En los últimos años en Cuba las crisis de distinto tipo se han ido superponiendo. La pandemia de la COVID-19 alcanzó a la isla en un momento de deterioro económico acumulado, mientras que la crisis sanitaria desatada no obstó para que el Estado hiciera efectivo el proceso de ordenamiento económico programado con anterioridad. La unificación monetaria y la imposición de los mercados en moneda libremente convertible (MLC) han producido un efecto asfixiante en la población.

La crisis económica emergente a raíz de la pandemia por COVID 19 en el mundo tendría un impacto funesto en la economía cubana a partir del año 2020. La vida económica del país, altamente dependiente de la actividad del turismo, sufriría un golpe considerable al cerrar fronteras nacionales. Parte de la estrategia epidemiológica para frenar la propagación del virus en el territorio implicaba descartar la entrada de ingresos económicos en este sector.

En medio de un escenario económico tan complejo, causante de estragos crecientes en sectores populares más vulnerables,1 el proyecto de reordenamiento monetario sería colofón que haría vacilar la administración pública cubana.

Las medidas que supuestamente oxigenaban la economía cubana, consistentes en la recaudación de monedas extranjeras a través de las tiendas en monedas libremente convertibles, condujeron a la inflación de precios, crecimiento de desigualdades sociales y aumento de la pobreza en las poblaciones más vulnerables socialmente.

Las alternativas adoptadas para garantizar la asistencia y seguridad social de las personas y familias más necesitadas del país no serían suficientes para amortiguar una crisis que se arreciaba ante el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Ante los perjuicios y asfixia económica resultante, el gobierno presidido por Miguel Díaz Canel Bermúdez hizo limitaciones crecientes en el orden político, económico y administrativo.

El impacto socioeconómico de la crisis resultante de la pandemia puso a prueba la capacidad de los gobiernos en el mundo para gestionar formas sostenibles de poner freno a la debacle económica existente. Cuba viviría un escenario de crisis que superaría en muchos aspectos los perjuicios causados por el Período Especial tras el derrumbe del campo socialista en 1990 y que tendría consecuencias políticas derivadas. Ante la escasez de alimentos, medicinas, productos de primera necesidad y frente a un diseño político que no contemplaba nuevas formas de gobernación atemperadas a las necesidades sociopolíticas actuales se ha ido constituyendo el caldo de cultivo que traería aparejados detonantes políticos en lo adelante.

El escenario sociopolítico que ha venido contemplándose a partir del año 2019 en la isla ha reflejado características singulares, influyentes en la agudización de la crisis manifiesta y las tensiones acumuladas. La restricción de derechos políticos que quedara refrendada en la última reforma constitucional que viviera el país, junto a avances notables en cuestión de derechos humanos su nombramiento explícito en el texto constitucional, venía dejando mucho que decir en materia de libertad de expresión, pluralismo político y desafíos múltiples para la democracia y el socialismo.

Los años 2020 y 2021 han transcurrido junto a campañas políticas y comunicacionales, promovidas por la prensa estatal, encargada de desacreditar y denunciar públicamente actos y actores/as que resultaran contrarios a las convicciones políticas del gobierno cubano. Bajo la insignia de defensa nacional se produjo la criminalización de activistas, periodistas independientes, el acoso político, persecución y detenciones arbitrarias a opositores/as y fuerzas contrarias el régimen político. Funcionarios y agentes de la Seguridad del Estado reforzarían las acciones contra personas y grupos de la sociedad civil, basado en interrogatorios, citaciones, confrontación y persecución política permanente.

El 11 de julio se produjo lo que analistas políticos vaticinaran ante la crisis sociopolítica y económica existente en el país y sus escasas posibilidades de disiparla. El estallido social traería múltiples reclamos: sociales, políticos y económicos. La respuesta del gobierno cubano resultó ser aún mucho más represiva y opresiva. Ante el mundo se hizo evidente una orden de combate contra el pueblo que salió a marchar ese día, cansado de la precariedad social y la eternización de un escenario social cada vez más caótico. 

Apagones, crisis sanitaria, carencia de alimentos y medicamentos en el trascurso de una vida social de confinamiento, encarecimiento e insostenibilidad de la vida con los ingresos salariales estándar, fueron evidencias que realzaron el descontento popular.

Un apagón digital limitaría la conexión a internet los días consecutivos a la protesta del 11 de julio. La criminalización de la protesta llevó a resaltar el carácter vandálico de los actos. En lo adelante, el gobierno cubano apresaría a la gran mayoría de protestantes del 11 J: mujeres jóvenes y adultas, ancianos, adolescentes menores de edad, recibirían juicios sumarios y serían condenados a privaciones de libertad en las cárceles cubanas; dando muestras del uso de la administración de justicia como extensión de la violencia estatal y su impunidad.

En los tiempos que corren la sociedad cubana se debate entre el miedo y la polarización política, entre la desesperanza y la emigración como uno de los pocos proyectos posibles. Cuba necesita cambios que alcancen no solo a los conflictos visibles, sino también a las actitudes humanas y las causas estructurales. Los momentos convulsos que atraviesa el país no son más que un acicate mayor para la búsqueda de caminos plurales y cívicos. Mientras aumenta la violencia desplegada contra los cubanos que disienten, mayor es la necesidad de la paz como aglutinador de las distintas perspectivas, pues la inversión de los roles de sometimiento acarrearía la eternización de la violencia.

La superación de las injusticias por vías pacíficas y democráticas favorecerá un futuro armónico; pero también una actitud reconciliadora ―incluso desde el presente conflictivo― constituye de por sí un vehículo del cambio y de mayores reconciliaciones por venir.

Múltiples preguntas emergen cuando se piensa en la posibilidad de la reconciliación en Cuba. ¿Cómo comenzar a implementar esa tarea desde el presente? ¿Qué elementos y procesos debe abarcar la reconciliación? El propósito de este documento es ofrecer una propuesta de estrategia que aporte a la comprensión y viabilidad de la reconciliación cubana.

La aproximación exploratoria al tema de la reconciliación se ha basado en una revisión documental de materiales teóricos, informes y sistematizaciones de procesos de reconciliación en el mundo, así como de análisis de especialistas publicados en la página web de Cuba Próxima. Además de intentar una visión sistémica de la reconciliación en el caso de Cuba, se busca brindar posibilidades efectivas para su realización. Para nuestra investigación fue muy importante contar con el informe “Cuba, la reconciliación nacional” publicado en el 2003, en el que el Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia, integrado por 26 personas y bajo la coordinación de la Profesora Marifeli Pérez Stable, presentó las bases para una futura reconciliación nacional en Cuba.

La definición de reconciliación que se asume en esta propuesta la identifica con un proceso de construcción de relaciones sociales dañadas y restablecimiento de la confianza mutua entre la ciudadanía y las instituciones. Tiene lugar a nivel individual, interpersonal y colectivo, e implica aceptar y rescatar el pasado para construir colectivamente el futuro con garantías de un bienestar sostenible. Sus componentes son el diálogo, la justicia, la reparación y la memoria histórica.

La reparación es el conjunto de actividades dirigidas a mejorar la condición de las víctimas del conflicto y las violaciones de derechos humanos, y compensar los daños sufridos por ellas. Supone la subsanación económica, social, moral y psicológica. Incluye también un esfuerzo por lograr la cohesión social y la reconstrucción de relaciones interpersonales y comunitarias. En la reparación no solo se atiende a las personas afectadas, sino también la relación entre ellas y los responsables de violaciones de derechos.

El perdón, una de las categorías más atendidas dentro de la reconciliación, entraña el abandono de la posición de víctimas y el paso de los sentimientos de resentimiento a los de compasión y empatía. Aunque en muchas construcciones teóricas sobre reconciliación el perdón es presentado como un componente situado al mismo nivel que la reparación, la justicia y la verdad; en este documento se propone incorporarlo a la reparación como su complemento, desde el punto en que aporta la actitud subjetiva tanto de víctimas como de perpetradores en un proceso de restauración que los involucre a ambos. Además, depositar demasiadas expectativas en la consecución del perdón puede entorpecer el avance y atentar contra el logro de metas alcanzables. Como expresa Dwyer, “la reconciliación podría ser posible psicológicamente cuando el perdón no lo sea”.

El informe que se ofrece toma en consideración los sujetos de la reconciliación en el entorno cubano, los elementos que componen el proceso, sus posibles fases, los distintos sectores que se incorporarían y el papel de los actores internacionales. Aporta también recomendaciones para las perspectivas de ejecución y propuestas de futuro que prevengan la persistencia de conflictos sociopolíticos y déficits democráticos.

Las categorías y posiciones teóricas de esta propuesta se acompañan de determinados principios que constituyen un interés para el proceso de reconciliación en Cuba. En primer lugar, resulta evidente que, de la misma manera que el empeño reconciliatorio traspasa las fronteras entre el presente, el futuro y el pasado; en el caso cubano atraviesa los límites físico-geográficos para involucrar a la Cuba dispersa por todo el mundo. El exilio y la población residente en Cuba se han acercado más aún en los últimos años, sensibilizados y movilizados en torno a las dificultades económicas y políticas, y favoreciéndose del todavía reciente acceso a internet en la isla. El proceso de reconciliación ineludiblemente sumará a la emigración cubana de todas las generaciones.

Otra necesidad que se plantea es la de mantener una visión crítica en todo momento, lo cual supone no negar las diferencias, no romantizar el proceso, no evadir los conflictos que aparecerán; pero al mismo tiempo evitar nuevas victimizaciones y jamás perder de vista que la dignidad humana de todos los implicados no es negociable. En este sentido, las garantías materiales y morales de los victimarios son un aspecto que requiere atención específica.

En nuestro país la sociedad civil y la oposición política deben reconciliarse a su interior y entre sí, pero un esfuerzo crucial tendría que concentrarse entre la sociedad por un lado y el gobierno, el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Estado, por otro. Las experiencias alrededor del orbe muestran que algunos procesos de reconciliación son más asimétricos que otros, puesto que no en todos los casos existen dos partes enfrentadas en igualdad de condiciones, sino que a veces se trata de amplias masas de personas a quienes se les violan sus derechos humanos por parte de gobiernos autoritarios.

Por último, aunque en este informe se parte de la idea de que se puede comenzar un proceso reconstructivo aun cuando el conflicto no se haya solucionado, consideramos que la reconciliación no es un sustituto de la liberación. El respeto de todos los derechos humanos, el bienestar económico, la libertad de los cubanos, entre muchos otros designios, no son alternativas que se toman o se dejan a fin de alcanzar una supuesta reconciliación, sino exigencias que deberán guiar el proceso.