Por Roberto Veiga González

La igualdad política constituye el fundamento de la democracia ―incluso, agrego, de la República―. Sin embargo, comprenderlo demanda algo más que una afirmación.

La libertad ―o sea, la igualdad en la libertad, único modo de ser libres e iguales a la vez― en política implica que cada persona, dada la condición ciudadana, esté capacitada para participar en la formación de la voluntad política social; establecer agrupaciones políticas; nominar candidatos a los cargos políticos públicos; elegirlos de manera democrática; controlar las gestiones de las autoridades e instituciones públicas; revocar las autoridades; poseer iniciativa constitucional y legislativa; votar en plebiscitos, referendos y consultas; y nominarse como candidato para ocupar desempeños del Estado. Sin lo anterior, no habrá libertad política y mucho menos igualdad política.

Asegurar lo anterior es importante para el destino de cualquier sociedad, pues a través de la responsabilidad política cada ciudadano puede aportar al desarrollo de un orden social que facilite, a su vez, la evolución de las cuestiones civiles, familiares, sociales, laborales, económicas, legales e institucionales.

Pero cualquier individuo pudiera carecer de condiciones para ejercer la ciudadanía. Todas las personas poseen una dimensión individual que demanda recibir de las otras, sin lo cual pudieran quedar establecidas en cualquier tipo de enajenación. En tal sentido, escasa política podrán aportar quienes carezcan de sostenes educativos, laborales, sanitarios y judiciales, los cuales resultarían sobre todo de los derechos económicos, sociales y culturales.

Del mismo modo, todas las personas ostentan una dimensión social que las capacita para proporcionar a las otras de acuerdo con la madurez obtenida. Ello demanda garantía auténtica de las libertades de conciencia, expresión, información, prensa, reunión, manifestación y asociación, lo cual provendría directamente de los derechos civiles y políticos. Sin ello, cualquier responsabilidad de la persona en lo individual o social puede culminar frustrada.

Pero a la vez esto requiere de un marco/horizonte estatal democrático que asegure el desarrollo armónico de lo individual y social, lo privado y público. Según la experiencia histórica, contribuyen a ello:

• Un catálogo de derechos bien definido, con carácter constitucional.
• Un poder judicial capaz de proteger estos derechos.
• Las garantías al derecho de propiedad y el deber social de distribuir la riqueza con el propósito de hacer evolucionar los derechos económicos, sociales, culturales y otros.
• Las imprescindibles libertades civiles y políticas que capacitan al ciudadano para su responsabilidad y trascender las dificultades de cada etapa.
• Un modelo de gobierno incluyente, pluralista, descentralizado y democrático, con independencia entre las ramas del poder y autonomía de los gobiernos locales, bajo el imperio de la transparencia y la ley.
• La nominación democrática para ocupar los cargos de autoridad, las cuales deben ser electas de manera periódica, universal, libre, igual, directa, secreta y competitiva.
• Una administración pública racional y eficaz como autoridad técnica-racional para ejecutar de manera eficiente el punto de unión entre el Gobierno y los gobernados; que acceda a tales funciones a través de un conjunto ordenado de oportunidades de ingreso, desarrollo profesional y ascenso conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad; y ejerza sus responsabilidades bajo mecanismos encargados de la probidad pública.

No obstante, debemos incorporar que las reglas democráticas facilitan ―acaso como ningún otro régimen sociopolítico― la libertad y responsabilidad, y el establecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, pero nos los asegura per se. La potencialidad democrática siempre será compleja y dependerá, finalmente, de la cualidad de los actores, de que estos ejerzan la ciudadanía con vocación democrática.