de Cuba con organismos financieros internacionales como el FMI y el BM. En las condiciones actuales, ese es un escenario casi improbable. La Ley Helms Burton prácticamente cerró esa puerta para Cuba, y aún cuando se pudieran obtener los votos para la reintegración de Cuba a esos organismos, invalidando el poder de veto de Estados Unidos, no es secreto que Estados Unidos ejerce un control casi absoluto sobre ellos, la membresía y las normas de funcionamiento. Intentarlo sería entrar a un callejón sin salida que pudiera resultar desgastante. Las propuestas de política económica para la recuperación cubana deben, en mi opinión, concentrarse en contextos posibles, dada la gravedad de las condiciones actuales.
Juan Carlos Albizu-Campos: En mi opinión, Cuba tendría que reintegrarse al conjunto de instituciones financieras internacionales porque no puede continuar aislada de los mecanismos financieros de carácter multilateral y regional. Entre ellas, deben destacarse: el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Pagos Internacionales, Consejo de Estabilidad Financiera y el Fondo Latinoamericano de Reservas.
Omar Everleny Pérez: Cuba debería negociar con las tradicionales instituciones financieras internacionales, pero lo que sucede es que mientras Cuba se encuentre bloqueada por el principal gestor de esas instituciones es muy difícil se les autorice el realizar algún préstamo. Pero lo que es cierto es que el país tiene acumuladas deudas con un grupo de países, tanto desde el punto de vista oficial, o bancarias, algunas renegociadas, pero de pagos próximamente y otras condonadas o aplazadas. Este es un tema que deberá tener mayor prioridad a futuro, lo que permitiría la obtención de nuevos financiamientos.
5- Salir de la crisis quizá también demanda procurar inversiones extranjeras y nacionales que recuperen los sectores industrial y agropecuario, así como la infraestructura de vías, transportes y comunicaciones. ¿Cómo lograrlo?
Omar Everleny Pérez: Lograrlo es bastante complejo, pero en la medida que Cuba pague las cuentas pendientes con un grupo de empresarios extranjeros ya radicados en el país, estos a la vez podrían estar en condiciones de reinvertir en la economía cubana.
Debería además permitirse las alianzas entre el sector privado nacional y empresas extranjeras y aunque el cuerpo legislativo lo permite en la práctica la lentitud, la burocracia y el recelo con el despegue de lo privado han impedido que este avance al ritmo que se necesita. Incentivar a los nacionales con ciertos recursos monetarios de quienes viven fuera para que creen empresas en Cuba deberá ser un camino también a tenerse en cuenta.
No hay que cerrarse a las diferentes opciones existentes. No deben copiarse modelos, porque cada país tiene sus particularidades, pero el ejemplo de Viet Nam es digno de estudiarse e implementarse lo que sea viable para Cuba.
Tamarys Lien Bahamonde: En un contexto internacional incierto, seguirle apostando al sector externo como tabla salvadora es un riesgo casi inaceptable. Cuba depende de importaciones por su naturaleza geográfica y limitaciones de recursos naturales, pero eso no quiere decir que no tenga las potencialidades para desarrollar mejor el sector agrícola, por ejemplo, y garantizar el consumo doméstico de una gama importante de productos alimentarios.
Invertir en la producción de alimentos debe ser una prioridad. Otorgar créditos blandos a productores, incentivar la producción con bajos impuestos, garantizarles el acceso a recursos, como el combustible, serían pasos imprescindibles para incrementar las producciones y recuperar el consumo nacional.
Todo esto es sin caer en ingenuidades. La mayor parte de la población cubana se concentra en áreas urbanas, lo cual definitivamente afecta la agricultura. Se pueden explorar vías de inversión extranjera en el sector agrícola e industrial cubano, siempre que se establezca como prioridad el consumo nacional y eso de por sí pudiera atentar contra el objetivo de atraer inversiones.
Otra opción que se encuentra a mano es reducir los obstáculos impuestos a los Proyectos de Desarrollo Local (PDL) para su correcto desenvolvimiento. Sobre todo, se necesita de una revisión profunda de la legislación, y del sistema impositivo. La descentralización de los impuestos de los PDL’s los deja en manos de estructuras locales que necesitan entrenamiento para diseñar política fiscal adecuadamente. Ello, unido al engorroso proceso de financiamiento en divisas de los PDL, atenta contra su crecimiento y eficiencia como alternativa para empleo y producción de bienes y servicios en los territorios, lo cual a su vez atenta contra la capacidad de autofinanciamiento de los territorios.
Mauricio De Miranda: En las condiciones actuales, Cuba no es un país atractivo para la inversión extranjera. Examinemos rápidamente cuáles son los móviles esenciales para que un inversionista foráneo invierta en un país diferente al suyo. Entre los más importantes podrían mencionarse los siguientes: obtener beneficios extraordinarios a los que obtiene en sus otras inversiones; reducir costos aprovechando una mano de obra barata y con capacidad de asimilación tecnológica para aumentar beneficios; insertar esa nueva inversión en cadenas productivas globales; disponer de una adecuada infraestructura de vías, puertos, aeropuertos, sistemas de transportes y de comunicaciones; y acceder al mercado del país en el que está invirtiendo. Para que todo esto sea considerado resulta necesario un clima de garantías a la inversión que incluya la verdadera independencia judicial en caso de conflictos con las autoridades nacionales.
Es evidente que Cuba no ofrece esas garantías, no dispone de un sistema jurídico realmente independiente, su mercado no es atractivo debido al bajo nivel de ingreso de la mayor parte de la población y adicionalmente, el gobierno cubano mantiene un sistema de vinculación de trabajadores a través de empresas cubanas que cobran por la fuerza de trabajo lo que luego no le pagan a los trabajadores, de forma tal que la fuerza de trabajo no es barata en términos internacionales y adicionalmente los inversionistas han debido pagar la “lealtad” de sus trabajadores con erogaciones “por debajo de la mesa”, y todo el sistema de infraestructura está profundamente subdesarrollado. Toda esa opacidad y el retraso tecnológico, afecta al país como un mercado creíble y atractivo para la inversión extranjera. A ello se suma que las autoridades cubanas han mantenido un alto grado de discrecionalidad en la autorización de las inversiones foráneas, bajo el presupuesto de conducir dichas inversiones a las prioridades gubernamentales y no a los intereses de los inversionistas.
Ahora bien, Cuba carece de la capacidad de fomentar las inversiones que necesita su sector productivo, debido a una bajísima tasa de ahorro bruto nacional, por tanto, necesita importar ahorro externo. Por tanto, para que fluyan recursos al país con el objetivo de reconstruir la economía resulta necesario que se corrijan precisamente todas esas debilidades institucionales que he mencionado antes.
Personalmente no creo que en el caso cubano sea posible atraer capitales frescos con transferencia tecnológica bajo el actual sistema institucional. Las transformaciones institucionales deberían llevar hacia un sistema democrático con independencia de poderes, lo que implicaría un robusto sistema jurídico independiente de la interferencia de la dirección del Partido Comunista. Si la hegemonía de la dirección de esta formación política persiste en la sociedad, no habrá nada que hacer.
Frente a este criterio podrían contraponerse los casos de China y Vietnam. Sin embargo, las condiciones son diferentes. China es un mercado de más de 1.400 millones de consumidores y Vietnam de más de 100 millones. Las ventajas de fabricar allí han sido evidentes. Pero incluso en el caso de países latinoamericanos existen muchas opciones más ventajosas que Cuba, tales como República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Colombia (este último, por el momento) por solo mencionar algunos casos. Además, ni China ni Vietnam enfrentan sanciones económicas de Estados Unidos en estos momentos, como si es el caso de Cuba, sin embargo, el país del Sudeste Asiático si se enfrascó en un proceso de reformas profundas cuando aún se mantenía un mecanismo de sanciones económicas estadounidenses.
Ahora bien, Cuba es importante para los cubanos, el resto del mundo puede vivir sin Cuba, ésa es una realidad que deberíamos tener clara por esa lamentable tendencia que tenemos de creernos el centro del mundo. Le importaba a la Unión Soviética cuando podía utilizarla en su juego político contra Estados Unidos. Podría pensarse que lo mismo podría servirles a los gobiernos de China y Rusia. No son las mismas condiciones. China tiene otros frentes mucho más importantes que solucionar y retos económicos muy complejos que, por ahora, está tratando de solucionar en África y en Asia e incluso en países de América Latina con economías mucho más atractivas que la cubana. Rusia, por su parte, carece de la fuerza económica y política que tenía la Unión Soviética en los tiempos de su existencia. Así las cosas, los intentos de los gobernantes cubanos de revivir una relación especial como la que existió con la Unión Soviética están condenados al fracaso.
La comunidad cubana en el exterior podrá ser un factor decisivo en la recuperación económica del país, pero eso no ocurrirá si no se producen cambios institucionales conducentes a una democratización del sistema político, que permitan el funcionamiento de un sistema legal transparente y que ofrezca adecuadas garantías a los inversionistas y demás actores económicos. Todo ello pasa por el reconocimiento de los derechos plenos de ciudadanía a los varios millones de cubanos que han emigrado a lo largo de estas seis décadas.
Pavel Vidal: En estos momentos uno de los factores que mayormente afecta la inversión es la inflación. Con los niveles actuales de inflación no es posible evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión ya sea con fondos nacionales o externos.
A pesar de que la inflación ya lleva tres años en ascenso, las autoridades económicas cubanas no han definido un programa de estabilización macroeconómica. Por el momento, no se sabe cómo el gobierno piensa detener la espiral inflacionaria y reducir los desbalances fiscales. La esperanza de que la economía y el turismo se iban a recuperar rápidamente y ello iba a mejorar las condiciones monetarias y financieras, no se cumplió.
Otro elemento crucial para promover inversión es poder estabilizar la balanza de pagos y poner en orden las cuentas fiscales y retomar el pago de la deuda externa, pero nada de esto es posible sin reformas. Los inversionistas y acreedores internacionales le han dado en el pasado reciente varios votos de confianza a la economía cubana, pero no se han cumplido las expectativas. Se necesitan nuevas reformas para convencer y generar confianza en la economía cubana desde los mercados internacionales.
Juan Carlos Albizu-Campos: Un paso imprescindible será una redefinición de la Ley para la Inversión Extranjera. No es posible admitir, en ninguna circunstancia, una Ley que sólo ofrezca oportunidad de inversión sólo a extranjeros que quieran hacerlo. En una época que muchos recordarán, a eso se le llamaba “entreguismo”, con todo lo que ello significa. Tiene que haber un cuerpo legal común para todos los posibles inversores, sean extranjeros o nacionales, en el que se regule el proceso de inversión.
Además, debe dejarse de lado aquello de la “carpeta de oportunidades” para la inversión, que al convertirse en un instrumento mandatorio, lo que provoca es que al inversionista interesado se le obliga a invertir en los sectores, ramas y actividades de interés para el Estado, sin tomar en cuenta que, siendo los dueños de los fondos a invertir, no necesariamente sus interese de inversión coinciden con los del Estado y entonces sus intereses en otros espacios quedan marginados.
Pero lo que es fundamental es que Cuba se encuentra completamente fuera, y aislada, de las llamadas globales de creación de valor. Sólo a través de una integración sólida a las cadenas globales de valor, habrá posibilidades reales de generar desarrollo económico y riqueza nacional. Y con ello no sólo se garantizaría acceso a volúmenes importante de inversión extranjera directa y acceso a las cadenas globales de suministro, sino que igualmente a una exportación sostenida de bienes y servicios. Seguir insistiendo en la autarquía en ese sentido, no sólo es arcaico, sino que constituye el primer obstáculo al acceso a recursos financieros y a la modernización tecnológica y a la diversificación logística que el país demanda.
Un primer e importante paso sería el aprovechamiento de las nuevas oportunidades de integración a partir de lo que hoy se conoce como nearshoring y que han aparecido a nivel internacional con mucha fuerza y que permite el acceso a nuevas tecnologías, know-how, flujos de capital, cadenas de suministro, cadenas de exportación y la integración a regiones unificadas, con mercados meta.
6- Quizá urge un cuerpo legal que garantice una auténtica dinámica económica, con instituciones eficaces y auténticos desempeños judiciales. ¿Qué opina usted?
Juan Carlos Albizu-Campos: Nada de lo anterior sería posible sin una sólida restructuración jurídica que se convierta en un verdadero soporte de un profundo proceso de liberalización económica. No habrá inversión extranjera si Cuba continúa, en ese sentido, siendo catalogado como un país de “alto riesgo” para la inversión.
Urge un marco legal que sustituya el vigente en materia económica y que esté enfocado, en primer lugar, a la protección de la propiedad y del cumplimiento de las condiciones contractuales en las que se sustenta toda la actividad económica y comercial, tanto a nivel nacional como internacional, y que conecte al país con las prácticas internacionales en ese sentido, y sea garante del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en cualesquiera materia, comenzando por la devolución del dinero recibido en forma de préstamo, tanto a nivel privado, como público o desde Instituciones Financieras.
Mauricio De Miranda: Sí, es lo que he venido diciendo en respuestas anteriores. Mientras esto no exista, es imposible que los actores económicos diferentes al Estado cubano puedan considerar invertir en Cuba como una opción plausible. Ello requiere una profunda reforma institucional y un cambio constitucional, que no se avizoran en las actuales condiciones políticas del país.
Pavel Vidal: En el ámbito de la economía, se debe tener presente que varios de los cambios que se requieren para detener la inflación necesitan de transformaciones en las lógicas institucionales y los marcos regulatorios relacionados con la política monetaria y fiscal. Sobre todo, porque el marco regulatorio e institucional imperante ha mostrado varias veces sus debilidades para garantizar la estabilidad y funcionalidad del sistema de pagos y las monedas.
La política monetaria y fiscal deberían autoimponerse ciertos límites para recuperar la credibilidad, corregir los desbalances actuales, y evitar que se repitan en el futuro. Una opción es definir reglas transparentes y verificables para el manejo de la cantidad de dinero, el déficit fiscal y la deuda pública. Tal programa debería definir una transición a régimen cambiario más flexible. También es fundamental repensar el marco legal en la agricultura, en el comercio, la inversión extranjera y en las emergentes pymes, con vistas a darle un mayor protagonismo a las relaciones mercantiles y la competencia empresarial.
Omar Everleny Pérez: Yo creo que en Cuba existen instituciones suficientes para que el país logre otra dinámica económica, lo que sucede que funcionan muy verticalmente, administrando los recursos del Estado o fiscalizando sus recursos, pero no gerenciándolo, ya que tienen límites en sus facultades. Deben corregirse las funciones que tienen establecidas y darle paso a que esas instituciones funcionen con reglas distintas a las que han funcionado hasta hoy.
7- Al parecer en el futuro próximo serán amplios y diversos los segmentos sociales que necesitarán ayuda humanitaria. Tal vez esto sea imprescindible aun si comenzara una reforma económica eficaz, pues ello requerirá de cuantiosos recursos, mucho esfuerzo y tiempo prolongado. ¿Habría que sostener una suficiente institucionalización de la gestión humanitaria?
Tamarys Lien Bahamonde: La tradición cubana del Estado protector ha creado el falso mito de que organizaciones sin fines de lucro son innecesarias, porque el Estado es garante absoluto de todas las necesidades de la sociedad.
Las complejidades de la vida en el siglo XXI han demostrado que ningún Estado es capaz de satisfacer efectivamente las necesidades de los ciudadanos y las áreas sociales, ambientales, económicas y de cualquier otro orden que hacen de una sociedad una estructura armónica donde las partes contribuyen al todo.
Una forma de aliviar presupuesto estatal para áreas priorizadas, pudiera ser la introducción de organizaciones como empresas sociales y las sin fines de lucro que puedan contribuir en sectores que en estos momentos sabemos que se encuentran desprotegidos y vulnerables, como el cuidado de ancianos. Esas mismas organizaciones pueden jugar un rol movilizador fundamental en situaciones de desastres, sin excluir la responsabilidad gubernamental en estos casos. Otro ejemplo concreto es el caso de la (des)protección animal, que es, además de un asunto de empatía y ética, un problema de salud pública, y como tal, es también económico y social.
Cuba debe abrir efectivos y mejores espacios para explotar las potencialidades internas del país. Ahora mismo, la más abundante e importante, es el capital humano con que cuenta. Continuar mirando hacia afuera primero, y no hacer de la participación activa de los cubanos en la construcción de su sociedad una prioridad, es injusto e implica altos costos sociales y económicos.
Los cubanos han demostrado capacidad movilizadora al margen del estado en contextos difíciles, como cuando un tornado arrasó partes de La Habana, en el 2019. Así mismo, han probado capacidad innovadora y empresarial suficiente para sobrevivir en momentos de profunda crisis económica y social. La participación ciudadana no se puede reducir a los espacios formales de participación política, o a tener un puesto de trabajo, muchas veces subempleado, en el sector estatal. El drenaje de profesionales jóvenes, la baja natalidad, el envejecimiento poblacional, son todos factores demográficos con alto impacto en la economía y la sociedad. La crisis se sigue sintiendo mayoritariamente en los más vulnerables: mujeres, ancianos, niños, personas no blancas.
Omar Everleny Pérez: Cuba intenta preservar lo que considera las conquistas de la Revolución, pero lo que sucede que esto no está́ irremediablemente reñida con la necesidad de introducir urgentemente medidas que restructuren el patrón productivo cubano y lo adecuen a la realidad internacional, aumenten la eficiencia y la competitividad de la economía cubana, y restauren los principios éticos e incentivos económicos sobre los que se asienta todo sistema productivo. La restructuración de la economía cubana puede ser rápida y capaz de conciliar los objetivos de equidad y solidaridad con los requerimientos de eficacia productiva y competitividad.
Para defender los logros que se ha planteado la Revolución en el campo de lo social como la Salud y la Educación es necesario que el presupuesto le dé una mayor prioridad, no solo financiera, si no que se vinculen con otras instituciones, por ejemplo, si se eliminan las millonarias subvenciones que ahora perciben las empresas no rentables, podrían dedicarse más recursos a la población empobrecida.
Pero en lo que se avance en la economía, debería el Estado subvencionar a un grupo de personas que están en lo que algunos especialistas dicen en pobreza de ingresos, ya que teniendo en cuenta la inflación de más de un 80 % por año, no es posible que se siga teniendo en cuenta indicadores que hoy son absurdos, como que el salario mínimo del país es 2100 pesos mensuales y por otro lado un kg de leche cueste 1.500 pesos o una libra de arroz a 200 pesos. Cálculos recientes plantean que por menos de 30.000 pesos mensuales una familia cubana está cerca de una situación de pobreza económica.
En conclusión, para mantener lo que se tuvo en periodos anteriores en términos sociales, la reforma económica tiene que ser más rápida y con otra concepción. Sólo quiero mencionar que ya en estos momentos hay una reversión de indicadores de salud alcanzados como mortalidad infantil, materna, entre otros.
Juan Carlos Albizu-Campos: Como ya se dijo antes, Cuba deberá transitar desde el actual modelo de “igualdad en la miseria” hacia un modelo de desarrollo económico y de prosperidad en el que deberá enfrentar la solución de la desigualdad desde la creación de fondos de contención que garanticen la resiliencia de los grupos vulnerables y de aquellos que se encuentran en peor condición. Seguramente requerirá de una fuerte inversión, esfuerzo y tiempo en la solución de los problemas y las deformaciones actuales que padece la población. Un primer paso sería el reconocimiento oficial de que el país se encuentra en una verdadera situación de emergencia y demanda un fuerte compromiso de todas las agencias de ayuda y fondos internacionales y para la gestión humanitaria.
De hecho, las Ciencias Sociales en el país son capaces de ofrecer una fotografía “fina” de todo un inventario de los problemas que se han ido documentando en las últimas décadas y que muchos están incluso por ser reconocidos por las autoridades.
Pavel Vidal: Las ayudas humanitarias son bienvenidas y necesarias en el momento de crisis económica y social profunda que vive el país. Pero lo que garantiza crear riqueza propia y aumentar la productividad del trabajo es reformar el modelo y poner en marcha lo antes posible un programa de estabilización macroeconómica que incluya el redimensionamiento del tamaño del estado en la economía. El cierre, restructuración o fusión de las empresas estatales irrentables debe ser parte del programa. Entregar la propiedad a los trabajadores o vender los activos a las pymes o a las cooperativas podría estar entre las variantes para encontrar una solución a esta proporción del aparato productivo estatal que no genera riqueza, sino que demanda subsidios para poder mantenerse a flote.
Para minimizar los impactos de las medidas de austeridad en el crecimiento del PIB, el gobierno cubano debería liberalizar nuevos mercados y profundizar las reformas en otros, por ejemplo, en el mercado minorista, el comercio exterior, y la agricultura.
Mauricio De Miranda: Por supuesto. Es por ello por lo que en diversos foros he dicho que Cuba requiere de una especie de “Plan Marshall” en el sentido de recibir un paquete de recursos en forma de ayuda económica que permita reconstruir la economía y sostener los objetivos de justicia social que inspiraron originalmente la Revolución Cubana, administrados por un gobierno democrático y con estricta veeduría internacional.
Quienes defendemos las ideas de la justicia social no podemos aceptar que los ancianos y las personas desvalidas sean abandonados a su suerte. Muchas de esas personas mayores hicieron inmensos sacrificios personales con la intención de construir una sociedad justa en la que sus hijos y nietos pudieran vivir. Sin embargo, para nadie es un secreto que la realidad actual está lejos de corresponder al ideal por el cual ellos se sacrificaron. Los ancianos cubanos fueron abandonados por la llamada “Tarea Ordenamiento”, que puso a los pensionados del país -excepto a los militares- en condiciones de pobreza, dada la escasa capacidad adquisitiva real de sus pensiones y las duras condiciones para asegurar la sobrevivencia.
No se trata ahora de devolver el reloj de la historia más de ochenta años, pero ciertamente necesitamos el establecimiento de un sistema democrático que sea capaz de incorporar los avances sociales alcanzados por las luchas de los trabajadores por sus derechos y también de quienes han puesto su vida al servicio de la democracia, la justicia social y los derechos humanos y que establezca las reglas de juego para que dichos avances sean sostenibles.
En este proceso necesitaremos ayuda porque las deformaciones estructurales y el estancamiento que afecta a la economía cubana llevaría décadas recomponerlo, con el peligro de que las dificultades para lograrlo nos lleven a conmociones sociales y a nuevas opciones totalitarias y mesiánicas.
Sin embargo, el efecto positivo de la ayuda externa que pueda provenir de instituciones multilaterales de desarrollo debería ser el complemento del emprendimiento doméstico y del trabajo productivo que puede potenciarse a partir del reemplazo del actual modelo económico empobrecedor por uno que libere el desarrollo de las fuerzas productivas.
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En mi opinión como cubano simple residente en la Isla, concidero que solo iniciar con celeridad profundos cambio políticos y económicos pueden salvar a Cuba de la ruina total en todas los sentidos.