La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos. José Martí
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Como parte de los trabajos de Cuba Próxima para la construcción de una República plural y democrática en Cuba, se publica la Propuesta de Informe sobre la Reconciliación Nacional en Cuba, “Cuba: reconciliación y futuro”.
La idea de los autores y de la Dirección Ejecutiva es presentar este informe como una propuesta, brindando la posibilidad de que todas las personas interesadas puedan aportar sus ideas sobre el mismo.
Autores: Juliette Fernández Estrada
Lilian Rosa Burgos Martínez
Julio Antonio Fernández Estrada
Michel Fernández Pérez (Coordinador)
Contenido
Resumen ejecutivo.
Introducción.
I. Un mundo en busca de armonía: teorías, experiencias y antecedentes de reconciliación
Enfoques y debates teóricos sobre la reconciliación
Justicia y legislación en los procesos de reconciliación
Experiencias internacionales de reconciliación
Aportes a la idea de la reconciliación en el espacio político y social cubano
II. Sujetos de la reconciliación
Quiénes se van a reconciliar y cómo lo harán
Estado, gobierno y partido
Sociedad civil, partidos de oposición, organizaciones y grupos reconocidos o no, Iglesias
Papel del Estado
Reconciliación dentro de la sociedad civil
III. Fases en el proceso de reconciliación en relación con la transición. ¿Puede haber reconciliación sin transición?
IV. Componentes de la reconciliación
Diálogo y negociación
Aplicación de justicia
Reparación integral de las personas afectadas por el conflicto
Reparación psicosocial en el proceso de reconciliación
¿Qué y a quiénes colocar en el centro del proceso de reparación psicosocial?
Pilares del proceso de reparación psicosocial
Procesos de reparación en el marco de programas de atención, acompañamiento y rehabilitación psicosocial
Procesos de reparación en el marco de la justicia
V. Papel de los actores internacionales
VI. Hoja de ruta para la reconciliación nacional
Primer escenario
Segundo y tercer escenarios
VII. Propuestas de futuro que garanticen la sostenibilidad de la reconciliación
VIII. Anexo
Bibliografía
En los últimos años Cuba ha sido escenario de una aguda crisis económica, sanitaria, social y política. La pandemia de la COVID-19 y el proceso de ordenamiento económico llevado a cabo por el Estado han producido un efecto asfixiante en la población. Al mismo tiempo, la represión política y la impunidad estatal han alcanzado altos niveles, en especial a partir del estallido social del 11 de julio de 2021, a raíz del cual se dispararon las cifras de personas encarceladas por motivos políticos. Sin embargo, la convulsa actualidad nacional constituye un estímulo para la búsqueda de alternativas plurales y cívicas que hagan posible un futuro armónico, democrático e inclusivo.
El presente informe tiene el propósito general de ofrecer una propuesta de estrategia que aporte a la comprensión y viabilidad de un proceso de reconciliación social cubano. Además de intentar una visión sistémica de la reconciliación para el contexto nacional, busca brindar posibilidades efectivas para su realización.
Consideramos que es posible iniciar pasos como parte de la reconciliación sin que se haya efectuado un proceso de transición, y que una actitud reconciliadora es de por sí un impulso y acompañamiento de los cambios necesarios.
Esta propuesta identifica la reconciliación como un proceso de construcción de relaciones sociales dañadas y restablecimiento de la confianza entre la ciudadanía y las instituciones; que ocurre a nivel individual, interpersonal y colectivo (incluyendo a toda la sociedad cubana transnacional), y no es inmediato ni impuesto, sino requiere tiempos y manejos propios en función de los actores y la realidad nacional. Implica rescatar el pasado con el objetivo fundamental de construir un futuro con garantías de un bienestar sostenible. Es un proceso profundo que forja un cambio de actitudes y creencias; lo cual no impide que en el terreno institucional, político y jurídico se den pasos tempranos que ayuden a cimentar el camino. Para el caso cubano, la reconciliación estaría compuesta por procesos de diálogo, justicia, reparación a las víctimas y memoria histórica.
El informe esboza un estado general de la cuestión, donde se presentan algunos debates teóricos sobre la reconciliación, se analizan experiencias internacionales y se reseñan proyectos de la oposición política y la sociedad civil cubanas que han tenido entre sus motivaciones a la reconciliación.
En secciones siguientes se presentan algunos elementos clave para la implementación de un proceso de este tipo. Aquí se incluyen los sujetos de la reconciliación y el papel entre ellos del Estado, el gobierno y la sociedad civil. Se hacen propuestas para los elementos constitutivos de la reconciliación: el diálogo y negociación como un eje que guíe el proceso; la aplicación de la justicia, con las herramientas existentes y otras alternativas de la justicia restaurativa; la construcción de la memoria histórica y la reparación integral a las víctimas, con la especificidad del enfoque psicosocial.
El papel de la comunidad internacional, a través de la ONU y de algunos Estados en particular, también es analizado. En función del alcance que logre el proceso en Cuba y de la posición del Estado respecto a este, se anticipan tres posibles escenarios con las principales acciones que conllevarían. Finalmente, se desarrollan algunos conceptos que pudieran funcionar como principios básicos para la nación a la que aspiramos y para hacer de la reconciliación un proceso duradero.
En los últimos años en Cuba las crisis de distinto tipo se han ido superponiendo. La pandemia de la COVID-19 alcanzó a la isla en un momento de deterioro económico acumulado, mientras que la crisis sanitaria desatada no obstó para que el Estado hiciera efectivo el proceso de ordenamiento económico programado con anterioridad. La unificación monetaria y la imposición de los mercados en moneda libremente convertible (MLC) han producido un efecto asfixiante en la población.
La crisis económica emergente a raíz de la pandemia por COVID-19 en el mundo tendría un impacto funesto en la economía cubana a partir del año 2020. La vida económica del país, altamente dependiente de la actividad del turismo, sufriría un golpe considerable al cerrar fronteras nacionales. Parte de la estrategia epidemiológica para frenar la propagación del virus en el territorio implicaba descartar la entrada de ingresos económicos en este sector.
En medio de un escenario económico tan complejo, causante de estragos crecientes en sectores populares más vulnerables,[1] el proyecto de reordenamiento monetario sería colofón que haría vacilar la administración pública cubana.
Las medidas que supuestamente oxigenaban la economía cubana, consistentes en la recaudación de monedas extranjeras a través de las tiendas en monedas libremente convertibles, condujeron a la inflación de precios, crecimiento de desigualdades sociales y aumento de la pobreza en las poblaciones más vulnerables socialmente.
Las alternativas adoptadas para garantizar la asistencia y seguridad social de las personas y familias más necesitadas del país no serían suficientes para amortiguar una crisis que se arreciaba ante el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Ante los perjuicios y asfixia económica resultante, el gobierno presidido por Miguel Díaz Canel Bermúdez hizo limitaciones crecientes en el orden político, económico y administrativo.
El impacto socioeconómico de la crisis resultante de la pandemia puso a prueba la capacidad de los gobiernos en el mundo para gestionar formas sostenibles de poner freno a la debacle económica existente. Cuba viviría un escenario de crisis que superaría en muchos aspectos los perjuicios causados por el Período Especial tras el derrumbe del campo socialista en 1990 y que tendría consecuencias políticas derivadas. Ante la escasez de alimentos, medicinas, productos de primera necesidad y frente a un diseño político que no contemplaba nuevas formas de gobernación atemperadas a las necesidades sociopolíticas actuales se ha ido constituyendo el caldo de cultivo que traería aparejados detonantes políticos en lo adelante.
El escenario sociopolítico que ha venido contemplándose a partir del año 2019 en la isla ha reflejado características singulares, influyentes en la agudización de la crisis manifiesta y las tensiones acumuladas. La restricción de derechos políticos que quedara refrendada en la última reforma constitucional que viviera el país, junto a avances notables en cuestión de derechos humanos y su nombramiento explícito en el texto constitucional, venía dejando mucho que decir en materia de libertad de expresión, pluralismo político y desafíos múltiples para la democracia y el socialismo.[2]
Los años 2020 y 2021 han transcurrido junto a campañas políticas y comunicacionales, promovidas por la prensa estatal, encargada de desacreditar y denunciar públicamente actos y actores/as que resultaran contrarios a las convicciones políticas del gobierno cubano. Bajo la insignia de defensa nacional se produjo la criminalización de activistas, periodistas independientes, el acoso político, persecución y detenciones arbitrarias a opositores/as y fuerzas contrarias el régimen político. Funcionarios y agentes de la Seguridad del Estado reforzarían las acciones contra personas y grupos de la sociedad civil, basado en interrogatorios, citaciones, confrontación y persecución política permanente.
El 11 de julio se produjo lo que analistas políticos vaticinaran ante la crisis sociopolítica y económica existente en el país y sus escasas posibilidades de disiparla. El estallido social traería múltiples reclamos: sociales, políticos y económicos. La respuesta del gobierno cubano resultó ser aún mucho más represiva y opresiva. Ante el mundo se hizo evidente una orden de combate contra el pueblo que salió a marchar ese día, cansado de la precariedad social y la eternización de un escenario social cada vez más caótico. Apagones, crisis sanitaria, carencia de alimentos y medicamentos en el trascurso de una vida social de confinamiento, encarecimiento e insostenibilidad de la vida con los ingresos salariales estándar, fueron evidencias que realzaron el descontento popular.
Un apagón digital limitaría la conexión a internet los días consecutivos a la protesta del 11 de julio. La criminalización de la protesta llevó a resaltar el carácter vandálico de los actos. En lo adelante, el gobierno cubano apresaría a la gran mayoría de protestantes del 11 J: mujeres jóvenes y adultas, ancianos, adolescentes menores de edad, recibirían juicios sumarios y serían condenados a privaciones de libertad en las cárceles cubanas; dando muestras del uso de la administración de justicia como extensión de la violencia estatal y su impunidad.
En los tiempos que corren la sociedad cubana se debate entre el miedo y la polarización política, entre la desesperanza y la emigración como uno de los pocos proyectos posibles. Cuba necesita cambios que alcancen no solo a los conflictos visibles, sino también a las actitudes humanas y las causas estructurales. Los momentos convulsos que atraviesa el país no son más que un acicate mayor para la búsqueda de caminos plurales y cívicos. Mientras aumenta la violencia desplegada contra los cubanos que disienten, mayor es la necesidad de la paz como aglutinador de las distintas perspectivas, pues la inversión de los roles de sometimiento acarrearía la eternización de la violencia.
La superación de las injusticias por vías pacíficas y democráticas favorecerá un futuro armónico; pero también una actitud reconciliadora ―incluso desde el presente conflictivo― constituye de por sí un vehículo del cambio y de mayores reconciliaciones por venir.
Múltiples preguntas emergen cuando se piensa en la posibilidad de la reconciliación en Cuba. ¿Cómo comenzar a implementar esa tarea desde el presente? ¿Qué elementos y procesos debe abarcar la reconciliación? El propósito de este documento es ofrecer una propuesta de estrategia que aporte a la comprensión y viabilidad de la reconciliación cubana.
La aproximación exploratoria al tema de la reconciliación se ha basado en una revisión documental de materiales teóricos, informes y sistematizaciones de procesos de reconciliación en el mundo, así como de análisis de especialistas publicados en la página web de Cuba Próxima. Además de intentar una visión sistémica de la reconciliación en el caso de Cuba, se busca brindar posibilidades efectivas para su realización. Para nuestra investigación fue muy importante contar con el informe “Cuba, la reconciliación nacional” publicado en el 2003, en el que el Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia, integrado por 26 personas y bajo la coordinación de la Profesora Marifeli Pérez-Stable, presentó las bases para una futura reconciliación nacional en Cuba.
La definición de reconciliación que se asume en esta propuesta la identifica con un proceso de construcción de relaciones sociales dañadas y restablecimiento de la confianza mutua entre la ciudadanía y las instituciones. Tiene lugar a nivel individual, interpersonal y colectivo, e implica aceptar y rescatar el pasado para construir colectivamente el futuro con garantías de un bienestar sostenible. Sus componentes son el diálogo, la justicia, la reparación y la memoria histórica.
La reparación es el conjunto de actividades dirigidas a mejorar la condición de las víctimas del conflicto y las violaciones de derechos humanos, y compensar los daños sufridos por ellas. Supone la subsanación económica, social, moral y psicológica. Incluye también un esfuerzo por lograr la cohesión social y la reconstrucción de relaciones interpersonales y comunitarias. En la reparación no solo se atiende a las personas afectadas, sino también la relación entre ellas y los responsables de violaciones de derechos.
El perdón, una de las categorías más atendidas dentro de la reconciliación, entraña el abandono de la posición de víctimas y el paso de los sentimientos de resentimiento a los de compasión y empatía. Aunque en muchas construcciones teóricas sobre reconciliación el perdón es presentado como un componente situado al mismo nivel que la reparación, la justicia y la verdad; en este documento se propone incorporarlo a la reparación como su complemento, desde el punto en que aporta la actitud subjetiva tanto de víctimas como de perpetradores en un proceso de restauración que los involucre a ambos. Además, depositar demasiadas expectativas en la consecución del perdón puede entorpecer el avance y atentar contra el logro de metas alcanzables. Como expresa Dwyer, “la reconciliación podría ser posible psicológicamente cuando el perdón no lo sea”.[3]
El informe que se ofrece toma en consideración los sujetos de la reconciliación en el entorno cubano, los elementos que componen el proceso, sus posibles fases, los distintos sectores que se incorporarían y el papel de los actores internacionales. Aporta también recomendaciones para las perspectivas de ejecución y propuestas de futuro que prevengan la persistencia de conflictos sociopolíticos y déficits democráticos.
Las categorías y posiciones teóricas de esta propuesta se acompañan de determinados principios que constituyen un interés para el proceso de reconciliación en Cuba. En primer lugar, resulta evidente que, de la misma manera que el empeño reconciliatorio traspasa las fronteras entre el presente, el futuro y el pasado; en el caso cubano atraviesa los límites físico-geográficos para involucrar a la Cuba dispersa por todo el mundo. El exilio y la población residente en Cuba se han acercado más aún en los últimos años, sensibilizados y movilizados en torno a las dificultades económicas y políticas, y favoreciéndose del todavía reciente acceso a internet en la isla. El proceso de reconciliación ineludiblemente sumará a la emigración cubana de todas las generaciones.
Otra necesidad que se plantea es la de mantener una visión crítica en todo momento, lo cual supone no negar las diferencias, no romantizar el proceso, no evadir los conflictos que aparecerán; pero al mismo tiempo evitar nuevas victimizaciones y jamás perder de vista que la dignidad humana de todos los implicados no es negociable. En este sentido, las garantías materiales y morales de los victimarios son un aspecto que requiere atención específica.
En nuestro país la sociedad civil y la oposición política deben reconciliarse a su interior y entre sí, pero un esfuerzo crucial tendría que concentrarse entre la sociedad por un lado y el gobierno, el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Estado, por otro. Las experiencias alrededor del orbe muestran que algunos procesos de reconciliación son más asimétricos que otros, puesto que no en todos los casos existen dos partes enfrentadas en igualdad de condiciones, sino que a veces se trata de amplias masas de personas a quienes se les violan sus derechos humanos por parte de gobiernos autoritarios.
Por último, aunque en este informe se parte de la idea de que se puede comenzar un proceso reconstructivo aun cuando el conflicto no se haya solucionado, consideramos que la reconciliación no es un sustituto de la liberación. El respeto de todos los derechos humanos, el bienestar económico, la libertad de los cubanos, entre muchos otros designios, no son alternativas que se toman o se dejan a fin de alcanzar una supuesta reconciliación, sino exigencias que deberán guiar el proceso.
La reconciliación social es una misión eminentemente multidisciplinaria que demanda esfuerzos desde el ámbito político, ético, intelectual, jurídico y del activismo social. El esbozo de un estado de la cuestión comprende las principales discusiones teóricas sobre el tema, la especificidad del aporte jurídico, las lecciones que brindan las distintas experiencias internacionales de reconciliación, así como algunos proyectos de la sociedad civil cubana que se han interesado en un futuro de reconciliación para el país.
Los desafíos éticos de la reconciliación social y lo ardua que resulta su práctica hacen que gran parte de los acercamientos teóricos al tema transiten alrededor de preguntas, disyuntivas, tensiones conceptuales sobre lo que debe y no debe ser la reconciliación.
Si bien muchos estudios plantean su doble naturaleza como proceso y a la vez como meta o finalidad, una de las contradicciones surge a partir del énfasis colocado en su carácter procesual o final. Algunas de las resistencias que genera la reconciliación, sobre todo en las personas afectadas por los conflictos, al decir de D. Bloomfield,[4] surgen de esa dualidad difusa: se desconfía del proceso a causa de las dudas sobre el estado final. La comunidad académica acentúa la visión de la reconciliación como una evolución de largo aliento, paulatina, a veces regresiva y cuyo cierre es difícil de establecer.[5] Ciertos autores[6] precisan que el inicio del proceso, incluso, se puede ubicar dentro de la etapa del conflicto, de manera que se erige como una herramienta para la transformación pacífica aun cuando no cuente con la validación estatal.
Como proceso complejo y multidimensional, la reconciliación engloba elementos constituyentes que en la literatura especializada tienden a coincidir en la reparación o compensación a las víctimas, el establecimiento de la verdad y de la memoria histórica, el perdón, la intervención de la justicia y las garantías de no repetición del conflicto, entre otros. Algunos enfoques teóricos les otorgan mayor peso a unos u otros de estos elementos, que deben complementarse entre sí, pero en la práctica a menudo antagonizan y se presentan como opciones excluyentes.
El modelo expuesto por Herrera y Torres[7] intenta articular con fluidez las dimensiones de la reconciliación. La más amplia se refiere a la justicia; allí donde no se apliquen sus mecanismos tradicionales de corte punitivo, se crean lagunas de relativa impunidad, inevitables en todo proceso de esta naturaleza. Se integran entonces, como segunda dimensión, la verdad y la reparación, que los autores presentan como “monedas de cambio” de las necesarias concesiones de justicia, es decir, los aspectos que permiten complementar la administración de justicia tradicional. Una última dimensión, nucleada en la categoría del perdón, se relaciona con la actitud de las víctimas y la sociedad, necesaria para lograr la legitimidad del proceso.
La reparación es uno de los aspectos constitutivos de la reconciliación que manifiesta mayor multiplicidad de procesos y prácticas. En general es entendida como las acciones para mejorar la condición de las víctimas y subsanar en distintos sentidos el daño que han sufrido. Pueden observarse a grandes rasgos dos posiciones respecto a la reparación: una se centra estrictamente en las víctimas y en la compensación, de algún modo “desde afuera”, que se les hace. Desde otra perspectiva se atiende la relación entre víctimas, perpetradores y el resto de la sociedad.
C.H. Fernández plantea que el proceso comienza por la reparación de las relaciones entre los afectados y los responsables directos, pero se debe extender al nivel del tejido social comunitario y, más allá, a la restauración de las relaciones entre las instituciones y las comunidades, que muchas veces han soportado el abandono por parte del Estado.[8] En este sentido el autor subraya la importancia del fortalecimiento organizativo de las víctimas (en forma de asociaciones o agrupaciones similares), que permita además su expresión diferenciada según género, grupos etarios e identidades diversas.
En la literatura especializada se diferencian varias subcategorías dentro del amplio espectro de la reparación.[9] Una de ellas, la restitución, intenta devolver la situación previa a la vulneración de los derechos de las víctimas. Se aplica, por ejemplo, en casos de desplazamientos forzados, pérdida de propiedades y privaciones injustas de libertad. La restauración, por otra parte, implica acciones compensatorias en los casos en que persistan las secuelas del daño y no sea posible una restitución palpable de la situación anterior. Puede tomar formas materiales (como la indemnización) o simbólicas; conlleva el reconocimiento del vejamen y, en algunos casos, el arrepentimiento. También dentro de la reparación se sitúa la rehabilitación, que busca recuperar las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas cuando así lo necesiten. En algunos enfoques se incorpora a la reparación las garantías de no repetición, aunque no se esclarece del todo su definición.[10]
El relativo consenso que existe alrededor de las dimensiones y componentes de la reconciliación no es tan fácil de encontrar en cuanto al sentido profundo del proceso, el que constituye su norte y esencia, de manera que este varía entre los modelos teóricos. Se enfatiza ya sea la construcción de la paz, la narración de la verdad, el perdón y la expiación de las culpas, la transformación de sentimientos y creencias; o el restablecimiento del tejido social y la reconstrucción de relaciones de confianza entre los ciudadanos y hacia las instituciones del Estado.
Bloomfield propone una alternativa pragmática del fenómeno: la reconciliación política ―como opción ante la cultural―, caracterizada por la confianza en el proceso político, el desarrollo de relaciones efectivas de trabajo y el respeto por las nuevas instituciones. El autor aspira a que este tipo de reconciliación “podría ser tan estructural, tan visible y tangible, tan replicable públicamente, como los procesos jurídicos o las comisiones de verdad”.[11] La reconciliación en el sentido cultural, como complemento, tendría lugar en las esferas interpersonales o de pequeños grupos.
Esta perspectiva concibe la reconciliación como la construcción de relaciones de cooperación caracterizadas “por un mínimo de tolerancia y confianza en el proceso político por parte de las comunidades más amplias. Esto está bastante lejos de la reconciliación como estado final, de la ‘paz y armonía’, y, ciertamente, del perdón. Pero es el objetivo realista de un proceso realista que exige comienzos urgentes para establecer la democracia y construir una paz sostenible. Así, este enfoque ofrece una definición más pragmática de reconciliación (construir relaciones funcionales) que tiene que ver con la reconstrucción de la política democrática”.[12]
Atendiendo a los niveles que involucra, la reconciliación se expresa tanto en el plano subjetivo individual como en el interpersonal y el colectivo, en el marco institucional formal y en los modelos mentales compartidos. Algunos autores consideran que en el nivel interpersonal es posible un proceso de reconciliación más profundo y emocional, aunque asumirlo solo desde ese plano desaprovecharía las posibilidades de impactar en la vida social y política de la nación. En este sentido, se considera que no siempre es favorable llevar las categorías individuales o interpersonales (como el trauma, la sanación y el perdón) al contexto de la sociedad.
Si bien la reconciliación nacional no se puede reducir a un estado mental idílico, es también cierto que si no se trabaja con la actitud de las personas ―con independencia del lugar que ocupen dentro del conflicto― las políticas y diseños estructurales resultan igualmente idealistas. Según expresa Murillo: “(…) por más procesos de diálogos y negociaciones que se hagan entre partes enfrentadas; por más diseño de políticas, programas y proyectos; por más subsidios y mecanismos de ayuda a poblaciones vulneradas y vulnerables; sin la voluntad explícita y expresa de cada persona, los intentos seguirán siendo eso, intentos”.[13]
G. Bilbao[14] resume cuatro actitudes subjetivas que podrían promover la reconciliación social: el paso desde las convicciones políticas e ideológicas individuales hacia las prioridades éticas de la sociedad, de la crítica a la autocrítica, de la indiferencia a la compasión, y de la confrontación a la concordia.
El reto radica en mantener los procesos reconciliatorios activos en todas las dimensiones, de ahí que Bloomfield subraye la importancia de que existan corrientes de reconciliación de arriba hacia abajo, a gran escala, y de abajo arriba (con iniciativas comunitarias, pedagógicas, psicosociales), que encuentren en la sociedad civil su punto de interconexión.
Muchas preguntas de los debates teóricos sobre reconciliación se relacionan con el peso que en ella deben tener los procesos de justicia, verdad y perdón. ¿Cuánto protagonismo otorgarle a la justicia?, ¿es imprescindible el perdón para la reconciliación?, ¿cuál debería ser el balance entre memoria, verdad y olvido?
Herrera y Torres ilustran uno de los desafíos de la reconciliación como el punto que la sociedad ocupa en un continuo entre la total impunidad y la total justicia, que implica asumir ciertas dosis de cada una. La presencia y el valor de la justicia se potencia cuando es abordada en su perspectiva restaurativa ―centrada más en el daño y la víctima que en el perpetrador y el delito―, como complemento a la visión retributiva. Una justicia multidimensional, que además de estas miradas incorpore la que Bloomfield define como justicia regulatoria, es decir, el desarrollo de reglas justas para la vida social, sería uno de los pilares de la reconciliación.
La articulación del perdón dentro de los procesos de reconciliación social resulta una tarea compleja, tanto desde la perspectiva de las ciencias sociales como en las políticas y actividades que se llevan a la práctica en esos procesos. En parte se debe al tratamiento que lo reduce al terreno de la ética religiosa o, por otro lado, a medidas impuestas que no dejan espacio a la implicación de las partes. Tampoco es fácil encontrar aproximaciones teóricas que abarquen tanto una dimensión individual como una colectiva del perdón.
No son pocos los autores que sugieren distinguir el perdón de la reconciliación. Esto hace salvables algunas de las mayores objeciones de las víctimas y permite avanzar en relaciones sociopolíticas que labren a largo plazo el camino de sanación.
Para C.H. Fernández “resulta relevante distinguir entre perdón y reconciliación, ya que, aunque los matices son muy sutiles, la finalidad y la dimensión de cada uno son muy distintas. El perdón puede entenderse como un proceso individual de sanación que requiere un trabajo psicológico y moral, donde se superan sentimientos como el resentimiento, el juicio negativo y afloran sentimientos como la compasión, la generosidad y el amor. Por su parte, la reconciliación supone recobrar las relaciones y, por tanto, ya no es un asunto individual, sino que implica un proceso de acercamiento voluntario de las partes, antes en conflicto, que buscan conectarse de nuevo”.[15]
Una postura que recomienda Villa consiste en “abstenerse de ‘invitar’ al perdón como solución sociopolítica, como deber, como obligación o como acción ‘necesaria’ para la paz. Porque puede haber paz sin perdón. Lo que no puede haber es paz con venganza”.[16] En general el acuerdo reflejado en la literatura indica que el perdón no debe constituir una presión para las víctimas; no debe ser presentado como condición de la reconciliación; y responde a tiempos subjetivos, por lo que surge más fácilmente en etapas avanzadas del proceso.
Garrido Rodríguez concibe un marco analítico que intenta presentar el perdón como un mecanismo político de transformación. “Se parte del perdón como un mecanismo, es decir, como una herramienta para solucionar un problema; asimismo, es un mecanismo de tipo micropolítico, es decir, que abarca las dimensiones intrapersonales, interpersonales y modelos mentales compartidos y finalmente, es un mecanismo micropolítico que se aprende, esto es, que es el resultado de un proceso cognitivo tanto en términos individuales como colectivos”.[17] Según la autora, el proceso cognitivo del perdón atraviesa tres estadios: la reinterpretación del hecho violento y resignificación del trauma, la humanización del otro y del propio sujeto, y por último el reconocimiento del otro como un potencial cooperante.
En relación con la verdad y la memoria, a menudo las sociedades experimentan la tensión entre “pasar la página” y la necesidad de dar una respuesta ética y política a las violaciones de derechos. Una de las clasificaciones de modelos de reconciliación que realiza Lederach[18] diferencia los procesos que toman como punto de partida el pasado (con las comisiones de verdad y la memoria como ejes centrales), de los que surgen en el presente (enfocados en la solución de problemas actuales, muchas veces a escalas comunitarias), y los que parten de una concepción de futuro para actuar sobre el presente y luego asumir el pasado.
Sin restarles importancia a la memoria y el perdón, algunas propuestas reconciliatorias apuntan a no subordinar todo el proceso a esas categorías, sino, mediante ciertos olvidos acordados (nunca forzados) y una memoria histórica creada pluralmente, dirigirse al bienestar común y el futuro compartido.
Haciendo un balance de la producción teórica analizada, esta propuesta concibe la reconciliación social como un proceso que no es inmediato ni impuesto; y que requiere tiempos y manejos propios en función de los actores sociales y la realidad nacional. La amplitud con que debe ser abordada la reconciliación contiene no solo a afectados y perpetradores, sino también a las comunidades y a toda la sociedad, más allá de los límites físicos nacionales. Es un proceso profundo que forja un cambio de actitudes, creencias y sentimientos; lo cual no impide que en el terreno institucional, político y jurídico se den pasos tempranos que ayuden a cimentar el camino.
En el caso cubano los elementos constituyentes del proceso de reconciliación podrían ser el diálogo, la justicia, la verdad y memoria histórica, y la reparación. El primero de esos aspectos, que en la mayoría de las propuestas teóricas es visto como un elemento que atraviesa el proceso, en esta ocasión se plantea como un componente en sí, dada la deslegitimación del conflicto por parte del Estado cubano y la necesidad de establecer espacios de diálogo que favorezcan el cambio de la situación vigente. El perdón, por otra parte, es asumido como un factor que complementa y enriquece la reconciliación, pero no una condición exigida. En virtud de esta lógica se incorpora el perdón como una de las caras de la reparación, en tanto aporta la evolución subjetiva de víctimas, responsables y el resto de la sociedad en un proceso de reparación que intenta ser participativo en lugar de ejercerse externamente.
El avance en los componentes mencionados (diálogo, justicia, verdad y reparación) requiere también del establecimiento de acuerdos colectivos de la vida social, que hagan de la reconciliación un proceso estable y duradero por el cual no haya que pasar una y otra vez en el futuro. Tal escenario debería contar con un Estado de derecho, respeto a los derechos humanos y amplia inclusión y participación.
La realización de la justicia en los entornos de reconciliación nacional se vale de un conjunto de mecanismos y principios que buscan garantizar su multidimensionalidad. Algunos procesos nacionales hacen uso de las amnistías, indultos, rebajas de penas y penas alternativas.
Alrededor de las amnistías se suscitan controversias, al percibirse que las de tipo general e incondicional otorgadas a los responsables de delitos suponen un mayor margen de impunidad y un distanciamiento respecto a la investigación y divulgación de la verdad. No obstante, las amnistías extensas han sido empleadas con éxito en conflictos armados, y las llamadas amnistías condicionales siguen siendo una herramienta legal en diversos procesos de reconciliación. Los sistemas temporales de justicia y las jurisdicciones especiales aplican penas que no coinciden con las contempladas en los códigos existentes y son igualmente un camino alternativo en los procesos de justicia transicional.
La justicia restaurativa, por su parte, es adoptada como un instrumento que complementa la práctica tradicional punitiva, a la vez que algunos autores la asumen como principio que eleva la administración de justicia. La complejidad del uso retributivo tradicional de la justicia estriba, en palabras de algunos expertos, en que “la retribución tiene el potencial tanto de proporcionar una justicia satisfactoria y reconciliadora, como el de poner en peligro el proceso de reconciliación y democratización”.[19]
Se señalan como riesgos y limitaciones de la justicia retributiva la posibilidad de poner en peligro la paz, debilitar el capital social si se hacen grandes purgas, y el hecho de que se centra en la culpabilidad individual en lugar de las dinámicas causales del conflicto. No obstante, en los casos en que se considera necesaria, permite romper el ciclo de la impunidad, satisface una obligación jurídica con las víctimas y, al concentrar la responsabilidad penal en determinados individuos, evita la culpabilización de grandes cantidades de personas.
La visión restaurativa, en cambio, incluye la mediación y resolución de conflictos y la participación tanto de los afectados y los responsables, como de la comunidad; en algunos procesos de reconciliación ha demostrado tener gran potencia práctica y simbólica. Se enfoca en el daño producido y en la relación entre víctimas y victimarios, más que en la regulación del delito.
Dentro de los escenarios de reconciliación desempeñan un papel significativo la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas y el derecho internacional. La ONU, como facilitador neutral, puede ofrecer asistencia técnica y brindar información, con respeto de las opciones y creatividad que cada país genere.[20]
En el siglo que corre se observa la tendencia del derecho internacional a proporcionar medios que protejan a las naciones contra el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. El establecimiento de tribunales ad hoc por parte de Naciones Unidas y la posibilidad de que el poder judicial de algunos países actúe extraterritorialmente aplicando la jurisdicción universal dan cuenta de esa intención. Han sido establecidos dos tribunales ad hoc por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (creados en 1993 y 1994, respectivamente). También existen tribunales penales híbridos nacionales e internacionales, como en el caso de Sierra Leona.[21]
Otra de las acciones fundamentales en materia internacional ha sido la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), institución de carácter permanente e independiente, vigente desde el año 2002 y surgida a partir del Estatuto de Roma de 1998. La CPI se rige por el principio de complementariedad, es decir, su jurisdicción es subsidiaria de la de los tribunales nacionales y debe aceptar la primacía de estos, a menos que demuestren su incapacidad o falta de voluntad para encarar el procesamiento de determinados crímenes. J. E. Méndez expresa que “En condiciones ideales, pues, el TPI y los tribunales de jurisdicción universal tendrían poco o nada que hacer. Si las sociedades se enfrentaran a su pasado y lo tuviesen en cuenta de manera eficaz, no sería necesario que interviniese la comunidad internacional”.[22]
Lograr el imperio del derecho y la justicia en los procesos de reconciliación supone múltiples desafíos, correspondientes con la magnitud de su importancia. Los límites a la aplicación de justicia, el respeto a las garantías procesales de los responsables, que la justicia no se convierta en un obstáculo para la paz, la reconstrucción de un aparato judicial previamente deficiente, el espacio de participación de la sociedad sin perder de mira los derechos y la integridad de las víctimas, son elementos que manifiestan el valor político de la aplicación de la justicia en este tipo de procesos.
A partir del último cuarto del siglo XX numerosos países atravesaron por transformaciones profundas que suponían remediar conflictos nacionales. Transiciones democráticas desde regímenes autoritarios, el fin de dictaduras militares, la terminación de conflictos armados y el cese de genocidios masivos han requerido la puesta en marcha de procesos de reconciliación marcados por signos diversos. Algunos han resultado de un derrumbamiento, otros han sido negociados entre élites políticas; en ocasiones se centran en transformaciones institucionales y a veces involucran a toda la sociedad desde su base.
Una de las mayores regularidades que presentan las distintas reconciliaciones alrededor del mundo son las comisiones de la verdad. Entre ellas destacan la de Sudáfrica (1991), Argentina (1984), Ruanda (1993) y Perú (2001).[23] En su mayoría estas instituciones tienen origen gubernamental y no significan un remplazo del poder judicial.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Sudáfrica, una de las más relevantes, concentró el proceso en ciclos de audiencias públicas, confesiones, perdones y amnistías; y propició un escenario de encuentro entre víctimas y victimarios, basado en la verdad y el perdón. Las amnistías se sujetaron a la condición de que los perpetradores confesaran su participación y colaboraran con el proceso de esclarecimiento de la verdad. Los principales mensajes de la CVR sudafricana consistían en que la verdad es el camino de la reconciliación y el perdón no tiene que significar el olvido, pero es necesario para avanzar hacia el futuro.
Sin embargo, algunas críticas señalan en ese caso el desbalance entre la abundante producción de memoria histórica y las limitadas acciones de reparación; así como que la CVR centralizó la misión de la reconciliación, la cual debería abrirse a la sociedad entera.[24]
En cambio, en España, a diferencia de Sudáfrica, se optó por prescindir de cualquier proceso de esclarecimiento de la verdad, sobre la base de la voluntad común de no repetición; de esa manera la reconciliación descansó en amnistías y un olvido público. El consenso, el diálogo y el compromiso con el futuro fueron las apuestas, en detrimento de las políticas de memoria histórica.
Las experiencias internacionales se han acompañado de un amplio soporte legal, que puede incluir transformaciones profundas, tal es el caso de la Constitución española de 1978 y la reforma constitucional peruana de 2006. En este mismo país se aprobó la Ley de los Partidos Políticos, y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hizo recomendaciones para reformar las Fuerzas Armadas y la Policía.[25] En España fue creada la Ley de la Memoria Histórica en 2007 y en la actualidad existe el proyecto de Ley de Memoria Democrática. La Ley de Justicia y Paz, de 2005, en Colombia, es un ejemplo de cómo los pasos hacia la reconciliación pueden iniciarse dentro del período de violencia.
Las acciones de reparación a las víctimas son previstas de una u otra forma en estos procesos reconciliadores. En Colombia, por ejemplo, se aprobó la Ley para la Reparación Integral de las Víctimas y la Restitución de Tierras en 2011, y luego en el Acuerdo Final de Paz uno de los puntos centrales estuvo dedicado a las personas dañadas. Como reconocen Rico y Maza,[26] uno de los mayores logros de la ley es la elaboración de la categoría de víctima con distintas tipologías a su interior. En el texto legal se plantean medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, como elementos de la reparación integral. En el Acuerdo se contemplaron medidas materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño, medidas de convivencia y reconciliación, y mecanismos de participación activa de las víctimas.[27]
Por su parte, la CVR del Perú elaboró un programa de reparaciones simbólicas, económicas, colectivas, de salud, de educación y de restitución de derechos ciudadanos.[28] Asimismo recomendó la creación de un Fondo Nacional de Reparaciones.
Cada país, a partir de sus vivencias y aprendizajes, puede aportar prácticas particulares en materia de reparación. En el País Vasco, algunos ejercicios restauradores descritos por G. Bilbao[29] consistieron en insertar el testimonio directo de las víctimas en los planes educativos escolares, celebrar encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios, y organizar talleres de intercambio entre personas damnificadas provenientes de distintos países.
Una de las carencias que se les ha señalado a muchos de los procesos de reconciliación es que, aunque en lo común cuentan con políticas de reparación, el impacto de las acciones de este tipo es menor que el de la verdad y la memoria histórica. Después de comparar algunas experiencias internacionales, Herrera y Torres[30] estiman que “la reparación ocupa un lugar de enorme importancia en el análisis, pero encuentra niveles más bajos de presencia política, particularmente si la comparamos con el nivel que ocupa la búsqueda de la verdad”. Dentro de la diversidad de actividades restaurativas, señalan los autores, las de corte simbólico y moral, como las audiencias, los reconocimientos públicos, los monumentos; son de uso creciente y a veces más extendidas que las materiales.
Uno de los desafíos que se han identificado en procesos de reconciliación en otros países consiste en mantener altos niveles de participación de las víctimas y de la sociedad civil, a la vez que se cuenta con la voluntad política estatal. En Perú se detectaron como problemas el desinterés de la sociedad por el trabajo de la CVR, el relativo desconocimiento de su Informe Final, la poca responsabilidad asumida por el gobierno y el avance lento en materia jurídica y de los programas estatales.[31]
En una encuesta realizada en Colombia[32] la población identificó algunas instituciones como las más importantes para la reconciliación, entre ellas estaban la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo; mientras que a las Alcaldías Municipales, las organizaciones comunitarias y las Secretarías de Educación se les reconoció escasa influencia. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación fue identificada por las personas afectadas, pero en mucha menor medida por la población general.
También es compleja la atención a las personas afectadas: que existan suficientes posibilidades de participación de las víctimas en las discusiones públicas, que se examinen sus expectativas respecto a la justicia y que su seguridad e integridad no se descuiden; son dilemas identificados por Rico y Maza en la experiencia colombiana, que mantienen vigencia para todos los casos.[33]
Garrido Rodríguez[34] formula algunos factores que maximizan o minimizan el perdón y la reconciliación. Entre los maximizadores o que aumentan las probabilidades de la reconciliación, menciona la implementación de políticas públicas respecto al pasado, la promoción de espacios de reparación a las víctimas; el diseño de procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los sectores militares y armados, entre otros. Como parte de los factores minimizadores estarían la ausencia de las víctimas y de sectores representativos de la sociedad civil en la generación de acuerdos, la imposibilidad de monitorear el DDR o las amnistías incondicionales sin el debido sustento público.
Resulta de mucha utilidad la sistematización de los distintos procesos de reconciliación internacionales; si bien cada situación nacional, cada conflicto y momento histórico constituyen un escenario único que demanda toda la inspiración e iniciativa del país implicado.
En la historia nacional reciente se han abierto paso varias iniciativas de la oposición y la sociedad civil que han hecho del diálogo, la integración y los cambios pacíficos su aspiración. Dada la ausencia de voluntad política del gobierno y el PCC para unirse como interlocutores, esos proyectos han quedado restringidos al terreno de lo ilícito y lo obligadamente fragmentario. No obstante, constituyen antecedentes notables que han hecho posible el arribo al momento actual, en que se verifica un florecimiento de los debates y preocupaciones en torno a un futuro democrático e inclusivo para Cuba.
Concilio Cubano fue una alianza que se forjó durante los años noventa del pasado siglo. Motivado por la convocatoria del Estado cubano a la primera Conferencia de la Nación y la Emigración, en 1995 surgió la idea de realizar un evento que lograra unificar a la oposición. Consiguió el compromiso de participación de alrededor de 150 grupos disidentes, asociaciones de defensa de los derechos humanos y líderes opositores que nunca antes se habían congregado alrededor de estrategias comunes. A la iniciativa del jurista Leonel Morejón Almagro se integraron figuras como Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación; y Gustavo Arcos Bergnes, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos; además de Elizardo Sánchez, René Gómez Manzano, Martha Beatriz Roque, Vladimiro Roca y otros.[35]
En la declaración que hizo pública Concilio Cubano se sintetizaban los cuatro principios en que se concentraba el acuerdo: la transición absolutamente pacífica hacia la democracia, amnistía incondicional para los presos políticos, transformaciones jurídicas que permitieran garantizar el respeto a los derechos humanos; y el derecho de todos los cubanos, sin exclusión, a participar en las decisiones del país.[36]
La represión ejercida por el Gobierno y, en menor medida, la inexperiencia en las tácticas organizativas y el afán de liderazgo, determinaron que no fuera posible efectuar el encuentro, el cual fue dinamitado por una ola de detenciones y arrestos domiciliarios. Concilio Cubano, no obstante, dejó como legado una de las mayores experiencias de concertación de la oposición política en Cuba.
Dos documentos significativos fueron producidos desde la oposición en los años siguientes: La Patria es de Todos (1997) y Todos Unidos (1999). El primero de ellos, firmado por Félix Bonne, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca y Martha Beatriz Roque, constituye un reto a los planteamientos del PCC. Cuestionaba la noción de unidad proclamada desde el poder político; al igual que la de Patria, presentada como sinónimo de Revolución y socialismo, para reivindicar una que acogiera a todos los cubanos.[37]
Todos Unidos, manifiesto emitido en 1999 por varias agrupaciones pacíficas opositoras, expresaba su adhesión al reclamo por los derechos humanos y la búsqueda de caminos que condujeran a la reconciliación. Posteriormente, en 2002, fue ratificado en el documento Todos Unidos por la Libertad, bajo las rúbricas de Oswaldo Payá, Vladimiro Roca, Félix Navarro y Elizardo Sánchez, entre otras figuras.[38]
Para esa fecha, y como parte de Todos Unidos, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas, había presentado el Proyecto Varela, uno de los hitos de la lucha por una transición pacífica en Cuba haciendo uso de la ley. En dos ocasiones (2002 y 2004) se recogieron más de diez mil firmas para la solicitud de un referendo sobre este proyecto, que se inició desde 1998 pero fue presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en 2002. Las propuestas del Proyecto Varela se condensaban en los derechos a la libre expresión y asociación, la amnistía para los encarcelados por motivos políticos, el derecho de los cubanos a formar empresas y la creación de una nueva ley electoral.[39]
Como respuesta al proyecto, aunque este nunca fuera divulgado por los medios de comunicación ni discutido por la ANPP, las direcciones nacionales de organizaciones de masas propusieron una modificación a la Constitución con el objetivo de acuñar el carácter irreversible del socialismo en Cuba. Este cambio fue respaldado por la masiva recogida de firmas llevada a cabo por los Comités de Defensa de la Revolución, y aún en la actualidad es esgrimido como uno de los principales argumentos a la hora de declarar ilegítimas las propuestas discrepantes surgidas dentro de la sociedad civil.
En otro ámbito de actuación, y como un espacio de aportes relevantes al pensamiento alrededor de la reconciliación, la revista católica Espacio Laical ha constituido durante años un verdadero foro de reflexiones y debates inclusivos sobre el tema, de la mano de expertos de Cuba y la diáspora.
El proyecto Convivencia, igualmente nacido del seno de la Iglesia católica en el año 2007 y bajo la dirección de Dagoberto Valdés, agrupa la publicación, el proyecto de formación cívica y el centro de estudios del mismo nombre. Sus posturas constructivas y conciliadoras han logrado acumular una valiosa provisión de ideas y propuestas sobre el futuro de la isla.[40]
Si atendemos a la construcción de la memoria histórica como un elemento estrechamente relacionado con los procesos de reconciliación social, es posible identificar algunos proyectos de documentación y archivo en las últimas décadas de la historia nacional. Uno de los más relevantes es Archivo Cuba, plataforma contemplada como iniciativa de Free Society Project, organización fundada en Estados Unidos en 2001 por la investigadora y activista María C. Werlau y el economista Eduardo Lago. El propósito de Archivo Cuba es la recuperación de la verdad, la investigación, recopilación de información y capacitación en temas de verdad y memoria histórica.[41]
En 2020 tuvieron lugar dos fenómenos políticos emergentes, con demandas específicas que tendrían como hilo de enlace la defensa de derechos como la libertad de expresión en Cuba: El Movimiento San Isidro (MSI) y el 27N (27 de noviembre). Surgido en un barrio pobre de la Habana Vieja, el MSI y sus principales integrantes constituyen un grupo de oposición que a través del artivismo, el performance y huelgas de hambre, protagonizarían protestas que conducirían al encarcelamiento, ingreso hospitalario obligatorio y represión de sus principales líderes.
27N fue un movimiento posterior al MSI y se estructuró parcialmente desde el reclamo de intelectuales, artistas y escritores al encarcelamiento prolongado de los líderes más influyentes del MSI. La velada que ocurriese fuera del Palacio del Ministerio de Cultura era un intento de dialogar con el gobierno y sus principales representantes del sector de la cultura. Una vez más la propaganda oficialista sería vocera de la criminalización de la protesta e inundaría los canales televisivos y digitales con mensajes que ceñían los intentos de diálogo; petición solo concedida bajo las condiciones declaradas por el gobierno ante el grupo de intelectuales convocados y seleccionados para estos fines.
A raíz de las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021 (11J), dos agrupaciones han realizado un intenso trabajo conjunto de acompañamiento y documentación de las violaciones de derechos humanos que se produjeron: Cubalex y el grupo Justicia 11J. La primera es una asociación sin fines de lucro para brindar asesoría y asistencia legal gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos, que cuenta con años de experiencia previa, desde su surgimiento en 2010, y que en el contexto actual se ha encargado de dar forma legal a las denuncias de detenciones.
Por su parte, el grupo de trabajo Justicia 11J es fruto de un emprendimiento activista que se ha dedicado a identificar y registrar los arrestos y desapariciones que hacen parte de la escalada represiva desde esa fecha. “La lista [de detenidos], como de manera popular se le conoce, es un documento público de actualización en tiempo real, fruto de la articulación cívica de un grupo de cubanas, residentes en Cuba y en el exterior, surgida como respuesta emergente al estado de desinformación general en el país sobre el paradero de los manifestantes del domingo 11 de julio”.[42]
Al cumplirse el primer mes del 11J, las coordinadoras de dicho grupo de trabajo presentaron una petición online que recoge trece demandas, entre las que se cuenta no solo la restitución de la libertad a los manifestantes del 11 de julio y los presos políticos previos a esa fecha, sino también la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación para la cual la lista de detenidos podría ser un documento de apoyo.
El trabajo de Cubalex y del grupo Justicia 11J, además de tener las funciones de investigación, registro, denuncia de violaciones y defensa de los derechos humanos; está contribuyendo a la construcción de la memoria histórica y de hecho a la reparación a las personas afectadas, y por tal motivo es referido en estas páginas como uno de los proyectos que tributan a un posible proceso de reconciliación.
Por último, desde el punto de vista cronológico, la plataforma ciudadana Archipiélago se inscribe eminentemente en la tradición de contribuciones nacionales a la causa de la reconciliación. Archipiélago surge un mes después del 11J como un espacio articulador de deliberaciones sobre el futuro del país, los cambios necesarios y las vías cívicas posibles. Una de sus principales razones de ser fue la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el 15 de noviembre de 2021 y continuadora directa de las manifestaciones espontáneas del 11J. La marcha, posteriormente convertida en jornada, fue desautorizada por las autoridades estatales. Como motivaciones de la manifestación Archipiélago declaró en la solicitud presentada formalmente: “La Marcha será contra la violencia, el respeto de todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.[43]
La plataforma logró articular de modo sobresaliente los valores de pluralidad, civismo y paz. Ha sabido hacer uso de las posibilidades brindadas por las redes sociales digitales y ha cargado de sentido a una serie de símbolos movilizadores y aglutinadores ―el color blanco como emblema de la paz, el archipiélago que aúna a una multitud de islas y la rosa blanca del Apóstol nacional como símbolo de reconciliación por excelencia―. En resumen, ha encarnado la esperanza y el anhelo de un futuro reconciliado para Cuba.
II. Sujetos de la reconciliación
Los sujetos de la reconciliación nacional en Cuba deben ser los necesitados de ese proceso, es decir, las instituciones, organismos, entes, asociaciones, sociedades, clubes, fundaciones, institutos, centros, Iglesias, cofradías, grupos, movimientos, colectivos, comunidades, organizaciones sociales y de masas, organizaciones políticas consideradas ilícitas, de la sociedad civil y del Estado, que, junto a personas naturales que tengan presencia individual en el escenario de diálogo, tengan el interés de entrar en un proceso de reconciliación, con sus implicaciones éticas, temporales, procedimentales, logísticas y jurídicas.
Los sujetos de la reconciliación no deberían censurarse de antemano sino por reglas y principios producidos en el mismo proceso de diálogo, por lo tanto, nunca de forma autoritaria ni impuesta por el estatus quo que produce el contexto de necesidad de reconciliación.
La ilicitud de grupos, partidos, establecida por el Estado actual, debe ser considerada como un punto de arrancada para fortalecer el análisis precisamente sobre esos actores que no han contado con protección jurídica en el orden institucional vigente.
Los sujetos de la reconciliación deben mantener una postura de respeto a los instrumentos internacionales de Naciones Unidas sobre derechos humanos y no participarán del diálogo desde posturas ortodoxas sino abiertos a la discusión.
No se fomentará la participación de sujetos con discursos de odio de cualquier ideología, con mensajes de exclusión, discriminación, denigrantes de la dignidad individual o colectiva de personas, grupos o colectivos.
En el proceso de reconciliación el Estado puede estar representado por funcionarios o directivos de organismos de su administración central y cuadros de todos los niveles del Poder Popular, siempre que su voluntad, como la del resto de los actores del diálogo, sea recorrer juntos y en un ambiente de respeto un camino hacia una posible reconciliación.
Sería idóneo que el Estado esté representado en el proceso de diálogo por diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, miembros del Consejo de Estado y delegados y delegadas del Poder Popular, municipal y provincial.
Es muy importante que los sujetos que representen al Estado no provengan solo de las instancias centrales del poder sino desde las instancias locales, incluidos líderes de Consejos Populares y líderes comunitarios relacionados directamente con programas estatales.
Los representantes del gobierno deben provenir del Consejo de Ministros y de las instancias locales de gobierno como las Intendencias, además de que los ministerios e institutos homólogos que se consideren sujetos imprescindibles del proceso de reconciliación deben tener representación propia.
Los representantes del partido deben ser funcionarios del Comité Central, del Buró Político o de los Comités provinciales y municipales de distintos lugares del país, porque la militancia puede ser representada de forma separada a estas estructuras de dirección, por su distinto sentido y peso en el sistema político.
Sería ideal que las distintas oficinas en las que se divide el trabajo del Comité Central del PCC estén presentes mediante representantes en el proceso de reconciliación porque han jugado un papel fundamental en las relaciones entre Estado, gobierno, partido y sociedad civil, desde hace décadas.
Será objetivo del proceso de diálogo, dilucidar mediante hechos, evidencias, testimonios, ejemplos, la forma real en que se ha desarrollado el entramado del poder, las relaciones concretas entre Estado, gobierno, partido y sociedad civil en los últimos sesenta años.
El dilema de qué es la sociedad civil cubana o quiénes la conforman, debe quedar zanjado en este proceso de reconciliación, que debe partir de la asunción de una sociedad civil inclusiva y no discriminatoria, es decir, que asuma las organizaciones reconocidas por el Estado desde el triunfo de la revolución, en 1959, y que acepte las formas de asociación reconocidas por la Ley de Asociaciones de 1985, más todas las formas de organización no legalizadas que han actuado en Cuba o fuera de Cuba, bajo objetivos legítimos de carácter cultural, político, económico, periodístico, deportivo, o cualquier otro.
No se considerarán entes de la sociedad civil cubana organizaciones o grupos, que, dentro o fuera del país, se dispongan o se hayan dispuesto a realizar actos contrarios a la dignidad humana, la paz y los derechos humanos.
La sociedad civil cubana se entenderá compuesta, también, por organizaciones religiosas, formas empresariales no estatales, cooperativas, brigadas de trabajo, familias e Iglesias de todo tipo, reconocidas o no por la ley, siempre que cumplan con los parámetros de no violación de derechos humanos, dignidad humana y la paz.
En el proceso de diálogo se usarán como principios los valores del laicismo, que permiten atender con la misma consideración a Iglesias tradicionales con fuerte presencia en el país y a cultos y organizaciones religiosas de menos recorrido, pero de suficiente relevancia en la sociedad civil.
Ningún sujeto que participe en el diálogo hacia la reconciliación puede anular a otro por razones ideológicas, políticas, de origen regional, o por su situación migratoria o su desempeño, en algún momento, en algún cargo o responsabilidad oficial.
Papel del Estado
El proceso de reconciliación debe ser diseñado para la participación más amplia posible de actores interesados en el diálogo, por lo que la presencia del Estado es importante, pero existe la posibilidad de que sus funcionarios, directivos u organismos no quieran formar parte, como política general o como decisión puntual de algunos de ellos.
En estos casos el proceso de diálogo debe asumir la visión del Estado y sus intereses como parte de las discusiones, análisis y acuerdos. Se trata de no anular, aun en esta coyuntura, los puntos de vista y los valores que han caracterizado la actuación estatal durante décadas, lo que significaría un esfuerzo mayor en la resolución de los conflictos o en la proposición de soluciones a las contradicciones históricas y del presente.
Es fundamental en el proceso de diálogo hacia la reconciliación, no arrastrar el error histórico, que ha formado parte de los discursos oficiales de divulgación y de la propaganda política ideológica, de confundir o igualar los conceptos y los sujetos que forman parte del Estado, el gobierno y el partido.
Para el cumplimiento de este objetivo, proponemos un proceso de capacitación previo de todos los actores implicados, en talleres, cursos, conferencias, sobre el sentido ético, político, humano, filosófico, histórico, de la reconciliación en Cuba y sobre la metodología particular de este proceso, para establecer puntos de partida semejantes entre los sujetos que llevarán adelante el diálogo.
La metodología que se proponga debe prever situaciones tipo con participación estatal y sin ella, para adelantarse a contextos en los cuales estén activos los representantes oficiales o no.
En estos talleres debe ser fundamental la discusión sobre qué es nación, nacionalidad, ciudadanía, emigración, Estado, gobierno, partido, régimen político, sistema y forma de gobierno, y otros conceptos y categorías básicos de la teoría del Estado y la teoría política.
Reconciliación dentro de la sociedad civil
El proceso de diálogo debe desarrollase, también, hacia el interior de la sociedad civil cubana, no solo entre esta y el Estado, el gobierno y el partido.
La sociedad civil cubana es tan diversa como cualquier otra, por lo que es de esperarse que dentro de ella se encuentren más conflictos e incomprensiones que en la relación entre ella y las estructuras del sistema político.
Es muy importante establecer un camino que permita igualar en la mesa de diálogo a los actores de la sociedad civil que han sido permitidos por el Estado, y a los que no lo han sido por más de cincuenta años, lo que propiciará un ambiente de encuentro y reconocimiento mutuo.
En este diálogo, nuevamente, es necesario desnudar los prejuicios que han alimentado las contradicciones durante tanto tiempo, para concentrar los esfuerzos en los verdaderos puntos de conflicto.
Los procesos de reconciliación y transición son diferentes, aunque están relacionados; no puede haber transición sin reconciliación o mejor, no debería haber transición sin reconciliación, pero es más posible que se pueda dar un proceso de inicio de pasos hacia la reconciliación sin llegar todavía a una transición en específico.
Una reconciliación es un proceso cultural arduo, doloroso, que debe ser también sanador y de subsanación de errores e injusticias.
Pero la reconciliación puede comenzar dentro de un estatus político no precisamente en transición sino suficientemente en comprensión de la necesidad del diálogo.
La reconciliación debe intentarse desde un orden de cosas contrario a ella, o lo que es lo mismo, su sentido viene dado por su necesidad y por el contexto de su urgencia para la sanación de un pueblo y una nación.
No es menester esperar a una transición para comenzar un proceso de reconciliación, pero es cierto que toda reconciliación contiene una dosis de descomposición de un régimen político cerrado al diálogo.
Por otro lado, una transición no tiene por qué ser un proceso de derrumbe de un sistema socioeconómico para ser sustituido por su contrario real o imaginario, sino que basta con su transformación, reforma, crítica, reconstrucción, sin quitar la posibilidad de su extinción.
La reconciliación es de por sí un proceso democrático y democratizador, por lo tanto, lleva un gen de renovación y progreso cultural y político, lo que es ya una transición en algún sentido.
La transición, por su parte, fluye mejor en compañía de un proceso de reconciliación, sobre todo en ambientes políticos donde actúan sujetos polarizados ideológicamente, y que han sido protagonistas directos o hereditarios de una historia de desencuentros, aplicación extrema de la justicia, situaciones de estados de facto, ausencia de transparencia administrativa, crisis del Estado de derecho, violación de derechos humanos, terrorismo, terrorismo de Estado, bloqueos o embargos de un país a otro, confiscaciones masivas, expropiaciones controvertidas, discriminaciones de distinto tipo, persecución política, exilio, censura e ideología única.
El diálogo debe ser el eje que guíe a un proceso de reconciliación. Diálogo debe haber en la planificación de los pasos, en la discusión de lo que se debe implementar y en la realización de los momentos de la reconciliación.
El diálogo debe ser un medio y un fin de un proceso de reconciliación, no debe agotarse en ninguno de sus momentos.
Pueden aplicarse diversas metodologías de organización del diálogo, pero cualquiera de ellas debe comprender principios de no discriminación, igualdad de género, transparencia, búsqueda de consensos, respeto de las minorías; respeto de las distintas formaciones, instrucciones, culturas, orígenes sociales, nacionales e ideologías.
Los procesos de negociación al interior de la reconciliación deben alimentarse de las experiencias de resolución de conflictos fuera del ámbito de la justicia profesional, para esto será imprescindible estudiar las experiencias de jueces de paz, arbitrajes, justicia comunitaria en diferentes países de Américas Latina, como México, Colombia, Perú, Chile.
La negociación no tiene como objetivo desustanciar la justicia sino resolverla en otro plano. Los acuerdos entre partes que han tenido graves conflictos pueden lograrse mediante negociaciones, pero cuidando el posible desequilibrio entre los sujetos del acuerdo, para evitar menoscabo de los más pobres, menos instruidos, de regiones empobrecidas o discriminadas, mujeres, jóvenes, niñas y niños, ancianos y ancianas, personas con discapacidad.
Las negociaciones evitan llegar a procesos de jurisdicción regular y en manos de jueces profesionales, que deben resolver aplicando normas jurídicas vigentes o precedentes judiciales establecidos, mediante resoluciones judiciales que deben hacerse firmes.
La negociación, por su parte, puede ser guiada por un mediador o mediadora, que no es juez ni jueza y que no aplica derecho, sino que basa su coordinación en encontrar puntos de acuerdo, consenso o acercamiento entre las partes.
La negociación puede ser parte de un proceso judicial en el que las partes resuelven su litigio sin llegar a juicio oral y a presentación de pruebas y casi siempre finaliza con compensaciones económicas o morales, pero cargan el peligro, como hemos adelantado, de que las partes más poderosas la puedan usar como atractiva solución de problemas aprovechando las necesidades económicas de la otra parte en disputa.
También puede haber negociaciones fuera del ámbito de la justicia oficial, y pueden ser políticas, económicas, mercantiles, contractuales, familiares, laborales, etcétera.
Una negociación puede contar con asesores de ambas partes del conflicto y debe tener como objetivo primordial el logro de una solución armoniosa, pacífica, utilitaria, saludable a la convivencia física e ideológica de las partes negociadoras.
Un proceso de reconciliación puede contar con varios procesos internos y constantes de negociación que vayan desmontando situaciones de tensión política, económica, ética e ideológica.
En el caso de Cuba se pueden usar los procedimientos previstos en las leyes adjetivas de procesos, de proceso administrativo y de proceso penal, sin olvidar el posible proceso de defensa de derechos humanos que todavía está a la espera de una ley de desarrollo.
Proponemos una alternativa de jueces de paz o jueces no profesionales, que puedan ser convocados de forma privada por las partes en conflicto, que antes no han podido resolver sus asuntos por la vía de la negociación o la mediación.
Los jueces de paz pueden ser electos en procesos democráticos municipales y de esas listas de magistrados se podrían seleccionar por las partes que no quieran acceder a la justicia profesional.
Los jueces de paz evitan el engorro, la demora, el formalismo, sus decisiones no son recurribles, pero pueden llegar a convertirse en líderes decisivos de las comunidades porque interpretan el sentido de los problemas locales, conocen de los valores de las poblaciones, de los valores más allá de sus cuantías económicas, de los principios que el derecho no ha incorporado por su relación más lenta de incorporación de valores sociales.
Los jueces de paz no existen en el derecho positivo cubano, pero tenemos la experiencia de los jueces legos, que con esta propuesta serían potenciados como protagonistas de la solución de litigios de todo tipo.
En América Latina los jueces de paz no suelen resolver asuntos penales pero la práctica los ha llevado a ser preferidos por los particulares en todo tipo de conflictos, no solo civiles.
Las estadísticas de la preferencia de los habitantes de comunidades y pueblos, sobre todo de regiones alejadas de los centros urbanos, de la intervención de los jueces de paz para resolver sus conflictos, en América Latina, es abrumadora a favor de estos, frente a la justicia tradicional de los tribunales profesionales.
En todo caso, se debe controlar que estos jueces de paz cumplan requisitos morales y de procedimiento, que permitan una verificación de su verticalidad ética y de su seriedad en el trabajo; así como para impedir influencias sobre ellos de entes, personas, grupos, Iglesias. En este caso recomendamos que los jueces de paz desarrollen sus funciones dentro de la instrumentación de la negociación, para que haya una fiscalización constante de su desempeño y de sus resultados.
Reparación integral de las personas afectadas por el conflicto
La reparación como proceso que comprende aquellas acciones dirigidas a compensar los daños resultantes del conflicto sociopolítico sostenido y la violencia, supone mejoras sustanciales en las condiciones de vida y seguridad de las víctimas y personas afectadas, junto al reconocimiento y legitimación de sus derechos humanos. Siendo componente esencial de la reconciliación, es tributaria a la construcción de la paz y los procesos de democratización, que se vuelven cada vez más necesarios en escenarios políticos con fuertes tendencias a la discriminación, represión, violencia, exclusión y segmentación política.
El proceso puede comprometer varias dimensiones: económica, política, judicial, psicológica, sanitaria, social y moral. Debe producirse de forma sistémica y conducir a la identificación de aquellos grupos y personas que han sufrido el impacto directo de tales actos en sus vidas y en la red de su tejido social.
La reparación debe involucrar actores/as, agentes e instituciones diversas de la sociedad civil y del sector estatal. El alcance que puedan tener estas acciones y sus futuros impactos en la reconciliación estarán influidos por la posibilidad de concebir medidas reparadoras centradas directamente en personas afectadas y agredidas, cuya influencia alcance su tejido social y tribute a restauraciones institucionales y comunitarias. El trabajo con personas agresoras también se considera, desde el supuesto que las transformaciones en las situaciones generadoras y desencadenantes del conflicto y sus efectos deben trascender a las víctimas, incorporando acciones que tengan influencia directa en aquellos sectores y grupos de poder, desde los que se perpetúan las agresiones.
Concebir procesos de reparación desde un enfoque integral implica desarrollar medidas de compensación, restitución, rehabilitación, satisfacción de necesidades y demandas sociopolíticas urgentes. Comprende además llegar a acuerdos de no repetición y cese de formas de represión y victimización sostenidas a lo largo del tiempo.[44] La reparación psicosocial es relevante en la construcción de la justicia y la verdad, como aspectos inherentes a la recuperación y bienestar que necesitan las personas para vivir de forma digna.
Reparación psicosocial en el proceso de reconciliación
En el marco del proceso de crisis económica y sociopolítica que ha venido acentuándose en Cuba, siendo mayor en el contexto de crisis sanitaria e impacto de la pandemia por COVID-19, los procesos de reparación psicosocial deben irse desarrollando aun cuando las tensiones resultantes del conflicto sociopolítico latente se exacerben.
El conflicto sociopolítico en Cuba ha sido visible esencialmente en dos registros: primeramente, entre el Estado y la sociedad civil. En otro orden, entre fuerzas y actores internos a la sociedad civil, incluyendo grupos de la emigración externa.
La división, conflicto y dificultades para organizarse y construir agendas políticas comunes ha sido una debilidad en la sociedad civil cubana. De haber resultado las alianzas y un trabajo más unificado a favor de derechos políticos, derechos humanos y otros reclamos existentes en la actualidad,[45] podrían resultar ciertos avances que no pueden depender solamente de la voluntad política del Estado o de un orden de prioridad que siempre ha llevado a agendar aquello que resulta más sensible para el enfoque político que ha querido defenderse desde sus funcionarios.
En el centro del proceso de reparación deben ser colocadas aquellas personas, familias y grupos sociales que han recibido el impacto directo de la violencia y consecuencias derivadas del conflicto, junto a aquellos sectores en mayor situación de riesgo y vulnerabilidad por motivos políticos: activistas y defensores/as de derechos humanos, personas privadas de libertad por razones políticas, periodistas y profesionales de medios independientes que han estado en primera línea de fuego para divulgar y generar información desde fuentes no oficialistas, así como grupos de oposición históricamente reconocidos en el país.
El alcance de la reparación no debe limitarse al trabajo exclusivo con estas personas en riesgo o que han sido más dañadas políticamente. Debe incluir acciones que involucren a toda la ciudadanía y que incluya a otros grupos estigmatizados o criminalizados por el sistema.
Todas las personas se encuentran en riesgo de sufrir violencia política o discriminación política, en tanto construyan procesos identitarios, consoliden creencias y estructuras cognitivas reacias al adoctrinamiento político dominante en sistemas políticos totalitarios. Concebir la violencia política desde un enfoque privativo de la psicología clínica conduce a muchos sesgos: desde la privatización y patologización del daño[46] hasta la victimización que oculta las responsabilidades reales de victimarios y de la estructura social y estatal.
De acuerdo a Zubero[47] la violencia política es ejecutada con intencionalidad política a partir de una visión o aprehensión subjetiva de la realidad, desde la que se construye el problema y se adopta la violencia como único camino posible. Lira, Becker y Castillo[48] explican cómo a través del miedo, el uso del sufrimiento, la impotencia, el horror y el poder, se regula la conducta política de la población, dejando un mensaje conciso que llegará a toda la sociedad.
Pilares del proceso de reparación psicosocial
La identificación de los daños consecuentes y su magnitud es un punto de partida necesario. La pérdida de confianza y desesperanza, impotencia, incertidumbre existencial, dificultades para gestionar duelos y sufrimientos ante la privación de libertad, exilio, separación de familiares, aislamiento social y sentimientos que provoca vivir situaciones de violencia política, son problemáticas que requieren del apoyo de un proceso terapéutico, sustentado por profesionales, que pudiera ser optativo para la persona afectada y sus familiares.
Estos daños que en su mayoría se naturalizan o se resisten a lo largo del tiempo, en parte por no contar con servicios sanitarios ni psicológicos especializados y capacitados para atender esta forma de violencia sin estigmatización, acentúan la cristalización de la identidad víctima-victimizado/a.[49] Las consecuencias derivadas se traducen en afectaciones globales del bienestar, calidad de vida y salud mental de las personas afectadas y sus familias.
La ética en el trabajo y cuidado en la atención a víctimas, procurando no revictimizar, es un punto central de la atención en el marco de procesos de reparación, donde la calidad, calidez, respeto y empatía hacia su historia de vida y narrativas, tendrá mejoras sustanciales en su salud, bienestar y recuperación.
Realizar abordajes interdisciplinarios de estas problemáticas, dada la complejidad de los daños físicos, psicológicos, sexuales, morales y colectivos causados, requiere intervenciones precisas de equipos profesionales que garanticen la atención integral, desde enfoques asistencialistas, psicosociales y jurídicos.
Dadas las dificultades de colocar este tema como prioritario dentro de la agenda política estatal, urgen intervenciones, iniciativas y compromisos mayores desde proyectos independientes de la sociedad civil, instituciones no gubernamentales y personas comprometidas y dispuestas a promover la reconciliación y fortalecer las capacidades de diálogo entre actores/as diversos.
El enfoque de focalización de capacidades y resiliencia es importante para favorecer la construcción de discursos y prácticas que apuesten por interrelaciones y alianzas comunitarias y sociales dialógicas que permitan reconstruir los discursos y narrativas de odio, los daños estructurales subjetivos que arrastramos, junto a la restauración del sentido de agencia para reconstruir la vida política.
La intersección de estas cuestiones junto a variables como el género, la raza, sexualidad y territorialidad, puede dar luces notables para responder a demandas urgentes de la sociedad civil, que han recibido dilaciones y criminalizaciones múltiples por parte del Estado cubano. Las protestas emergentes en el escenario político cubano han necesitado nuevos lentes políticos para comprender por qué la mayoría de las personas detenidas y sancionadas el 11 de julio fueron personas de sectores pobres y marginalizados en el país o para comprender cómo en la violencia política a mujeres activistas, periodistas u otras, sigue entrecruzándose el mensaje de coerción, subordinación y control del cuerpo y sexualidad de las mujeres.
Procesos de reparación en el marco de programas de atención, acompañamiento y rehabilitación psicosocial
Los programas de acompañamiento psicosocial y rehabilitación a personas afectadas por la violencia política son escasos en Cuba. A raíz de los hechos de 11 de julio, la Iglesia católica ha habilitado espacios de atención y acompañamiento psicopastoral a familias y personas afectadas en algunos centros no gubernamentales.
Concebir las acciones en el marco de un proceso psicosocial supone trascender el abordaje puramente psicológico, para incluir y alcanzar otras que ofrezcan beneficios y protecciones en el contexto social en que transcurren las vidas de las personas.
Los programas de acompañamiento psicosocial a víctimas y personas dañadas por la violencia política según Arévalo[50] están orientados a: construir un proceso reflexivo entre las víctimas, las personas y redes que integran su tejido social en función de superar los efectos sociales y emocionales de la violencia sufrida, resignificando su identidad y contribuyendo al reconocimiento de sus recursos personales y sociales y de sus derechos humanos.
Algunos ámbitos de acción que la autora destaca en el acompañamiento psicosocial son:
✔Diagnóstico del impacto psicosocial de la violencia sociopolítica a partir de aspectos como el género, ciclo vital, tipo, intensidad y duración de la violencia, tipo de pérdidas sufridas, presencia o ausencia de apoyo social.
✔Identificación de los ámbitos para reconstruir la dignidad, donde se integran estas acciones psicosociales junto a otras de alcance jurídico y del campo de los derechos humanos.
✔Ámbito de configuración o fortalecimiento de las redes sociales como soporte para recuperar la confianza y vida social.
✔Ámbito para la reflexividad institucional y de acompañantes.
✔Ámbito para recrear la identidad.
Los programas de acompañamiento psicosocial pueden incluir intervenciones terapéuticas individuales, familiares y comunitarias en beneficio de resignificar el sufrimiento y rehabilitación del daño emocional. Acciones sociales complementarias centradas en cubrir necesidades inminentes de las víctimas son indispensables en estos programas. Por eso el trabajo psicoterapéutico o de acompañamiento psicosocial debe cubrir esas necesidades sociales que implican apoyos logísticos o alimentarios, refugios o estancias temporales u otros que permitan asistir las necesidades puntuales de estas personas y sus familias.
Procesos de reparación en el marco de la justicia
El acceso a la justicia y construcción de la misma ha sido un proceso necesario para la rehabilitación, recuperación y reparación psicosocial que necesitan las víctimas tras el trauma emocional o conflicto sostenido que causa perjuicios considerables en su identidad y bienestar.
En un marco judicial eminentemente punitivo, las reparaciones resultarían muy limitadas. Las restauraciones y reparaciones psicosociales correspondientes deben tener soporte en garantías y protecciones robustas en el marco de la legislación nacional vigente.
Las reformas y actualizaciones del ordenamiento jurídico cubano siguen siendo temas pendientes que necesitan transformaciones y capacitaciones inmediatas desde operarios del Derecho y funcionarios de la Administración Pública. Los principales impactos en este sentido pueden derivarse de la participación y activismo político. Bajo estas presiones e influencias el Estado pudiera modificar su papel en función de descriminalizar las protestas pacíficas y reconocer las peticiones y demandas políticas urgentes.
Exigir medidas de reparación de los daños existentes ante la institucionalidad cubana, buscar apoyos a estos reclamos en cortes de justicia internacional y exigir leyes a favor de la justicia y la paz, son acciones necesarias para la reconciliación nacional.
Reconstrucción de la memoria histórica
En el proceso de reconciliación se deben justipreciar los testimonios diversos de personas y grupos que relaten hechos de violencia, injusticia, censura, persecución y discriminación, en búsqueda de una posible reconstrucción de memoria histórica, sin afán de repertorio del desastre ni de evidencias de la necesidad de venganza, sino como necesidad de la nación de saber, comprender, hacer justicia y sanar.
La memoria histórica debe ser compuesta por análisis historiográficos, trabajos de prensa, investigaciones censuradas, programas de televisión olvidados o censurados en su momento de realización, películas censuradas, tanto de ficción como documentales, testimonios de personas y colectivos, archivos de organismos de la administración central del Estado, archivos fotográficos de personas e instituciones, que nunca hayan sido divulgados, información clasificada que oculte violaciones de derechos humanos, procesos de remoción de figuras importantes de la política cubana de la etapa revolucionaria, procesos penales a figuras trascendentales del mismo período, testimonios de individuos, relatos familiares sobre los procesos masivos de emigración desde Cuba en 1965, 1980, 1994 y años posteriores.
Se podrá organizar un sistema de recogida de datos para la reconstrucción de la memoria histórica, que incluya cualquier etapa de la historia nacional, pero que haga hincapié en los últimos sesenta años.
Este sistema brindará asistencia a personas que quieran contar sus historias y recogerá evidencias sobre estos testimonios, archivándose de forma digital todo lo que se recopile.
El proceso de rescate de la memoria histórica debe incluir la recogida de información producida por emisoras de radio, como entrevistas, programas especializados, reportajes, con el mismo afán que hemos expuesto.
Es muy importante la memoria de las instituciones educativas, sobre todo universidades, en busca de información sobre procesos políticos y sus consecuencias dentro de sus ámbitos.
El rescate de la memoria histórica tiene como objetivo establecer un punto de partida para la reconciliación que no arrastre consigo el olvido, la tergiversación, el odio infundado, los prejuicios de clase, el desconocimiento sobre figuras históricas, la interpretación equivocada de momentos de la historia cubana.
Este proceso podría ayudar a enriquecer los conocimientos del pueblo cubano sobre los aportes de todos los momentos de la historia patria a nuestra nación y nacionalidad.
De la misma manera este rescate de memoria histórica debe hacer justicia a grupos y personas discriminadas también en el ejercicio historiográfico, como las mujeres, los esclavos y esclavas, las personas de piel negra después de la abolición de la esclavitud, los emigrantes, las mujeres dedicadas a los trabajos domésticos y de cuidados; las mujeres y hombres dedicadas a la vida religiosa, como sacerdotes, pastores, monjas, etcétera; las personas derrotadas en los procesos de guerra en el siglo XIX y en el XX, los presos políticos, los presos comunes; los miembros de partidos o grupos de oposición, legales o ilegales; personas con diversa identidad de género y con diversas orientaciones sexuales, enfermos y enfermas mentales, personas dedicadas a la prostitución, todo esto con mirada decolonial y tomando en cuenta historias oficiales y de vida.
El rescate de la memoria histórica debe permitir una visión panorámica más justa, diversa, inclusiva y realista de la cultura cubana, que alivie la obsesión por el triunfalismo, el chovinismo y el revanchismo. En un contexto así se podrá propiciar un diálogo más sosegado, respetuoso, constructivo, sobre un ambiente menos enrarecido y desconocido, con más verdades expuestas y comprendidas, con más mentiras expuestas y comprendidas.
V. Papel de los actores internacionales
En casi todos los procesos de reconciliación nacional la comunidad internacional ha estado presente, ya sea como facilitador, garante u observador del proceso. La participación de esta se ha dado desde los Estados directamente, la participación de organizaciones internacionales de alcance global y regional, u organizaciones de la sociedad civil transnacional.
La Organización de las Naciones Unidas ha jugado un importante rol en muchos de los procesos de reconciliación a nivel mundial. En este sentido el Secretario General de la ONU, siguiendo la invitación del Consejo de Seguridad en la sesión celebrada el 26 de enero de 2004 relativa a la “Reconciliación nacional después de los conflictos: el papel de las Naciones Unidas”, presentó el 3 de agosto de 2004 el informe: “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”. [51] En dicho documento el Secretario general sintetiza los aspectos más importantes de la ONU en materia de reconciliación nacional, sienta las bases de los conceptos utilizados y los principios del actuar de la ONU.
El actuar de la ONU se guía por las normas y principios del derecho internacional, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, y por cuatro pilares del ordenamiento jurídico internacional moderno: la normativa internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados.[52]
En este sentido las definiciones ofrecidas en este informe son de vital importancia para establecer un lenguaje común y evitar confusiones terminológicas, a la vez que son conceptos de aceptación general.
De acuerdo con el Informe se entiende por:
Estado de derecho: principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
Basado en los principios de:
– primacía de la ley
– igualdad ante la ley
– rendición de cuentas ante la ley
– equidad en la aplicación de la ley
– separación de poderes
– participación en la adopción de decisiones
– legalidad
– no arbitrariedad, y
– transparencia procesal y legal.[53]
Justicia: ideal de responsabilidad y equidad en la protección y reclamación de los derechos y la prevención y el castigo de las infracciones. La justicia implica tener en cuenta los derechos del acusado, los intereses de las víctimas y el bienestar de la sociedad en su conjunto.[54]
Justicia de transición: variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el:
– enjuiciamiento de personas
– resarcimiento
– búsqueda de la verdad
– reforma institucional
– investigación de antecedentes
– remoción del cargo o
– combinaciones de todos ellos.[55]
Como claramente se expresa en el informe, “el papel de las Naciones Unidas y la comunidad internacional debe ser de solidaridad y no de sustitución”,[56] esto significa que la responsabilidad primaria es de las autoridades nacionales que son las que deben dirigir el proceso de reconciliación nacional. La ONU tiene la capacidad de brindar asistencia técnica, recursos, personal especializado y observadores neutrales para el proceso.
Las Naciones Unidas recomiendan la creación de Comisiones de la Verdad, pero estas deben partir de una decisión nacional, deben tener una perspectiva global de la justicia de transición y el modelo debe ser único y específico del país.[57]
Mas allá de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Comunidad del Caribe (CARICOM) pudieran ser parte del proceso de reconciliación nacional en Cuba. Su participación dependerá de la voluntad de las autoridades de invitarlas y de la capacidad de dichas organizaciones de aceptar su participación y definir el alcance de esta.
Con relación a los Estados nacionales es imprescindible contar con ellos como garantes de un proceso justo y no parcializado, su participación pudiera darse en muchos conceptos, ya sea como facilitadores o mediadores de la negociación entre las partes, como observadores del proceso y/o aportando recursos materiales y financieros. Para ello se requiere la voluntad de estos para participar y que cuenten con los recursos humanos y materiales para poder ser parte del proceso.
Entre los Estados que por sus relaciones históricas y lazos culturales pudieran ser parte de este proceso están los países latinoamericanos, resaltando entre ellos a México; en Europa sobresalen España y Noruega, por los vínculos de cooperación con el gobierno y la sociedad civil cubanos. De los países de América del Norte, Canadá ha mantenido fuertes relaciones con Cuba y dispone de recientes experiencias en procesos de reconciliación nacional. Sería muy provechoso contar con la participación de países caribeños, pero estos tienen recursos humanos y financieros limitados.
El caso de los Estados Unidos de América merece un tratamiento diferenciado, ya que las políticas de este país hacia Cuba han condicionado nuestra historia desde sus inicios como nación. La principal preocupación en un proceso de reconciliación nacional relacionada con las relaciones bilaterales debe ser garantizar la soberanía nacional y a la misma vez tender puentes para establecer relaciones basadas en los principios del derecho internacional. Los Estados Unidos serán un actor importante en el proceso de reconciliación nacional y la reformulación de las relaciones debe partir del reconocimiento de la soberanía nacional y permitir que los cubanos puedan pactar las nuevas bases para el futuro de la nación. Los momentos de este proceso dependerán de en qué manera se desarrolla una transición a la democracia. En nuestra opinión, las sanciones económicas establecidas en numerosas regulaciones y leyes deben ser eliminadas, ya que son violatorias del derecho internacional, sirven de pretexto al actual gobierno para cubrir toda su ineficiencia y en su aplicación por más de 60 años no han conseguido sus objetivos.
Otros actores importantes a nivel internacional son las organizaciones de la sociedad civil transnacional, muchas de las cuales han participado en procesos de reconciliación y cuentan con los recursos y los conocimientos técnicos para colaborar en el proceso. Permitir la actuación de estas organizaciones en el proceso será una garantía más de transparencia y cooperación.
De cara a un proceso de reconciliación en Cuba es posible esbozar diferentes escenarios que plantearían diversos caminos para el logro del mismo objetivo.
El proceso de reconciliación nacional, para que pueda implementarse plenamente, requiere de la voluntad del Estado. En todos los procesos de este tipo que hemos estudiado los gobiernos los asumen como parte de sus programas políticos. En el caso cubano el gobierno actual no reconoce siquiera la necesidad de este proceso, por tanto, no va a implementar regulaciones o políticas en este sentido. Ante esa negativa del gobierno, el mejor camino para iniciar el proceso es comenzar la reconciliación con los actores de la sociedad civil cubana que deseen incorporarse al proceso.
En este primer escenario los grupos de la sociedad civil crearán las bases para la futura reconciliación una vez que se produzca un cambio en la orientación del gobierno sobre este tema. Si tenemos en cuenta lo dicho con anterioridad, es casi imposible que el actual gobierno, basado en el modelo de partido único y no reconocimiento de la pluralidad política, se incorpore en este camino; aunque tampoco se deben cerrar las puertas, ya que, producto de las presiones sociales o contradicciones dentro del grupo dominante, pudiera darse el caso, remoto pero no imposible, del inicio de la reconciliación nacional dentro del régimen actual. En este caso un elemento clave debe ser evitar que el proceso se convierta en un performance para obviar la responsabilidad del gobierno y que se mantenga la falta de libertades públicas y de democracia.
Dentro de los escenarios posibles para el proceso de reconciliación hemos previsto tres. El primero y más probable, como se mencionó, es comenzar el proceso a lo interno de la sociedad civil cubana, sin participación oficial del gobierno u organizaciones subordinadas a este. El segundo escenario consistiría en que se produzcan simultáneamente un proceso de apertura política, con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de acuerdo a los estándares internacionales, y el proceso de reconciliación. En el tercer escenario el proceso de reconciliación se realizaría con posterioridad a una transición democrática en Cuba, en la que desde los nuevos poderes establecidos se lanzaría el proceso de reconciliación nacional.
En este primer escenario se sentarán las bases para una futura reconciliación con la participación del gobierno cubano, para ello la sociedad civil cubana identificará los mecanismos necesarios para la reconciliación nacional y la reconstrucción de la memoria histórica. Cuba Próxima actuará como facilitador y organizador del proceso. En este sentido se sugieren las siguientes acciones:
El segundo escenario es el que más retos presenta, ya que puede suceder que se instrumentalice el proceso de reconciliación en línea con los intereses del grupo en el poder en Cuba, que necesita buscar nuevas fuentes de legitimación. En este escenario las posibilidades objetivas de Cuba Próxima son más limitadas que en el primer escenario, puesto que el proceso dependerá de las decisiones políticas. En este sentido las acciones se enfocan principalmente en proponer las vías más apropiadas para el proceso de reconciliación e intentar ser garante para alcanzar resultados que no repitan la supresión de un grupo político por otro.
El tercer escenario parte del presupuesto de que ya está constituido un sistema de gobierno que garantiza el pluralismo político, la competencia electoral de los diferentes actores políticos y están garantizados los derechos civiles y políticos de todas las personas de acuerdo con los estándares internacionales. Este sería el escenario más favorable para la implementación del proceso de reconciliación, pero pueden presentarse obstáculos tales como que el partido o grupo político en el poder sea heredero del actual partido comunista cubano y no le interese este proceso, o que el partido en el poder priorice otras políticas sobre la reconciliación.
En estos dos escenarios las propuestas de acciones coinciden, ya que en ambos se parte de la participación del Estado, pero la implementación de estas es mucho más compleja en el segundo escenario que en el tercero. En este sentido las acciones sugeridas son las siguientes:
Uno de los aspectos que deben guiar todo proceso de reconciliación es cómo diseñar un sistema que garantice que no se vuelvan a reproducir los conflictos que necesitaron de la reconciliación. Más allá de las acciones concretas tales como las comisiones de la verdad, la aplicación de la justicia transicional, reparación de los daños y la búsqueda del perdón, es necesario contar con los principios básicos sobre qué nación queremos construir y cómo esta debe ser. Para ello desarrollamos conceptos claves, con la idea de contribuir a ese futuro posible. El objetivo es sentar determinadas pautas para discutir entre todos cómo entendemos estos conceptos y sistemas.
Democracia
La construcción de la democracia debe entenderse como un proceso continuo de búsqueda de los mecanismos de participación popular, diseño de las instituciones y empoderamiento de los ciudadanos. De la misma manera un elemento esencial en todo camino democrático es lo que los antiguos definían como “virtud”, entendida esta como las cualidades que permiten el desarrollo del individuo y la sociedad.
Para avanzar en la senda democrática es imprescindible contar con un sistema educativo que forme en los principios democráticos y cuya metodología debe superar el diseño tradicional de la educación, donde el maestro está por encima de los discípulos. La educación debe ser un proceso horizontal, en el que se potencie el desarrollo individual y se cree un ciclo de aprendizaje entre educadores y educandos, donde los educadores terminan aprendiendo de sus estudiantes. En este sentido el método de la Educación Popular de Paulo Freire es el que mejor se inserta en esta idea.
A pesar del significado polisémico de la palabra democracia y lo difícil que es alcanzar consensos absolutos en este sentido, existen determinados parámetros que son esenciales en relación con el objeto de este informe sobre la reconciliación nacional.
Estos aspectos esenciales son:
Igualdad: La conquista de la igualdad ha sido uno de los temas centrales de la modernidad y de todos los procesos revolucionarios en el mundo. Un paso importante en este sentido es el reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, el que se ha ido ampliando progresivamente, incluyendo grupos que anteriormente estaban excluidos, como las mujeres, las personas con pocos ingresos, las personas afrodescendientes, etcétera. En el caso cubano, se ha excluido a las personas con ideas políticas diferentes a las del pensamiento oficial; no solamente han sido excluidas, sino que han sido discriminadas y reprimidas. Por esta razón, la ratificación de la igualdad de todas las personas, sin importar sus ideas políticas, es central para construir un futuro democrático.
Participación: La participación popular es la piedra angular de la democracia. Potenciar los mecanismos de participación es esencial para garantizar que los procesos de reconciliación no terminen en la imposición de nuevas formas de exclusión y discriminación, en este sentido se ha de ir más allá de la visión de la participación solo dentro de los procesos electorales, donde se elige a los representantes. Se deben establecer mecanismos de consulta directa con el pueblo, siendo estos vinculantes y que no queden sometidos a la voluntad del gobierno del turno, sino que estén previstos constitucionalmente. Para ellos se deben utilizar las vías de participación electrónica, siguiendo el ejemplo de países como Estonia, en el que el voto electrónico ha sido una realidad por años con excelentes resultados. Tradicionalmente ha existido un aspecto que se ha sustraído de la participación popular y este es el uso de los recursos del Estado, es decir en qué y cómo se usa el dinero público; incorporar este punto a la decisión del pueblo es vital para el avance hacia la democracia.
Descentralización: La descentralización en el sistema cubano tiene una larga historia, principalmente de frustraciones, en la que como deseo se ha expresado en los textos constitucionales y en declaraciones políticas, pero nunca se ha implementado efectivamente. En un sistema como el cubano, con gran concentración del poder a nivel nacional y en un pequeño grupo de sujetos que son los que realmente deciden, la descentralización significaría la pérdida de poder para este grupo, por lo cual en este aspecto es posible que no se avance más allá de las declaraciones formales. El objetivo de la descentralización es que el municipio se convierta en el centro de atención política y que las decisiones de este sean las más importantes para sus habitantes, para esto se debe producir un tránsito acelerado de las funciones que se hacen a nivel de nación a nivel local.
Transparencia: Este es quizás uno de los aspectos en los que Cuba muestra un mayor atraso; el gobierno cubano, usando como justificación las sanciones del gobierno estadounidense, no ha implementado ningún tipo de políticas para avanzar en este aspecto. Para esto es imprescindible que todo el actuar del Estado, el gobierno, las empresas y todos los actores sociales sean de carácter público y de fácil acceso para todos los ciudadanos, y que existan medios de prensa y otras organizaciones que “vigilen” el funcionamiento del Estado y el flujo de la información. Sin transparencia es imposible avanzar en la participación y la descentralización. A nivel mundial hay ejemplos de implementación de la trasparencia que sin dudas pueden servir como modelos a partir de los cuales concretar nuestras prácticas.
Derechos humanos: Todas las políticas de Estado deben tener un enfoque de derechos humanos, los mecanismos de garantías deben ser sencillos y eficaces, el actuar de los órganos del Estado debe estar basado en los principios de los derechos humanos. Se deben ratificar inmediatamente todos los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos de los que Cuba no es parte y colaborar con los órganos de seguimiento de estos para una correcta implementación interna de sus preceptivas. Se debe reconocer a nivel constitucional la posibilidad de los cubanos de acudir a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y que las decisiones de estos tengan carácter vinculante. Es imperativa la creación de la institución del Defensor del Pueblo, de manera que sea un puesto de elección popular y con protección para garantizar su independencia.
Estado de derecho: A lo ya referido sobre este concepto en la sesión sobre el rol de la ONU en los procesos de reconciliación nacional, se puede agregar que el concepto Estado de derecho, desde su formulación inicial en la Alemania del siglo XIX, ha ido evolucionando, incorporando aspectos que no se reconocían en sus inicios; en este sentido se habla de un Estado social, democrático y constitucional de derecho. De manera general hay elementos que son básicos en la definición de un Estado de derecho y más allá de posibles diferentes interpretaciones doctrinales existe consenso en qué se entiende cuando se habla de este concepto. Estos componentes esenciales son:
– Limitación del ejercicio del poder del Estado: El modelo predominante para alcanzar este objetivo ha sido el de la “tripartición de poderes”, la doctrina coincide en que en esencia lo que existe es una tripartición de funciones donde cada una de las ramas tiene determinada independencia de la otra y estas se controlan entre sí. Este modelo ha sido funcional a la democracia representativa, ya que se basa en la existencia de representantes que ejercen las funciones del Estado. En este aspecto existe otro modelo que ha tenido intentos de implementación, se trata del basado en el modelo de derecho público romano y la figura del Tribuno de la Plebe como magistratura central para evitar los excesos en el ejercicio del poder estatal.
– Imperio de la Ley: Este es el principio de legalidad, entendida como subordinación de todos, incluyendo a los órganos del Estado, a lo que dispone la ley. Este concepto se ha ampliado al incorporarle la superioridad de la constitución y los diferentes modelos de control de la supremacía de la constitución.
– Respeto de los derechos humanos: Este se basa en el reconocimiento de los derechos humanos y que existan mecanismos de garantías formales y materiales para su ejercicio.
Sistema electoral: El diseño de los sistemas electorales es uno de los componentes más importantes en la forma en que los ciudadanos participan en la política y cómo estos se relacionan con sus representantes. En el caso cubano, donde por más de 60 años no se han realizado elecciones en las que compitan diferentes programas de gobierno, es muy importante contar con un diseño que maximice la representación política, para evitar que los grupos mayoritarios obvien los grupos con menor representación política y traten de imponer sus políticas, por encima de la búsqueda del consenso. Como ideas centrales para este propósito se debe eliminar el binarismo en los procesos donde hay que tomar una decisión y se somete a decisión popular, dando diferentes opciones de decisión y no solo un sí o no por el todo, sin contar con otras propuestas posibles. El sistema debe optar por un modelo proporcional que potencie la presencia de los diferentes grupos y partidos políticos en los órganos representativos para buscar la mayor diversidad posible. Otro aspecto vital es el financiamiento de las campañas electorales y cómo garantizar la transparencia y que los grupos con mayor poder económico no abusen del mismo para imponer sus propuestas. Otro aspecto ya mencionado anteriormente en el acápite sobre participación es la posibilidad del uso de las tecnologías para facilitar la participación y garantizar una mayor seguridad al proceso, disminuyendo las posibilidades de fraude, por ejemplo, está el uso del blockchain como herramienta tecnológica que garantiza mayor seguridad en los procesos electrónicos.
Sistema de gobierno: Los sistemas de gobierno existentes en los países que cuentan con modelos liberales representativos son el presidencialismo y el parlamentarismo, con algunos casos mixtos. En América Latina la influencia del modelo estadounidense y el rol del caudillismo ha llevado a todos los países latinoamericanos a adoptar sistemas presidencialistas. Por otra parte, la mayoría de los países del Caribe que estuvieron bajo la dominación británica tienen sistemas parlamentarios. La decisión sobre qué sistema sería el mejor para Cuba, debe pasar por una profunda discusión sobre cuál proporciona más ventajas para revertir años de autoritarismo y falta de opciones políticas. En nuestra opinión explorar las ventajas de un sistema parlamentario, con un alto nivel de descentralización y diversidad de fuerzas políticas en los órganos representativos, es una vía interesante para disminuir la concentración de poder y las facultades de una sola persona en un único cargo.
Propuestas de situaciones generales y hechos específicos que deberían estar incluidos en el proceso de reconciliación nacional
En este anexo buscamos reunir en primer lugar los procesos políticos y sociales que de manera general han provocado daño y dolor a los cubanos y que deben pasar por un proceso de reconciliación y en segundo lugar los hechos específicos que también necesitarían pasar por dicho proceso. La lista de los hechos específicos será muy extensa, por eso está abierta a la incorporación de todos los hechos concretos que las personas, ya sean víctimas, familiares o personas interesadas en el esclarecimiento de estos quieran incorporar.
Situaciones generales
Represión contra disidentes.
Presos políticos.
Discriminación y represión contra grupos específicos:
– Comunidad LGTBIQ+.
– Religiosos e Iglesias.
Víctimas de actos terroristas.
Víctimas de las salidas ilegales del país.
Exilio y emigración.
Actos de repudio.
Penas de muerte ejecutadas. Fusilamientos expeditos por motivos políticos.
Participación de Cuba en conflictos internacionales. Compensación financiera para los familiares de los muertos y para los que fueron víctimas.
Proceso de nacionalizaciones y expropiaciones.
Purgas a grupos de intelectuales y artistas. Paremetración, castigos a escritores y artistas que se resistieron a políticas oficiales.
Adoctrinamiento escolar.
Eliminación de espacios independientes en la sociedad civil (unificación forzosa de partidos, eliminación de los pequeños y medianos negocios-1968, campañas agrícolas y de defensa obligatorias).
Limitaciones ilegales de la libertad personal (encierro forzoso en viviendas al margen de la ley).
Categoría de peligrosidad predelictiva.
Asesinatos de reputación en los medios de comunicación estatales.
Hechos concretos
UMAP.
Hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Masacre del rio Canimar.
Derribo de avionetas de Hermanos al Rescate.
Colectivización forzosa y traslado paralegal de comunidades y pueblos enteros. Del Escambray a Sandino.
La represión por el 11J. Casos de niños presos, sin condenas jurídicamente sustentadas.
Muerte de los líderes opositores Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero.
Muertes por huelgas de hambre.
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[1] Familias de bajos ingresos económicos, familias monoparentales, donde mujeres son jefas de hogar y tienen que garantizar la producción y reproducción de la vida, familias compuestas por personas jubiladas y personas que quedaron desempleadas o no pudieron acogerse al teletrabajo o trabajo a distancia durante el periodo de pandemia, familias con necesidades crecientes de cuidado y atención sanitaria, etc. [2] Fernández, J. A.: Retos latentes para la democracia y el socialismo en la Constitución cubana. En: Constitución de la República de Cuba. Sistema político, Derechos, Género y Medioambiente. Fundación Henrich Boll, México, 2020. [3] Dwyer, S.: “Reconciliation for Realists”, en Parager, C. y Govier, T. (eds.), Dilemmas of Reconciliation: Cases and Concepts (pp. 91-110), Wilfrid Laurier University Press, p. 106. [4] Bloomfield, D.: “Clarificando términos: ¿Qué podemos entender por reconciliación?”, en Bloomfield, D., Fernández, C.H. y Angulo Novoa, A., Reconciliación: perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión (pp. 11-32), Colección Papeles de Paz No. 10, Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP), Bogotá, Colombia, 2015. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161027012002/20150801.Reconciliacion_Ppaz10.pdf [5] Méndez, M.L.: Revisión de la literatura especializada en reconciliación (documento de trabajo), Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) y el Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz (CERCAPAZ), Bogotá, 2011. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA): Reconciliación luego de conflictos violentos. Resumen de políticas, IDEA, 2003. [6] Bueno Cipagauta, M.A.: “La reconciliación como un proceso socio-político. 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[10] Rico, D. y Maza, M.: “Actitudes hacia la reconciliación social y apuntes para una política del perdón: casos en el Caribe colombiano”, en Análisis Político, No. 90, mayo-agosto, 2017, pp. 140-153. [11] Bloomfield, D.: Ob. cit., p. 27. [12] Ibidem, p. 23. [13] Murillo, E.: Reconciliación social hoy: una apuesta más allá de retos y desafíos, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017, p. 20. [14] Bilbao, G.: “La reconciliación social como reto ético. Experiencia del País Vasco” (transcripción de conferencia), 2019. [15] Fernández, C.H.: Ob. cit., p. 36. [16] Villa Gómez, J.D.: “Perdón y reconciliación: una perspectiva psicosocial desde la noviolencia”, en Polis, Revista Latinoamericana, Vol. 15, No. 43, 2016, pp. 131-157. [17] Garrido Rodríguez, E.: “El perdón en procesos de reconciliación: el mecanismo micropolítico del aprendizaje para la convivencia”, en Papel Político Bogotá, Vol. 13, No. 1, enero-junio, 2008, p. 136. [18] Lederach, J.P.: “The journey toward Reconciliation”, Library of Congress Cataloging; citado por Méndez, M.L.: Revisión de la literatura especializada en reconciliación (documento de trabajo), Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) y el Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz (CERCAPAZ), Bogotá, 2011. [19] Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA): Ob. cit., p. 14. [20] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “Reconciliación nacional después de los conflictos: papel de las Naciones Unidas”, punto 44 del Capítulo VIII del Repertorio, Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad del Consejo de mantener la paz y la seguridad internacionales, 2004. https://www.un.org/securitycouncil/es/content/repertoire/agenda-items-2004-2007-chapter-viii-repertoire [21] Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA): Ob. cit. [22] Méndez, J.E.: “Reconciliación nacional, justicia transnacional y el Tribunal Penal Internacional”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, No. 6, 2002, p. 489. [23] Méndez, M.L.: Revisión de la literatura especializada en reconciliación (documento de trabajo), Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) y el Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz (CERCAPAZ), Bogotá, 2011. [24] Aguirre, E.L.: “La Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana: otro gran legado de Mandela”, Derecho a réplica, 30 de noviembre de 2001, https://derechoareplica.org/secciones/criminologia/489-la-comision-de-verdad-y-reconciliacion Báez, J.R.: “Verdad, perdón y reconciliación: algunas lecciones de Sudáfrica para Colombia”, Agencia Anadolu, Colombia, 6 de noviembre de 2019, https://www.aa.com.tr/es/mundo/verdad-perd%C3%B3n-y-reconciliaci%C3%B3n-algunas-lecciones-de-sud%C3%A1frica-para-colombia/1637492 [25] Oelschlegel, A.: “Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Un resumen crítico respecto a los avances de sus recomendaciones”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Biblioteca jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2006, pp. 1335-1368. [26] Rico, D. y Maza, M.: Ob. cit. [27] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Colombia, 24 de noviembre de 2016. https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx [28] Oelschlegel, A.: Ob. cit. [29] Bilbao, G.: “La reconciliación social como reto ético. Experiencia del País Vasco” (transcripción de conferencia), 2019. [30] Herrera, C.J. y Torres, S.: “Reconciliación y justicia transicional: opciones de justicia, verdad, reparación y perdón”, en Papel Político, No. 18, 2005, p. 97. [31] Oelschlegel, A.: Ob. cit. [32] Méndez, M.L.: Revisión de la literatura especializada en reconciliación (documento de trabajo), Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) y el Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz (CERCAPAZ), Bogotá, 2011. [33] Rico, D. y Maza, M.: Ob. cit. [34] Garrido Rodríguez, E.: “El perdón en procesos de reconciliación: el mecanismo micropolítico del aprendizaje para la convivencia”, en Papel Político Bogotá, Vol. 13, No. 1, enero-junio, 2008, pp. 123-167. [35] Escobar, R.: “Concilio Cubano, la semilla que no germinó”, en 14ymedio, 24 de febrero de 2016. https://www.14ymedio.com/cuba/Concilio-Cubano-semilla-germino_0_1950404941.html [36] Vicent, M.: “La apuesta política de Concilio Cubano”, en El País, 24 de febrero de 1996. https://elpais.com/diario/1996/02/24/internacional/825116415_850215.html [37] Betancourt, E. F.: “Presentación sobre La Patria es de Todos”, Cuba in Transition, ASCE, 2003, pp. 7-10. [38] Payá, O., Alfonso, O., Roca, V., Palacio, H., Rolando, V., Navarro, F., Álvarez, P.P. y Sánchez, E.: Todos Unidos por la Libertad, 2003. https://www.cubanet.org/htdocs/ref/dis/06170201.htm [39] Payá, O.: “Fundamentación del Proyecto Varela”, en Oswaldo Payá Sardiñas y el Proyecto Varela. La lucha pacífica por la apertura democrática en Cuba, Konrad Adenauer Stiftung A.C. y Fundación CADAL, 2003. [40] Sánchez, Y.: “El proyecto Convivencia cumple una década”, en 14ymedio, 16 de octubre de 2017. https://www.14ymedio.com/cuba/proyecto-Convivencia-cumple-decada_0_2310368947.html [41] Rodríguez, C.: “Registro de la represión en Cuba: emprendimientos de memoria y activismo (archivístico)”, en DemoAmlat. Desafíos de la Democracia para América Latina, No. 032, noviembre de 2021, pp. 15-18. [42] Rodríguez, C.: “De qué hablamos cuando decimos ‘la lista’. Acompañamiento a familiares y construcción de la memoria en Cuba a raíz del 11J”, en DemoAmlat. Desafíos de la democracia en América Latina, No. 30, septiembre de 2021. [43] El 15 de noviembre no fue posible celebrar la Marcha Cívica por el Cambio y la jornada se caracterizó por fuertes despliegues represivos, detenciones, arrestos domiciliarios, cortes selectivos de Internet y gran cantidad de actos de repudio a los miembros de Archipiélago; además de la agresiva campaña de desprestigio por parte del Estado y los medios de comunicación. La represión y la salida del país del líder de la plataforma, Yunior García Aguilera, han dibujado cierto paisaje de desorientación que deja en suspenso la evolución próxima de Archipiélago. [44] Arévalo, L.: “Atención y reparación psicosocial en contextos de violencia sociopolítica; una mirada reflexiva”. En Revista de Estudios Sociales, No. 36, 2010, pp. 29-39. [45] Demandas puntuales sobre derechos en materia de género, temas raciales, religiosos, derechos LGBTIQ, temas medioambientales y de protección animal, junto a derechos políticos. [46] Arévalo, L.: Ob. cit. [47] Zubero, I.: “Victimarios y víctimas de la violencia: Los nuevos escenarios de la violencia”. En Camino para la acción y educación para la paz en el 40 aniversario de Pacem in terris. Madrid, Instituto social León XIII, 2003. [48] Lira, E., Becker, D. y Castillo, M.I.: “Psicoterapia de víctimas de la represión política bajo la dictadura: un desafío terapéutico, teórico y político”. En Todo es según el dolor con el que se mire, Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, 1989. [49] Arévalo, L.: Ob. cit. [50] Arévalo, L.: Ob. cit. [51] “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”. Informe del Secretario General, S/2004/616, 3 de agosto de 2004. https://undocs.org/es/S/2004/616 [52] Ibidem, p. 6. [53] Ibidem, p. 5. [54] Idem. [55] Ibidem, p. 6. [56] Ibidem, p. 9. [57] “Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Comisiones de la verdad”, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2006, HR/PUB/06/1. https://www.ohchr.org/documents/publications/ruleoflawtruthcommissionssp.pdf
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