Por Elena Larrinaga

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y como tal contribuye al desarrollo integral de la persona; es decir, resulta componente fundamental de la sociedad, donde cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades, logra proyectarse y desarrollarse. Los gestos de cariño y el amor son una forma de comunicación sumamente valiosa en cualquier hogar, pero este sentimiento es algo que se “siente” y a la vez se cultiva. Llevar adelante una familia requiere un esfuerzo y, como cualquier institución, debe ser atendida, respetada y cuidada; es cantera de los nuevos ciudadanos.

El próximo mes de septiembre se celebrará en Cuba un referendo para aprobar un nuevo “Código de las Familias”. Este es positivo -en principio-, pues quiere responder a una nueva realidad social, con una gran variedad de tipología de familias que podríamos definir como familia de origen, familia extensa, familia nuclear, reconstituida, monoparental, homoparental, numerosa, de acogida, adoptiva, etcétera; y por tanto pretende amparar, ayudar y proteger los derechos de todas aquellas uniones afectivas que no se corresponden con el modelo de familia tradicional. Ello, sin duda, requiere de una adaptación legislativa, pues todas deben de tener garantizados sus derechos.

Sin embargo, las normas contenidas en esta propuesta de Código -que se aplicarían a todas las familias- se regirían por los principios, valores y reglas contenidos en la Constitución del 2019; y, por ello, todas las familias quedarían subordinadas a esa “fuerza superior de la sociedad y del Estado” llamado Partido Comunista de Cuba (PCC). Es aquí donde me planteó dudas y no comprendo si la verdadera intención de esta propuesta es alcanzar ¿mayor protección legal o mayor control del Estado?

Ante la ausencia de un Estado de Derecho, por ejemplo: ¿cómo decidirá la fiscalía que una pareja homosexual reúne los requisitos de adopción contemplado en el artículo 98? ¿Qué sucederá si se opone a la adopción? ¿Cómo ejercerá la fiscalía, subordinada al PCC, el control sobre la actuación de la persona que ejerza la guarda de hecho de los hijos de una madre cooperante internacionalista o que haya desertado -es decir, en este último caso, según el PCC: “abandonado su misión en un país lejano”? ¿Cuál sería el desempeño real de las organizaciones de masas al velar por la actuación de las familias en la atención y cuidado de las personas adultas mayores?

Igualmente, ¿les serán aplicadas a las madres y padres las causas de privación de la responsabilidad parental contempladas en el artículo 187 si, por ejemplo, un padre cubano -en noche de apagón- protesta públicamente, incluso con un cacerolazo? ¿O les serán aplicadas por delito de desacato o propagación de epidemias a una madre cubana que egrese a su hijo de un hospital porque en este no haya recursos ni una atención médica adecuada? Estas dudas son muy razonables y sobradamente justificadas, ya que últimamente el gobierno no se ha caracterizado por la generosidad y buenas intenciones. Sus actuaciones ante las masivas detenciones del 11J y el nuevo Código Penal así lo ratifican.

De lo que no tengo duda es que la conquista actual de los derechos de las comunidades femenina y LGBT cubanas será verdadera cuando tengamos una Cuba democrática, donde se respeten todos los Derechos Humanos acorde a la Declaración Universal de 1948, y no dependa de la anuencia de ninguna cúpula dictatorial. Todo dependerá -realmente- de una Cuba Libre y Democrática.