Cuba Próxima comparte este dossier con visiones diversas sobre temas relacionados con la posibilidad o no de iniciar una democratización del Estado cubano. Este documento ha sido coordinado por Lennier López y participan Alberto Guadalupe, Elena Larrinaga, Frisia Batista, Michel Fernández, Ileana de La Guardia, Manuel Cuesta Morúa y Diana Mendiluza.

1- La estrategia Shanti impulsa una agenda que pretende solucionar, de manera pacífica, los obstáculos que actualmente dificultan la convivencia cubana y la posibilidad de una sociedad y un Estado democráticos. Lo sostiene en la necesidad de revertir la violencia social e institucional, incluso cultural, por medio de una «ciudadanía cívica» en pro de la «paz necesaria». Esto, de acuerdo con un criterio legítimo de soberanía que refrenda el ejercicio irrestricto de todos los derechos de la dignidad humana en todo el territorio del país por todos los cubanos. ¿Qué opina usted?

Alberto Guadalupe: Ante todo, me parece importante observar hasta qué punto la violencia ha acompañado la construcción de la nación cubana desde sus inicios. De otra manera no se puede entender la actitud de la sociedad ante lo que ha sido el castrismo supuestamente revolucionario en los últimos 64 años.

La sociedad cubana emerge del encuentro violento entre españoles y las poblaciones originarias de la isla. Nuestra acta de nacimiento es un genocidio que condujo a la dominación española en Cuba, el asentamiento de una sociedad esclavista que sometió a cientos de miles de africanos con un aumento significativo de sus números en el siglo XIX justo antes del momento en que las elites empiezan a plantearse seriamente la necesidad de la independencia de Cuba, una isla que la metrópoli llamaba la «siempre fiel».

No se puede negar tampoco que nuestras guerras de independencia fueron también guerras civiles puesto que buena parte de las tropas fieles a la corona estaban conformadas por los Cuerpos de Voluntarios, ósea cubanos que defendían la permanencia de Cuba en el Reino de España.

Nuestro segundo nacimiento, esta vez como país, es el resultado en gran parte de un conflicto fratricida.

Esos conflictos de la sociedad colonial siguieron marcando la vida política en la Cuba republicana con episodios sangrientos y de suma violencia política como la masacre de los independientes de color, la revolución de 1933 y la revolución cubana de los años cincuenta, consecuencia de un golpe de Estado. De ahí surge el castrismo, de una sociedad cuya violencia intrínseca no pudo soportar la Constitución de 1940 más de doce años. De ahí también que durante mucho tiempo y en el contexto de la Guerra Fría la resistencia al castrismo se caracterizara por intentos armados ya sea en Bahía de Cochinos o en el Escambray. El castrismo por su parte, en su construcción totalitaria, ha desarrollado dentro de la sociedad un léxico del sacrificio, de la muerte, de la lucha, de la deshumanización del «enemigo», que hace que generaciones enteras de cubanos han crecido en una sociedad donde la lucha y el vencer al que piensa diferente es la única manera de vivir.

A ciencia cierta el castrismo es la síntesis más absoluta de la violencia política que nos ha compuesto como sociedad y lo resumió formidablemente en su lema de «Patria o Muerte».

En mi opinión la audacia de Shanti reside en la voluntad de romper el ciclo secular de violencia que nos ha forjado como nación. Es una tarea difícil que implica mirar de frente a todo este pasado para comprender nuestro presente, identificar los avatares de violencia que nos aquejan hoy y comenzar a construir un futuro basado en la justicia más que en la venganza permanente de los que dominan hoy sobre los que dominaron ayer.

Elena Larrinaga: La persona es un ser social por naturaleza; de modo que la vida transcurre a través de relaciones, comunicación, convivencia. Los cubanos hemos vivido en el enfrentamiento y la deslegitimación, y esto nos fuerza a buscar el entendimiento. Para ello habrá que incorporar conceptos tales como la paciencia, la escucha, el respeto a las ideas y opiniones de los demás, y el disentir con respeto. Sólo así podremos reconstruir la nación cubana y Shanti es un modelo que responde a esta necesidad a la perfección. El comportamiento cívico es la única respuesta posible.

Frisia Batista: La estrategia Shanti impulsada por 19 organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba, intenta trazar un camino para responder a la creciente violencia orgánica que se manifiesta en la sociedad cubana actual, tanto social como institucional. Ante la crisis de la democracia que enfrenta Cuba, después de 64 años de totalitarismo impuesto por el Estado, la sociedad cubana necesita encontrar la paz, para reconstruir un país sobre la base del respeto a los derechos y las libertades humanas; donde prime el respeto por el prójimo y el trabajo en función del bien de las colectividades y se puedan solucionar los problemas económicos, sociales, a través de la formación de un Estado de derechos.

Michel Fernández: En mi opinión Shanti puede convertirse en la propuesta que aglutine a todas las personas, grupos y organizaciones que mediante vías pacíficas buscan una transición a la democracia en Cuba, con el reconocimiento del pluralismo político como un Derecho Humano y la eliminación del carácter único y superior del PCC.

El enfoque holístico que Shanti da al tema de la violencia en Cuba, viendo esta en sus dimensiones política, de género, de raza, institucionalizada y económica, permite enfocar la superación del sistema totalitario cubano mediante la lucha contra la violencia en todas sus expresiones. También es una aspiración de Shanti abordar progresivamente la violencia interreligiosa, infantil y psicológica.

Shanti ha puesto sobre el escenario político cubano una importante herramienta de activismo legal, muy poco utilizado en Cuba, al perfilar el camino para la obtención de la Certificación Acreditativa de la Condición de Elector, lo que permitiría la ejecución de acciones por la sociedad civil para avanzar en la concreción de Derechos Humanos específicos o demandas concretas de grupos de la sociedad civil.  Si bien es cierto que esto no va a lograr un cambio de sistema en Cuba, si puede ser un ejercicio que allane el camino a acciones de más impacto político.

Ileana de La Guardia: La estrategia Shanti es muy necesaria, pues los derechos a la dignidad humana deben ser respetados en todo el país a través de los valores de tolerancia y libertad, indisociables los dos. La tolerancia implica el respeto a la libertad del otro. Por ello, ese debe resultar el primer pilar de esta estrategia para romper de manera pacífica los obstáculos que nos impiden llegar a una capaz de proteger a los ciudadanos de la violencia política institucional ejercida desde el Estado.

Manuel Cuesta Morúa: Definitivamente. La soberanía tiene un significado primero político que remite a quién tiene la última palabra y la capacidad de tomar la última decisión respecto de los asuntos concernientes a las políticas públicas y a las decisiones fundamentales del Estado. Insisto en lo de fundamentales porque en rigor es difícil que las decisiones y los términos del día a día de la política, lo que se conoce como política mediana, puedan ser decididos siempre por las y los ciudadanos. Pero en lo que corresponde a las cuestiones decisorias y decisivas, la soberanía debe entrar en juego desde abajo para que la podamos llamar tal.

Doy este rodeo sobre lo que es de doctrina por una sencilla razón derivada: la soberanía debe y puede ser extendida a todos los asuntos que impliquen la participación ciudadana y se aplica a la posibilidad y necesidad de definir los entornos de convivencia para que la plena dignidad humana que implica el concepto de soberanía pueda realizarse. Lo que significa entornos no violentos, es decir, pacíficos para el ejercicio de la soberanía: desde el hogar ―la autonomía (soberanía) reconocida a los hijos equivale a la paz en los ambientes familiares― hasta los ambientes y entornos políticos pasando por las diversas comunidades que congregan a ciudadanas y ciudadanos soberanos, y por ende diferentes y diversos.

Shanti entra en esta ecuación que es primordialmente cultural, como se enuncia en la pregunta, para trabajar en un ecosistema de violencias con el propósito de revertirlas y contribuir en la restitución de la soberanía de las y los ciudadanos cubanos. 

Diana Mendiluza: La estrategia Shanti se erige como una alternativa al status quo existente en Cuba. Como establece la propuesta: «a una violencia orgánica, una paz orgánica». El objetivo de Shanti es erradicar todo tipo de violencia, incluyendo la estatal. El régimen castrista limita las libertades de expresión, asociación y censura a todo aquel que tenga un pensamiento crítico y diferente al discurso oficialista. Ante tales circunstancias, constituye una excelente iniciativa que busca promover el diálogo, la reconciliación y la transformación social, a través de la participación ciudadana y el respeto a los Derechos Humanos.

La educación en Cuba, desde 1959, ha estado marcada por el adoctrinamiento ideológico, idolatrando a líderes comunistas nacionales e internacionales, obstaculizando el desarrollo de un pensamiento crítico, diverso; así como el respeto a las opiniones del prójimo. Por tal motivo, la adquisición de una cultura cívica, que los cubanos nos caractericemos por ser una ciudadanía cívica, es muy importante para lograr la sociedad a la que aspiramos; donde los cubanos tengamos una participación más activa en la vida política y social del país, donde exista transparencia en el accionar de las instituciones públicas, y se reforme el sistema electoral, para elegir, dentro de un marco pluralista, a quienes nos dirigen.

No dejo de reconocer, por las circunstancias en las que se encuentra la sociedad cubana hoy, que la propuesta de Shanti lleva mucho trabajo para lograr, a largo plazo, los resultados esperados y requiere de mucha voluntad y compromiso por parte de todos los involucrados. Creo que la paz y la democracia son valores fundamentales para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. Cuba necesita paz y transitar hacia la democracia, Shanti ha trazado una ruta para lograrlo.

2- Un nuevo texto constitucional democrático suprimiría el contenido del actual artículo 5 e incorporaría el pluralismo político como derecho. Sin embargo, ello sólo podría resultar de un proceso constituyente con participación de todos los sectores socioeconómicos y las distintas posiciones políticas y corrientes de pensamiento, incluida la diáspora, a través de dinámicas libres, plurales y democráticas, de genuino diálogo y concertación. Lo cual será imposible sin el inicio previo de una ruta democratizadora que facilite el ascenso de estos sectores sociales, económicos y políticos. Para ello, algunos sugieren comenzar por la modificación de ese quinto artículo de la presente Carta Magna, que quizá podría quedar de este modo: «la ciudadanía, en el ejercicio de la soberanía popular, puede organizarse políticamente, según preferencias, para trabajar por los fines establecidos en esta Constitución». ¿Qué sugiere usted?

Alberto Guadalupe: Los fines establecidos en la Constitución vigente no son precisamente ni la construcción de una sociedad democrática ni el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, con lo cual si solamente se modifica este artículo esta formulación puede parecer insuficiente. Es menester que este nuevo artículo consagre explícitamente la diversidad política en Cuba. Una propuesta podría ser: «La República de Cuba garantiza la libertad de asociación con el fin de que los ciudadanos puedan organizarse en asociaciones y partidos para ejercer su soberanía y desarrollar la democracia a través de las instituciones del Estado.»

En cuanto a la constituyente es difícil anticipar cuáles serán las condiciones concretas del país en el momento de la transición y por tanto saber si esta sería viable o no. Una constituyente no es per se una garantía de consenso ya que la mayoría de la asamblea puede llevar a imponer un texto que desconozca por completo los derechos y aspiraciones de una minoría. Fue de cierta manera lo que pasó en Chile en el proceso constituyente llevado a cabo en 2022. Las constituciones están ante todo para que, dentro de una sociedad diversa y plural, mayorías y minorías se respeten y puedan convivir. Esto implica que la mayoría autolimite su poder, cosa que no siempre está dispuesta a hacer.

Más allá de la forma, lo que parece esencial es que haya una voluntad de consenso dentro de las fuerzas políticas que componen la sociedad cubana para hacer posible que cualquier cubano pueda ejercer sin temor su ciudadanía en Cuba mientras respete los principios de la democracia. En los últimos 70 años Cuba a desconocido por completo el funcionamiento de la democracia; en tanto, ¿estará lista la sociedad para llevar a cabo una discusión tan técnica? Lo que realmente importa es que el texto refleje la diversidad que compone a la sociedad cubana y que esta pueda vivir en paz.

Por último, la diáspora (que representa un tercio de los que de una u otra manera se pueden considerar cubanos) cargará con una gran responsabilidad en medio de este proceso. Esta parte esencial de la sociedad cubana que tanto ha hecho y hace cotidianamente por el país no puede seguir siendo excluida de su vida política. Buena parte de ella vive en países con una fuerte tradición democrática donde a pesar de todas las imperfecciones propias de cualquier sistema político, el debate político existe y los diferentes sectores de la sociedad se encuentran representados en las instituciones. Esta experiencia será muy valiosa en el momento de esbozar nuevas instituciones que garanticen una democracia naciente. Sin embargo, la diáspora no puede pretender que esa experiencia le otorgue total legitimidad para imponer un modelo al resto de cubanos sin que se busque el consenso.

Elena Larrinaga: Indudablemente hay que transitar de una Constitución ideológica a una asentada en el Estado Constitucional Democrático de Derecho, que otorgue supremacía a la Carta Internacional de Derechos Humanos. El artículo 5 de la actual Carta Magna bloquea cualquier posibilidad para el desarrollo y la libre participación de los ciudadanos en cualquier ámbito de la vida en Cuba. La simple derogación o incluso modificación de este podría abrir una ventana de aires de libertad. Entendiendo que los procesos políticos tienen su procedimiento y este podría ofrecer un buen comienzo.

Frisia Batista: Considero que, en las condiciones actuales, como está configurado el sistema electoral cubano y la Constitución, no es posible la supresión o eliminación del artículo 5. A mi juicio la ruta sería el cambio de gobierno, a través de una transición pacífica y, solo posteriormente, podríamos comenzar un proceso de democratización a través de la consulta popular y donde todos los partidos políticos propongan su proyecto de país, en consonancia con los Derechos Humanos universales.

Este cambio en la Constitución permitiría a los cubanos organizarse políticamente, según sus preferencias, en una sociedad donde fluctúan diferentes corrientes de pensamiento. La consulta popular, es un ejercicio que debe ser transparente, inclusivo, participativo de todos los sectores y conducir a resultados que reflejen la voluntad popular de los que están en la isla y en el exilio.

Michel Fernández: El artículo 5 de la Constitución de 2019 no está dentro del contenido especialmente protegido por las cláusulas de reforma constitucional y es parte de la cláusula de intangibilidad (lo que no se puede modificar), por esta razón podría ser modificado por mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de los diputados. Si tenemos en cuenta que la Asamblea Nacional es solo un órgano formal de poder que responde a los intereses de los que realmente ejercen el poder en Cuba, no sería muy complicado si existe una voluntad de cambio de estos; sería muy sencillo lograr esa reforma. La pregunta más importante es cómo lograr «obligar» a los que detentan el poder político a iniciar este proceso de cambios.

Ileana de La Guardia: Estoy de acuerdo que un nuevo texto constitucional democrático tendría que suprimir el actual artículo 5 de la Constitución, y reemplazarlo por un precepto que deje claro el derecho del individuo a pensar, a expresarse y a organizarse libremente, independientemente de la política de gobierno. Es decir, la Constitución tiene que despenalizar el disenso y permitir los espacios para ejercer la política libremente.

Manuel Cuesta Morúa: Coincido en el concepto de ruta democratizadora: nos remite a un proceso gradual, inclusivo, pacífico, que reduce las tensiones de los extremos, aunque no los elimina, modera y modela el lenguaje, y plantea la conversación sobre el Estado de Derecho, no sobre las ideologías, devolviendo el proceso a los cauces de la política, pulverizada por el Estado totalitario y la concepción administrativa subsiguiente. Y efectivamente creo que es imperativa la modificación del artículo 5 de la Constitución. Pero considero dos cosas: primero, que dicha modificación debe sustanciarse, tanto social, política y culturalmente, quiero decir, sustanciarla desde el actual contexto, y segundo, que debe fundamentarse desde el artículo 3 de la misma Constitución. Si la fuente, la precedencia y la procedencia de la voluntad política del Estado radican en la soberanía, me parece operativo establecer en todo momento una relación dialéctica entre ambos artículos. Ello nos permite presentar la propuesta y la reforma como una corrección política de determinados artículos de la Constitución en función de los criterios de coherencia y consistencia constitucionales.

Por otra parte, si bien esa formulación minimalista ayuda a debilitar el argumentario de sus posibles detractores y facilita la comprensión, expansión y conexión ciudadanas con la propuesta, me parece importante mirar con detenimiento su formulación final. Al retener la fórmula «fines establecidos en la Constitución», puede relegitimarse el mismo artículo que se pretende reformar y fortalecerse el artículo 4 que le precede. Si bien este último no debería entrar en la conversación política inicial, él constituye la negación misma del constitucionalismo en su dimensión contractual en dos sentidos básicos: niega a las futuras generaciones la posibilidad de definir el futuro e introduce la violencia política de Estado que toda Constitución debe conjurar.

En otro análisis, pienso que la propuesta puede ampliarse incluyendo otros extremos y conceptos. Les comparto a su vez, para estimular mucho más esta conversación, una formulación que un tiempo atrás consensuamos en determinados espacios. Va así: «Como Estado democrático de Derecho, en Cuba se reconocen el pluralismo, el pluripartidismo y las minorías políticos. Todos los ciudadanos pueden, en ejercicio de su libertad política, auto organizarse en partidos o movimientos políticos, sometidos al juicio y escrutinio públicos, y regidos por normas de transparencia, en la forma y según las normas previstas por la Constitución y las leyes».

Finalmente concluyo que, cualquiera sea la formulación final de la propuesta que definamos, debemos comenzar y concentrar los términos y la matriz de la conversación en la reformulación de uno o dos artículos, a lo sumo, de la Constitución. Toda propuesta de cambio profundo debería cumplir, al menos, estos seis requisitos: viabilidad, sostenibilidad, metabolización, inclusión, centralidad y ser internacionalmente respaldable. 

Diana Mendiluza: Con este artículo 5 de la actual Constitución, sin dudas se da un golpe maestro a la democracia y a las libertades en Cuba. Cuando se establece que: «el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, y que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo, y el avance hacia la sociedad comunista». La sociedad cubana es muy plural y el Partido Comunista no representa a la mayoría de los cubanos. El Partido Comunista solo representa a un sector de la sociedad favorecido por el sistema, que forma parte de la cúpula que ostenta el poder; y es notable el divorcio que existe entre el pueblo cubano que pide a gritos un cambio y este sector que frena y obstaculiza el avance de la sociedad cubana, bajo el discurso de que son garantes de la independencia, la soberanía y la identidad nacional de Cuba.

3- ¿Sería posible algo así? ¿Qué sectores y actores significativos podrían proponérselo y cómo avanzar en ello? ¿Y el oficialismo actual?

Alberto Guadalupe: La situación política, económica y social es tan explosiva que en cualquier momento puede surgir un estallido social como el que conoció el país en 2021. Ese es un factor que no lo puede anticipar ni el oficialismo ni la oposición. Por otra parte, el Gobierno cubano ha mostrado tanta incompetencia que sus socios dentro de la comunidad internacional ya no están tan dispuestos a tomar el relevo de la URSS o de Venezuela; de ahí no les vendrá la salvación. Ósea que la necesidad de cambios en el régimen es ineluctable. Falta definir cuán profundo serán esos cambios y hasta qué punto el oficialismo los impulse.

El oficialismo piensa disponer de la lealtad del ejército y la policía. Sus miembros siempre gozaron de un mejor estatus social que el resto de la población. Sin embargo, en los últimos años sus prebendas han ido disminuyendo hasta el punto en que hoy no viven mucho mejor que el resto de la población. Sin hablar de la corrupción cada vez más presente en el seno de la policía que los convierte en blanco fácil del descontento popular. Podríamos además preguntarnos ¿cuán leales son estos cuerpos hoy en día?, ¿estarán dispuestos a sacrificarse por gente completamente desconectada de la realidad social del país?

El papel de estas dos instituciones es esencial porque son las que hoy mantienen por la fuerza el régimen a flote. No se puede olvidar tampoco el peso particular que tiene en la economía cubana el ejército y en particular Gaesa. El nudo gordiano del ejercito terminara zafándose por aquellos que dentro de la institución no se benefician de las actividades de estas empresas.

Desde la oposición debemos tener la inteligencia de no ver a las FAR o la policía como un monolito sino por el contrario, buscar como una parte de esa fuerza se pueda sumar a la democratización del país.

En todo caso, en las condiciones actuales de Cuba son los sectores moderados dentro del régimen los que pueden impulsar un cambio donde puedan sobrevivir a la ola devastadora que supondría para ellos un estallido social que derroque al régimen súbitamente.

Elena Larrinaga: No sólo sería factible sino posible y necesario. Para lograrlo sólo haría falta voluntad política de las partes, del Gobierno y la oposición. Ejemplos tiene la historia.

Frisia Batista: El oficialismo actual no da señales de querer entablar diálogo alguno con la sociedad civil independiente. Considero que lo principal es el cambio político de gobierno para luego comenzar a construir Cuba sobre las bases de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos.

Michel Fernández: En un sistema como el cubano, donde las posibilidades de articulación a nivel nacional de grupos de oposición son casi nulas, teniendo en cuenta la eficacia de los mecanismos de represión política, se hace muy difícil consolidar una fuerza que pueda poner en riesgo el poder de la cúpula del PCC y de las fuerzas armadas que son los que realmente detentan el poder. Creo que la mejor opción para los que buscan un cambio democrático en Cuba es la constitución de un frente común, basado en postulados básicos que busque la unidad de acción y se pueda convertir en un interlocutor válido con otros gobiernos, fuerzas políticas y organizaciones sociales. Con esta idea surgió D Frente, pero en casi un año de existencia no ha logrado incorporar nuevos actores significativos y carece de reconocimiento social y capacidad real de acción. Creo que uno de los aspectos que más favorecerían una transición en Cuba sería la pérdida del miedo por parte de los funcionarios y agentes oficialistas, de que ellos no van a ser víctimas de venganza o represión si un nuevo orden llegara a instaurarse; esto no significa que no se haga justicia, pero la aplicación de la justicia tiene que venir acompañada de todas las garantías y solo debe exigirse a aquellos que han cometido violaciones flagrantes de los Derechos Humanos. Una parte importante del funcionariado del actual régimen va a ser necesario para que el país siga funcionando en el proceso de transición.

Ileana de La Guardia: La sociedad civil cubana debe jugar un gran papel para informar a los ciudadanos de sus derechos de libertad en una sociedad progresista y democrática. También los funcionarios que están en las estructuras del Estado deben entender esta necesidad, además, porque ellos tienen las vías para ser escuchados.

Y por supuesto la oposición, debe seguir luchando a todos los niveles para ser escuchada, aunque ya lleva un tiempo pidiendo estos cambios, por ejemplo, con la iniciativa 11J del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se pidió la modificación del artículo 5 de la Constitución.

Manuel Cuesta Morúa: Sí es posible. La propuesta cumple con los seis requisitos enunciados en la respuesta anterior, y considero necesarios para una reforma profunda y seminal. Es viable, porque está legitimada constitucionalmente y podría concitar apoyo ciudadano; es sostenible, porque puede, siendo legitimable, minimizar la respuesta represiva del Gobierno; se puede metabolizar, porque pasaría por el estrecho embudo cívico e institucional de una sociedad no cultivada para transformaciones masivas y vertiginosas; es por sí misma incluyente, porque depende e intuye la pluralidad; es centrada, porque toca un pilar sistémico; y puede ser apoyada, o al menos, no deslegitimada, por los sectores que internacionalmente apoyan al Gobierno cubano sin respaldar necesariamente su régimen. La discusión por y para la democracia en Cuba está ganada y superada en un amplísimo ámbito del espectro político. Nos falta introducirnos en dos ámbitos importantes: los neorrealistas, ideológicamente intercambiables o indiferentes, y la izquierda carnívora que decía Carlos Alberto Montaner.

Creo que todos los sectores moderados, que privilegian la conversación política por encima de la comprensible visceralidad emocional, son imprescindibles para una opción altamente política. Habría que avanzar en ella en tres direcciones simultáneas: sobre la base de un movimiento ciudadano amplio, con una propuesta atractiva concreta, sencillamente formulada y fundamentada, dirigida a su vez a la ciudadanía y a la Asamblea Nacional, amparada en los derechos constitucionales y procedimientos legales, y, me permito ser gramsciano sin serlo doctrinalmente, con el establecimiento de un foro sistemático de conversación pública que visibilice nuevos extremos de deliberación política y fije o recupere, según se vea, la matriz asumible de discusión madura de la realidad cubana. Uno de los problemas más serios que confronta el Gobierno cubano, aunque no sólo él, es que los términos y la matriz de información y supuesta discusión con los que se trata de imponer son anticuados e infantiles. Están superadas tanto por la realidad social como por la realidad psicológica de las y los cubanos. Razón por la que la gente le oye, pero no los escucha. La matriz política conversacional debe estar al nivel de la nueva mentalidad social.  

Diana Mendiluza: La propuesta de modificar el artículo 5 para reconocer el derecho a la organización política según las preferencias de la ciudadanía es muy interesante y podría abrir un espacio para el debate público y el diálogo entre diferentes actores sociales, económicos y políticos. Creo que una posible sugerencia para avanzar en este sentido sería promover una consulta popular sobre ello, donde se pudieran expresar las opiniones y propuestas de todos los sectores de la sociedad cubana, incluyendo a la diáspora. Así se podría generar un consenso amplio y legítimo al respecto, que refleje las aspiraciones y demandas de la mayoría del pueblo cubano.

Sin embargo, no veo posible un escenario futuro, donde se modifique el actual artículo 5 de la Carta Magna, con una legítima participación popular incluidos los que estamos en la diáspora, con el régimen dictatorial que está en el poder. No veo posible un diálogo coherente con el Estado cubano, porque simplemente representa, como mismo ha apuntado el propio presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez: «la continuidad». El traspaso de poderes en papeles que se produjo, de la generación histórica de los Castro, al actual Presidente, con esta reforma constitucional garantizó la continuidad de la supremacía del Partido Comunista, y con ello, del régimen dictatorial. O sea, no hay una voluntad política de establecer diálogo alguno con los diferentes sectores que forman parte de la sociedad cubana, incluida la diáspora. La ruta democratizadora de Cuba debe comenzar con el fin de la dictadura de los Castro – Díaz-Canel, a través de una férrea presión popular y, posteriormente, la convocatoria a elecciones libres.

4- El artículo 3 de la Constitución de la República de Cuba establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Sin embargo, el artículo 5 impone al PCC como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. En tal sentido, según este esbozo el poder descansa en la ciudadanía, pero el PCC está por encima de ella. Es decir, estamos ante un galimatías siniestro. ¿Quizá debemos restablecer la igualdad política, los derechos y el pluralismo políticos? ¿Qué más puede hacer la sociedad civil cubana que no haya hecho ya y en que estrategias debe seguir insistiendo?

Alberto Guadalupe: La sociedad civil cubana tiene mucho por hacer. Hay combates que ha asumido desde hace mucho tiempo como la defensa de los presos políticos, la denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos o la promoción de una apertura democrática dentro de la isla. Estos combates no solo son legítimos, sino que forman el corazón de la democracia que queremos para el país. Sin embargo, no podemos quedarnos en estos combates que pueden parecer abstractos al ciudadano de a pie que acaba de hacer una cola de ocho horas para poder llevar un pedazo de pollo a la boca de su hijo. El descontento social contra el régimen ya está ahí, pero la principal preocupación de los cubanos es como mejorar la caótica situación en la que están y la idea de democracia no llena el plato.

Lo que si puede hacer la sociedad civil es proponer soluciones concretas que se adapten a la situación económica actual del país. Nuestros compatriotas tienen que darse cuenta de que existe un proyecto social que se preocupa por sus necesidades actuales y que, en caso de un cambio, no habrá vacío de poder ni se generará aún más caos del que ya existe. Debemos lograr que la gente esté dispuesta a gritar «viva la democracia» más allá del «abajo la dictadura».

Otra cosa que debemos desarrollar es el hecho de insertar a la sociedad cubana en los temas que preocupan hoy al resto del planeta. El cambio climático, la adaptación del país a esta nueva realidad, el lugar de las mujeres dentro de nuestra sociedad más allá del falso feminismo practicado por el castrismo desde sus inicios, la abolición de la pena de muerte, los derechos laborales cada vez menos presentes en el cotidiano de los cubanos, el posicionamiento de Cuba en el nuevo contexto geopolítico; todos estos son temas que mueven a la opinión pública tanto en Cuba como en el resto de países occidentales de los cuales vendrá el apoyo a una eventual democracia.

Es cierto que existe el artículo 5 pero es más cierto todavía que la soberanía reside en el pueblo, quien sabrá arrebatársela al PCC cuando tenga quizás una idea más precisa de lo que vendrá después.

Elena Larrinaga: Yo definiría a la Constitución cubana como maquiavélica, en el sentido de que el fin justifica los medios. Todo vale para mantener el poder. Los cubanos deben tomar la senda reconstituyente en busca de un nuevo futuro para el país. Un proceso así debe ser capaz de integrar a todos los cubanos o estará, una vez más, condenado al fracaso.

Frisia Batista: La sociedad civil cubana debe centrarse, a mi juicio, en exigirle al gobierno un proceso eleccionario justo, abierto y democrático, totalmente diferente a como está configurado en la actualidad. La sociedad civil cubana es muy plural, y el Partido Comunista de Cuba, no representa al pueblo, ni responde a los intereses de la mayoría del pueblo cubano. Cuba necesita esa apertura hacia el pluripartidismo. Creo que se debe también fortalecer la educación cívica del pueblo cubano, para que tenga los argumentos y el conocimiento para establecer un diálogo coherente entre los actores sociales y políticos para lograr el cambio tan anhelado. 

Michel Fernández: En mi opinión no es un gran problema el artículo 5 de la constitución de 2019, ya que este podría ser derogado fácilmente cuando se pueda consolidar un nuevo poder constituyente en Cuba, e incluso podría ser modificado por la Asamblea Nacional, sin necesidad de ir a referendo. El poder dado al PCC, desde el punto de vista jurídico formal, viene de la Constitución, que es la que lo consagra como órgano único, superior y dirigente de la sociedad y el Estado, por eso es tan sencillo quitarle esa característica al PCC. Dicho en otras palabras, el poder del PCC deriva del pueblo que fue el que aprobó la Constitución, y si ese mismo pueblo se da una nueva Constitución, esa superioridad podría ser eliminada fácilmente. No hay ningún poder superior al poder constituyente del pueblo.

Ileana de La Guardia: El artículo 5 contradice el artículo 3 de la Constitución. De hecho, la violencia política en Cuba la ejerce el poder al apoyarse en el artículo 5. El pensamiento y la manifestación política diferente esta reprimida por este articulo y por leyes del código penal cubano. La estrategia tiene que ir al convencimiento de la población y de los sectores intermedios cercanos al poder. Es necesario comprender que la exclusión de la vida política de una gran parte de la población genera violencia, pues toda discriminación social, institucional e incluso económica, es una agresión, injusta.

Manuel Cuesta Morúa: Creo aquí, en este punto bien interesante, que se deben poner la mayor cantidad de pelotas en la cancha del portero totalitario usando las mismas reglas, cuya definición le limita y le supera. Estimular y apoyar todas aquellas iniciativas, con énfasis en las de naturaleza legal y constitucional, que nazcan de la sociedad civil y de la ciudadanía, y en las que identifiquemos más el uso de los derechos que el discurso sobre los derechos. Es el ejercicio de estos derechos el que ayuda a crear los escenarios y a acumular las condiciones necesarias para avanzar en las direcciones en que las demandas políticas son más ambiciosas, riesgosas y determinantes. A la política se llega, no se desciende. Regreso al principio: debemos asumir un concepto extendido de la soberanía: y esta empieza por el ejercicio de la autonomía en todos los ámbitos, incluyendo el más íntimo y personal: la familia. DFRENTE debe estar atenta a todos los movimientos que se generen más allá de los ámbitos estrechos de lo político y de la política.

Diana Mendiluza: La Constitución de la República de Cuba es la ley suprema de nuestro país, que establece los principios políticos, económicos y sociales por los cuales se rige la nación. Existe una evidente contradicción entre el artículo 3 de la Constitución, que plantea que el pueblo cubano es depositario de la soberanía y el único que puede ejercerla y – sin embargo – en el artículo 5 reconoce al Partido Comunista como la fuerza política superior de la sociedad y el Estado, subordinando a toda la nación a responder a una ideología y a un partido único. Tal parece que un retorno a la Francia de Luis XIV con su “L’État c’est moi”, en español: “el Estado soy yo”; frase icónica de un monarca absolutista que instauró un régimen político, que ejercía la totalidad del poder, y todas las instituciones del Estado estaban sometidas bajo su mandato. Los paralelismos en la historia sirven para ilustrar y analizar las nuevas formas de ejercer el poder, que no están muy distantes de lo que fue y significó el absolutismo monárquico.

Los cubanos estamos obligados a responder al autoritarismo del Partido Comunista y quienes han escogido otra opción y lo han expresado públicamente, por diversas vías han sido objeto de represión, detenciones arbitrarias, censura, exilio, por el hecho de exigir que se respeten los Derechos Humanos, que se garantice una igualdad política, elecciones libres con un pluralismo político. Las prerrogativas que exigimos como sociedad civil cubana, que son básicas de las sociedades democráticas, el Gobierno cubano lo interpreta como una amenaza e injerencia a la soberanía nacional.

Por tal motivo considero, que debemos seguir fortaleciendo la educación cívica y la concientización social sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, así como sobre los mecanismos legales e institucionales para exigirlos y defenderlos. Debemos continuar logrando la articulación y la coordinación entre los diferentes actores sociales que comparten una visión democrática e inclusiva de Cuba, así como ampliar las alianzas con otros sectores de la sociedad que puedan sumarse al cambio. Impulsar la estrategia Shanti, como un mecanismo eficaz para llevar adelante la sociedad que queremos de una manera pacífica, erradicando todos los tipos de violencia. Creo que tenemos que hacer un mejor aprovechamiento de las oportunidades que brindan las redes sociales para difundir la información sobre la verdadera realidad cubana y expresar nuestras demandas para lograr un mayor apoyo internacional. Existe un clima favorable para lograr el cambio democrático que Cuba necesita, todo apunta de que un nuevo 11 julio está por venir.