Luego del triunfo de la Revolución, el gobierno cubano ha aplicado políticas estatales para fomentar el acceso a los diferentes niveles de escolaridad, que han formado a numerosos técnicos, técnicos superiores y profesionales.

Profesionales, académicos e intelectuales han sido perfilados en ciencias sociales y de administración, lo que les ha permitido, de acuerdo a su variedad de métodos y objetos de estudio, describir, explicar y predecir fenómenos del orden social.

Luego, desde el ejercicio diverso de estas ciencias, se ha tenido que apreciar cómo políticas estatales han conducido a resultados negativos. Entre otros factores, porque el gobierno cubano, en lo que a gestión económica se trata, a la hora de tomar decisiones no ha estado a la altura. Esta actuación compromete y afecta el bienestar y la calidad de vida ciudadanas.

Muchas de las sucesivas crisis que ha afrontado la economía cubana habrían podido evitarse si se hubieran escuchado las voces que las han pronosticado, y que lo hicieron a tiempo. De ese modo, se hubiera podido prevenir la estrepitosa caída tras la desaparición del campo socialista a partir de la toma de medidas de mayor alcance, efectividad e inmediatez para la salida de la crisis, así como una apertura más ordenada al sector privado, defendida varias décadas antes por expertos y actores políticos.

A pesar de que muchas han sido las advertencias y pronósticos, el gobierno ha permanecido sordo a los cambios necesarios, y no los ha hecho a tiempo.

La actual crisis que atraviesa el país, que podría situarse como parte de un ciclo iniciado hace 30 años, y sus resultados, no solo son explicados desde las ciencias sociales, sino que son imposibles de negar al ciudadano que los vive día a día.

Una situación así, agravada por las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano como hecho constante para el diseño de políticas económicas, exige respuestas inmediatas, profundas y de gran alcance, elaboradas con la mayor brevedad posible.

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La situación actual de la economía cubana, es decir, de la esfera de la vida relacionada con el acceso de los diferentes actores económicos a bienes y servicios transables, se podría resumir en una incapacidad estructural que se hace sistémica, y también crónica, de producir niveles mínimos de riqueza.

Dado que el primer efecto de toda política económica de los Estados es reafirmar o cambiar el peso de los agentes económicos en la producción de riqueza social e individual, se puede concluir que, tanto la división del trabajo como las capacidades reales para ejercerla por actores privados como estales, resultan insuficientes. En pocas palabras, se hace necesario, tal y como afirman no pocos expertos, liberar las fuerzas productivas. Esto no es otra cosa que permitir el despliegue del potencial productivo y de gestión de la producción de los diferentes sujetos, individuales y colectivos.

Buscando aumentar el poder adquisitivo del salario y niveles de bienestar individual y social a la altura de las potencialidades de la ciudadanía cubana y sintetizando algunos saberes que pertenecen a la comunidad de científicos sociales cubanos e intelectuales y a muchos cubanos que opinan en cualquier espacio del país, a título personal propongo algunas medidas urgentes para la salida de la crisis actual con la eliminación de la escasez y la creación de riqueza social:

– Que las pymes puedan exportar e importar todo tipo de bienes o servicios sin intermediación del Estado, siempre que cumplan con regulaciones de salud, ambientales y de seguridad ciudadana.

– Liquidación de las OSDEs como institucionalidad del funcionamiento empresarial.

– Permitir a los campesinos vender libremente en el mercado, de manera progresiva y tras el cumplimiento de encargos estatales negociados previamente y remunerados de manera justa.

– Establecer, para todos los tipos de propiedad y gestión, reglas claras y justas contra prácticas monopolistas y de competencia desleal.

– Ampliar a todas las profesiones las posibilidades del autoempleo y la formación de pymes, garantizando que el Estado, en conjunto con el sector privado y cooperativo, pueda cubrir en cantidad, calidad y gratuidad las relacionadas con salud, educación y demás prestaciones sociales.

– Dotar de competencias para el fomento económico a municipios y provincias, incluyendo la posibilidad de autofinanciamiento con impuestos locales.

– Dejar a las instancias locales la competencia de aprobar pymes y cooperativas.

– Crear acápites y regulaciones especiales en nuestras normas para favorecer la inversión de nacionales, residentes o no, en la economía nacional.

– Concentrar en la agricultura la inversión estatal en el próximo lustro, especialmente la relacionada con el autoabastecimiento.

– Eliminar la función empresarial del Ejército y el Ministerio del Interior y traspasar sus instalaciones productivas al sector civil, salvo aquellas relacionadas con la industria de armamento.

Nota:

Ninguna de las propuestas anteriores se encuentra restringida por escenario externo alguno, ni hacen de estos una variable determinante, situando todo el peso en cubanos de dentro y fuera del país.

No necesitan transición del signo político del Gobierno cubano. A pesar de que se trate de una lógica contraria a las lógicas de poder defendido desde este, se trata de propuestas cuya aplicación solo depende de la voluntad política.

Por último, son propuestas que no implican inversiones más allá de reaprovechar los mecanismos burocráticos y personal dedicado a reproducir trabas a las fuerzas productivas, reorientándolos a realizar la labor de estimulación y facilitación de la actividad económica por los diferentes actores económicos existentes y potenciales.