Por Yanet Rosabal Navarro

El 15 de noviembre de 2021, alrededor de ochenta ciudades[1] del mundo tuvieron en sus calles a grupos de emigrados cubanos en apoyo a la Marcha por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago. La diáspora radicada en Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica hizo suya la manifestación, impedida de realizarse en la Isla por la negativa oficialista y la represión sobre sus convocantes. Unos meses antes, durante el pico de la pandemia de covid-19, las redes sociales se hacían eco de solicitudes desesperadas de medicamentos e insumos. También se denunciaba el colapso de la infraestructura sanitaria con la etiqueta #SOSMatanzas y #SOSCuba. La respuesta desde la emigración fue la activación de varios activistas y voluntarios para la creación de un corredor humanitario de carácter transfronterizo que abarcó ciudades europeas y norteamericanas. A pesar de que llegaron a recopilar y trasladar a la Isla más de diez toneladas de medicamentos,[2] esta acción de la ciudadanía emigrada no obtuvo apoyo ni reconocimiento del gobierno cubano.

Estas acciones, que difieren en sus motivaciones, contenidos y propósitos, son indicativas de una comunidad transnacional conectada con su país de procedencia, con vocación de incidencia en la realidad cubana. Varios son los elementos que lo sugieren: pertinencia de las acciones con las necesidades de la población, poder de convocatoria y movilización entre los emigrados, capacidad organizativa, así como la existencia de vías efectivas de comunicación y articulación con la comunidad de origen, elementos todos denotativos de compromisos y capacidades de esta comunidad que hacen necesaria la indagación en torno a sus posibilidades de incidencia social y política. Lo que sigue son unas anotaciones analíticas a partir de algunos de los proyectos y grupos de activismo que se han gestado o involucran de manera activa a la comunidad transnacional, con énfasis en sus rasgos, las innovaciones que introducen en las formas de participación y los desafíos que aún confronta.

Transnacionalismo y comunidad transnacional cubana

El transnacionalismo alude a las comunidades migrantes en el mundo contemporáneo, sus prácticas, sus filiaciones identitarias y las relaciones sociales que construyen a través de las fronteras geográficas. Como fenómeno social es característico de la era de la globalización y se vehiculiza en los desarrollos tecnológicos, económicos, culturales y jurídicos que matizan la sociedad global. Estas condiciones facilitan la existencia de prácticas sociales transfronterizas que producen modificaciones sustanciales en las formas de participación ciudadana de las comunidades migrantes y su incidencia en la vida pública, tanto en las naciones de salida como en las receptoras (Moctezuma, 2008).

Las comunidades transnacionales tienen entre sus rasgos más relevantes el carácter híbrido de su sentido de pertenencia e identidad. Como noción contiene además la vocación de incidencia a partir de la autopercepción y de cierta capacidad de agencia. En este sentido, aunque no sea reconocida en las legislaciones, la identificación como miembro de una comunidad transnacional entendida por algunos estudiosos como ciudadanía sustantiva o ciudadanía práctica (Vilches, 2017) resulta de gran utilidad analítica en el caso cubano, como en el de otros países de regímenes antidemocráticos y/o autoritarios, en los que la relación con la diáspora se caracteriza por la desacreditación, la acusación de enemigos y traidores, el no reconocimiento de derechos civiles y la exclusión social y política.

En el escenario de la crisis económica conocida como Período Especial, el gobierno cubano abrió un proceso de acercamiento con la diáspora que introdujo modificaciones en la participación e incidencia de los emigrados en el país. Según Bobes (2012), dos acciones son legitimadas en este contexto: el envío de remesas y la participación de algunos capitales de empresarios cubanos emigrados, siempre bajo condicionamiento político. Para la sociedad cubana, sin embargo, a partir del papel de las remesas en la satisfacción de las necesidades familiares, el aumento del poder adquisitivo de los receptores de estas ayudas y los distanciamientos sociales que introdujo, la incidencia de la diáspora comenzó a evidenciar una marcada revalorización social para la sociedad cubana dentro de la Isla.

Mientras en la narrativa gubernamental persisten los estigmas, la deslegitimación y el reduccionismo maniqueo de la comunidad emigrada en contraposición al «pueblo revolucionario», los rasgos de la comunidad cubana transnacional se reconfiguran y acusan un marcado distanciamiento del estereotipo. Si bien Estados Unidos continúa siendo el receptor principal, la diversificación de los destinos, composición, volumen, motivaciones y las relaciones con la sociedad de origen y acogida de los migrantes cubanos definen su heterogeneidad. Esta reconfiguración puede estar influenciando la generación de nuevas formas de participación ciudadana e incidencia social y política de la comunidad migrante. La sedimentación de estas innovaciones participativas en prácticas sociales potencia su efectividad y conecta con acciones de otras comunidades transnacionales. Tributa además al desmontaje del mito de la excepcionalidad cubana, al posibilitar su inserción en las redes del activismo internacional por la defensa de los Derechos Humanos.

Una mirada analítica a algunos proyectos y acciones en marcha desde la comunidad transnacional cubana

La membresía a una comunidad transnacional no se puede reducir a la filiación identitaria o reconocimiento jurídico, sino que está estrechamente relacionada con prácticas sociales de asociacionismo, agencia e incidencia (Moctezuma, 2008). El tránsito de la percepción simbólica identitaria de los migrantes a la acción se concreta en la disposición a crear ―o formar parte de― grupos y asociaciones, el despliegue de competencias para la organización y el compromiso efectivo con la sociedad de origen en lo que suele entenderse como destino común. Se trata de maneras diferentes de ser y pertenecer que, aunque no siempre son reconocidas por la legalidad, implican innovaciones y disrupciones respecto a las formas de participación ciudadana e incidencia social y política tradicionales.

En la comunidad cubana transnacional se observa una tendencia a la sedimentación de prácticas sociales con potencial de incidencia cada vez mayor. Retomemos el ejemplo del corredor humanitario. Esta red continúa activa y muestra capacidades muy efectivas de organización para la acción. Su activación ante la contingencia del incendio en la base de supertanqueros así lo evidencia. Las plataformas digitales amplían el alcance de su convocatoria a emigrados en diversos países que hacen llegar sus donaciones o participan voluntariamente en el traslado de estas hacia la Isla. Una vez en el país lo donado, se apoyan en la articulación con voluntarios y activistas ―entre los que destacan mujeres, miembros de la comunidad LGBTI+ y religiosos― que identifican las necesidades y se encargan de su distribución. La recepción y valoración de estas acciones por parte de la población en la Isla es positiva, según se aprecia en los comentarios en las redes sociales. La institucionalidad gubernamental, por su parte, si bien no la estimula ni la reconoce oficialmente, al menos no impide su ejecución. Esto posibilita que las donaciones lleguen tanto a particulares como a las instituciones hospitalarias estatales.[3]

Varios elementos de esta iniciativa apuntan a su potencial de incidencia. Al inscribirse en el repertorio de acciones humanitarias y filantrópicas que son comunes entre comunidades transnacionales en todo el mundo, dificulta que pueda ser secuestrada por la polarización política. Los organizadores y participantes insisten en el no condicionamiento político tanto para quienes donan como para los beneficiarios. Por otra parte, es incuestionable su pertinencia, justo cuando las necesidades de medicamentos, insumos y alimentos aumentan y exceden las capacidades de respuesta del gobierno cubano. La red de vínculos y relaciones trasciende no solo las fronteras, sino también las categorizaciones tradicionalmente utilizadas desde la narrativa gubernamental para estimular la fragmentación social de la sociedad cubana. Los promotores, activistas y voluntarios son representación de la heterogeneidad de la comunidad cubana transnacional: provienen de diferentes grupos sociales y de edades, pueden posicionarse en cualquier lugar del espectro ideológico o tener diferentes criterios respecto a la necesidad o no de cambio político en la Isla; sin embargo, el compromiso con la ayuda a los necesitados se erige por encima de esas diferencias en unas prácticas de participación horizontales, plurales e inclusivas.

Otro proyecto que introduce innovaciones en las formas de participación e incidencia de la ciudadanía transnacional, especialmente desde el activismo en Derechos Humanos, es el grupo de trabajo Justicia 11J.[4] Creado con la finalidad de documentar las detenciones masivas como consecuencia de la represión gubernamental a los participantes en el estallido del 11 de julio de 2021, se conformó articulando los esfuerzos de mujeres con experiencia de activismo en Derechos Humanos y periodismo independiente dentro de la Isla y en la diáspora, y la organización Cubalex. Esta composición resultó efectiva al lograr la recopilación y sistematización de datos sobre los detenidos en un contexto de censura gubernamental, desconfianza y temor de las familias ante posibles represalias, y promover su conocimiento para la población de la Isla y la comunidad internacional. La estrategia de difusión y visibilización de la situación de los presos políticos tuvo en las acciones de la comunidad transnacional un apoyo importante. Las activistas en la diáspora pudieron desplegar la vocería que el gobierno cubano impedía a quienes estaban dentro. Desde la emigración también se desplegaron acciones para sensibilizar a grupos y organizaciones internacionales de defensa de Derechos Humanos que trabajan especialmente sobre el tema de las detenciones por motivos políticos.

En relación con su incidencia social y política, Justicia 11J contribuyó a empoderar a los familiares de los detenidos mediante acciones de acompañamiento, asesoría y soporte material. Ante el poder totalitario, las activistas lograron romper la censura y el silencio gubernamental presionando mediante las constantes denuncias al reconocimiento oficial de las cifras de detenidos. Especialmente significativo es el caso del encarcelamiento de menores que las autoridades primero negaron y luego justificaron en la consideración mínima de edad para responsabilidad penal en Cuba, que viola convenios internacionales. La labor de 11J fue determinante en el conocimiento de estos casos tanto dentro como fuera del país, logrando el respaldo explícito mediante declaraciones de varias organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos por la liberación de los detenidos y el reclamo de garantías procesales. El efecto de esta incidencia puede rastrearse hasta líderes políticos en diversas partes del mundo, algunos de ellos tradicionalmente aliados del gobierno cubano, que expresaron críticas por la criminalización de la protesta y las sanciones excesivas.

En el repertorio de nuevas prácticas de la comunidad transnacional cubana destacan igualmente las promovidas por intelectuales y artistas articulados a grupos de artivismo que surgieron dentro de la Isla, como es el caso de Instar, el grupo 27N y el movimiento San Isidro. Aunque el compromiso y la vocación de incidencia de artistas cubanos en la diáspora no es un fenómeno novedoso, sí lo son las formas de participación que se promueven desde estos grupos, la articulación con el activismo internacional y su influencia y capacidad de convocatoria dentro de la comunidad de origen y en las sociedades de acogida.

En el último año el volumen de miembros de estos grupos en el exilio creció, como resultado de la represión gubernamental de la que fueron objeto dentro de la Isla, lo que de alguna manera planteó el desafío de su reconfiguración en el espacio transnacional, aprovechando su experiencia organizacional en el país de origen, la solidez de la red de vínculos y relaciones entre sus miembros y las posibilidades de capitalización del reconocimiento internacional de algunas figuras (por ejemplo, Tania Bruguera). La transnacionalización de estos grupos de artistas e intelectuales abre posibilidades de visibilización y articulación internacional que los convierten en actores con importante vocería en espacios artísticos internacionales, contribuyendo a divulgar y posicionar el análisis sobre la realidad cubana en el ámbito artístico.

En términos de su incidencia social y política destacan en este caso varios elementos. La mayor parte de sus miembros son jóvenes, con elevado compromiso cívico, que comparten la concepción de la creación artística como herramienta de cambio social, educación cívica y activismo político. Su conexión con la comunidad de origen es sólida y fluida. Allá quedan familiares, colegas y amigos. En algunos casos ―Hamlet Lavastida, Katherine Bisquet y Carolina Barrero―, su salida del país estuvo condicionada a la liberación de colegas detenidos, promesa incumplida por el Gobierno, que mantiene activo el compromiso de estas personas y la motivación para la generación de acciones de denuncia y visibilización a través de las redes sociales, plataformas digitales y eventos diversos en los que participan. Como comunidad, su vocación de incidencia social y política es explícita, declarada en las acciones y prácticas en las que se involucran.

Mientras se escriben estas anotaciones analíticas está desarrollándose en la ciudad de Kassel, Alemania, el evento Documenta Fifteen, una importante cita del arte contemporáneo mundial a la que Instar ―en su condición de proyecto invitado― ha llevado la realidad cubana.[5] Se han encontrado en Kassel artistas, intelectuales, académicos, activistas y periodistas de la diáspora y de la Isla. Conferencias, exposiciones, paneles y presentaciones de proyectos varios de la comunidad transnacional han contado con un espacio para ser conocidos y crear articulaciones con proyectos de otros países latinoamericanos, asiáticos y africanos principalmente. La participación en este tipo de espacios, además de ser una tribuna importante para dar a conocer la realidad cubana al mundo, abre no solo las posibilidades de articulación y colaboración con otras comunidades artísticas y de activistas, sino también las de aprendizaje y apropiación de nuevas herramientas al arsenal de prácticas sociales del activismo transnacional.

Reflexiones finales: los desafíos

Si bien estos proyectos y acciones introducen innovaciones significativas en los modos de participación e incidencia de la comunidad cubana transnacional, los desafíos que aún confrontan no son pocos. Por razones de espacio me limito aquí a una breve enunciación de algunos de ellos:

• El coste humano de la contestación, la disidencia, el activismo para quienes lo ejercen tanto dentro como fuera de la Isla, aumentado con la aprobación del nuevo Código Penal cubano.
• El desafío de mantener y/o aumentar la conexión con la realidad nacional y las personas que la vivencian de manera directa como resultado de la limitación discrecional por parte del gobierno cubano del derecho a viajar de muchos emigrados.
• La superación de los estigmas que forman parte del imaginario colectivo cubano sobre el exilio y que profundizan la fragmentación social de la nación, especialmente aquellos que tributan a deslegitimar las acciones e incidencia de los emigrados.
• La confrontación del estereotipo predominante en la comunidad internacional sobre la condición de «excepcionalidad» cubana (diferendo con Estados Unidos, embargo/bloqueo), que limita las posibilidades de inserción y alianzas con otras comunidades transnacionales, así como el reconocimiento de la agencia y la legitimidad de las acciones y prácticas en pro de incidir sobre la realidad del país de origen.
• Por último, el riesgo de la atomización de los proyectos y acciones como resultado de la falta de articulación y coordinación estratégica para la acción.

Referencias

Bobes, V. C.: «Diáspora, ciudadanía y contactos transnacionales» NUSO, no. 242, nov-dic 2012.

Moctezuma, M.: «Transnacionalidad y transnacionalismo», Papeles de Población, julio-septiembre 2008, Universidad Autónoma de México, pp. 39-64.

Vilches-Hinojosa, M.: «La ciudadanía transnacional: el caso de las personas migrantes», trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política ¿Democracias en Recesión?, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip).

[1] https://www.radiotelevisionmarti.com/a/m%C3%A1s-de-80-ciudades-en-el-mundo-responden-al-llamado-del-15n/306932.html

[2] https://www.cibercuba.com/noticias/2022-01-21-u199955-e199955-s27061-massiel-rubio-hemos-enviado-10-toneladas-medicamentos

[3] Algunos de los promotores de esta iniciativa han publicado en sus cuentas de Facebook las acciones de recopilación, catalogación y entrega de las donaciones. Es el caso de Mabel Cuesta, profesora e investigadora cubana radicada en Houston, Estados Unidos, quien compartió en su perfil el momento en que miembros de la diáspora entregaba insumos y medicamentos a la directora del hospital matancero https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161064934222494&set=pcb.10161064942977494

[4] Para acceder a la información documentada por este grupo de trabajo visitar su página web https://www.justicia11j.org/

[5] https://diariodecuba.com/cultura/1655764652_40365.html