Asumiendo que Cuba padece quizá la crisis más compleja de su historia, marcada por una honda frustración y una riesgosa polarización, y evidenciada con la rebelión popular del 11 de julio, exigimos al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel:

1.- Libertad incondicional y no enjuiciamiento para los participantes en las manifestaciones de protesta del 11 de julio.

2.- Amnistía general para el resto de presos políticos, excepto los condenados por delitos de terrorismo, que hayan sido fehacientemente probados.

3.- Proscribir el odio político y la discriminación por razones políticas, raciales, de género y orientación sexual.

4.- Ratificar los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que promueva un marco legislativo nuevo, incluida la restauración del Tribunal de Garantías Constitucionales y la legalización de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

5.- Reconocer el derecho de la emigración a participar en los esfuerzos democratizadores y económicos de Cuba, sin las limitaciones gubernamentales impuestas.

6.- Eliminar el destierro de médicos y personal sanitario por 8 años y la figura de “Regulados” que afecta a opositores políticos, periodistas independientes y activistas de la sociedad civil.

7.- Avanzar hacia una economía de mercado que genere riqueza y prosperidad, permitiendo al Estado el diseño de políticas de protección a cubanos vulnerables como ancianos, jubilados por enfermedad, mujeres empobrecidas, familias monoparentales y enfermos crónicos, incluidas personas con adicción al alcohol y otras drogas.

8.- Establecer y proteger legalmente las libertades de expresión, reunión, manifestación, creación, asociación y prensa.

9.- Redimensionar las fuerzas armadas y otros cuerpos del orden y la seguridad a las necesidades de una sociedad democrática, que no penalicen ni repriman la discrepancia política, y que cumplan las obligaciones derivadas de contratos multilaterales y bilaterales en ámbitos de interés general como la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de migrantes y de armas. Eliminar la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, que deben ser juzgados en la Sala de lo Penal, con arreglo a la reforma legislativa democrática y con todas las garantías jurídicas.

10.- Reforma legislativa que ampare el acceso de todos los cubanos a los cargos de autoridad pública, incluida la presidencia de la República, por medio de elecciones libres, directas, plurales y competitivas.

Una vez asumidos y consolidados estos cambios, en la Constitución y el conjunto de leyes, obligándose las autoridades a su estricto cumplimiento; el gobierno debe propiciar un diálogo de reconciliación nacional, sin exclusiones, al que Cuba Próxima contribuiría con lealtad a la nación, coherencia democrática y sentido de Estado.