¿Qué entendemos por «cultura»? Esa sería quizá la primera interrogante que debiéramos hacernos cuando entramos a pensar las interfaces entre cultura, libertad y democracia. La cultura, en términos generales, es entendida como algo abarcador e intrínseco a las civilizaciones. La existencia humana en sí misma está ligada a la cultura. Libertad, democracia son igualmente conceptos que no se comprenden de la misma manera en todas partes, sino que depende en gran medida de las particularidades geográficas e históricas de cada territorio. Son elementos esenciales que forman parte de esa configuración múltiple que llamamos cultura. Por lo tanto, sus imbricaciones son inseparables y es imposible pensar unas sin las otras. En todo caso, son apenas parte de eso que llamamos humanidad, el concepto por excelencia enriquecido a través de milenios de antropología.

Ahora bien, si consideramos «cultura» a lo que llamamos «manifestaciones artísticas», quedaría igualmente pendiente definir qué se considera como tal y desde qué lugar se enuncia. En una sociedad estructuralmente racista como la nuestra, definir lo cultural sin caer en clasismos no es tarea fácil. ¿No es el reguetón cultura? ¿Lo es la rumba? A ritmo de conga es que se demanda hoy en Cuba libertad, democracia y bienestar plenos.

En este sentido, es válido considerar qué elementos no deben faltar a la hora de definir los criterios de libertad y democracia tal y como los concebimos en la actualidad en el mundo occidental. A pesar de que la tendencia es a unificarlos semánticamente, ambos conceptos son diferentes entre sí, y contienen aspectos que los demarcan y los colocan en lugares distintos al interior del entramado social. En su libro The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, el autor iraquí Fareed Zakaria explica que la democracia occidental responde a dos tradiciones separadas: la tradición constitucionalista liberal y la tradición democrática. Esta última está vinculada a la participación democrática en el gobierno, las elecciones libres y la justicia participativa, mientras que la primera se centra fundamentalmente en los objetivos del gobierno una vez elegido. La preservación de las libertades individuales, según argumenta Zakaria en su texto, es el más importante de esos objetivos. La tradición liberal, entonces, se construye a partir de establecer restricciones a la autoridad gubernamental, sea esta estatal, eclesial o social de cualquier tipo, en pos de preservar la libertad individual. Ambas tradiciones se encuentran mezcladas en la democracia de Occidente que prevalece en la actualidad, aunque a lo largo de la historia han sido protagonistas en diversas épocas de forma independiente.

Son múltiples los ejemplos de derechos humanos básicos inalienables a una verdadera democracia. Sin ir más lejos, el derecho a la información y a la libertad de prensa resultan esenciales. El acceso a datos está estrechamente vinculado a la transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se maneja el país, en qué se emplea su dinero y cómo marcha cualquier indicador social de su interés. Estar informado es primordial para la toma de decisiones políticas. La libertad de prensa juega un papel fundamental en este sentido. ¿Se puede confiar en una prensa que solo responde a los intereses del Estado?

Por otro lado, un tercer concepto entra a jugar en el andamiaje de criterios que estamos manejando, y que vendría a ser el gran aglutinador entre ellos: el Estado de Derecho. En este caso, la idea de que una sociedad y su gobierno sean protegidos y contenidos mediante un conjunto de leyes con carácter supremo es la garantía para preservar la democracia y libertad de una nación saludablemente. Un Estado de Derecho implica que ni siquiera las instancias gubernamentales tienen poder por encima de la ley, lo cual, aplicado efectivamente, erradica el despotismo y las tendencias dictatoriales en los gobiernos. Es por eso que, en la mayoría de los casos de gobiernos que una vez elegidos o no llegan al poder en determinado país, una de las primeras acciones que realizan es la transformación a su conveniencia de la carta magna y de otras legislaciones que garanticen su perpetuidad en el tiempo. Es esta una de las primeras rupturas al orden constitucional y, por tanto, a la democracia, tal y como lo hemos visto en países como Nicaragua, Venezuela, El Salvador y, por supuesto, Cuba.

En un Estado de Derecho la libertad y la democracia convergen como logros culturales esenciales. La participación ciudadana en la vida pública y política del país a través de las organizaciones de la sociedad civil es clave en este aspecto. La toma de decisiones debe pasar siempre por su filtro, deben tenerse en cuenta sus reclamos y escuchar a la ciudadanía por sobre todas las cosas, puesto que un Estado de Derecho debe responder ante todo a los intereses de la sociedad y promover el bienestar humano de todos y cada uno de sus integrantes.

La separación de poderes es otro de los indicadores que apuntan a la presencia de un Estado de Derecho. En el caso cubano, por ejemplo, tenemos que opera todo lo contrario, es decir, las instancias legislativa, ejecutiva y judicial se encuentran fusionadas en una «unidad de poderes con la soberanía popular», según argumenta el actual presidente cubano, una definición que dista de cualquier teoría política ensayada de forma eficaz internacionalmente. Ni siquiera en la historia de Cuba es posible encontrar una forma de gobierno que se acerque a este criterio, cuyo objetivo principal, por todos conocido, es contribuir a la retórica del sistema totalitario y dictatorial sostenido en la Isla desde 1959.

Para un gobierno totalitario como el de Cuba, que cada vez está más lejos de ser un Estado de Derecho, la cultura y la intelectualidad son incómodas y peligrosas. La censura entra a jugar entonces un rol protagónico con el fin de apagar cualquier llama de utilidad que confronte a los intereses del gobierno. Esta es una de las principales alianzas entre cultura, libertad y democracia, es decir, la posibilidad de ser y existir, de expresarse libremente y de convertirse en uno de los pilares de cualquier cambio de sistema. La cultura provoca, mueve cimientos y propone alternativas nuevas de conducir los derroteros de la sociedad. La sostiene y la revitaliza. Debemos aspirar a un país que garantice esa riqueza para todos los ciudadanos.