A continuación, el acápite sobre el Estado democrático del documento de Cuba Próxima titulado La Cuba que queremos. Propuesta para refundar la República. 

La democracia sociopolítica demanda centralidad de los Derechos Humanos, imperio de la Ley, sociedad civil autónoma, cultura humanista, civilidad política, economía democrática y bienestar social. O sea, demanda un Estado de Derecho, lo cual requiere la condición jurídica de ciudadanía. Esto exige:

1- Fomentar una convivencia cívica donde el desarrollo de cada persona sea causa y efecto del progreso de todos.

2- Garantizar el derecho a la múltiple ciudadanía.

3- Reconocer el derecho al voto de los emigrados, quienes deben ostentar la facultad de poseer representación parlamentaria.

4- Garantizar el derecho de asociación política en todas sus formas, incluyendo constituir agrupaciones con programas de gobierno, nominar candidatos a los cargos públicos, ejercer facultades para organizar entidades de estudio e investigación, medios de comunicación, acceso a la prensa y a todas las fuentes lícitas de financiación privada y pública.

5- El financiamiento de las agrupaciones políticas demanda donaciones equitativas por parte del Estado y de asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos individuales y empresas privadas. Debe ser regulada por una Ley que la precise y delimite, práctica que se ha extendido internacionalmente.

6- Implementar efectivamente el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas legislativas y reformas parciales o total a la constitución.

7- Establecer una estrategia nacional de descentralización con enfoque amplio y democratizador que contemple las reformas al Estado central y lineamientos de política para resolver los desequilibrios regionales, de todo lo cual se derive una Ley de Municipios que –pasando por consulta popular- delimite su autonomía y competencias políticas, administrativas y fiscales, así como la cooperación e interrelación equilibrada con los niveles e intereses municipales, provinciales y centrales.

8- Establecer una institucionalidad de administración pública que sea racional, eficaz y con ello garantice la instauración de mecanismos para la probidad pública y la transparencia de las instituciones del Estado. Con una burocracia pública como autoridad técnica-racional que ejecute de manera eficiente el punto de unión entre el Gobierno y los gobernados; y un funcionariado público de carrera por medio de un conjunto ordenado de oportunidades de ingreso, ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

9- Instituir que el sistema de justicia, garante de los Derechos Humanos, continuamente exija a las instituciones públicas la centralidad y finalidad de estos.