Las personas merecen el derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal. Esto es un Derecho Humano que debe constitucionalizarse, legislarse y protegerse judicialmente; debe, además, resultar cultura, praxis, política.

Esto parece evaporarse del mundo actual, incluso en las sociedades consideradas democráticas. Un craso error, pues ello resulta pilar de todas las libertades y democracias -ciertas y posibles-; no me refiero a estafas políticas o ideológicas.

La tradición jurídica demanda que los códigos penales aseguren instrumentos de defensa/castigo por injuria o calumnia. La injuria es un hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor o credibilidad. La calumnia es de mayor agresividad porque constituye una acusación falsa, hecha con la intención de causar daño.

También exige proteger la privacidad de los individuos. Por ejemplo, garantizar la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y las comunicaciones cablegráficas, telegráficas, telefónicas o digitales. Salvo cuando se tornen constitutivos de delitos previstos por la ley y sea dispuesto por orden judicial de un tribunal competente, independiente.

Incluso, reclama proteger la integridad de los presuntos malhechores y garantizar que nadie pueda ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes y por decisión de un tribunal, ni ser considerado culpable sin que lo haya decidido un tribunal con todas las garantías. Los derechos de las víctimas y los presuntos acusados deben ser protegidos durante todo el proceso judicial, inclusive durante el juicio, si bien este debe ser público puesto que el acto de impartir justicia implica un carácter social.

Pero actualmente se desvanece esta noción antropológica, que resulta fundamento de la libertad. No tanto porque se incumpla de manera continua y horrenda a veces, sino sobre todo porque va dejando de ser referente incuestionable.

Ciertamente, en alguna proporción las leyes e instituciones van encauzando la cultura, la praxis y la política. Pero también de la cultura, la praxis y la política dependerán la eficacia y desarrollo de las leyes e instituciones.

De este modo, por ejemplo, los debates políticos y el ejercicio de la libertad de prensa deben ser francos y brutales, pero en torno a las cuestiones sociales debatidas o analizadas; jamás acerca de las intenciones de los actores en debate o escrutados por los medios de comunicación, y mucho menos sobre sus personas.

Las intenciones no se juzgan -ni política ni judicialmente-. Sólo resultan juzgables los actos y hechos.

Tampoco es aceptable la impugnación pública de los valores de individuos que debaten cuestiones sociales o son investigados por la prensa a causa de razones públicas, con la intención de deslegitimar la intervención de estos en tales debates u en otras cuestiones. Quienes estimen que asuntos individuales de otros puedan constituir delitos que afecten a la sociedad sólo tienen el derecho de acudir al sistema de justicia. El escarnio y acoso públicos, por el contrario, resultan delitos que deben enjuiciarse.

Estos son ejemplos exclusivamente, que escojo porque constituyen fuertes evidencias públicas de lo plateado, pero no son los únicos, ni quizá los esenciales. La cuestión medular, que contiene y sustenta todo esto, trasciende la política y la prensa, aunque las implica y no habrá solución sin una renovación de estas. Esa batalla sólo se libra con los valores, en el terreno de los sustentos culturales, las filosofías, las religiones, los principios fundamentados en la ética y las familias; también en las relaciones sociales -por supuesto-.    

Tal vez aquí radique el desafío mayor del mundo actual -y del venidero-. El desarrollo humano de la libertad y el bienestar demanda una perspectiva de valores/respeto, en especial a las personas y sus individualidades porque, lo contrario, sólo privilegia la mediocridad y ella únicamente establece despotismos. La libertad se funda y desenvuelve en valores.