Después del 11-J sería ingenuo pensar que el cambio en Cuba es inmediato como también no ver que está cerca, que es inevitable. Tres prestigiosos economistas cubanos comentan sobre los horizontes temporales, actores y rumbos en los que, en un escenario de transición, el país se pueda desarrollar, ser próspero y saber repartir esa riqueza. Sirvan estas 10 preguntas y análisis como fundación de posibles líneas de pensamiento y acción futura.

Comparten sus análisis y opiniones Carmelo Mesa-Lago, Elías Amor Bravo y Mauricio de Miranda Parrondo.

1- Primero a modo de diagnóstico, ¿cuál es el estado actual de la economía cubana? Preocupa, en especial, la actual inflación.

Carmelo Mesa-Lago: Hay un problema serio de falta información. Por ejemplo, en CEPAL, “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021”, que es el principal informe anual de dicho organismo, aparecen 24 cuadros estadísticos que son relevantes para Cuba y debían darnos una visión comprensiva de la situación de la economía cubana. Pero Cuba solo aparece en dos de ellos, el Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Comparado con otros 19 países de América Latina, incluso Haití tiene más información. En todos los años que llevo investigando sobre Cuba, nunca había existido tan poca información en ese documento. Este vacío significa que, aunque la CEPAL tiene un experto para Cuba, no tiene acceso a información estadística básica de la Isla.

Después de esta aclaración, voy a proveer la información que tengo basada en estadísticas oficiales de Cuba. Comencemos con el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes. Entre 2016 y 2020, el PIB promedió un -1.3% anual. En el 2020, cayó un -10.9%, la mayor caída en la región excepto Haití y Venezuela. El gobierno da una tasa de crecimiento de 2% del PIB para el 2021. Sin embargo, el “Balance” de CEPAL da para Cuba un 0.5% para el propio 2021, o sea, una cuarta parte de lo que dicen en La Habana. Ese 0.5% de crecimiento se compara con un promedio regional de 6.3% en 2021. Para que Cuba hubiese crecido un 2% tal como afirma el propio gobierno, hay que tener en cuenta que en el primer semestre el PIB decreció un 2%, entonces, en el segundo semestre tenía que haber crecido 4%. Es imposible que fuese así porque todos los indicadores, en especial la producción de azúcar, tabaco, níquel, las exportaciones de bienes y servicios, todas fueron negativas. Por eso creo la CEPAL debe estar en lo correcto y no lo que dicen desde Cuba.

En esta situación, hay que ver cómo se compara la Cuba de hoy con el Período Especial, entre 1990 y 1993, que fue el punto más bajo de la caída económica durante esa crisis. Según el conocido economista Pavel Vidal en el reporte trimestral de Cuba Standard, basado en una encuesta que se hace regularmente, el 67% de los encuestados entre gente de negocios e inversionistas dice que, comparado con el Período Especial, hoy el país está igual o peor, un 38% cree que está igual y un 29% que está peor. Mi impresión es que estamos igual, pero moviéndonos rápido a peor y esto me lo dicen los demás indicadores cubanos además del PIB.

Por ejemplo, el valor de la moneda cubana oficialmente está a 24 CUP por 1 dólar, pero según Reuters, en el mercado negro está 75 por 1, tres veces la tasa de cambio oficial. El blog de El Toque publicado en Cuba pone el dólar a 100 pesos a fines de enero de 2021. Bloomberg recién informó que el peso cubano es la moneda que más se depreció en 2021 en todo el mundo: un 96%.

Tomando al IPC como estimador, es contradictorio que la CEPAL diga que la inflación en Cuba es de 72%, virtualmente igual a la cifra oficial de 70%, cuando por otra parte CEPAL da un quinto del PIB oficial tal como vimos anteriormente. Pavel Vidal ha afirmado y estoy de acuerdo que, aunque la cifra oficial de inflación sea un 70%, esa cifra está subestimada por una razón fundamental: el gobierno no toma en cuenta para calcular la inflación ni el sector privado ni los mercados informales que es donde más se ha disparado la inflación.

Por esto, Vidal menciona que en promedio los precios de los productos han aumentado entre cuatro y ocho veces. Según el Economist Intelligence Unit (EIU), la inflación para el 2021 habría sido un 740% y para el 2022 será de 89%. La inflación se deriva de dos factores fundamentales, la caída de la oferta, o sea lo que se produce más lo que se importa, y que el gobierno sigue imprimiendo CUP sin respaldo de reservas.

En 2021 las importaciones se redujeron un 40% respecto a 2020, una marcada tendencia decreciente que viene desde 1989. Este es un factor que aumenta la escasez y por lo tanto la inflación. La liquidez monetaria, en términos técnicos M-2, que es la cantidad de dinero en manos de la población y en sus cuentas en el banco, para el 2020 fue un 121% del PIB. Para el 2021, el M-2 debió haber sido mayor debido al aumento nominal de salarios y pensiones, solo lo sabremos cuando la ONEI publique los datos de 2021 en septiembre u octubre de este año. Este excedente monetario es dinero con el que no se puede comprar nada, debido a la enorme escasez de bienes y servicios. Esto no ocurría desde 1993.

La formación bruta de capital en relación con el PIB es otro elemento importante para diagnosticar el estado actual y futuro de la economía, porque a mayor esa formación mayor es el potencial de crecimiento económico y viceversa. En 1989 fue aproximadamente un 25%. Desde entonces nunca se ha alcanzado esa cifra. En 2020 fue un 9.9% según la ONEI y hasta septiembre u octubre no sabremos los datos de 2021. Pero las perspectivas no son buenas.

El índice de producción industrial, tomando a 1989 como año base con un valor de 100, fue de 61.3 en 2019 y en 2020 de 53.8 puntos, esto es, un 46.2% menos que hace 31 años con clara tendencia a empeorar.

La producción de petróleo nacional cayó un 22% entre 2010 y 2020. La producción de gas natural entre 2015, que es el punto más alto, y 2020 cayó un 28%. A esto hay que añadirle la caída de importación de petróleo de Venezuela, que en su mejor momento llegó a 104 mil barriles diarios, y que hoy se estima entre 30 y 40 mil barriles diarios. Si bien se está importando petróleo desde Angola y Rusia, estas cantidades son pequeñas en comparación con Venezuela. Hay un déficit en el sistema eléctrico que se manifiesta en que vuelven los apagones.

En cuanto a la agricultura, ganado, pescado y marisco, y manufacturas, 19 de unos 24 productos fundamentales cayeron de 2019 a 2020 o desde un pico en los últimos 10 años, 11 tuvieron una producción física inferior a 1989. Me temo que 2021 habrá sido peor. La zafra azucarera es donde más evidente se hace esta situación. En los 80s, Cuba producía anualmente 8 millones de toneladas de azúcar como promedio. La zafra 2020-2021 fue de solo 792 mil toneladas, 600 mil para el consumo interno y el resto para China que requiere 400 mil, o sea que debe haber habido un recorte en el consumo interno o Cuba haber importado 208 mil toneladas. Para la zafra de 2021-2022, de la siembra solo se ha cumplido un 69% de la meta, por lo que este año será igual o peor.

En cuanto al sector externo, Cuba es una economía abierta por la alta dependencia de las exportaciones, pero sobre todo de las importaciones. Cuando uno revisa el Anuario Estadístico se percata de que hay cuatro o cinco páginas sobre las exportaciones y más de veinte para las importaciones. Entre 1989 y 2020 el valor total de las exportaciones se contrajo un 67%. En el mismo período, las importaciones disminuyeron un 9%. De 2019 a 2020 las exportaciones cayeron un 33% y en el 2021 las importaciones cayeron un 40%.

Durante muchos años Cuba tenía un déficit en la balanza de bienes (se importaban más bienes de lo que se exportaba), pero un excedente en la balanza de servicios (se exportaban más servicios de lo que se importaba), esto último debido a la exportación de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, y el turismo. En 2020 por primera vez se produjo un déficit de 100 millones de dólares en la balanza comercial, es decir cuando sumamos la balanza de bienes y la de servicios. O sea, la exportación de servicios no compensó el déficit en la balanza de bienes. Estos resultados serán peores para 2021. Esto se debe fundamentalmente a que desde hace alrededor de seis años Venezuela ha reducido la compra de servicios profesionales y países como Bolivia, Brasil, Ecuador y El Salvador han terminado estos contratos con Cuba.

La exportación de servicios es la primera fuente de ingresos para Cuba, son entre seis y siete mil millones de dólares, aunque esta cantidad hay que reevaluarla hoy a la baja. Luego le siguen las remesas que en los últimos años habían estado entre tres y cuatro mil millones de dólares. Las remesas cayeron un 35% entre 2019 y 2020. Sucede que las remesas llegaban por dos vías, por giro a través de Western Union y “las mulas”. Trump cerró los vuelos en 2020 y prohibió a Western Union operar en Cuba a través de Fincimex, la agencia manejada por los militares cubanos, Biden ha continuado esta política; por ello las remesas disminuyeron de 3,7 mil millones en 2019 a 1,1 mil millones en 2021, o sea, un 71%.

El turismo es la tercera fuente de divisas. El país alcanzó alrededor de 3,300 millones de dólares en 2017 y desde entonces ha ido cayendo. Ahora, estas cifras son una sobrestimación porque hablamos de ingreso bruto y el gobierno no da la cifra del costo de la importación de bienes para el sector turístico. Alcanzando un pico en 2018, Cuba recibió 4.7 millones de visitantes internacionales. Cifra que se desplomó a 1 millón en 2020 y a 356 mil en 2021. O sea, una caída de 92% en 2018-2021, mientras que el gobierno afirma que el ingreso por turismo cayó un 80% entre 2017 y 2020. Es de esperar que los ingresos de 2021 hayan sido bien pocos. En todo esto influyó la prohibición de la administración Trump a los cruceros de ir a Cuba y la pandemia. La tasa de ocupación hotelera de 2019 ya era del 48%. Para 2020 y 2021 es de suponerse que la tasa sea mucho más baja, entonces es paradójico que se sigan construyendo hoteles invirtiendo millones de dólares en ello.

Poco a poco la tendencia del sector no estatal era a crecer mientras el sector estatal decrecía hasta el 2020 cuando el sector privado disminuyó 1.3% y el por cuenta propia 2.4%. El sector no estatal incluye, además de los trabajadores por cuenta propia, a los usufructuarios, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y a los campesinos privados. Esto sucede por el coronavirus y las sanciones de los Estados Unidos que afectan por ejemplo a trabajadores que dependen del turismo, unido a las prohibiciones y regulaciones del gobierno cubano que obstaculizaron la supervivencia de estos negocios en este difícil escenario.

La inversión extranjera directa es otro elemento importante. Cuba tiene una meta de 2,500 millones de dólares anuales que no se ha cumplido. En mis cálculos distingo entre promesas y contratos firmados, estos últimos solo han promediado 500 millones en los últimos años. Por esta razón la CEPAL no incluye a Cuba en los montos de inversión extranjera directa porque no confía en los datos que se ofrecen desde La Habana. Las inversiones están virtualmente paralizadas y en esto influyó mucho que a principios de 2019 la administración Trump no haya suspendido el Título III de la Ley Helms-Burton. Esta cláusula se venía suspendiendo cada seis meses desde 1996 con la administración Clinton. El Título III permite demandar a cualquier persona o entidad que trafique, así lo dice esta ley, con bienes confiscados por el gobierno cubano desde 1959. La Ley autoriza las reclamaciones de personas que eran ciudadanos norteamericanos en ese entonces o de cubanos que posteriormente adquirieron la nacionalidad estadounidense. El Departamento de Estado estima el valor de estas propiedades y las demandas en miles de millones de dólares. Hay más de cuarenta demandas, pero hasta donde conozco, ninguna ha prosperado. Sin embargo, el efecto práctico es que esto paró la inversión extranjera, incluso algunas empresas españolas se fueron de la Isla.

La deuda externa es otro indicador que no aparece en las estadísticas de la CEPAL, ni en términos absolutos ni como porcentaje del PIB. Además, Cuba solo hace público el monto que ellos han restructurado, no la cantidad total inicial de deuda contraída. Sin embargo, han tenido éxito en que los acreedores hayan condonado las deudas, por ejemplo, Rusia, China y el Club de París (compuesto por 14 países desarrollados como Austria, Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Suiza, Japón y otros). Ahora, en la mayor parte de estos acuerdos se condonó el capital, pero no el interés. Cuba le dejó de pagar al Club de París en octubre de 2020. Esta institución solo le dio una extensión a Cuba hasta el 2022 y la penalización por impago es de hasta un 9%. Hay que ver este año como evoluciona esta situación. Cuba no pertenece al Fondo Monetario Internacional (FMI), ni al Banco Mundial (BM), ni al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo pertenece al Banco de América Central que dio un préstamo para las vacunas cubanas. Comparado con el resto de los organismos internacionales, este es un préstamo pequeño.

Para concluir, el déficit fiscal de 2020, la diferencia en el presupuesto estatal entre los ingresos y egresos es un 17.7% según el propio gobierno. Creo es el déficit más alto en los últimos 20 años. Se estima que para el 2021 sea un 30%, sin duda el mayor desde los años 90. Para tener un punto de comparación, acorde con la CEPAL, el promedio del déficit en América Latina para el 2020 fue de 6.9% y para el 2021 de 5%. Esta última cifra todavía por consolidar. En 2020 tuvimos dos veces y medio más déficit fiscal que América Latina y para 2021 probablemente sea seis veces. En cuanto a las reservas internacionales, Cuba no reporta estas, pero es muy probable que sean muy reducidas.

Elías Amor Bravo: De forma sintética, el estado actual de la economía cubana se puede definir con los siguientes cuatro elementos:

En primer lugar, no ha habido rebote en el crecimiento económico en 2021 tras la crisis del COVID-19, como ha ocurrido en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. La CEPAL lo acaba de confirmar en su reciente informe “Balance preliminar de las economías de América Latina y Caribe”. Cuba se sitúa a la cola de la clasificación acompañada, cómo no, de Venezuela y Nicaragua. La economía arrastra dos años y medio largos de recesión.

Segundo, cada vez hay menos ingresos en divisas en las arcas del Estado, y lo que es peor, no se avizora ninguna fuente para su obtención a corto o medio plazo. Ni turismo, ni inversión extranjera, ni exportaciones. Tan solo las remesas dan un respiro. Al no pagar las deudas con el Club de París, la economía de Cuba tiene cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales.

Tercero, el presupuesto y la política monetaria. Se constata una ejecución muy deficiente de las cuentas públicas, con asunciones de gasto superiores a las previsiones de ingresos, que disparan las cifras del déficit hasta las proximidades del 20% del PIB, haciendo insostenible la gestión presupuestaria. De otro lado, la inercia de la política monetaria ha llevado a una expansión del dinero en circulación que incrementa más aún los precios, como consecuencia del modelo de financiación del déficit con bonos soberanos.

Y cuarto, por supuesto, la inflación interna ha roto cualquier previsión inicial de las autoridades y al cierre de 2021, con un 70% de aumento interanual, de los más elevados de América Latina y el Caribe, erosiona el poder adquisitivo de los salarios y pensiones, así como los depósitos bancarios y otros activos financieros, empobreciendo más a la población y los actores económicos. La inflación es un impuesto a los pobres, que podrá tener algún efecto sobre la recaudación monetaria de los tributos, que va a poner a prueba al régimen comunista durante 2022. Su corrección y/o eliminación debe ser una tarea urgente del régimen.

Mauricio de Miranda Parrondo: La economía cubana enfrenta su peor crisis desde la que condujo al llamado Período Especial. Pero, con independencia de los problemas “coyunturales” que pueden achacarse a la pandemia del Covid-19 y en alguna medida al endurecimiento de sanciones económicas de los Estados Unidos, la realidad es que existe una crisis estructural, en la medida que, en una serie de indicadores de producción industrial y agropecuaria, no se han recuperado los niveles de 1989. El crecimiento promedio anual del PIB entre 1990-2020 ha sido de solo 1.2%. Este valor para el período 2010-2020 ha sido 0.8% y si se elimina de la serie el 2020 que es el primer año de la pandemia, tendríamos un valor de solo 2.1% para 2010-2019. A esos ritmos de crecimiento no se logra desarrollar el país y tampoco superar una crisis estructural. Desde 1990 la industria manufacturera no ha tenido un solo año en el que haya superado los niveles de 1989. Según la ONEI, el índice de volumen de la producción industrial de 2020 respecto a 1989 ha sido de 53.8%. Algo similar se observa en un importante número de producciones agrícolas. Se han desplomado las exportaciones de bienes y ante la escasez de crédito internacional, las importaciones muestran una gran dependencia a la magnitud de las exportaciones. De hecho, los ingresos del turismo han descendido en 2018 y 2019 respecto a los años previos.

A esto hay que sumar una serie de desequilibrios macroeconómicos, tales como un incremento sustancial del déficit fiscal, que el gobierno ha pretendido subsanar con su monetización, a través de la emisión monetaria.

La llamada “Tarea Ordenamiento” ha agravado considerablemente esta situación por haberse adoptado antes de una profunda reforma del sistema productivo, lo cual se ha traducido en una inflación galopante. Al parecer, las cifras reales superan con creces las que se han ofrecido en las fuentes oficiales. Esto podría estar asociado al mercado cambiario informal en el cual se adquieren parte de las divisas que se usan en las tiendas en moneda libremente convertible.

2- A pesar del reciente reconocimiento en documentos oficiales, la expresión propiedad privada fue borrada del vocabulario durante seis décadas y hoy todavía hay aversión hacia ella, incluso entre intelectuales que se oponen al régimen percibo una alergia al uso del término. ¿Cuál es, en su opinión, el rol que debe tener la propiedad privada nacional y extranjera en la Cuba futura? En paralelo, ¿cuál sería el rol del Estado? ¿cuál sería el alcance de la propiedad pública? ¿Qué estrategia seguir con el fin de potenciar la mayor eficiencia de estas formas de propiedad?

Carmelo Mesa-Lago: Anteriormente vimos el estado actual de la propiedad privada en Cuba y como la tendencia a crecer se detiene en 2020. Hay un problema fundamental y es que durante muchos años el término propiedad privada no se utilizaba en Cuba. Por ejemplo, en lugar de hablar de “campesinos privados”, se decía “pequeños campesinos”. La palabra privada estaba prohibida.

Hay una serie de indicadores que permiten comparar a Cuba, que es un modelo de planificación central con reformas económicas mínimas e inefectivas, con el modelo de socialismo de mercado de China y Vietnam. Para mi sorpresa, no solo encuentro que estos países han superado a Cuba en materia económica, esto estaba claro, sino que también hay indicadores de desarrollo social en los que Cuba les superaba pero que hoy ya no es así. En China y Vietnam la propiedad privada ha sido esencial y es la más dinámica. El porcentaje de la participación privada en las economías china y vietnamita comparado con la cubana es enormemente superior.

No creo que China y Vietnam sean modelos ideales, como sistema general, a seguir. Son países donde no hay democracia. Para mí los modelos ideales son los países escandinavos. Ahí la propiedad privada es importantísima, aunque hay un Estado que regula e interviene en situaciones donde el mercado no actúa. En nuestra región esto sucedió por ejemplo con Costa Rica en la época de José (Pepe) Figueres cuando el Estado cubría las deficiencias del mercado y además exitosamente implementaron un sistema de impuestos progresivos unido a un Estado de bienestar social.

Elías Amor Bravo: La existencia de un marco jurídico estable y respetable para el ejercicio de los derechos de propiedad, pública y privada, es condición necesaria, aunque no suficiente, para que una economía funcione de forma eficiente y genere riqueza y prosperidad para todos. El enriquecimiento es justo, porque depende del trabajo, el talento y la creatividad humana, que son valores que no se pueden despreciar o reprimir en una economía. La transición de los modelos social comunistas, que proscriben los derechos de propiedad privada, a las economías de mercado en los países del Este de Europa, China o Vietnam es un ejemplo de que ello es así.

Los gobiernos deben garantizar y respetar los derechos de propiedad establecidos en el marco constitucional y la política económica debe ser diseñada para lograr un entorno de estabilidad y predictibilidad para el ejercicio de esos derechos. Ese es el papel del Estado, que lógicamente puede tener derechos de propiedad, pero siempre de carácter subsidiario, alcanzando porcentajes de no más de un 30% de los activos de la economía.

Por ello, la estrategia en Cuba pasa por iniciar un proceso de privatizaciones de empresas y actividades que actualmente están en manos del Estado, y al mismo tiempo constituir un fondo de protección nacional, al que se destinen los recursos obtenidos de las privatizaciones. En ese nuevo diseño, la distinción entre derechos de propiedad nacionales o extranjeros tiene poco sentido.

Mauricio de Miranda Parrondo: La existencia de propiedad privada en general es imprescindible en la Cuba no solo del futuro sino del presente. Todo lo que se demore en crear las condiciones para su desarrollo será demora en recuperar el crecimiento económico. No deberían existir límites a su desarrollo más allá de aquellos que evitan el crimen organizado.

Ahora bien, paralelamente, necesitamos un Estado democrático, con instituciones sólidas, con contrapeso de poderes, con plenas libertades políticas y sociales y con instituciones que permitan el control de la sociedad hacia las estructuras de poder. Ese Estado democrático debe poseer las herramientas institucionales para regular el mercado y evitar sus fallas, del mismo modo que el mercado evita las fallas del Estado. Las palancas de la política monetaria, fiscal, comercial, laboral, social, entre otras, deben permitir al Estado regular el mercado. Pero regular no es controlar, es evitar el surgimiento de monopolios u oligopolios, es proteger al consumidor. El Estado debe contar con los recursos para proveer a la sociedad de bienes públicos y debe asegurar la vida digna de sus ciudadanos a través del acceso universal a la educación y la salud, lo cual no quiere decir que no puedan existir actividades privadas en estos rubros, bajo la supervisión y vigilancia por parte del Estado de la calidad de los servicios ofrecidos. Sin embargo, el acceso a la educación y la salud públicas debe ser, en mi opinión, universal.

Creo que es posible que en un mercado coexistan empresas públicas con empresas privadas. En muchos países se observa esto en el caso de los transportes y las comunicaciones para solo mencionar un ejemplo. Por otra parte, considero que los recursos naturales del subsuelo y la plataforma marítima sí deben ser públicos y su gestión supervisada por organismos independientes de control.

La potenciación de la propiedad privada puede ser estimulada con la creación de un adecuado marco legal que la estimule en lugar de restringirla y con la creación de mercados transparentes en los que todos los actores económicos participen en igualdad de condiciones.

3- Sobre la inversión extranjera que tanto necesita el país, ¿dónde buscarla y qué sectores de la economía priorizar de ser posible? ¿Cuál es el potencial de inversión de la diáspora cubana?

Carmelo Mesa-Lago: Ya vimos el estado actual de la inversión extranjera. Francamente hay que priorizar todos los sectores de la economía porque no hay uno que no lo necesite. Incluida la salud. En China y Vietnam el sector privado en la salud compite con el público y los individuos pueden escoger. Es absurdo planificar qué sector priorizar tal como se hace con las ferias internacionales todos los años en Cuba. En todos hay que alentar la inversión.

La participación de la diáspora es muy importante. Carlos Saladrigas ha intentado esto por años. De hecho, cubanos en Estados Unidos y España invierten en el sector por cuenta propia, pero técnicamente es ilegal. Aunque hace unos meses el gobierno dijo que abrían las puertas al capital de la diáspora para invertir en micro, pequeñas y medianas empresas privadas (MIPYMES), todavía faltan las garantías legales y las instituciones para dar una confianza que no existe hoy entre los cubanos fuera de la Isla.

Elías Amor Bravo: El régimen tiene que entender que no puede interferir en los procesos de decisión de inversión extranjera, ya que esa intervención y/o dirigismo aleja al capital extranjero de los proyectos en Cuba. El capital tiene voluntad para decidir en qué invertir, con qué socios, en qué condiciones y en qué actividades, de modo que todo el diseño injerencista de la Ley 118 es inapropiado. La inversión extranjera privada tiene capacidad para moldear su potencial en las economías y eso es lo que falta en el caso cubano. Por ejemplo, República Dominicana ha tenido éxito atrayendo capital para el turismo, pero al mismo tiempo, ello ha generado un volumen importante de inversión en inmuebles y vivienda. En Costa Rica, el capital extranjero ha promovido la industria tecnológica avanzada y el I+D.

Los gobiernos no deben condicionar la inversión extranjera, ni tampoco buscarla o incentivarla. Son el mercado y la libertad de elección los motores de la inversión internacional, y no los diseños burocráticos e injerencistas. Por otra parte, no es fácil medir el potencial de inversión de la diáspora en términos cuantitativos, pero si en términos de capital social, que es igualmente importante, e incluye relaciones, contactos, transferencia de know-how empresarial, tecnología y aportaciones privativas de capital. La dimensión del capital social de dos millones de personas es muy importante y debería ser tenida en cuenta.

Mauricio de Miranda Parrondo: En mi opinión es crucial estimular el desarrollo de la inversión extranjera hacia la industria, la agricultura, el comercio doméstico, el trasporte, las comunicaciones y el sector financiero. Para ello es necesario un clima institucional y de negocios totalmente diferente al que existe actualmente. Personalmente, considero que la inversión de cubanos residentes fuera del país, aunque podría considerarse extranjera porque se realizaría en divisas de otros países, debería tratarse como inversión doméstica, devolviendo a todos los cubanos nacidos en el país que conserven su ciudadanía, sus derechos ciudadanos plenos. No sé si el gobierno cubano espera que los cubanos residentes en el exterior inviertan en el país sin sus derechos ciudadanos y sin contar con las garantías legales necesarias. Si esperan eso, están en un error. Y eso implica un sistema legal que no es el que existe actualmente.

4- ¿Qué políticas serían necesarias para asegurar que los ciudadanos cubanos, sobre todo los residentes en la Isla puedan acceder con celeridad y de manera suficiente a créditos que les permitan desarrollar emprendimientos?

Carmelo Mesa-Lago: Se ha demostrado en el mundo que el crédito a las PYMES es productivo y eficaz. La revolución del microcrédito es un caso paradigmático del desarrollo internacional. Por ejemplo, en Bangladesh, el banco Grameen ha operado con éxito desde 1983. En Cuba el monto que el gobierno asigna para créditos es ínfimo. Hay que aprender de estos ejemplos en otros países.

Elías Amor Bravo: La gestión bancaria en Cuba es muy deficiente y se encuentra atrasada tecnológicamente en materia de servicios con respecto a otros países, incluso de nivel de desarrollo inferior. El problema reside en que los bancos, empresas estatales, se pensaron con objetivos distintos a los que deben tener en el ámbito de la intermediación financiera. Por ejemplo, en Cuba los depósitos en porcentaje del PIB según la ONEI apenas alcanzan un 50%, cuando la oferta monetaria total llega al 120%.

Hay mucho dinero en circulación para transacciones y muy baja bancarización porque subsiste la desconfianza de los cubanos en la banca (controlada por el Estado) y posibles operaciones confiscatorias ya realizadas en el pasado, o decisiones de inmovilización de activos que pueden trastocar planes de ahorro. Sin confianza en la banca, el sistema financiero se resiente. La concesión de créditos, por otra parte, se ve condicionada por la presión que ejerce la colocación de bonos soberanos para financiar el déficit del estado, lo que reduce la oferta de financiación para otras actividades.

En tales condiciones, una amplia y profunda privatización bancaria sería una opción correcta, facilitando la penetración del capital extranjero en el sector para transferencia de tecnología y procesos. La competencia que resultaría de ello serviría para desarrollar políticas crediticias adecuadas a las necesidades de la economía.

Mauricio de Miranda Parrondo: En el corto plazo, no veo otra opción que abrir el sistema bancario y financiero a la inversión internacional porque Cuba carece de capacidad de ahorro bruto que permita canalizar recursos para la inversión. Por esa razón, no existe otra posibilidad que importar ahorro y en lugar de incrementar el endeudamiento del país es imprescindible que se incremente la inversión.

5- ¿Cuáles son las instituciones financieras internacionales (IFI) a las que Cuba debe integrarse con la mayor prontitud posible? ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Cuánto crédito internacional necesita el país y cómo no hipotecar el futuro?

Carmelo Mesa-Lago: Tanto China como Vietnam primero entraron al BM, luego al FMI, y finalmente a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mientras más estos países se han integrado a organismos y pactos comerciales, se han hecho más competitivos y se ha ampliado la facilidad de hacer inversiones.

Ahora, sucede que muchos de estos organismos internacionales han utilizado la deuda como mecanismo para imponer reglas y regulaciones que llegan a ser pesadas. La privatización de las pensiones es un problema, por ejemplo. El BM ha sido dogmático con esto de las pensiones y, sin importar el diagnóstico específico de cada país, quieren imponer el modelo chileno de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a una enorme cantidad de países. Esto ha sido problemático y el costo de transición del modelo público al privado en las pensiones fue muy alto en muchos países. Prefiero los modelos de Costa Rica, Uruguay y Panamá donde hay una mezcla de modelos de pensiones público y privado. Si ellos pudieron mantener su criterio particular, Cuba también lo puede en un futuro. Debemos tratar el tema de la condicionalidad de los préstamos.

A pesar de esto, Cuba en el futuro no puede darle la espalda a ser parte de estas instituciones. Aunque el gobierno hoy lo niegue, ellos saben que lo necesitan, lo que no pueden porque la Ley Helms-Burton prohíbe a Cuba entrar al BM como consecuencia del actual sistema político.

Elías Amor Bravo: Una cosa es que Cuba quiera integrarse en esas instituciones y otra bien distinta es que sea aceptada. Por ejemplo, Costa Rica acaba de ser aceptada recientemente en la prestigiosa OCDE, el club de naciones más prósperas, y Cuba ni siquiera se puede plantear este objetivo. Acceder a la OMC, como hizo Vietnam, exigirá adoptar medidas liberatorias de las operaciones comerciales que dejen atrás los intervencionismos actuales. En cuanto al FMI (Banco de Pagos Internacionales, etc.) las consideraciones son políticas y exigen dejar de expresar determinados enunciados contrarios a esta institución en los discursos de los dirigentes comunistas cubanos. Que Cuba se integre en estas instituciones y solicite ayuda financiera o tecnológica dependerá de asumir sus responsabilidades y cumplir los compromisos de pago de deuda (que no atiende, por ejemplo, en el Club de París). Sería desde luego muy positivo para Cuba dar ese paso, y un indicador de credibilidad y confianza, así como de normalización económica, dejando atrás proyectos bolivarianos trasnochados o grupos de no alineados conflictivos.

Mauricio de Miranda Parrondo: Cuba debería reintegrarse al sistema de instituciones financieras multilaterales. Esto significa el FMI y el BM. Además, sería conveniente el ingreso al BID. El problema más grave es que en las condiciones actuales, agravadas por la represión contra los manifestantes del 11-J es casi imposible que Estados Unidos, con su capacidad de veto, permita el reingreso de Cuba a esos organismos. Las ventajas de hacer parte de estos organismos son varias. Una de ellas es que los tipos de interés y plazos de reintegro son mejores que en el mercado de capitales. Adicionalmente, existe la posibilidad de recibir asistencia técnica en materia de reorganización de las instituciones económicas. Sin embargo, los créditos son condicionados al cumplimiento de ciertas medidas que se exigen después de hacer una evaluación de la situación económica real del país y ello significa hacer pública toda la información económica del país para que expertos de los organismos internacionales junto a expertos de los organismos económicos nacionales evalúen el programa de medidas. Los créditos no son incondicionales, son condicionados a esas políticas.

La capacidad de ahorro interno de Cuba es muy reducida, por lo que necesita una especie de Plan Marshall para superar el nivel de postración actual de su economía.

6- ¿Cómo elaborar un sistema tributario eficiente después de heredar un aparato económico y financiero con tantos defectos?

Carmelo Mesa-Lago: Hace unos años en la revista Temas publiqué un trabajo donde demostré que los impuestos en Cuba son regresivos porque se basan más que nada en un impuesto al consumo, en lugar de ser un impuesto progresivo sobre la renta. En el sector estatal, que abarca casi toda la economía, hay impuestos en las operaciones que se terminan pasando al consumidor. Ahora, el porciento de la renta del Estado que viene de los impuestos sobre el consumo ha disminuido y lentamente el de los impuestos a los ingresos ha aumentado gracias al sector por cuenta propia. Pero el sistema es regresivo y los más afectados son los pobres en un país que en teoría es socialista. Esto hay que cambiarlo y elaborar un sistema eficiente de tributación progresiva.

Elías Amor Bravo: Hay bastante experiencia y literatura en hacienda pública sobre cómo debe ser un sistema tributario eficaz.

En primer lugar, debe ser capaz de proporcionar ingresos ajustados a las necesidades del Estado, interferir lo menos posible en la actividad económica y, por supuesto, contribuir al desarrollo y prosperidad de la economía. Para ello se tiene que diseñar de forma sencilla, con pocos impuestos, a ser posible directos y de potencial recaudatorio (IRPF, IVA, Beneficios de sociedades) que se mantengan estables y con suficiente claridad para que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones de forma adecuada y se puedan cumplir sin dificultades.

Segundo, un buen sistema tributario debe ayudar, además, a aumentar el tamaño de las bases imponibles (sobre las que se aplican los impuestos) de modo que el crecimiento de la recaudación no se obtenga a costa de subir los impuestos, sino de propiciar el aumento del número de actores económicos. Para ello, se pueden fijar procesos de suspensión temporal de pagos de impuestos a las entidades que comienzan su andadura.

Tercero, un sistema tributario debe suprimir cualquier sistema compensatorio de subsidios y recaudación no tributaria como el que existe en Cuba, y fijar la agenda recaudatoria de forma objetiva y transparente, a ser posible, mediante un modelo de agencia que aleje las decisiones técnicas del ámbito político ministerial.

Mauricio de Miranda Parrondo: Por eso es necesario reordenar tanto el aparato productivo y de servicios del país como el sector financiero. La eficiencia del sistema tributario radica en que sirva para estimular el crecimiento económico y que ello se traduzca en mayores ingresos para que a través del gasto público el Estado pueda atender cuestiones relativas a la provisión de bienes públicos, desarrollar la infraestructura, así como adecuados sistemas públicos de educación, salud y seguridad social. Entonces, los impuestos no deben asfixiar la iniciativa empresarial, todo lo contrario. En la medida en que se desarrollen los negocios, en esa misma medida deberían crecer los ingresos fiscales para permitir el rol que el Estado puede cumplir para asegurar la justicia distributiva, la protección de la niñez, los ancianos y personas desvalidas que requieren ayuda de la sociedad.

7- ¿Cómo asegurar una salud y educación de calidad y asequible? ¿Cuáles son los problemas que hoy enfrenta Cuba en materia de bienestar social y cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo enfrentar el desafío de las pensiones en un país donde el envejecimiento poblacional es ya un reto?

Carmelo Mesa-Lago: Lamentablemente, cuando leemos sobre Cuba en algunos medios periodísticos, hay quien dice que, aunque económicamente el país no ha avanzado, “las conquistas sociales” son importantes porque han dado educación y salud gratuita a todos. Utilizando estadísticas del propio gobierno, sistemáticamente he demostrado que no es cierto. Hasta 1989 Cuba se colocaba a la cabeza de América Latina en indicadores sociales y de educación. A pesar de la recuperación parcial de la crisis de principios de los 90s, los indicadores económicos que mencioné arriba como el índice de producción industrial te dicen que la crisis no ha terminado y esto se refleja en los indicadores sociales.

Antes de 1959, Cuba estaba a la cabeza de América Latina en salud, pero esto era en los centros urbanos. En el campo la diferencia era inmensa. Por ejemplo, el índice de mortalidad infantil era casi el doble en áreas rurales. Con el analfabetismo sucedía lo mismo, era el doble o más en el campo. Después de 1959 se construyeron hospitales en el campo, la salud se hizo gratuita, y se estableció un sistema de atención primaria con los médicos de familia. Todo esto fue un logro, pero después de 1989 todo eso se cayó. A pesar de la ayuda que posteriormente se recibió de Venezuela, no se logró restablecer los indicadores de salud de antes de 1989, y esto es lo mismo que sucedió con la producción agrícola e industrial, por ejemplo.

El acceso a los servicios de salud se sigue deteriorando porque, de acuerdo con estadísticas oficiales, la mitad de los médicos de familia están en el extranjero de misión. Cuba cerró todos los hospitales rurales, está en la propia ONEI. Ahora las personas que viven en el campo son remitidas a hospitales regionales, lo que dificulta mucho el tema del acceso y tiempo de atención y seguimiento en caso de emergencias. La última estadística de mortalidad materna, según el propio Granma hace apenas un mes, aumentó de 40 por cada 100 mil nacidos vivos en 2020 a 176.6 por cada 100 mil nacidos vivos en 2021. Esto retrotrae Cuba a 1955 cuando la cifra fue incluso más baja, estamos hablando de niveles de los años 40. La mortalidad infantil es otro indicador importante. Hay ya varios trabajos serios, publicados en revistas científicas de prestigio, que demuestran como el gobierno cubano subestima las cifras de mortalidad infantil. Además de que hay un programa de abortos para las madres a las que se les detecta algún problema para ella o el feto. Cuba tiene la tasa de abortos más alta de toda América Latina. Esto por supuesto hace disminuir la tasa de mortalidad infantil. Incluso con las cifras oficiales, este indicador empeora. En el 2020 fue de 4.9 por cada mil nacidos vivos y en el 2021 de 7.6. La esperanza de vida al nacer no la publican desde el 2012. Si la ONEI no publica esta cifra, es de esperarse se debe a un marcado deterioro en este indicador. Ya son diez años sin publicar esta información.

La tendencia en el porcentaje que se dedica en el presupuesto del Estado a salud y educación es decreciente, lo que se acentúa con la crisis actual. Un graduado universitario hoy no tiene las mismas cualificaciones de uno graduado en los años 80. La calidad de los médicos cubanos cuando salen al exterior es debatida por los médicos en esos países.

El sistema de pensiones en Cuba no es financiable. Antes de la reforma de retiro de 2008, las edades de retiro eran de las más bajas de América Latina. Hoy Cuba es el país más envejecido de la región. Se suponía que Cuba iba a sobrepasar en envejecimiento a Uruguay en el 2025, pero lo sobrepasó hace cinco años. Esto es un problema esencialmente económico porque las parejas no quieren tener hijos por las malas condiciones económicas, de vivienda, de alimentación, etc. La población cubana decrece y envejece a un ritmo acelerado. Entonces, la reforma de 2008 aumentó la edad de retiro cinco años, 60 las mujeres y 65 los hombres, y tienen que subir más esas edades, pero esto tiene un costo político porque es impopular. Ajustadas a la inflación oficial, seguramente subestimada, en el año 2020 el valor real de las pensiones era un 53% comparado con 1989. El sistema no es financiable a largo plazo y no tiene un fondo de reserva como en todas partes del mundo. Aunque las reformas de 2008 aumentaron las cotizaciones de las empresas estatales y los cuentapropistas, el déficit (ingresos menos egresos) para cubrir las pensiones solo bajó por tres años. En 2019 y 2020 este déficit aumentó y las proyecciones que hemos hecho muestran que para 2040 las pensiones no son financiables. Tienen que subir la edad y la cotización. A fines de 2021, el propio Marino Murillo reconoció que la pensión mínima es de 1,528 CUP mensuales mientras que la canasta básica mensual cuesta 2,821 CUP, o sea, la pensión solo cubre un 54% de lo necesario para vivir.

La pobreza se ha extendido, aunque el gobierno nunca ha publicado cifras oficiales y eufemísticamente define a los pobres como población vulnerable. Desde principios de los años 2000, especialistas en el tema como Mayra Espina Prieto vienen advirtiendo de un aumento de la incidencia de la pobreza y lamentablemente no se ha ampliado la red de asistencia social. Por una parte, de 2006 a 2020 el gasto en asistencia social como porciento del PIB se redujo de un 2.2% a 0.3% y el número de beneficiarios de asistencia social por cada mil habitantes se desplomó de 5.3 a 1.7. La red de protección social se ha constreñido drásticamente. La situación de los adultos mayores en Cuba es de las más difíciles de América Latina.

Elías Amor Bravo: Evidentemente, somos muchos los economistas que no sentimos el menor terror por la palabra “privada” a la hora de referir a los servicios básicos del régimen de educación y salud y defendemos que la prestación del servicio debe ser pública con acceso igualitario para todos, si bien, la provisión puede ser tanto pública como privada o mixta, y ello es necesario porque el Estado cubano y su economía no están en condiciones de sostener esa provisión pública continuamente en el tiempo.

Para ello, hay que hacer crecer la productividad global de la economía, estancada durante décadas, porque si no hay más producción e ingresos, no se obtienen los recursos necesarios para aumentar los niveles de provisión pública. El Estado no puede crecer de forma indefinida. La única forma de desarrollar la infraestructura de los servicios públicos es con mayor crecimiento económico, con aumento de las bases imponibles que permitan obtener más recursos. En Cuba, la participación de la formación bruta de capital fijo en el PIB tiende a situarse por debajo del 10% del PIB (más de la mitad que la media de los países de América Latina) y por ello la economía se resiente en su capacidad de crecimiento a largo plazo. El presupuesto del Estado otorga prioridad de forma sistemática a los gastos corrientes, y esa opción se debe a esa provisión totalmente estatal de los servicios. La incorporación del sector privado a la provisión de servicios públicos puede generar importantes beneficios derivados de la cooperación público y privada. Educación privada o concertada, puede suponer un reto para la pública, si se diseña un sistema moderno y eficiente de becas que sitúen la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos como el valor principal del servicio. Otro tanto puede ocurrir con la sanidad y demás servicios sociales o profesionales. La participación privada en los servicios permitiría reducir el esfuerzo del Estado en la provisión y canalizar recursos financieros a inversiones o la promoción económica. Es toda una cuestión de elección de políticas.

Mauricio de Miranda Parrondo: Siempre he defendido sistemas de salud, educación y de seguridad social públicos, pero no deben ser sacos rotos. Deben poderse financiar desde el presupuesto y para ello hace falta un sistema tributario robusto, no expoliador, sino que estimule el desarrollo de la producción para que, en esa misma línea aumenten los ingresos del presupuesto.

Sin embargo, a la par de sistemas públicos robustos y universales de salud y educación, considero necesario abrir la posibilidad para la inversión privada con la debida supervisión del Estado sobre la idoneidad y calidad en la prestación de esos servicios.

Ahora bien, en estos momentos no puede decirse que Cuba cuenta con buenos sistemas de educación ni de salud. Superar esos problemas se convierten en importantes retos de la política social.

En cuanto a la educación existe una escasez de maestros en los niveles básicos de enseñanza, serias dificultades materiales de laboratorios, reactivos, publicaciones actualizadas, retraso considerable en materia de conectividad para el aprovechamiento de las redes sociales para la enseñanza y el aprendizaje. La pandemia demostró la vulnerabilidad de un sistema educativo que no puede utilizar las ventajas de la conectividad a internet. En principio, es necesario avanzar en estas líneas inicialmente.

A la salud pública la aquejan la escasa disponibilidad de medicamentos, el deterioro de hospitales y centros de salud, así como la insuficiencia de equipos de diagnóstico y de repuestos, entre otras carencias. La industria farmacéutica nacional debería ser un reglón priorizado para atraer inversión tanto foránea como nacional para superar la grave escasez de medicamentos y reducir las importaciones de ese tipo de productos.

Cuba enfrenta un grave problema demográfico, debido a la sangría permanente de jóvenes emigrando al exterior y el envejecimiento de la población, sin un sistema de seguridad social robusto. Las pensiones de los jubilados que lleva más años como tales se han ido desfasando de los niveles pensionales de quienes se han jubilado posteriormente, lo cual no es justo con esas personas.

Por otra parte, al adoptarse el “ordenamiento” la mayor parte de los jubilados quedó con ingresos inferiores a los del salario mínimo, lo cual resulta más grave si se considera que el costo real de la vida ha crecido mucho más de lo previsto por quienes diseñaron el proceso. En muchos países, incluso latinoamericanos, las pensiones mínimas están al nivel de los salarios mínimos.

En los últimos meses se hicieron ajustes en las pensiones de militares que pueden mejorar las condiciones de vida solamente de ese grupo de jubilados, pero se mantiene en niveles insuficientes las pensiones de la mayor parte de los jubilados que son personas con alta vulnerabilidad porque a su edad y condiciones de salud no están en condiciones de asumir los rigores que implican las largas colas y la movilidad para asegurar su subsistencia. Así las cosas, se requiere aumentar las pensiones, pero sin que ello signifique ampliar el ya inmenso déficit fiscal.

Por esta razón, considero que debería establecerse un impuesto especial temporal para las empresas y trabajadores autónomos con el objeto de crear un fondo que permita corregir esa brecha de ingresos de los jubilados, especialmente de aquellos que llevan más tiempo como tales y que por obvias razones son mayores.

Se requiere una reforma pensional que muy probablemente signifique una mayor contribución a la que actualmente se realiza al sistema de seguridad social.

8- ¿Cuáles elementos deberían ser centrales en una estrategia de desarrollo que procure la evolución proporcional y equitativa de todos los territorios del país?

Carmelo Mesa-Lago: Lo primero es incrementar la producción y para ello hay que hacer reformas profundas. Hubo dos grandes errores en la unificación monetaria actual, el primero es que lo hicieron en el peor momento y todos los economistas de dentro y fuera de Cuba estamos de acuerdo. Estas reformas tenían que haberse hecho a inicios de los 2000 cuando Hugo Chávez estrechaba sus vínculos políticos y económicos con Cuba. Por cierto, Venezuela proporcionó a Cuba entre 2006 y 2017 unos 100 mil millones de dólares, más que la URSS que en 30 años dio unos 65 mil millones. El segundo es que antes tenían que haber hecho reformas tal como ya lo habían hecho China y Vietnam. Como el dicho, pusieron la carreta delante de los bueyes.

Elías Amor Bravo: Hay mucha controversia sobre esta cuestión. La piedra filosofal de una estrategia que promueva un desarrollo equitativo en el territorio no existe y hay numerosas experiencias de fracasos estrepitosos de gobiernos que se lanzan a conseguir este objetivo, sobre todo, cuando se plantean incidir en el modelo económico y en las decisiones de los agentes privados. Distinto es que el gobierno se plantee fijar un nivel básico mínimo de servicios homogéneos en todos los territorios, que en todo caso debe ser resultado de la participación pública más amplia posible, y después se tenga que ajustar la provisión final en función del nivel de desarrollo o atraso de los territorios. El sistema tributario puede jugar un papel clave en la corrección de esas desigualdades territoriales, pero no existen evidencias que confirmen un impacto de la acción del gobierno sobre las decisiones empresariales.

Mauricio de Miranda Parrondo: Uno de los graves problemas de Cuba es la desigualdad en el nivel de desarrollo de los diversos territorios. Si partimos de la base de que la población residente en la capital representa más de la quinta parte del total del país y de que en ella se concentra gran parte del aparato industrial y de servicios es claro que se requiere de una transformación notable en ese sentido.

El desarrollo territorial no debe pensarse desde el centro, sino desde los territorios. Son ellos los que pueden determinar con mayor certeza sus potencialidades, sus posibilidades, sus dificultades y sus requerimientos de apoyo de una política de desarrollo territorial concertada democráticamente con la activa participación de los territorios. Para ello, es necesario que estos cuenten con recursos trasladados desde el presupuesto central, pero también con recursos propios, creando tributos específicos que se generen en los territorios.

Sin embargo, es imprescindible desarrollar la infraestructura de vías, transportes y comunicaciones, de forma tal que se asegure una adecuada interconexión entre los territorios y al interior de ellos. No se trata de deslocalizar industrias desde La Habana hacia otras zonas del país, sino de fomentar el desarrollo de industrias y de servicios en los diferentes territorios y para ello podrían establecerse determinados incentivos fiscales. Creo que la experiencia de crear Zonas Económicas Especiales podría ser de mucha utilidad para el desarrollo de ciertos territorios.

9- De los países que tuvieron una transición exitosa de una economía de planificación central a una de mercado, pienso y es mi opinión particular, en Estonia, Polonia o República Checa, ¿qué podemos tomar de ellos? A la vez, ¿qué debemos aprender de otros que replicaron esquemas del estatismo anterior y degeneraron en una suerte de “capitalismo de compadres” depredador? Pienso por ejemplo en Ucrania. ¿Gradualismo o reformas profundas y rápidas? De hacerse bien, y esta es una pregunta de alto riesgo y tal vez ingenua, ¿en cuánto tiempo Cuba puede mostrar una economía sólida que nos ponga a la cabeza de la región?

Carmelo Mesa-Lago: En un trabajo con Jan Svejnar, autor de las reformas económicas checas y candidato presidencial en 2008, distinguimos el crecimiento real del PIB entre los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que eran parte de la URSS (Kazajistán, Azerbaiyán, Moldova, etc.) y el resto de los países de la Europa del Este. Tomando a 1989 como año base y dándole un valor de 100 a su PIB real, los países que mejor resultado han tenido son primero Eslovaquia, segundo Polonia, y luego con similar puntuación Estonia, Bulgaria, Eslovenia, República Checa, Letonia y Hungría.

El problema con las terapias de choque es el incremento del desempleo y de la incidencia de la pobreza. El costo social de las terapias de choque es alto y tiene que haber una red de protección social financiada por el Estado. Las empresas que tuvieron pérdidas hubo que cerrarlas y despedir a los trabajadores. La mayoría tenían subsidios estatales, como es hoy el caso de Cuba. En Cuba decretaron un año de transición en 2010 para despedir a medio millón de trabajadores. Lo que el gobierno llamaba “nóminas infladas”. El plan a largo plazo era despedir y asimilar en el sector no estatal a 500,000 trabajadores en 2010, un millón en 2011 y 1.8 millones entre 2011 y 2015. Política y socialmente esto era imposible porque el sector por cuenta propia se extendió, pero no lo suficiente para absorber todo el excedente, por lo cual se habría aumentado muchísimo el desempleo visible.

El problema no es que Cuba tenga 1.4% de desempleo abierto, de las tasas más bajas del mundo, el problema es el subempleo que es aproximadamente un 29% de la fuerza laboral. Esta es una de las causas de la baja productividad y los bajos salarios.

En 2021, las empresas estatales siguieron recibiendo subsidios, y el propio Marino Murillo reconoció en noviembre que hay unas 545 empresas con pérdidas de un total de 1,705, o sea, casi un tercio. Los subsidios a estas empresas estatales que dan pérdidas se llevan una buena parte del presupuesto. Hay que dejar que esas empresas no competitivas cierren.

Habrá desempleo abierto, por eso hay que crear una red de protección social para aquellos que sean perjudicados por las reformas.

Elías Amor Bravo: Lo primero es olvidarse de ocupar posiciones de cabecera en la región del Caribe o en América Latina. Eso ya ocurrió antes de 1959 y será difícil conseguirlo de nuevo. El daño provocado por la ideología comunista es de proporciones tan elevadas que salir del círculo vicioso tomará tiempo, esfuerzos y no será fácil.

Precisamente, el proceso de la transición del comunismo a la libertad admite muchos niveles, grados y experiencias, de modo que nunca se puede hablar de “éxito” o tratar de utilizarlos como modelos a imitar. Y en ese sentido, Cuba tendrá su propio modelo del que se podrán extraer actuaciones positivas y negativas, de modo que el objetivo inicial sería lograr que las primeras fueran capaces de contrarrestar con sus efectos a las segundas.

Para ello, el cambio tiene que ser negociado, objeto de un amplio diálogo social, poliédrico, en el que se alcance el máximo consenso posible entre todas las posiciones, incluso las más enfrentadas al cambio, las que no lo quieren. Este proceso de tanteo debe guiar los primeros pasos de cualquier gobierno cubano democrático (asumo que el régimen comunista no tiene la valentía ni la legitimidad para realizar el cambio) que se proponga cambiar el modelo económico.

También será muy importante contar con el apoyo de organismos internacionales que den soporte a las transformaciones, en muchos casos, costosas que habrá que asumir. Un apoyo que no solo debe ser financiero, sino tecnológico, facilitando el acceso de Cuba a las reglas del modelo económico imperante en el mundo.

Algunos pensarán que este proceso se puede alargar indefinidamente en el tiempo, e incluso no llegar a un resultado final. En absoluto. El resultado dependerá de la capacidad de las fuerzas productivas para asumir el mayor espacio de poder que resulta de un proceso en que el Estado se retira de la intervención en la economía y se orienta a fórmulas clásicas de actuación, como las que existen en otros países. Por ello, el gobierno que promueva el cambio tiene que ser respetuoso con este proceso de cesión de poder económico al sector privado que debe concluir con una distribución entre lo público y privado compatible con el nivel de desarrollo de la economía y el consenso fijado en el inicio de la transición.

Mauricio de Miranda Parrondo: Imposible decir cuánto tiempo o incluso si alguna vez lo logremos. Ponernos a la cabeza de la región será muy difícil con el tamaño de nuestra economía y con los gravísimos problemas estructurales que padecemos. Sinceramente, yo iría por partes.

Primero solucionar la crisis estructural y realizar los cambios institucionales necesarios para que sea posible esa solución. Después habrá que pensar en la solidez y el desarrollo. Considero que es necesario superar la actual estructura deformada de la economía cubana. Sobre las experiencias, las consideraría todas, las buenas y las malas. No creo que existiera una reforma modélica. Casi todas tienen elementos positivos y otros negativos y quiero hacer énfasis en que no debemos mirar solo los casos de éxito económico real o aparente, sino también aquellos en los que aparecieron fenómenos peores a los que existían en la época en la que esos países se autodenominaban comunistas.

Por eso lo primero que quisiera destacar es que la reforma política es imprescindible y para ello es necesario lograr un consenso social como el que se logró para la elaboración de la Constitución de 1940 y ello podría ser el resultado de una Asamblea Constituyente, democráticamente elegida. El establecimiento de un sistema democrático con equilibrios institucionales, con límites y contrapesos a los poderes y con órganos de control de la gestión gubernamental son imprescindibles. Igualmente es necesario evitar que las reformas lleven a la creación de una nueva clase dominante que proviene de la terrible combinación entre los antiguos órganos de la Seguridad del Estado y el crimen organizado. La situación de Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán o las repúblicas de Asia Central es inadmisible. Pero en la mismísima Unión Europea están los gobiernos supuestamente “democráticos” de Hungría y Polonia, limitando libertades y aprovechando mayorías para imponer nuevas dictaduras, esta vez de derechas.

Finalmente, no podemos perder de vista que Cuba no es un país europeo sino latinoamericano. La historia, la cultura y las tradiciones importan. Creo necesario analizar lo que han hecho algunos países latinoamericanos con economías que sin ser desarrolladas aun han prosperado y también han avanzado en su desarrollo institucional, como es el caso de Costa Rica, Uruguay y Chile. No se trata solo de una transición hacia una economía de mercado sino a una mejor inserción internacional y hacia una democracia y esto último es mucho más que elecciones libres.

10- Por último, en un proceso de reformas ¿cuáles son las tres primeras medidas económicas que usted tomaría?

Carmelo Mesa-Lago: Primero hay que aumentar la producción y controlar la emisión monetaria para expandir la oferta y disminuir la demanda.

Para conseguir esto, primero yo comenzaría por la agricultura. El peor problema que tiene Cuba hoy es la escasez alimentaria porque no producen y no tienen recursos financieros para importar. En China, donde millones habían fallecido en hambrunas, la primera reforma que hicieron fue la agricultura. En China y Vietnam, los agricultores, sean de una cooperativa, un pequeño productor privado o una granja estatal, deciden qué sembrar. El Estado no les dice siembra “esto”. Los campesinos se guían por el producto que les sea más rentable. Luego, los agricultores deciden a quién le van a vender, lo que terminaría con el Acopio que conocemos en Cuba. Incluso en publicaciones oficiales dentro de Cuba como Granma, Juventud Rebelde o Bohemia uno se encuentra críticas durísimas a Acopio. Por último, en los dos países asiáticos, el precio de los productos se fija por la oferta y la demanda. Con esta sencilla fórmula, en seis años estos países salieron de situaciones de hambrunas periódicas a satisfacer sus propias necesitades y exportar. Por ejemplo, hoy Vietnam es el tercer exportador de arroz a nivel mundial.

En segundo lugar, hay que garantizar la existencia de la empresa privada, que se multipliquen y sean competitivas. Hay que eliminar los sinsentidos de temer a la “concentración de la riqueza” y esas teorías retrógradas que escuchamos en los congresos del partido comunista. Eso se puede resolver con un sistema tributario progresivo, como he discutido, que ponga impuestos al grupo de ingreso superior y use los recursos para financiar la red de protección social al grupo de ingreso inferior.

Por último, hay que incentivar la inversión extranjera en todo. Permitir a la comunidad cubana en el exterior que invierta. Por ejemplo, Hong Kong fue esencial en el despegue económico de China y Cuba necesita aprender de este tipo de experiencias.

Elías Amor Bravo: Por este orden: diálogo, participación y consenso con todos los sectores económicos y sociales para buscar el reequilibrio de la estructura de derechos de propiedad en favor de los agentes privados, reinstaurar el mercado como instrumento de asignación de recursos y la libre elección como motivación principal en el comportamiento de todos los agentes económicos.

El diálogo debe ser constructivo para fijar posiciones que después se tienen que intercambiar para alcanzar acuerdo. La libertad debe abrir espacios para que los agentes se encuentren motivados a ese intercambio.

Participación con todos, otorgando al exilio la relevancia que sin duda tendrá en cualquier transformación de la economía nacional. Nadie puede ser excluido del proceso siempre que tenga alguna posición económica que aportar al balance final.

Consenso, para alcanzar un modelo de economía abierta, libre, creíble, responsable, capaz de generar prosperidad y bienestar para todos los cubanos, que no deje a nadie atrás, pero que proporcione cabida a todos los sueños por disímiles que puedan ser, siempre que estén dentro de la Ley democrática.

Mauricio de Miranda Parrondo: Soy del criterio de que si las reformas económicas no se enmarcan en una reforma política e institucional no se resolverán los más graves problemas económicos, porque las instituciones políticas en las que radica el poder pueden obstaculizar las reformas, como ha sucedido hasta ahora. Creo que lo más importante es impulsar la producción de bienes y servicios y en la misma dirección eliminar las principales distorsiones macroeconómicas. Es muy difícil referirse a tres medidas porque son muchas las que deben adoptarse, sin embargo, ante el pedido de tres mencionaría las siguientes:

– Eliminar todo tipo de restricciones al emprendimiento privado y a la formación de cooperativas. Esto debe traducirse en la posibilidad de establecer empresas, no solo pequeñas y medianas, en los sectores industrial, agropecuario, trasportes, comunicaciones, servicios, etc. Desmontaría los monopolios estatales actuales de todo tipo. Solo mantendría la prohibición de actividades relacionadas con el crimen organizado. Paralelamente, habría que diseñar un marco legal conveniente para el logro de un clima adecuado de negocios, pero con regulaciones que eviten monopolios u oligopolios que resulten lesivos a los consumidores e incluso crearía una oficina independiente de protección de los derechos del consumidor, con una legislación al respecto. Eliminaría el monopolio del comercio exterior, de forma tal que las empresas puedan acceder directamente a él o incluso formarse empresas privadas o cooperativas de comercio exterior.

– Eliminaría el actual tipo de cambio fijo del peso con el dólar y restablecería un mercado institucional de divisas con un tipo de cambio flexible. Para que sea funcional debería reflejar las condiciones del mercado y a ese tipo de cambio el sistema financiero institucional debería estar en condiciones de ofrecer las divisas extranjeras.

– Eliminaría las tiendas en Monedas Libremente Convertibles. La soberanía del peso en todo el territorio nacional con curso legal forzoso y fuerza liberatoria ilimitada es imprescindible en este proceso. Una medida de este tipo sería necesaria para recuperar su valor, siempre que se adopten adecuadas políticas monetaria y fiscal que permitan el restablecimiento del equilibrio macroeconómico.

Son muchas más. Como lo he dicho, las reformas deben ser integrales y sistémicas y deben apuntar a recuperar el crecimiento, el equilibrio macroeconómico y un sistema monetario y financiero sano. Todo ello es el primer paso para enfilar el país hacia un mayor desarrollo económico sostenible y con justicia social.