Entrevista realizada al destacado economista Mauricio de Miranda Parrondo para el dossier, recién publicado por Cuba Próxima, titulado La economía cubana necesita de un “Plan Marshall” para superar su postración.

1- Primero a modo de diagnóstico, ¿cuál es el estado actual de la economía cubana? Preocupa, en especial, la actual inflación.

La economía cubana enfrenta su peor crisis desde la que condujo al llamado Período Especial. Pero, con independencia de los problemas “coyunturales” que pueden achacarse a la pandemia del Covid-19 y en alguna medida al endurecimiento de sanciones económicas de los Estados Unidos, la realidad es que existe una crisis estructural, en la medida que, en una serie de indicadores de producción industrial y agropecuaria, no se han recuperado los niveles de 1989. El crecimiento promedio anual del PIB entre 1990-2020 ha sido de solo 1.2%. Este valor para el período 2010-2020 ha sido 0.8% y si se elimina de la serie el 2020 que es el primer año de la pandemia, tendríamos un valor de solo 2.1% para 2010-2019. A esos ritmos de crecimiento no se logra desarrollar el país y tampoco superar una crisis estructural. Desde 1990 la industria manufacturera no ha tenido un solo año en el que haya superado los niveles de 1989. Según la ONEI, el índice de volumen de la producción industrial de 2020 respecto a 1989 ha sido de 53.8%. Algo similar se observa en un importante número de producciones agrícolas. Se han desplomado las exportaciones de bienes y ante la escasez de crédito internacional, las importaciones muestran una gran dependencia a la magnitud de las exportaciones. De hecho, los ingresos del turismo han descendido en 2018 y 2019 respecto a los años previos.

A esto hay que sumar una serie de desequilibrios macroeconómicos, tales como un incremento sustancial del déficit fiscal, que el gobierno ha pretendido subsanar con su monetización, a través de la emisión monetaria.

La llamada “Tarea Ordenamiento” ha agravado considerablemente esta situación por haberse adoptado antes de una profunda reforma del sistema productivo, lo cual se ha traducido en una inflación galopante. Al parecer, las cifras reales superan con creces las que se han ofrecido en las fuentes oficiales. Esto podría estar asociado al mercado cambiario informal en el cual se adquieren parte de las divisas que se usan en las tiendas en moneda libremente convertible.

2- A pesar del reciente reconocimiento en documentos oficiales, la expresión propiedad privada fue borrada del vocabulario durante seis décadas y hoy todavía hay aversión hacia ella, incluso entre intelectuales que se oponen al régimen percibo una alergia al uso del término. ¿Cuál es, en su opinión, el rol que debe tener la propiedad privada nacional y extranjera en la Cuba futura? En paralelo, ¿cuál sería el rol del Estado? ¿cuál sería el alcance de la propiedad pública? ¿Qué estrategia seguir con el fin de potenciar la mayor eficiencia de estas formas de propiedad?

La existencia de propiedad privada en general es imprescindible en la Cuba no solo del futuro sino del presente. Todo lo que se demore en crear las condiciones para su desarrollo será demora en recuperar el crecimiento económico. No deberían existir límites a su desarrollo más allá de aquellos que evitan el crimen organizado.

Ahora bien, paralelamente, necesitamos un Estado democrático, con instituciones sólidas, con contrapeso de poderes, con plenas libertades políticas y sociales y con instituciones que permitan el control de la sociedad hacia las estructuras de poder. Ese Estado democrático debe poseer las herramientas institucionales para regular el mercado y evitar sus fallas, del mismo modo que el mercado evita las fallas del Estado. Las palancas de la política monetaria, fiscal, comercial, laboral, social, entre otras, deben permitir al Estado regular el mercado. Pero regular no es controlar, es evitar el surgimiento de monopolios u oligopolios, es proteger al consumidor. El Estado debe contar con los recursos para proveer a la sociedad de bienes públicos y debe asegurar la vida digna de sus ciudadanos a través del acceso universal a la educación y la salud, lo cual no quiere decir que no puedan existir actividades privadas en estos rubros, bajo la supervisión y vigilancia por parte del Estado de la calidad de los servicios ofrecidos. Sin embargo, el acceso a la educación y la salud públicas debe ser, en mi opinión, universal.

Creo que es posible que en un mercado coexistan empresas públicas con empresas privadas. En muchos países se observa esto en el caso de los transportes y las comunicaciones para solo mencionar un ejemplo. Por otra parte, considero que los recursos naturales del subsuelo y la plataforma marítima sí deben ser públicos y su gestión supervisada por organismos independientes de control.

La potenciación de la propiedad privada puede ser estimulada con la creación de un adecuado marco legal que la estimule en lugar de restringirla y con la creación de mercados transparentes en los que todos los actores económicos participen en igualdad de condiciones.

3- Sobre la inversión extranjera que tanto necesita el país, ¿dónde buscarla y qué sectores de la economía priorizar de ser posible? ¿Cuál es el potencial de inversión de la diáspora cubana?

En mi opinión es crucial estimular el desarrollo de la inversión extranjera hacia la industria, la agricultura, el comercio doméstico, el trasporte, las comunicaciones y el sector financiero. Para ello es necesario un clima institucional y de negocios totalmente diferente al que existe actualmente. Personalmente, considero que la inversión de cubanos residentes fuera del país, aunque podría considerarse extranjera porque se realizaría en divisas de otros países, debería tratarse como inversión doméstica, devolviendo a todos los cubanos nacidos en el país que conserven su ciudadanía, sus derechos ciudadanos plenos. No sé si el gobierno cubano espera que los cubanos residentes en el exterior inviertan en el país sin sus derechos ciudadanos y sin contar con las garantías legales necesarias. Si esperan eso, están en un error. Y eso implica un sistema legal que no es el que existe actualmente.

4- ¿Qué políticas serían necesarias para asegurar que los ciudadanos cubanos, sobre todo los residentes en la Isla puedan acceder con celeridad y de manera suficiente a créditos que les permitan desarrollar emprendimientos?

En el corto plazo, no veo otra opción que abrir el sistema bancario y financiero a la inversión internacional porque Cuba carece de capacidad de ahorro bruto que permita canalizar recursos para la inversión. Por esa razón, no existe otra posibilidad que importar ahorro y en lugar de incrementar el endeudamiento del país es imprescindible que se incremente la inversión.

5- ¿Cuáles son las instituciones financieras internacionales (IFI) a las que Cuba debe integrarse con la mayor prontitud posible? ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Cuánto crédito internacional necesita el país y cómo no hipotecar el futuro?

Cuba debería reintegrarse al sistema de instituciones financieras multilaterales. Esto significa el FMI y el BM. Además, sería conveniente el ingreso al BID. El problema más grave es que en las condiciones actuales, agravadas por la represión contra los manifestantes del 11-J es casi imposible que Estados Unidos, con su capacidad de veto, permita el reingreso de Cuba a esos organismos. Las ventajas de hacer parte de estos organismos son varias. Una de ellas es que los tipos de interés y plazos de reintegro son mejores que en el mercado de capitales. Adicionalmente, existe la posibilidad de recibir asistencia técnica en materia de reorganización de las instituciones económicas. Sin embargo, los créditos son condicionados al cumplimiento de ciertas medidas que se exigen después de hacer una evaluación de la situación económica real del país y ello significa hacer pública toda la información económica del país para que expertos de los organismos internacionales junto a expertos de los organismos económicos nacionales evalúen el programa de medidas. Los créditos no son incondicionales, son condicionados a esas políticas.

La capacidad de ahorro interno de Cuba es muy reducida, por lo que necesita una especie de Plan Marshall para superar el nivel de postración actual de su economía.

6- ¿Cómo elaborar un sistema tributario eficiente después de heredar un aparato económico y financiero con tantos defectos?

Por eso es necesario reordenar tanto el aparato productivo y de servicios del país como el sector financiero. La eficiencia del sistema tributario radica en que sirva para estimular el crecimiento económico y que ello se traduzca en mayores ingresos para que a través del gasto público el Estado pueda atender cuestiones relativas a la provisión de bienes públicos, desarrollar la infraestructura, así como adecuados sistemas públicos de educación, salud y seguridad social. Entonces, los impuestos no deben asfixiar la iniciativa empresarial, todo lo contrario. En la medida en que se desarrollen los negocios, en esa misma medida deberían crecer los ingresos fiscales para permitir el rol que el Estado puede cumplir para asegurar la justicia distributiva, la protección de la niñez, los ancianos y personas desvalidas que requieren ayuda de la sociedad.

7- ¿Cómo asegurar una salud y educación de calidad y asequible? ¿Cuáles son los problemas que hoy enfrenta Cuba en materia de bienestar social y cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo enfrentar el desafío de las pensiones en un país donde el envejecimiento poblacional es ya un reto?

Siempre he defendido sistemas de salud, educación y de seguridad social públicos, pero no deben ser sacos rotos. Deben poderse financiar desde el presupuesto y para ello hace falta un sistema tributario robusto, no expoliador, sino que estimule el desarrollo de la producción para que, en esa misma línea aumenten los ingresos del presupuesto.

Sin embargo, a la par de sistemas públicos robustos y universales de salud y educación, considero necesario abrir la posibilidad para la inversión privada con la debida supervisión del Estado sobre la idoneidad y calidad en la prestación de esos servicios.

Ahora bien, en estos momentos no puede decirse que Cuba cuenta con buenos sistemas de educación ni de salud. Superar esos problemas se convierten en importantes retos de la política social.

En cuanto a la educación existe una escasez de maestros en los niveles básicos de enseñanza, serias dificultades materiales de laboratorios, reactivos, publicaciones actualizadas, retraso considerable en materia de conectividad para el aprovechamiento de las redes sociales para la enseñanza y el aprendizaje. La pandemia demostró la vulnerabilidad de un sistema educativo que no puede utilizar las ventajas de la conectividad a internet. En principio, es necesario avanzar en estas líneas inicialmente.

A la salud pública la aquejan la escasa disponibilidad de medicamentos, el deterioro de hospitales y centros de salud, así como la insuficiencia de equipos de diagnóstico y de repuestos, entre otras carencias. La industria farmacéutica nacional debería ser un reglón priorizado para atraer inversión tanto foránea como nacional para superar la grave escasez de medicamentos y reducir las importaciones de ese tipo de productos.

Cuba enfrenta un grave problema demográfico, debido a la sangría permanente de jóvenes emigrando al exterior y el envejecimiento de la población, sin un sistema de seguridad social robusto. Las pensiones de los jubilados que lleva más años como tales se han ido desfasando de los niveles pensionales de quienes se han jubilado posteriormente, lo cual no es justo con esas personas.

Por otra parte, al adoptarse el “ordenamiento” la mayor parte de los jubilados quedó con ingresos inferiores a los del salario mínimo, lo cual resulta más grave si se considera que el costo real de la vida ha crecido mucho más de lo previsto por quienes diseñaron el proceso. En muchos países, incluso latinoamericanos, las pensiones mínimas están al nivel de los salarios mínimos.

En los últimos meses se hicieron ajustes en las pensiones de militares que pueden mejorar las condiciones de vida solamente de ese grupo de jubilados, pero se mantiene en niveles insuficientes las pensiones de la mayor parte de los jubilados que son personas con alta vulnerabilidad porque a su edad y condiciones de salud no están en condiciones de asumir los rigores que implican las largas colas y la movilidad para asegurar su subsistencia. Así las cosas, se requiere aumentar las pensiones, pero sin que ello signifique ampliar el ya inmenso déficit fiscal.

Por esta razón, considero que debería establecerse un impuesto especial temporal para las empresas y trabajadores autónomos con el objeto de crear un fondo que permita corregir esa brecha de ingresos de los jubilados, especialmente de aquellos que llevan más tiempo como tales y que por obvias razones son mayores.

Se requiere una reforma pensional que muy probablemente signifique una mayor contribución a la que actualmente se realiza al sistema de seguridad social.

8- ¿Cuáles elementos deberían ser centrales en una estrategia de desarrollo que procure la evolución proporcional y equitativa de todos los territorios del país?

Uno de los graves problemas de Cuba es la desigualdad en el nivel de desarrollo de los diversos territorios. Si partimos de la base de que la población residente en la capital representa más de la quinta parte del total del país y de que en ella se concentra gran parte del aparato industrial y de servicios es claro que se requiere de una transformación notable en ese sentido.

El desarrollo territorial no debe pensarse desde el centro, sino desde los territorios. Son ellos los que pueden determinar con mayor certeza sus potencialidades, sus posibilidades, sus dificultades y sus requerimientos de apoyo de una política de desarrollo territorial concertada democráticamente con la activa participación de los territorios. Para ello, es necesario que estos cuenten con recursos trasladados desde el presupuesto central, pero también con recursos propios, creando tributos específicos que se generen en los territorios.

Sin embargo, es imprescindible desarrollar la infraestructura de vías, transportes y comunicaciones, de forma tal que se asegure una adecuada interconexión entre los territorios y al interior de ellos. No se trata de deslocalizar industrias desde La Habana hacia otras zonas del país, sino de fomentar el desarrollo de industrias y de servicios en los diferentes territorios y para ello podrían establecerse determinados incentivos fiscales. Creo que la experiencia de crear Zonas Económicas Especiales podría ser de mucha utilidad para el desarrollo de ciertos territorios.

9- De los países que tuvieron una transición exitosa de una economía de planificación central a una de mercado, pienso y es mi opinión particular, en Estonia, Polonia o República Checa, ¿qué podemos tomar de ellos? A la vez, ¿qué debemos aprender de otros que replicaron esquemas del estatismo anterior y degeneraron en una suerte de “capitalismo de compadres” depredador? Pienso por ejemplo en Ucrania. ¿Gradualismo o reformas profundas y rápidas? De hacerse bien, y esta es una pregunta de alto riesgo y tal vez ingenua, ¿en cuánto tiempo Cuba puede mostrar una economía sólida que nos ponga a la cabeza de la región?

Imposible decir cuánto tiempo o incluso si alguna vez lo logremos. Ponernos a la cabeza de la región será muy difícil con el tamaño de nuestra economía y con los gravísimos problemas estructurales que padecemos. Sinceramente, yo iría por partes.

Primero solucionar la crisis estructural y realizar los cambios institucionales necesarios para que sea posible esa solución. Después habrá que pensar en la solidez y el desarrollo. Considero que es necesario superar la actual estructura deformada de la economía cubana. Sobre las experiencias, las consideraría todas, las buenas y las malas. No creo que existiera una reforma modélica. Casi todas tienen elementos positivos y otros negativos y quiero hacer énfasis en que no debemos mirar solo los casos de éxito económico real o aparente, sino también aquellos en los que aparecieron fenómenos peores a los que existían en la época en la que esos países se autodenominaban comunistas.

Por eso lo primero que quisiera destacar es que la reforma política es imprescindible y para ello es necesario lograr un consenso social como el que se logró para la elaboración de la Constitución de 1940 y ello podría ser el resultado de una Asamblea Constituyente, democráticamente elegida. El establecimiento de un sistema democrático con equilibrios institucionales, con límites y contrapesos a los poderes y con órganos de control de la gestión gubernamental son imprescindibles. Igualmente es necesario evitar que las reformas lleven a la creación de una nueva clase dominante que proviene de la terrible combinación entre los antiguos órganos de la Seguridad del Estado y el crimen organizado. La situación de Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán o las repúblicas de Asia Central es inadmisible. Pero en la mismísima Unión Europea están los gobiernos supuestamente “democráticos” de Hungría y Polonia, limitando libertades y aprovechando mayorías para imponer nuevas dictaduras, esta vez de derechas.

Finalmente, no podemos perder de vista que Cuba no es un país europeo sino latinoamericano. La historia, la cultura y las tradiciones importan. Creo necesario analizar lo que han hecho algunos países latinoamericanos con economías que sin ser desarrolladas aun han prosperado y también han avanzado en su desarrollo institucional, como es el caso de Costa Rica, Uruguay y Chile. No se trata solo de una transición hacia una economía de mercado sino a una mejor inserción internacional y hacia una democracia y esto último es mucho más que elecciones libres.

10- Por último, en un proceso de reformas ¿cuáles son las tres primeras medidas económicas que usted tomaría?

Soy del criterio de que si las reformas económicas no se enmarcan en una reforma política e institucional no se resolverán los más graves problemas económicos, porque las instituciones políticas en las que radica el poder pueden obstaculizar las reformas, como ha sucedido hasta ahora. Creo que lo más importante es impulsar la producción de bienes y servicios y en la misma dirección eliminar las principales distorsiones macroeconómicas. Es muy difícil referirse a tres medidas porque son muchas las que deben adoptarse, sin embargo, ante el pedido de tres mencionaría las siguientes:

– Eliminar todo tipo de restricciones al emprendimiento privado y a la formación de cooperativas. Esto debe traducirse en la posibilidad de establecer empresas, no solo pequeñas y medianas, en los sectores industrial, agropecuario, trasportes, comunicaciones, servicios, etc. Desmontaría los monopolios estatales actuales de todo tipo. Solo mantendría la prohibición de actividades relacionadas con el crimen organizado. Paralelamente, habría que diseñar un marco legal conveniente para el logro de un clima adecuado de negocios, pero con regulaciones que eviten monopolios u oligopolios que resulten lesivos a los consumidores e incluso crearía una oficina independiente de protección de los derechos del consumidor, con una legislación al respecto. Eliminaría el monopolio del comercio exterior, de forma tal que las empresas puedan acceder directamente a él o incluso formarse empresas privadas o cooperativas de comercio exterior.

– Eliminaría el actual tipo de cambio fijo del peso con el dólar y restablecería un mercado institucional de divisas con un tipo de cambio flexible. Para que sea funcional debería reflejar las condiciones del mercado y a ese tipo de cambio el sistema financiero institucional debería estar en condiciones de ofrecer las divisas extranjeras.

– Eliminaría las tiendas en Monedas Libremente Convertibles. La soberanía del peso en todo el territorio nacional con curso legal forzoso y fuerza liberatoria ilimitada es imprescindible en este proceso. Una medida de este tipo sería necesaria para recuperar su valor, siempre que se adopten adecuadas políticas monetaria y fiscal que permitan el restablecimiento del equilibrio macroeconómico.

Son muchas más. Como lo he dicho, las reformas deben ser integrales y sistémicas y deben apuntar a recuperar el crecimiento, el equilibrio macroeconómico y un sistema monetario y financiero sano. Todo ello es el primer paso para enfilar el país hacia un mayor desarrollo económico sostenible y con justicia social.