Debatimos acerca del bienestar que Cuba necesita. Cualquier bienestar, general e individual, exige una ciudadanía cívica. Esta noción orienta hacia el ejercicio de la responsabilidad política de cada persona para garantizar un orden social capaz de facilitar el cumplimiento de las responsabilidades en torno al bienestar general y la convivencia civilizada.

Se denomina cívica para diferenciarla de cualquier otra manera de participar que implique violencia, ya sea física o con armamentos; pero aspira también atemperar todo tipo de coacción y agresión verbal. Pero ello, en nuestro actual contexto, parecería inadmisible.

A este ejercicio de ciudadanía le correspondería que pudiéramos intervenir sobre las decisiones políticas que pretenden ordenar nuestras vidas. Esta participación debería ser –entonces- una obligación irrenunciable. Pero esto, ahora, no es posible.

La sociedad habría de exigir, y el gobierno tendría que facilitar, el esfuerzo mancomunado a su favor. Sólo de este modo podríamos plantearnos realmente el desarrollo de un Estado de Derecho, como refrenda el artículo 1 de la actual Carta Magna.

Pero ello no resulta únicamente de un Estado que garantice libertades y equilibrios y respete la soberanía ciudadana. Reclama además un Estado que obedezca al pueblo, y un Estado y un pueblo que obedezcan las leyes, y un Estado, un pueblo y un entramado legislativo que obedezcan al imperio del Derecho.

La ley y el Derecho no siempre coinciden. En estos casos, lamentablemente, siempre resulta quebrantada la justicia y desnaturalizado el Estado de Derecho. De ello hay abundante experiencia.

Para avanzar hacia ello será necesario el cultivo de los valores (en la libertad). En sentido sociocultural y desde un punto de vista sociológico, podemos decir que los valores son los fines, las orientaciones y los controles fundamentales y trascendentes de las acciones humanas y la convivencia social dentro de una subcultura, una cultura o incluso en el conjunto de la humanidad. Asimismo, el universo de los valores llega a desarrollar su función civilizadora, como sostén de la libertad, cuando la persona consigue adherirlos.

La sociedad cubana es maravillosa, pero carece de una economía que le permita bienestar, es pobre, posee insuficiente formación cívica, está fragmentada y escasea de espacios para participar en las decisiones políticas. Para afrontar esto será necesario que la ciudadanía, o una buena parte de ella, ofrezca testimonio de virtudes políticas y humanistas.

Cabe subrayar que resultaría fatal concebir esto desde un vínculo dicotómico entre libertad y Derecho; o sea, entre ambas debe existir un ligamen. Sin embargo, no se trata de que alguna instancia (una iglesia o un partido político) nos advierta sobre el bien y el mal y nos exija los derroteros del orden social y de la existencia individual, a modo de garante de los valores.

Por el contrario, sólo se alcanza el auténtico imperio del Derecho desde el compromiso individual con el humanismo (que debe ser creciente y por medio de la familia, la cultura, la ética, la religión, etcétera) y a partir de una libertad sin cortapisas (aun cuando esta suele no ofrecer suficientes certezas). No hay justicia sin libertad, sino tal vez -en el mejor de los casos- mero orden y triste serenidad.  

Debemos poder definir con libertad, en cada circunstancia, qué sería lo oportuno, lo positivo, lo edificante. Esto no es una concesión al relativismo; todo lo contrario. Ello intenta proteger -de modo absoluto, no relativo- la libertad humana.

La libertad de las personas, con capacidad para ser consecuentes con su conciencia, es lo que permite trascender las circunstancias y, por ende, aportar con efectividad a la evolución individual y social, a lo justo, al Derecho. Si bien para ello será necesario disfrutar la libertad polis y hacerlo desde una relación dialógica, que puede ser tensa, pero no debe dejar de ser cívica.