Declaración de Cuba Próxima
El Gobierno de Cuba acaba de anunciar un empeoramiento de la ya gravísima crisis que padecen los cubanos.
A través de los ministros de Economía y de Energía y Minas, el pasado 26 de septiembre, el Gobierno confirmó que aumentará el sufrimiento del pueblo cubano, debido a que los alimentos, en especial los de la canasta básica normada, escasearán aún más, que los cortes eléctricos serán más frecuentes y prolongados, que el ya insuficiente transporte público será recortado, y que se limitará aún más el bombeo de agua y detendrá toda actividad no prioritaria e imprescindible.
Una vez más, la objetividad estuvo ausente en el discurso de los responsables de las políticas que han profundizado una crisis que no es meramente económica, sino sistémica. Una vez más, el Gobierno exige calma a la sociedad sin explicar cómo logrará soluciones. Y una vez más los dirigentes ponderaron los factores externos (el bloqueo/embargo entre ellos) para así omitir los responsables internos directos de que hoy sea uno de los países más pobres de la región.
A pesar de los eufemismos, el triunfalismo y el discurso apologético, las palabras de los ministros no pudieron esconder que el Gobierno cubano no es capaz de encontrar e implementar acciones concretas que detengan el avance de la crisis y con ella de la pobreza, la desigualdad, la violencia y el éxodo que vacía de jóvenes a Cuba.
En vísperas de estos anuncios, y no por casualidad, también se conoció de las peticiones fiscales para condenar a los jóvenes que protestaron en Nuevitas, que incluyen penas de privación de libertad de 10 a 15 años de cárcel.
Gobernar es un derecho exclusivamente cuando quienes lo ejercen están sostenidos por el respaldo ciudadano, expresado con libertad y democracia, y porque resultan capaces de lograr el bienestar social, tanto en condiciones de estabilidad como de adversidad.
No es posible aceptar más destrucción y pobreza. No es posible considerar que quienes gobiernan tienen el derecho de hacerlo cuando son incapaces de gestionar la cosa pública.
Cuba reclama, sin más dilaciones, los cambios necesarios, que deben gestionarse a través de una «negociación» entre exponentes del tejido social y político ciudadano —de la isla y la diáspora— y el Gobierno de Cuba, orientada a la libertad y los Derechos Humanos, la democracia y el imperio de la ley, el bienestar y la paz.
Ello por medio de una agenda comprometida con:
1- Distensión política nacional.
2- Garantía —inmediata— de los Derechos Humanos y, por ende, liberación de los presos políticos y de los derechos de expresión, acceso a la información y prensa, movimiento, reunión, manifestación y asociación, incluyendo los derechos políticos.
3- Establecimiento conjunto de una legislación empresarial y comercial capaz de establecer un modelo económico eficaz y eficiente, y compromiso conjunto de facilitar que Cuba acceda a finanzas, tecnología y mercado.
4- Establecimiento conjunto de una Ley Electoral Provisional —tal vez de empleo en una sola ocasión— que dé acceso a una ciudadanía plural a las instituciones públicas de representación.
5- Compromiso de que quienes resulten electos deberán emprender un desarrollo legislativo del universo de derechos, establecer condiciones sociales, económicas y políticas que aporten a la estabilidad del país, y consolidar las bases jurídicas, institucionales, cívicas, culturales e intelectuales para la convocatoria de un proceso constituyente.
El Centro de Estudios Cuba Próxima, a la vez, ratifica que participaría en este proceso comprometido con su Propuesta para refundar la República titulada La Cuba que queremos.
Junta Directiva, 2 de octubre de 2023.
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