Respuesta de Alexei Padilla al dossier de Cuba Próxima titulado “Necesitamos pasar al campo de la política para encontrar una solución democrática, pacífica y respetuosa de los Derechos Humanos”, en el que además participan Michel Fernández, Teresa Díaz Canals, Lennier López, Ernesto Gutiérrez, David Corcho, Julio Antonio Fernández, Mario Valdés Navia, Miguel Alejandro Hayes, Enrique Guzmán, Elena Larrinaga y Manuel Cuesta Morúa. 

I

El politólogo noruego Vegard Bye, en su texto “¿Hay soluciones pacíficas a la crisis cubana?”, publicado en Azulypunto, presenta desafíos inmediatos para nuestra sociedad, capaces de desencadenar una dinámica constructiva.

Se refiere a establecer un corredor humanitario de envergadura, no como responsabilidad exclusiva del Gobierno cubano, sino gestionado por los actuales corredores autónomos de España-Cuba y Miami-Cuba, de conjunto con redes de familiares de presos y emigrantes. Paralelamente, negociar la liberación de los presos políticos, comenzando por aquellos que no hayan estado involucrados en actos de violencia, e ir ampliando la ayuda humanitaria en la medida que se logra la liberación de estos. Ayuda técnica a productores no estatales, desde mecanismos establecidos por la sociedad civil cubana autónoma y transnacional, y la apertura interna para comercializar alimentos a través de redes no estatales. Legitimación de una ciudadanía -política- como actora de negociación con el gobierno cubano, una vez liberados los presos políticos, que incluya el desarrollo de un sindicalismo capaz de representar a los trabajadores.

1- ¿Tendrá el Gobierno cubano “necesidad” de asumir una senda de este tipo? ¿Cuál sería el costo para Cuba, incluso para el Gobierno, si ello no ocurriera?

Estoy convencido de que existen soluciones pacíficas para superar la crisis cubana que no es coyuntural, sino sistémica y estructural. Sin embargo, muchas de las soluciones pacíficas presentadas en las últimas dos décadas, desde organizaciones de la sociedad civil, han sido ignoradas y demonizadas por el Partido Comunista. Una de las claves para entender el rechazo y demonización de cualquier iniciativa o propuesta que no salga del Partido es el hecho de que los gobernantes cubanos no nos ven como ciudadanos activos, sino como subordinados o meros ejecutores de sus objetivos políticos.

La apertura de un corredor humanitario con todas las de ley es una necesidad imperiosa. Esa iniciativa debería integrar a los emigrados que no vivimos en países que albergan comunidades cubanas considerables. Y claro, no debe ser responsabilidad exclusiva del Gobierno cubano, pues su capacidad y competencia para resolver problemas como el abastecimiento de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha mermado. Creo también que debemos evitar al máximo la politización innecesaria de la ayuda y rechazar la actitud de quienes insisten en que personas que han manifestado su apoyo al régimen político vigente sean excluidas de esa ayuda que, repito, es humanitaria.

Con todo, aunque bastante estrechos (pues dependen de la buena voluntad y los modestos recursos de ciudadanos que viven en el exterior) ya existen esa suerte de corredores humanitarios que desde antes de la pandemia de COVID 19 atendían las necesidades de salud y alimentación de personas y familias, en especial, aquellas que no tienen parientes ni amigos en el extranjero. En ese sentido, quiero reconocer el trabajo voluntario de amigos como Massiel Rubio, Mabel Cuesta y Enrique Guzmán Karell, quienes se han articulado para enviar ayuda humanitaria a Cuba sin convertir ese gesto en un arma política. También hay que reconocer la labor de las personas y organizaciones que desde dentro de Cuba, riesgos mediante, han hecho llegar medicamentos, insumos y alimentos a decenas de familias en todas las regiones del país.

Acerca de la senda que la pregunta propone, hay aspectos de interés para las zonas de la sociedad civil cubana que aspiran a la democracia, pero no creo que el Gobierno cubano esté de acuerdo con todos. Cuando digo Gobierno no me solo refiero al conjunto de instituciones y personas encargadas de la administración del Estado. El actual ejecutivo es hoy también una casta, una clase en sí y para sí (como ha explicado la profesora Alina López Hernández), preocupada y ocupada por garantizar su seguridad, su integridad y su continuidad en el poder.

Considerando la precarización de la vida que para el pueblo cubano han traído las políticas económica y social de la administración Díaz-Canel (que es heredera directa de la de Raúl Castro), la continuidad el bloqueo/embargo y los efectos de la pandemia, cabe preguntarse si el bienestar material e espiritual de la sociedad cubana – más allá de lo mínimo indispensable para evitar estallidos sociales – está en el centro de las preocupaciones y ocupaciones de los máximos dirigentes isleños. ¿El actual modelo, tal cual está, resolverá las necesidades pendientes y crecientes de nuestra sociedad? ¿A quién ese modelo es funcional, al pueblo a la casta que lo gobierna?

Cuando constato que el Gobierno ha preferido encarcelar, reprimir, desterrar y forzar la emigración de más de 300 mil cubanos (solo en 2020 y con el impacto demográfico negativo que eso implica) me convenzo de que lo que la casta gobernante defiende no es un proyecto de país, sino su perpetuación en el poder. El poder de una elite burocrática-militar que al parecer pretende emular a la oligarquía rusa, nacida tras el colapso de la URSS.

Si la finalidad fuese sacar al pueblo de la crisis económica y establecer un régimen democrático, en el que derechos económicos y sociales anden de la mano con los derechos políticos y civiles, habría necesidad de aceptar y asumir la senda de la democratización por vía pacífica. El costo de no democratizar el régimen político cubano lo está pagando la sociedad cubana desde hace más de seis décadas. Sin embargo, la transición a una autocracia con economía de mercado, como en varios países del espacio postsoviético, parece ser una necesidad, no del pueblo cubano, sino de la casta gobernante. Por cierto, democratización no es un término exclusivo de socialdemócratas y liberales, sino una de las promesas incumplidas y burladas de socialistas y comunistas. La historia lo demuestra.

Por otra parte, nada debe detener la lucha por la liberación de todos los presos políticos cubanos y fortalecernos como sociedad civil desde abajo, de forma autónoma y conscientes de tenemos derecho a tener derechos, por tanto, no necesitamos de permisos para actuar en los espacios en que sea posible, incluyendo la ayuda técnica a productores no estatales, especialmente a los pequeños productores y prestadores de servicios en las localidades. Esa ayuda debe no puede dejar fuera a aquellos actores históricamente excluidos al no tener acceso al capital que llega desde el exterior. Este último punto es importante, pues tradicionalmente la oposición cubana se ha limitado al activismo político y no a la implementación de iniciativas concretas que además de resolver problemas materiales urgentes, ayudan a fortalecer la autonomía de sujetos y colectivos en relación al Estado. La autonomía es imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía activa. No debemos olvidar que uno de los mecanismos de control social más eficaces empleados en los últimos 60 años ha sido la dependencia económica de los ciudadanos en relación al Partido-Estado-Gobierno.

2- Para emprender algo de tal índole la nación necesita de actores con capacidad política. ¿Tiene actualmente el Gobierno cubano estos actores?  ¿Los tiene la actual sociedad civil autónoma y transnacional?   

Los espacios de toma de decisión del Partido-Estado-Gobierno constituyen una zona gris y opaca de la que poco sabemos. No obstante, creo que en su seno sí hay actores competentes y convencidos de la necesidad de un cambio, pero no puedo siquiera imaginar cuál es la correlación de fuerzas entre conservadores y reformistas. No sabemos quiénes son esos actores y qué puestos clave ocupan dentro de la nomenclatura.

Recientes escaramuzas en redes sociales sobre el apoyo estatal a la propiedad privada sugieren la existencia de discrepancias dentro del Partido entre figuras periféricas, no de cuadros de alto nivel. En las bases del Partido hay actores que defienden la continuidad de un modelo de corte soviético con ajustes mínimos y otros que parecen preferir un modelo que combine la economía de mercado con un régimen político no democrático que les asegura su permanencia en el poder. También hay voces que en lo político y lo económico se acercan a la socialdemocracia y al liberalismo, pero son los menos visibles, a juzgar por lo que se puede levantar a partir de estos intercambios públicos. Pensando la sociedad como un sistema de vasos comunicantes, puede que esos debates sean reflejo de tendencias al interior del Partido. Lo cierto es que no existe la tan cacareada unidad monolítica en torno al proyecto de poder del Partido.

En el caso de la sociedad civil como un todo (los militantes del PCC y defensores del régimen también integran la sociedad civil), no tengo duda alguna de la existencia de una multitud de actores capaces de participar y contribuir notablemente a la democratización del régimen político y de la sociedad cubana. Eso lo vemos no solo en propuestas de textos normativos para resolver vacíos legales y garantizar la protección y ejercicio de derechos constitucionales. Lo vemos también en el éxito de los emprendedores dentro y fuera de Cuba. Si de algo no carece la sociedad cubana es de personas capacitadas en prácticamente todos los campos del saber. El problema radica en que la mayoría de esas personas ha sido excluida de la posibilidad de participar y/o de estar efectivamente bien representadas en los espacios de toma de decisiones.

3- ¿Cómo podría contribuir D FRENTE a todo lo anterior?

D FRENTE es una iniciativa tan loable como reciente que intenta comenzar a desandar la senda de la democratización. Una de sus contribuciones sería convertirse en un referente sólido de la posibilidad de reunir sujetos y colectivos diversos y plurales, comprometidos, en primer lugar, con la democratización, el respeto de los todos los derechos humanos y la lucha por la justicia social en Cuba.

Veo que D FRENTE intenta superar las ‘fincas” político-ideológicas que acaban minando la unidad (no monolítica ni ideológica) de los demócratas cubanos. No hablo de una unidad que apaga las diferencias y las contradicciones entre visiones de mundo y de país, sino de una unidad estratégica necesaria para construir un proyecto de país que tenga como norte la democracia política, el Estado de Derecho y la justicia social.

II

Muchos se interrogan sobre la capacidad del actual equipo de gobierno para emprender cambios que inicien una solución nacional. A la vez algunos consideran que el poder real podría utilizar las “elecciones” de abril de 2023 para efectuar un relevo por actores capaces y dispuestos. Mas sabemos que eso a lo cual llaman elecciones en Cuba, sólo resulta un instrumento del poder para asegurar la designación de personas incondicionales en todos los cargos de autoridad del Estado. No obstante, como aseveran algunos, tales designados pudieran ser actores con talante para abrir las puertas a un proceso de salvación nacional.    

En 1994, el profesor Jorge Ignacio Domínguez presentó en La Habana una breve ponencia sobre la democracia en Cuba, en un taller auspiciado por el Centro de Estudios sobre América, en plena crisis económica, titulada “La democracia en Cuba: ¿Cuál es el modelo deseable?”. La primera mitad de su texto identifica cambios políticos que el Gobierno podría realizar dentro del marco de la Constitución, entonces recién modificada en 1992. La segunda parte aboga por cambios más fundamentales. En aquel momento, la primera parte fue bien recibida por un alto funcionario; la segunda parte, no.

4- Veintinueve años después, ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado, inclusive dentro de lo más fácilmente posible? Su propuesta de modificación de la ley electoral para permitir la libre postulación de múltiples candidatos a Diputado, ¿sería un paso útil y posible o un desvío tonto?

En su presentación, el profesor Domínguez afirma que la Ley Electoral de 1992 pude ser concebida por políticos aterrorizados con la idea de que algún disidente llegara a la Asamblea Nacional. Pues bien, la Ley Electoral vigente (2019) mantuvo aspectos esenciales de la anterior, como las comisiones de candidatura, y el carácter no competitivo de las votaciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En la práctica, los ciudadanos ratifican (o no) una lista de candidatos elaborada por integrantes de las comisiones de candidatura, los que a su vez están allí representando organizaciones de carácter paraestatal. Para un observador ingenuo puede parecer democrático que organizaciones sociales, profesionales, sindicales y de masas nominen a quienes desean los representen el parlamento. Sin embargo, las comisiones de candidatura funcionan como un filtro ideológico que garantiza que los leales al poder constituido ocupen una plaza en una Asamblea Nacional que no actúa como un verdadero parlamento, ni como contrapeso del poder ejecutivo.

La nueva Ley Electoral también trajo retrocesos, como la abolición de las asambleas provinciales y la determinación de que el gobernador provincial sea designado por el presidente de la República y ratificado por los consejos provinciales, quitándoles a los ciudadanos el derecho de elegir al poder ejecutivo de su provincia.

Hoy como ayer, el régimen político cubano no es democrático y tanto la Constitución como la Ley Electoral de 2019 lo demuestran desde lo normativo. Hoy como ayer, el conflicto entre el gobierno cubano y el gobierno de EUA, y entre el gobierno cubano y la elite política cubano-americana, continúa pautando la política interna de Cuba. Hoy como ayer, los máximos dirigentes cubanos siguen apostando en la continuidad de un régimen no democrático como garantía de mantenerse en el poder, aunque aleguen que tratan de salvar a la nación de las apetencias imperiales.

Ahora bien, la modificación la actual Ley Electoral, de modo que actores no alineados con el Partido Comunista pueden ser electos como diputados a la Asamblea Nacional sería un paso clave en dirección a la democratización. Los cambios graduales son menos traumáticos que los intentos de resolver una crisis general de un solo zarpazo. Un parlamento diverso y plural es imprescindible para proponer y realizar algunos de los cambios más urgentes. No obstante, los miembros de ese parlamento deben estar comprometidos con la construcción de un Estado de derecho y justicia social, amén de sus divergencias políticas e ideológicas. Sé que esto último puede parecer ingenuo, pero lo es más creer que bajo un régimen postotalitario será posible la existencia de un Estado de derecho, la democracia política y la justicia social, como expresión del ejercicio efectivo de todos los derechos humanos.

5- ¿Cuál sería el perfil del presidente de la República que debe encabezar la legislatura 2023-2028, si el poder fuera a comenzar un proceso de salvación nacional?

Es una pregunta que, en mi opinión, se aleja de lo que creo sucederá en marzo de 2022. No obstante, en una situación ideal el perfil del presidente de la República debe ser un verdadero demócrata, conciliador, firme, con habilidades para la articulación política y respetado por la mayor parte de la sociedad civil cubana. Con esas bases se podría ir avanzando. Sin embargo, todo indica que pese a sus magros resultados, Díaz-Canel será re-designado como presidente de la República. Sería una sorpresa que los diputados de la Asamblea Nacional, subordinada totalmente al Partido, no voten por Díaz-Canel, quien además de jefe de estado, es el primer secretario del Partido.

III

Llegado hasta aquí convidamos a revisitar el editorial del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho y Políticas Pública Cuba Próxima, del 4 de julio de 2022, titulado “En Cuba urge una solución”.

También advertir que, según muchos cubanos, no ocurrirá nada de lo enunciado en este dossier porque requeriría, en paralelo, una evolución de los derechos ciudadanos y esto enfrentaría al Gobierno con una de sus fobias: la libertad.

6- ¿Qué opina usted?

El natural pesimismo que vemos en buena parte de la sociedad civil cubana parece invitar a la resignación y a la paralización. Para los que como yo no creemos en intervenciones de manos divinas en la política institucional, la única forma de llegar al cambio es trabajar para que este se dé. No basta con quejarse. Hay que proponer, hay que actuar, hay que transformar. Y aunque muy modesto y sacrificado, no ha sido poco lo que se ha transformado en los últimos años, gracias, en parte, al empuje de actores inconformes con el statu quo.

Aunque puedan parecer superficiales y hasta sectoriales, tal vez Cuba no tendría hoy una ley que protege la integridad de los animales sin la movilización previa de los colectivos animalistas. La no aplicación del Decreto 349 no hubiese sido posible sin la movilización de decenas de artistas, como el hoy preso político Luis Manuel Otero Alcántara.

Los dirigentes del Partido-Estado-Gobierno cubanos que adversan la democracia no serán convencidos a hacer lo que contraría su naturaleza. La democracia política y social será resultado del empuje de aquellos actores de la sociedad civil dispuestos a sacrificar una parte de su energía vital para dar esa lucha.