La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos. José Martí

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Hacia la Cuba que queremos

Imagen © Flickr

El documento del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho y Políticas Públicas Cuba Próxima titulado Pensando en el Futuro, Actuando en el Presente”, versión 2022, en uno de sus acápites presenta los horizontes de su participación política en un eventual proceso democratizador de Cuba. La Junta Directiva de este Centro ha continuado desarrollando tal acápite para ofrecerlo a una nueva adaptación de Pensando en el Futuro, Actuando en el Presente” que concluirá en pocos meses.

A continuación, la nueva referencia de este acápite.

Derechos Humanos

La dignidad humana es sostenida únicamente en libertad y bienestar, lo cual se concreta en los Derechos Humanos, fundamento central de cualquier política referida a la justicia. Ello demanda:

– Garantizar los Derechos Humanos por medio de un catálogo que complemente los derechos sociales e individuales y de tercera y cuarta generación, además, ubicado como imperativo para todo el funcionamiento del Estado y la sociedad civil, de la ley y la impartición de justicia.

– Ratificar los pactos de Derechos Políticos y Civiles, y Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones Unidas, firmados en 2008, y sus correspondientes protocolos facultativos, así como suscribir los demás tratados internacionales y regionales sobre Derechos Humanos ⸺los cuales deben poseer rango constitucional. 

– Sostener el derecho al aborto, el cual debe ser asegurado por el Sistema Nacional de Salud, sin costo monetario. El Estado y la sociedad civil deben fomentar políticas públicas de apoyo a las embarazadas y la comprensión de la naturaleza del aborto.

– Eliminar la sanción de pena de muerte del ordenamiento legal cubano.

– Nuevo diseño de las leyes penales, que eviten las ambigüedades e ideologización y reduzca su alcance, como un derecho efectivo de ultima ratio, que se apliquen en el último momento. 

– Defender que los principios del desarrollo de los derechos y libertades fundamentales son la igualdad, la progresividad, la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la posibilidad de ejercer todo lo que no esté prohibido expresamente por ley, la irretroactividad de la ley si bien no acerca de las leyes penales cuando sean favorables al encausado o sancionado, y la oportunidad de exigir todos los derechos tanto individual como colectivamente.

– Consolidar un poder judicial independiente en lo funcional, presupuestario y jerárquico, con procedimientos adecuados para seleccionar los jueces, capaz de proteger todos y cada uno de los Derechos Humanos de todos y cada uno de los ciudadanos.

– Eliminar la competencia de los tribunales militares en los casos donde intervienen civiles y solo limitada a las cuestiones estrictamente militares.

– Restablecer del ejercicio libre de la abogacía.

– Establecer el Defensor del Pueblo, como garante máximo del disfrute de los Derechos Humanos.

– Instaurar una Fiscalía General de la República que exija al Estado y la sociedad el cumplimiento de la Ley.

– Crear un Tribunal Constitucional autónomo que garantice la constitucionalidad de las leyes, con autoridad para descalificar leyes y acciones de gobierno que violen la Constitución.

– Instituir un proceso de amparo constitucional efectivo para la protección de todos los Derechos Humanos siguiendo los más avanzado de la doctrina.

– Posibilidad de recurrir en vía judicial todas las decisiones de la administración relacionadas con los derechos de las personas.

– Perfeccionamiento de las formas alternativas de solución de controversias, tales como la mediación, la negociación, la conciliación, el arbitraje, etcétera.

– Reconocimiento del carácter vinculante para el Estado cubano de las decisiones tomadas por los organismos internacionales de Derechos Humanos.

– Integración al sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos.

– Incorporar la República de Cuba a la Corte Penal Internacional, facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto a crímenes de transcendencia internacional y con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Estado democrático

La democracia sociopolítica demanda centralidad de los Derechos Humanos, imperio de la Ley, sociedad civil autónoma, cultura humanista, civilidad política, economía democrática y bienestar social. O sea, demanda un Estado de Derecho, lo cual requiere la condición jurídica de ciudadanía. Esto exige:

– Fomentar una convivencia civilista donde el desarrollo de cada persona sea causa y efecto del progreso de todos.

– Garantizar el derecho a la múltiple ciudadanía.

– Garantizar los derechos a participar en la formación de la opinión general, convertir la voluntad social en voluntad política, constituir agrupaciones políticas programáticas, nominar candidatos a los cargos públicos, elegir estas autoridades, ser electo y controlar el poder, incluyendo modalidades vinculadas al estudio e investigación u otras no derivadas de la asociación política. 

– Reconocer el derecho al voto de los emigrados, quienes deben ostentar la facultad de poseer representación parlamentaria.

– Garantizar el derecho de asociación política en todas sus formas, incluyendo constituir agrupaciones con programas de gobierno, nominar candidatos a los cargos públicos, ejercer facultades para organizar entidades de estudio e investigación, medios de comunicación, acceso a la prensa y a todas las fuentes lícitas de financiación privada y pública.

– El financiamiento de las agrupaciones políticas demanda donaciones equitativas por parte del Estado y de asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos individuales y empresas privadas. Si bien jamás deben recibir financiamiento de fuentes extranjeras, ni de empresas estatales, semiestatales y portadoras de contratos con empresas estatales o empresas y personas con deudas tributarias, ni con organizaciones de caridad y religiosas, ni entidades con una vigencia reciente o posterior a un periodo estipulado. La financiación partidista debe ser regulada por una Ley que la precise y delimite, lo cual resulta una práctica que se ha extendido internacionalmente y Cuba debe emular.

– Implementar efectivamente el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas legislativas y reformas parciales o total a la constitución.

– Desarrollar un modelo de gobierno incluyente, pluralista, descentralizado y democrático, con independencia entre las ramas del poder y autonomía de los gobiernos locales, bajo el imperio de la Ley.

– Establecer una institucionalidad de gobierno y administración pública que sean racionales y eficaces, desconcentradas y descentralizadas, garantizando la instauración de mecanismos para la probidad pública y la transparencia de las instituciones del Estado.

– Establecer que el acceso a los cargos de diputados y delegados, gobernadores e intendentes, y presidente de la República, sea por medio de nominación democrática y elecciones libres, iguales, directas, secretas, competitivas y periódicas.

– Definir una estrategia nacional de descentralización con enfoque amplio y democratizador que contemple las reformas al Estado central y lineamientos de política para resolver los desequilibrios regionales, de todo lo cual se derive una Ley de Municipios que –pasando por consulta popular- delimite su autonomía y competencias.

– Garantizar mediante la debida personalidad jurídica el ejercicio de la autonomía municipal en sus componentes básicos -político, administrativo y fiscal- y junto con competencias, incluida la colaboración internacional, el desarrollo local y los aportes de los actores económicos, así como la cooperación e interrelación equilibrada con los niveles e intereses municipales, provinciales y centrales.

– Establecer una burocracia pública como autoridad técnica-racional que ejecute de manera eficiente el punto de unión entre el Gobierno y los gobernados; e instaurar un funcionariado público de carrera por medio de un conjunto ordenado de oportunidades de ingreso, ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, en todo lo cual la eficiencia de su labor como punto de unión entre Gobierno y gobernados sea fundamental

– Instituir que el sistema de justicia, garante de los Derechos Humanos, que continuamente exija a las instituciones públicas la centralidad y finalidad de estos.

Sociedad civil

El desarrollo del Estado de Derecho exige una sociedad civil activa, regida por leyes e instituciones, pero autónoma, no tutelada. Esto demanda:

– Como fundamento del Estado de Derecho, garantizar los derechos de acceso universal a la educación, al cuidado de salud, la seguridad social, la asistencia pública en caso de dificultad o desventaja, y la protección ciudadana y judicial.

– Garantizar igualmente el acceso equitativo a la esfera pública a través de las libertades de expresión, acceso a la información, prensa, reunión, asociación y manifestación, así como la libertad de creación artística en sus múltiples formas. También el disfrute de las condiciones culturales y económicas que sustentan el ejercicio de la ciudadanía, de la democracia.

– Proteger legalmente los diferentes imaginarios de relación conyugal y familiar, por medio de un estatus social que asegure el desarrollo de cada una de estas singularidades con total libertad pública en concordancia con el derecho de igualdad ante la ley, mientras también cada una de ellas salvaguarda la integridad individual y pública de las otras.

– Aplicar medidas para empoderar los grupos vulnerable e históricamente marginados, tales como los afrodescendientes, la comunidad LGTBIQ+, las mujeres, los ancianos, los presos y los grupos en pobreza extrema.

– Asegurar la atención a las personas con discapacidades o neurodivergentes, su asistencia médica y el acceso a programas empresariales, a trabajos y a planes urbanos y arquitectónicos que mejoren la calidad de vida.

– Fomentar agrupaciones civiles, de sindicatos, estudiantes, campesinos, empresarios y todas las organizaciones que decidan defender agendas propias y/o de impulso, protección y reivindicación de Derechos Humanos.

– Desarrollar el ejercicio libre de las profesiones y la asociación colegiada de todas ellas, con el objetivo de facilitar la satisfacción de sus demandas profesionales y la coordinación del aporte social.

– Estimular la incorporación de emigrantes cubanos, con plenos derechos, en las dinámicas del país a través de proyectos públicos o particulares, reconocer los diversos grupos civiles de la diáspora y asegurar la relación entre los «emigrados» y la institucionalidad cubana.

– Incorporar el país a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado para trabajar en la unificación progresiva de reglas que faciliten los procedimientos judiciales y administrativos entre cubanos naturales residentes fuera de Cuba y las contrapartes nacionales en la Isla.

– Defender una Ley de Asociaciones que reconozca autonomía a la esfera pública y la pluralidad de la nación; que asegure al tejido civil cubano la debida personalidad jurídica, organización y funcionamiento, y una economía totalmente autónoma del Estado y los partidos políticos

Economía y bienestar

Será imposible disfrutar los Derechos Humanos sin un modelo económico orientado al desarrollo y el bienestar general, que restablezca al trabajo su valor como generador de la riqueza individual y social. En Cuba resulta urgente, pues impera la precariedad económica, los salarios y pensiones con muy bajo poder adquisitivo, la pobreza y la desigualdad. Ello demanda:

– La participación de todas las formas de propiedad. O sea, empresas públicas gerenciadas desde los principios fundamentales de la conducción empresarial y con profesionales competentes. Empresas privadas sociales, como cooperativas, sociedades económicas, entre otras. Empresas privadas individuales. Empresas mixtas. Asociaciones de empresas privadas, cuyos miembros sean accionistas, y de estas con otras empresas públicas, sociales, individuales o mixtas.

– Solucionar, sin menoscabo de las urgencias financieras nacionales, los conflictos acerca de las empresas expropiadas a cubanos.

– Desarrollar el valor de la moneda nacional por medio de la combinación de una economía fuerte, un mercado de divisa con tasa de cambio real y flexible, una oferta suficiente de divisas a través de negociaciones con bancos extranjeros y otras entidades emisoras, y la promoción de una amplia actividad comercial privada y pública con uso tanto de divisas como de la moneda cubana. 

– Garantizar la independencia del Banco Central para seguir políticas monetarias que conduzcan a bajos niveles de desempleo e inflación.

– Defender las reglas del mercado y la libre contratación económica bajo la necesaria regulación del Estado.

– Garantizar leyes antimonopolio y otras que protejan la libre y justa competencia en espacios consensuados previamente.

– Fomentar la reducción de la inflación y el aumento de la producción, los servicios, la exportación, el PIB y el ingreso per cápita.

– Defender una reforma agraria urgente y un programa nacional de fomento agropecuario.

– Desarrollar las industrias del turismo, la azucarera, del níquel, del cobalto, de activos financieros, de servicios ⸺con énfasis en los profesionales⸺, el acceso del arte cubano al mercado internacional, y el ejercicio autónomo de las profesiones.

– Promover la inversión extranjera, privada y pública, para todos los sectores del país. Con especial interés en la participación de la diáspora cubana.

– Avanzar en inversiones, en las más diversas localidades del país, que en corto tiempo generen encadenamientos productivos. 

– Establecer instrumentos tributarios que estimulen el aumento de la producción.

– Garantizar un sistema de impuestos, proporcionales y progresivos, sobre las ganancias de todas las personas jurídicas y naturales, sean públicas o no. Establecer un procedimiento para cumplimentar el presupuesto del Estado y la redistribución de la riqueza.

– Fomentar instituciones financieras y crediticias ⸺públicas, sociales y privadas⸺, para apoyar empresas, personas naturales y ONGs.

– Reconstruir la infraestructura del país.

– Perfeccionar el sistema de control contable y la fiscalización del presupuesto estatal y el uso de los fondos públicos. Otorgar a la Contraloría plenos poderes para fiscalizar el uso de los fondos públicos por parte de los partidos políticos, la sociedad civil y el ejército. Transformación de la Contraloría de la República en Tribunal de Cuentas.

– Colocar a Cuba en las cadenas globales de producción de valor.

– Defender las condiciones de trabajo, una retribución justa, el establecimiento del salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas diarias, las jornadas laborales extras pagadas, el debido descanso semanal y anual pagados, la indemnización por despido sin justa causa, seguro de desempleo, un sistema de contratos colectivos de trabajo, un régimen de justicia laboral, el derecho a huelga y la libre sindicalización.

– Promover entidades gestoras de empleo, tanto públicas como privadas, coordinadas racionalmente por el Ministerio de Trabajo.

– Procurar que los salarios y las pensiones sean suficientes para cubrir las necesidades de los cubanos.

– Avanzar hacia el establecimiento de una Renta Básica sostenible, que contribuya a la vida digna de toda la sociedad.

– Establecer un Código de Comercio para economía democrática.

Defensa del trabajo

Un modelo sociopolítico que procure vencer la tentación de orientar a las personas y al Estado en función del mercado o a las personas y al mercado a favor del Estado, e intente colocar al Estado y al mercado al servicio de las personas, debe establecer un “ámbito del trabajo” que sea clave de toda la cuestión social. Esto reclama:

– Refrendar la libertad sindical y consensuar una visión de la «unidad sindical» asentada en la libertad de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, con una visión que procure beneficios para los trabajadores, sin quebrantar el bienestar legítimo de otros o de la sociedad toda. A la vez, evitar a toda costa que se afecten los trabajadores como resultado de la impunidad que puedan disfrutar intereses espurios de otros poderes económicos y políticos.

– Renovar democráticamente el liderazgo, la organización y el funcionamiento de los sindicatos, y consensuar una visión de la “unidad sindical” asentada en la libertad de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales.

– Eliminar la discriminación que privilegia la mano de obra extranjera frente a la nacional en lo relativo a salarios, acceso a puestos de dirección y gestión.

– Reconocer el derecho a huelga y acordar los procedimientos debidos para realizarlas; establecer mecanismos tripartitos (trabajadores, empresarios y Estado) de negociación de conflictos laborales.

– Instaurar un desempeño público riguroso en torno a la inspección del ámbito laboral, en el que participen los sindicatos.

– Constituir un sólido sistema de justicia laboral, que incorpore una participación efectiva de las organizaciones sindicales.

– Instituir una Comisión Trisectorial ⸺integrada por representantes de los sindicatos y las asociaciones de profesionales y oficios, de los empresarios y del Gobierno⸺ que periódicamente considere las condiciones para el desarrollo socioeconómico y a partir de ello refrende un Acuerdo-Marco periódico sobre el proceso económico-laboral.

– Cumplir, y suscribir cuando fuera necesario, los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aprobar un Código del Trabajo justo.

Cultura y Educación

El acontecer humano depende del obrar de las personas, de la cultura. Pero no se trata de cualquier hacer, ni de aquellos afanes centrados de manera preferente en las circunstancias económicas, sociales o políticas, sino sobre todo de las ocupaciones referidas a la dignidad en paz y libertad. Ello exige:

– Promover las ciencias y una libre iniciativa cultural orientada hacia la libertad, el bienestar, la paz y la justicia.

– Fomentar donaciones y créditos a largo plazo y con intereses reducidos, a favor del desarrollo de la obra cultural de individuos o grupos con talento.

– Defender la libertad religiosa, entendida como una neutralidad positiva por parte de un Estado que ha de garantizar la igualdad proporcional a todas las religiones.

– Asegurar que todas las religiones tengan derecho patrimonial y accedan a subvenciones, y además puedan participar en la educación y formación de opiniones, organizar servicios sociales y prestar asistencia en los hospitales.

– Garantizar una educación pública universal extendida y elevada, y obligatoria hasta culminar los estudios de bachillerato o análogo. También podrán educar instituciones privadas con idénticos requisitos.

– Promover que los padres posean el derecho a elegir la educación que prefieren para sus hijos.

– Desarrollar una educación que integre las ciencias, las matemáticas, la tecnología y las humanidades, capaz de promover una racionalidad política ciudadana, en lo cultural, social, laboral, jurídico y gubernamental. 

– Impulsar la enseñanza técnico-profesional media y superior, y orientar el bachillerato hacia la formación vocacional.

– Establecer la enseñanza de la inteligencia artificial, la informática y su tecnología, en todos los niveles y tipos de formación.

– Promover la adecuada actualización constante de bibliográfica en instituciones docentes, bibliotecas y plataformas digitales.

– Desarrollar la formación pedagógica y docente como carrera, y retribuir a los educadores de los centros públicos con un sistema especial de salarios que los dignifique.

– Promover un sistema, sobre todo público, de formación profesional y universitaria que integre a Cuba en los mecanismos internacionales de cooperación académica, incluida la integración en la Apostilla de la Haya, que facilite la oferta de becas y la presencia en las redes de colaboración formativas e investigativas.

– Establecer la libertad de cátedra y la creación de un sistema público de oposiciones a las plazas docentes.

– Instituir la cooperación con el sistema empresarial, las entidades laborales, las instituciones de la sociedad civil y las asociaciones de mecenazgo al conocimiento, con el propósito de auspiciar becas, pasantías y premios destinados a la formación continua, que ofrezcan herramientas prácticas para el ejercicio de la profesión, el proceso de formación posgradual de los profesionales.

– Asegurar que todos los ciudadanos, organizaciones e instituciones tengan acceso a información veraz, variada, plural y socialmente relevante, y a la vez puedan informar y participar a través de medios de comunicación propios o públicos.

– Los medios públicos de comunicación tendrán que garantizar cualquier participación debidamente solicitada, siempre que el mensaje no contradiga la ética y las normas jurídicas, e instituir el derecho a réplica, la responsabilidad ulterior y la prohibición de la censura previa. La dirección de estos deberá constituirse de manera que asegure su carácter público y evite convertirlos en instrumentos del gobierno de turno.  

– Un Consejo integrado por una representación amplia de diversos sectores de la sociedad civil debe participar en la producción y evaluación de los productos y la programación mediática de los medios públicos de comunicación, de modo que estos puedan ser espejo de la sociedad realmente existente.

– Garantizar la pluralidad de medios de comunicación en igualdad de derechos y obligaciones.

– Promover el acceso a Internet que el Estado debe garantizar.

Protección social

No habrá Derechos Humanos ni nación sin la capacidad social de reproducir de manera cotidiana a las personas, sobre todo en aquellas dimensiones donde estas no pueden lograrlo con el esfuerzo individual o solidario. Esto requiere:

– Rediseñar el modelo de bienestar y protección social, sobre la base de la redistribución de funciones y atribuciones entre los distintos actores (Estado, mercado, familias y sociedad civil). Es necesario evitar la excesiva centralización de la gestión, el hiperestatalismo y el verticalismo de su funcionamiento.

– Desarrollar un modelo de gobernanza que incluya multiplicidad de actores y esferas en la gestión del bienestar y el cuidado social por medio de acuerdos solidarios de corresponsabilidad.

– Defender el acceso universal a una atención de salud integral, incluso preventiva, por medio del desarrollo de diferentes instituciones sanitarias, y el progreso de las ciencias y la industria médicas. Permitir el ejercicio privado de la medicina con regulación estatal, que incorpore un sistema de seguros médicos establecido por ley con diversidad de coberturas y contraprestaciones acordes a la realidad económica existente en el país y al poder adquisitivo real de los ciudadanos.

– Sustentar una política medioambiental basada en diagnósticos y sugerencias de la ciencia, sobre los principios del derecho ambiental, los tratados y convenios internacionales, el fomento de fuentes de energía limpia, la educación ambiental y la participación ciudadana, que incluya un programa “cambio verde”. 

– Desarrollar una Defensa Civil que organice y ejecute la respuesta ante catástrofes naturales, sanitarias, humanas u otras. Para lo cual debe garantizar la permanente disponibilidad, coordinación y ejecución de los necesarios recursos económicos, científicos, legales, institucionales, profesionales y sociales que el Estado debe asegurar.

– Promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, la atención a las personas con discapacidad, el cuidado de las personas mayores, y la lucha contra la violencia de género.

– Proteger a las personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones y voluntad de prestarle ayuda.

– Rediseñar e integrar las políticas sociales que promueven el derecho al cuidado, a la vez que protejan a quienes brindan estos servicios, sea en forma remunerada o no.

– Reformar el sistema de pensiones y de seguridad social, para que sea sostenible a largo plazo, tanto financiera como actuarialmente. Instituir gradualmente una reserva que se invierta de manera productiva y de ese modo contribuya a mejorar las actuales bajas pensiones, e incorporar representantes de trabajadores y empleadores a la administración de la seguridad social mediante legislación que establezca expresamente estas funciones, sus facultades y sus límites.

– Desarrollar políticas demográficas que atiendan los múltiples desafíos derivados del envejecimiento poblacional y demás dinámicas demográficas como el aumento sostenido de las migraciones internacionales.

Orden público, defensa, seguridad 

Un Estado civilista demanda orden y seguridad. Lo cual solicita:

– Abolir el servicio militar obligatorio.

– Integrar los institutos militares por cuerpos que garanticen la civilidad y el respeto de las normas constitucionales y legales.

– Implementar una estrategia de capacitación en materia de Derechos Humanos y cultura democrática a todas las fuerzas del orden público, defensa y seguridad nacional.

– Prohibir que los militares pertenezcan a una agrupación política, o que sean elegidos para ocupar estos cargos, mientras permanezcan en activo, si bien puedan elegir autoridades.

– Instituir que estas instituciones participen de la responsabilidad internacional por la paz a través de los «cascos azules» de la ONU y de los mecanismos para la lucha contra el crimen organizado en el orbe y el hemisferio.

– Las fuerzas policiales deben poseer carácter «civil», lo cual exige que en sus funciones los agentes cumplan sus desempeños ordinarios dentro de lo establecido legalmente. A la vez que solo puedan ejecutar operaciones de otra índole bajo el mandato o autorización casuística de la fiscalía o los tribunales. También que se rijan por una disciplina de cuerpo, pero a la vez puedan, a título individual y en última instancia, apelar al imperio constitucional o a sus conciencias.

– Una Ley establecería todo lo anterior y las funciones de cada uno de los cuerpos e instituciones. Debe quedar proscrita toda intervención e intromisión de cualquiera de estos en la vida de la sociedad civil, ante lo cual los ciudadanos podrían presentar querella por vías de jurisdicción ordinaria y bajo la supervisión judicial, nunca mediante cuerpos de investigación especiales de carácter político.

Relaciones internacionales

Cuba necesita redefinir sus objetivos de política exterior y sus relaciones con el mundo. 

El país debe dejar de representar los intereses de un sistema/partido y comenzar a definir y a defender los intereses de una nación y un país. Esta cuestión tiene la mayor importancia para los destinos de la nueva república, y deberá partir de las condiciones naturales, geopolíticas e históricas que tiene Cuba, del estado actual del país, así como de los objetivos que como nación busquemos alcanzar. 

Cuba es un archipiélago, de herencia hispano-americana-africana, ubicada en el Caribe, con recursos naturales limitados que la obligan a tener una economía abierta. Somos y seremos altamente dependientes del comercio y de nuestras relaciones con el mundo. Cuba es también hoy un espacio descapitalizado y atrasado en términos económicos, mercantiles y tecnológicos.

La Cuba transnacional que se ha ido configurando en los últimos años, cada vez con más claridad, con millones de nacionales residiendo en el exterior, también requiere un mayor reconocimiento de los vínculos del país con el mundo. 

La redefinición de las estrategias de los vínculos de Cuba con el exterior debería partir de la necesidad de poner al ciudadano cubano y a las necesidades del país por encima de cualquier interés partidista, ideológico o circunstancial. De lo contrario, será difícil que el país consiga las condiciones de estabilidad económica, social y política, capaz de asegurar mayores niveles de prosperidad y derechos para el pueblo cubano. 

Lo anterior nos llevaría a pensar y a trabajar en los siguientes objetivos generales:

– Propiciar vínculos de amistad, buena voluntad y cooperación con todos los países del orbe.

– Promover unas relaciones internacionales favorables a la paz, la solución negociada de los conflictos, la promoción y el cumplimiento de los Derechos Humanos, y la concertación política sobre los asuntos fundamentales de interés del país.

– Prohibir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio cubano. 

– Incentivar la cooperación económica y en materia de políticas públicas y la contratación de técnicos y profesionales sobre bases justas. Promover internacionalmente un uso eficiente y justo del capital humano del país, tanto del personal científico técnico profesional como de la capacidad de inversión y el know how de los nacionales cubanos. 

– Promover un uso inteligente de nuestra posición geográfica, de nuestra condición de isla en el Caribe, de herencia hispano-americana-africana, pero con vínculos políticos, económicos, culturales y familiares significativos con Estados Unidos. Al tener en cuenta nuestra privilegiada posición geográfica, debemos promover el desarrollo del transporte marítimo y el comercio regionales, así como un turismo sano y sustentable.

– Renegociar las deudas financieras con el Club de París, el Club de Londres, Rusia y otras deudas bilaterales públicas y privadas.

– Definir y promover una bien pensada política de oportunidades de mercado para atraer inversiones, y procurar el beneficio de los cubanos en estos esfuerzos.

– Participar activamente en los organismos multilaterales y firmar y cumplir los acuerdos internacionales que contribuyan a los intereses de ese nuevo país.

– Desarrollar las relaciones de Cuba con nuestro espacio inmediato, el Caribe, en el que prevalezca más la cooperación que la competencia.

– Ingresar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. 

– Trabajar por el acceso a créditos ventajosos y mejorar nuestra posición crediticia a escala global.

– Lograr acuerdos de cooperación, de condición de nación más favorecida, acuerdos de libre comercio y ventajas arancelarias en nuestras relaciones, acuerdos o futuras concertaciones con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el CARICOM, el Mercosur, la UE, y otros mecanismos económicos regionales, internacionales y de bloques que resulten convenientes.

– Firmar la Carta Democrática y participar más activamente en el Sistema Hemisférico, ingresando en los mecanismos que aún queden pendientes.

– Renegociar los temas en disputa, o pendientes, con los Estados Unidos. Resolver esas disputas en apego al interés nacional.

– Eliminar toda injerencia directa en los asuntos internos de los cubanos como nación soberana e independiente. 

– Mantener y desarrollar las relaciones con otros países centrales del orden mundial existente, sobre la base de los intereses del país.

– Redefinir las relaciones con actores globales o potencias emergentes.

– Prestar mayor atención a la Cuba transnacional que hoy existe, pues cada día son más los nacionales que residen en el exterior y son poseedores de otras nacionalidades.

Carta magna

El establecimiento de tal Estado de Derecho impone la convocatoria a un proceso constituyente. Lo cual requiere:

– Participación de todos los sectores socioeconómicos y de las distintas posiciones políticas y corrientes de pensamiento, incluida la diáspora.

– Dinámicas libres, plurales y democráticas, de genuino diálogo y concertación.

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