“O la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, (…) o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos”.

José Martí, Tampa, 26 de noviembre de 1891.

Cuba ha sido escenario de una aguda crisis económica, sanitaria, social y política. La represión y la impunidad estatal han alcanzado altos niveles, en especial, a partir del estallido social del 11 de julio de 2021, a raíz del cual se incrementaron las cifras de personas encarceladas por motivos políticos.

Resultan dramáticas la pobreza y desigualdad, las actividades delictivas por supervivencia económica, la emigración desordenada, la polarización política y la frustración y desesperanza de los cubanos, incluidos militantes del Partido Comunista y veteranos de la Revolución. Estas circunstancias exigen plantearse el presente con realismo y sentido de urgencia, y afrontarlo sin cortapisas, pues toda crisis es también una oportunidad de cambio real y perdurable.

Los ciudadanos cubanos tenemos el reto de buscar alternativas plurales y cívicas que nos conduzcan al disfrute de la libertad y los Derechos Humanos en el marco de un Estado de Derecho con ciudadanos reconciliados y comprometidos, a favor del bienestar de la Nación —que solo existirá a través del bienestar de cada cubano.

Sin embargo, esto ocurrirá exclusivamente cuando los cubanos demócratas nos juntemos y establezcamos las bases de un compromiso con valores e instituciones que permita dirimir pacífica y democráticamente los desacuerdos y, a la vez, propiciar un ejercicio ciudadano capaz de colocarnos en condiciones políticas para afrontar los peligros nacionales y devolver el país a la gestión plural de sus ciudadanos. También cuando esos actores gubernamentales preocupados asuman la responsabilidad de dar el primer paso para el cambio.

Un consenso para la democracia

Para iniciar esta senda Cuba Próxima considera imprescindible la liberación o amnistía de los presos políticos y ofrece a los actores civiles y políticos de la sociedad esta Agenda de acuerdo. Además, propone una Mesa de trabajo integrada por exponentes del tejido social y político ciudadano y delegados del equipo de gobierno.

Agenda de concertación:

1- Libertad para los presos políticos, y cese de la represión y hostigamiento contra periodistas independientes, organizaciones y personas que se oponen al Gobierno.

2- Restitución de los derechos a los ciudadanos cubanos que residen en el extranjero y de cualquier persona que haya sufrido destierro o haya sido regulada a manera de represión política.

3- Ratificación de los pactos y protocolos facultativos de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas; firma y ratificación del resto de los tratados de DDHH, y cumplimiento efectivo de la obligación de garantizar los derechos relativos a las libertades de acceso a la información, expresión, reunión, manifestación, creación, prensa, asociación civil, agrupación política, sindicalización y empresa.

4- Aprobación de una Ley de modificación constitucional capaz de soslayar las carencias, contradicciones e impedimentos de la Constitución de 2019 para asegurar estos derechos, el imperio de la Ley y la democracia política por medio de la división de poderes y la descentralización del Estado, elecciones libres y transparencia pública.

5- Aprobación de una Ley electoral provisional que ampare la nominación democrática y la elección libre y competitiva para ocupar los cargos de diputados, presidente de la República y gobernantes municipales y provinciales ⸺en vigor para el próximo término electoral.

6- Convocatoria a una Asamblea Constituyente libre, plural y democrática que ofrezca a Cuba una nueva Carta Magna.

Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica

Una Cuba democrática será más sólida si además consigue promover la verdad y la justicia, como bases de una necesaria y deseable reconciliación nacional con reparación económica, política, judicial, psicológica, social y moral, en beneficio de todo el pueblo de Cuba, sin exclusiones. Cuba Próxima fomentará el establecimiento de una comisión ad hoc, imparcial e independiente, bajo las siguientes premisas:

El trabajo de la Comisión deberá estar refrendado legalmente y el Estado deberá establecer las condiciones de seguridad para su labor y de los comisionados y quienes participen en sus labores— incluidos los testigos— y facilitar recursos suficientes para realizarlo.

Las conclusiones del trabajo de esta Comisión deberían contar con aprobación parlamentaria.

La Comisión debe trabajar con los siguientes objetivos:

1- Esclarecer —de conjunto con la sociedad civil— lo ocurrido durante el período en disputa y ofrecer una explicación amplia de la complejidad y sus efectos, de forma que promueva un entendimiento compartido en la sociedad.

2- Facilitar la paz y gestionar la justicia por medio de la incorporación de las personas afectadas por el Estado, a través del logro de un acuerdo sobre los posibles derechos a reclamar, los daños ocasionados que deben ser resarcidos, y la manera de gestionarlo.

3- Promover y validar la constitución de una Audiencia de Verdad y Justicia, con las debidas reglas procedimentales y profesionales del derecho y la investigación.

4- Promover y validar un sistema autónomo de asesoría y defensa —gratuita si el solicitante careciera de recursos—, integrado por abogados defensores debidamente cualificados.

5- Promover la restauración material, social y psicológica de las personas directamente afectadas, mediante programas que fortalezcan su dignidad y empoderamiento, bajo los principios de la solidaridad y la diversidad política, de raza, género, clase, etcétera.

6- Promover la Memoria Histórica Plural, a modo de experiencia, por medio de investigaciones y exposiciones, civiles y académicas, totalmente libres, que puedan aportar a la experiencia histórica, la cultura civilista y el quehacer político. Las investigaciones y exposiciones aportarán una visión crítico-objetiva de la primera y segunda repúblicas que indiquen sus errores y aciertos. Se basará en análisis historiográficos, trabajos de prensa, investigaciones censuradas, programas de televisión y películas censuradas y olvidadas en su momento de realización, tanto de ficción como documentales, testimonios de personas y colectivos, archivos y medios independientes que llevan años trabajando por guardar esa otra parte de la historia de Cuba, archivos de organismos de la administración central del Estado, archivos fotográficos de personas e instituciones que nunca hayan sido divulgados, información clasificada que oculte violaciones de Derechos Humanos, procesos de exclusión de figuras importantes de la política cubana de la etapa revolucionaria, procesos penales a figuras trascendentales del mismo período, testimonios de individuos, relatos familiares sobre los procesos masivos de emigración desde Cuba en 1965, 1980, 1994 y años posteriores. Además, esto se podría expresar en la redacción de libros de textos de historias para las escuelas, la remodelación del diseño y contenido de museos de historia y de artes, la construcción y reconstrucción de monumentos, entre otras iniciativas.

Para integrar la Comisión:

1- La Comisión estará integradas por un número impar de miembros, de acuerdo con el perfil que sea establecido y con procedimientos que aseguren la mayor equidad política, social, territorial, de sexo y raza, así como legitimidad, imparcialidad e independencia.

2- Cualquier cubano podrá presentar su candidatura a miembro de la Comisión.

3- Quienes pretendan integrar la Comisión deberán poseer probado civismo, conocimiento de los conflictos y de las materias implicadas, y reconocido compromiso con Cuba.

4- Un parlamento plural que provenga de las primeras elecciones libres designará un Comité de selección que evaluará las candidaturas utilizando diversos métodos y presentará las nominaciones a los diputados para que, de entre el listado, estos elijan a los miembros de la Comisión por medio del voto libre, directo y secreto.

5- El presidente de la Comisión debe ser propuesto por un acuerdo entre el equipo de gobierno en funciones y representantes legítimos de la ciudadanía, a condición de que sea una personalidad con legitimidad nacional e internacional. Este debe ser aprobado por mayoría cualificada de este parlamento plural y electo de manera democrática.

La Comisión debe establecer y hacer público su programa, reglamento y metodología de trabajo.

Debe garantizar la objetividad e imparcialidad de sus actividades, para lo cual habrá de contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, e identificar y desdeñar la información falsa.

La Comisión podría solicitar la información que requiera de los magistrados, jueces y organismos de investigación, de acuerdo con los protocolos que se establezcan para el efecto, siempre respetando las garantías jurídicas y administrativas.

La información que reciba o produzca la Comisión no debe ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales deben requerirla. Al respecto solo aportaría a la certificación de cuáles casos corresponderían ser tratados por el sistema de justicia como reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella, aunque tampoco deberá servir de excusa dilatoria para los debidos procesos penales que emprendan la fiscalía y los afectados.

Los miembros de esta Comisión quedarían exentos de declarar en procesos judiciales y ser denunciados por supuesto delitos relacionados con el trabajo de esta Comisión y que tengan como objetivo la persecución política, realizar denuncias. Además, sus opiniones y conclusiones no podrían ser cuestionadas judicialmente.

La Comisión debe publicar los resultados de su trabajo y para ello contaría con una estrategia de divulgación, garantizada por el Estado de manera transparente y sin preferencia ideológica.

Resultados de la Comisión:

1- Informe final a la sociedad civil y al Estado que considere las miradas plurales, refleje las investigaciones y exponga conclusiones y recomendaciones.

2- Orientación a las víctimas sobre el restablecimiento de sus derechos y los mecanismos para exigirlos.

3- Constituir un archivo con la información recolectada y asegurar su preservación.

La Comisión, una vez logrado sus resultados y antes de cesar sus labores, debe crear un Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión, el cual estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad y contará con las garantías del Gobierno.

Deberá establecerse una Ley de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica, aprobada por mayoría cualificada del parlamento plural que provenga de las primeras elecciones libres.

Situaciones y hechos que demandan verdad y justicia

1- Represión contra disidentes, opositores políticos y comunidades de fe.

2- Discriminación y represión por motivos raciales.

3- Presos políticos.

4- Conductas criminales durante la guerra civil de la década del 60.

5- Discriminación y represión contra Comunidad LGTBIQ+.

6- Víctimas de actos terroristas.

7- Víctimas de las salidas ilegales del país.

8- Exilio y emigración.

9- Actos de repudio.

10- Penas de muerte ejecutadas. Fusilamientos expeditos por motivos políticos.

11- Participación de Cuba en conflictos internacionales y daño a familiares de los muertos y víctimas.

12- Proceso de nacionalizaciones y expropiaciones.

13- Purgas de intelectuales y artistas.

14- Adoctrinamiento escolar y vulneración del derecho al estudio por motivos políticos, ideológicos y religiosos.

15- Eliminación de espacios independientes en la sociedad civil (unificación forzosa de partidos, eliminación de los pequeños y medianos negocios en 1968, campañas agrícolas y de defensa obligatorias).

16- Limitaciones ilegales de la libertad personal (encierro forzoso en viviendas al margen de la ley).

17- Categoría de peligrosidad predelictiva.

18- Asesinatos de reputación en los medios de comunicación estatales.

19- UMAP.

20- Hundimiento del remolcador 13 de marzo.

21- Masacre del río Canimar.

22- Derribo de avionetas de Hermanos al Rescate.

23- Colectivización forzosa y traslado paralegal de comunidades y pueblos enteros. Del Escambray a Sandino.

24- La represión por el 11J. Casos de niños presos, sin condenas jurídicamente sustentadas.

25- Muerte de los líderes opositores Laura Pollán Toledo, Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero.

26- Muertes por huelgas de hambre.

27- Víctimas por expatriación forzosa.

28- Cualquier involucramiento en crímenes políticos organizados.

Sobre Demandas Judiciales

Las querellas por violaciones de derechos durante el periodo del conflicto serían presentadas ante los correspondientes tribunales ordinarios, una vez conseguida la independencia funcional, presupuestaria y jerárquica del sistema de justicia.

Los tribunales resolverían las disputas vinculadas con «ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad» y también de aquellas relacionadas con «reconocimiento de verdad y responsabilidad».

En estos últimos casos, los jueces podrían considerar estos reconocimientos como atenuantes extraordinarias si hubieran sido procesados y certificados correctamente por la Audiencia de Verdad y Justicia.

Los jueces procurarían, en todos los casos, una justicia prospectiva respetuosa de los valores del presente y a la vez ocupada en culminar conflictos que no deben ser perpetuados y afectar además los derechos de las futuras generaciones; con sanciones que satisfagan los derechos de las víctimas y consoliden el Estado de Derecho.

Los tribunales entregarían copia de la documentación de estos procesos a la Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica o al Comité de seguimiento y monitoreo, según el caso.

Toda la ciudadanía cubana y los órganos y organismos internacionales de Derechos Humanos tendrían acceso a esta documentación a los efectos de corroborar el cumplimiento de las garantías en los procesos.

Cuba-Estados Unidos

Cualquier proceso en Cuba de cambio sociopolítico, diálogo reconciliador y bienestar nacional, exige relaciones positivas con Estados Unidos, a partir del respeto a la soberanía de ambos pueblos. Sin una relación bilateral favorable no será posible la estabilidad económica, política y social en la Isla. Lo cual debería acontecer a través de un diálogo entre ambos estados, que implique a la sociedad civil y la oposición democrática cubana radicada en la isla y en otros países. Tal senda debería definir y establecer modelos de resolución política y legal sobre cuestiones bilaterales por solucionar. El fin del embargo/bloqueo y la negociación de la salida de la base naval de Guantánamo serán pilares de la refundación de estos vínculos. Una comisión (conjunta) debería trabajar para propiciar este proceso en ambos países.

Los conflictos deben quedar en el pasado

Cualquier proceso de reconciliación también demanda crear condiciones que aseguren la no reproducción de los conflictos que necesitaron reconciliación. Ello en Cuba exige establecer libertad, igualdad, Derechos Humanos, participación política, transparencia pública, sistema de gobierno democrático y modelo electoral libre, erigidos sobre la Justica y por medio de un Estado de Derecho.

La Justicia exige responsabilidad y equidad en la protección y reclamación de los derechos y la prevención y el castigo de las infracciones; implica tener en cuenta los derechos del acusado, los intereses de las víctimas y el bienestar de la sociedad en su conjunto. El Estado de Derecho demanda respeto de los Derechos Humanos, primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, acceso a información veraz y oportuna, separación de poderes, participación democrática en la adopción de decisiones, legalidad, limitación del ejercicio del poder del Estado, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.

Verificación internacional

El proceso, a su vez, necesitaría de apoyos externos. Requeriría de la capacidad gestora, mediadora y negociadora de la diplomacia internacional como la ONU, la Unión Europea, la CELAC, el CARICOM y la OEA que desde hace años invita al regreso de Cuba y, también, del desempeño garante y facilitador de países como Canadá, Chile, México, Noruega, España y Alemania.

Este apoyo debería basarse en la normativa internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados. Además, debería implementar un mecanismo de verificación internacional, con exámenes continuos e informes periódicos.

Hacia la Cuba que queremos

En tal proceso democratizador Cuba Próxima participaría acorde a la circunstancia política de cada instante, pero siempre de acuerdo con los siguientes horizontes que muestran el país que pretendemos.

Derechos Humanos

La dignidad humana es sostenida únicamente en libertad y bienestar, lo cual se concreta en los Derechos Humanos, fundamento central de cualquier política referida a la justicia. Ello demanda:

– Garantizar los Derechos Humanos por medio de un catálogo que complemente los derechos sociales e individuales y de tercera y cuarta generación, además, ubicado como imperativo para todo el funcionamiento del Estado y la sociedad civil, de la ley y la impartición de justicia.

– Ratificar los pactos de Derechos Políticos y Civiles, y Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones Unidas, firmados en 2008, y suscribir los demás tratados internacionales y regionales sobre Derechos Humanos ⸺los cuales deben poseer rango constitucional.

– Sostener el derecho al aborto, el cual debe ser asegurado por el Sistema Nacional de Salud, sin costo monetario. El Estado y la sociedad civil deben fomentar políticas públicas de apoyo a las embarazadas y la comprensión de la naturaleza del aborto; evitando su empleo como método anticonceptivo y la violencia obstétrica.

– Eliminar la sanción de pena de muerte del ordenamiento legal cubano.

– Defender que los principios del desarrollo de los derechos y libertades fundamentales son la igualdad, la progresividad, la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la posibilidad de ejercer todo lo que no esté prohibido expresamente por ley, la irretroactividad de la ley si bien no acerca de las leyes penales cuando sean favorables al encausado o sancionado, y la oportunidad de exigir todos los derechos tanto individual como colectivamente.

– Consolidar un poder judicial independiente en lo funcional, presupuestario y jerárquico, con procedimientos adecuados para seleccionar los jueces, capaz de proteger todos y cada uno de los Derechos Humanos de todos y cada uno de los ciudadanos.

– Incorporar la República de Cuba a la Corte Penal Internacional, facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto a crímenes de transcendencia internacional y con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Libertad política

La ciudadanía es la condición jurídica que ostentan las personas con respecto al Estado y la sociedad, como facultad para el disfrute de todos los derechos que permiten cumplir la responsabilidad política y, de ese modo, asegurar también el desempeño de todas las otras responsabilidades sociales, económicas, culturales, familiares e individuales. Esto exige:

– Fomentar una convivencia civilista donde el desarrollo de cada persona sea causa y efecto del progreso de todos.

– Garantizar los derechos a participar en la formación de la opinión general, convertir la voluntad social en voluntad política, constituir agrupaciones políticas programáticas, nominar candidatos a los cargos públicos, elegir estas autoridades, ser electo y controlar el poder.

– Garantizar el derecho de asociación política en todas sus formas.

– Reconocer el derecho al voto de los emigrados, quienes deben ostentar la facultad de poseer representación parlamentaria.

– Garantizar el derecho a la múltiple ciudadanía.

– Defender el establecimiento de agrupaciones políticas programáticas con derecho a organización, entidades de estudio e investigación, medios de comunicación y acceso a la prensa, programas de gobierno, candidatos a cargos de autoridad y acceso a todas las fuentes lícitas de financiación privada y pública.

– El financiamiento de las agrupaciones políticas demanda donaciones equitativas por parte del Estado y de asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos individuales, empresas privadas. Si bien jamás deben recibir financiamiento de fuentes extranjeras, ni de empresas estatales, semiestatales y portadoras de contratos con empresas estatales o empresas y personas con deudas tributarias, ni con organizaciones de caridad y religiosas, ni entidades con una vigencia reciente o posterior a un periodo estipulado. La financiación partidista debe ser regulada por una Ley que la precise y delimite, lo cual resulta una práctica que se ha extendido internacionalmente y Cuba debe emular.

– Todos estos derechos requieren garantizar el acceso equitativo a la esfera pública a través de las libertades de expresión, acceso a la información, prensa, reunión, asociación y manifestación. También el disfrute de las condiciones culturales y económicas que sustentan el ejercicio de la ciudadanía, de la democracia.

Estado democrático

El ejercicio ciudadano demanda centralidad de los Derechos Humanos e imperio de la Ley, democracia sociopolítica y sociedad civil autónoma, cultura humanista y civilidad política, economía democrática y bienestar social. O sea, demanda un Estado de Derecho. Lo cual requiere:

– Asegurar legalmente la diversidad política y las diferentes formas de organizarse, en igualdad de condiciones y derechos.

– Desarrollar un modelo de gobierno incluyente, pluralista, descentralizado y democrático, con independencia entre las ramas del poder y autonomía de los gobiernos locales, bajo el imperio de la Ley.

– Establecer una institucionalidad de gobierno y una administración pública, racionales y eficaces, desconcentradas y descentralizadas.

– Instaurar mecanismos para la probidad pública y la transparencia de las instituciones del Estado.

– Establecer que el acceso a los cargos de diputados y delegados, gobernadores e intendentes, y presidente de la República, sea por medio de elecciones libres, iguales, directas, secretas, competitivas y periódicas.

– Asegurar para todo ello el acceso equitativo a la esfera pública a través de las libertades de acceso a la información, expresión, reunión, manifestación, asociación y prensa. También el disfrute de las condiciones culturales, sociales y económicas que sustentan el ejercicio de la democracia.

– Como fundamento del Estado de Derecho, garantizar los derechos de acceso universal a la educación, al cuidado de salud, la seguridad social, la asistencia pública en caso de dificultad o desventaja, y la protección ciudadana y judicial.

– Asegurar que el sistema de justicia, garante de los Derechos Humanos, continuamente exija a las instituciones públicas la centralidad y finalidad de estos.

– Fortalecer la autoridad de un Tribunal Constitucional autónomo que garantice la constitucionalidad de las leyes, con autoridad para descalificar leyes y acciones de gobierno que violen la Constitución.

– Instituir el Defensor del Pueblo, como garante máximo del disfrute de los Derechos Humanos.

Sociedad civil

El desarrollo del Estado de Derecho exige una sociedad civil activa, regida por leyes e instituciones, pero autónoma, no tutelada. Esto demanda:

– Proteger legalmente los diferentes imaginarios de relación conyugal y familiar, por medio de un estatus social que asegure el desarrollo de cada una de estas singularidades con total libertad pública en concordancia con el derecho de igualdad ante la ley, mientras también cada una de ellas salvaguarda la integridad individual y pública de las otras.

– Aplicar medidas para empoderar los grupos vulnerable e históricamente marginados, tales como los afrodescendientes, la comunidad LGTBIQ+, las mujeres, los ancianos, los presos y los grupos en pobreza extrema.

– Fomentar agrupaciones civiles, de sindicatos, estudiantes, campesinos y empresarios, y todas las organizaciones que decidan además de defender sus agendas propias, impulsar la protección y reivindicación de Derechos Humanos.

– Desarrollar el ejercicio libre de las profesiones y la asociación colegiada de todas ellas, con el objetivo de facilitar la satisfacción de sus demandas profesionales y la coordinación del aporte social.

– Estimular la incorporación de emigrantes cubanos en las dinámicas del país a través de proyectos públicos o particulares, reconocer los diversos grupos civiles de la diáspora y asegurar la relación entre los «emigrados» y la institucionalidad cubana.

– Incorporar el país a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado para trabajar en la unificación progresiva de reglas que faciliten los procedimientos judiciales y administrativos entre cubanos naturales residentes fuera de Cuba y las contrapartes nacionales en la Isla.

– Defender una Ley de Asociaciones que asegure al tejido civil cubano la debida personalidad jurídica, organización y funcionamiento, y una economía totalmente autónoma del Estado y los partidos políticos.

Economía y bienestar

Será imposible disfrutar los Derechos Humanos sin un modelo económico orientado al desarrollo y el bienestar general, que restablezca al trabajo su valor como generador de la riqueza individual y social. En Cuba resulta urgente, pues impera la precariedad económica, los salarios y pensiones con muy bajo poder adquisitivo, la pobreza y la desigualdad.

Ello demanda:

– La participación de todas las formas de propiedad. O sea, empresas públicas gerenciadas desde los principios fundamentales de la conducción empresarial y con profesionales competentes. Empresas privadas sociales, como cooperativas, sociedades económicas, entre otras. Empresas privadas individuales. Empresas mixtas. Asociaciones de empresas privadas, cuyos miembros sean accionistas, y de estas con otras empresas públicas, sociales, individuales o mixtas.

– Solucionar, sin menoscabo de las urgencias financieras nacionales, los conflictos acerca de las empresas expropiadas a cubanos.

– Desarrollar el valor de la moneda nacional por medio de la combinación de una economía fuerte, un mercado de divisa con tasa de cambio real y flexible, una oferta suficiente de divisas a través de negociaciones con bancos extranjeros y otras entidades emisoras, y la promoción de una amplia actividad comercial privada y pública con uso tanto de divisas como de la moneda cubana.

– Garantizar la independencia del Banco Central para seguir políticas monetarias que conduzcan a bajos niveles de desempleo e inflación.

– Defender las reglas del mercado y la libre contratación económica bajo la necesaria regulación del Estado.

– Garantizar leyes antimonopolio y otras que protejan la libre y justa competencia en espacios consensuados previamente.

– Fomentar la reducción de la inflación y el aumento de la producción, los servicios, la exportación, el PIB y el ingreso per cápita.

– Defender una reforma agraria urgente y un programa nacional de fomento agropecuario.

– Desarrollar las industrias del turismo, la azucarera, del níquel, del cobalto, de activos financieros, de servicios ⸺con énfasis en los profesionales⸺, y del ejercicio autónomo de las profesiones.

– Promover la inversión extranjera, privada y pública, para todos los sectores del país. Con especial interés en la participación de la diáspora cubana.

– Avanzar en inversiones, en las más diversas localidades del país, que en corto tiempo generen encadenamientos productivos.

– Establecer instrumentos tributarios que estimulen el aumento de la producción.

– Garantizar un sistema de impuestos, proporcionales y progresivos, sobre las ganancias de todas las personas jurídicas y naturales, sean públicas o no. Establecer un procedimiento para cumplimentar el presupuesto del Estado y la redistribución de la riqueza.

– Fomentar instituciones financieras y crediticias ⸺públicas, sociales y privadas⸺, para apoyar empresas, personas naturales y ONGs.

– Reconstruir la infraestructura del país.

– Perfeccionar el sistema de control contable y la fiscalización del presupuesto estatal y el uso de los fondos públicos. Otorgar a la Contraloría plenos poderes para fiscalizar el uso de los fondos públicos por parte de los partidos políticos, la sociedad civil y el ejército. Transformación de la Contraloría de la República en Tribunal de Cuentas.

– Colocar a Cuba en las cadenas globales de producción de valor.

– Defender las condiciones de trabajo, una retribución justa, el establecimiento del salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas diarias, las jornadas laborales extras pagadas, el debido descanso semanal y anual pagados, la indemnización por despido sin justa causa, seguro de desempleo, un sistema de contratos colectivos de trabajo, un régimen de justicia laboral, el derecho a huelga y la libre sindicalización.

– Promover entidades gestoras de empleo, tanto públicas como privadas, coordinadas racionalmente por el Ministerio de Trabajo.

– Procurar que los salarios y las pensiones sean suficientes para cubrir las necesidades de los cubanos.

– Avanzar hacia el establecimiento de una Renta Básica sostenible, que contribuya a la vida digna de toda la sociedad.

– Refrendar la libertad sindical y consensuar una visión de la «unidad sindical» asentada en la libertad de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, con una visión que procure beneficios para los trabajadores, sin quebrantar el bienestar legítimo de otros o de la sociedad toda. A la vez, evitar a toda costa que se afecten los trabajadores como resultado de la impunidad que puedan disfrutar intereses espurios de otros poderes económicos y políticos.

– Reconocer el derecho a huelga y acordar los procedimientos debidos para realizarlas; establecer mecanismos tripartitos (trabajadores, empresarios y Estado) de negociación de conflictos laborales.

– Instaurar un desempeño público riguroso en torno a la inspección del ámbito laboral, en el que participen los sindicatos.

– Constituir un sólido sistema de justicia laboral, que incorpore una participación efectiva de las organizaciones sindicales.

– Instituir una Comisión Trisectorial ⸺integrada por representantes de los sindicatos y las asociaciones de profesionales y oficios, de los empresarios y del gobierno⸺ que periódicamente considere las condiciones para el desarrollo socioeconómico y a partir de ello refrende un Acuerdo-Marco periódico sobre el proceso económico-laboral.

– Cumplir, y suscribir cuando fuera necesario, los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aprobar un Código del Trabajo justo.

Cultura y Educación

El acontecer humano depende del obrar de las personas, de la cultura. Pero no se trata de cualquier hacer, ni de aquellos afanes centrados de manera preferente en las circunstancias económicas, sociales o políticas, sino sobre todo de las ocupaciones referidas a la dignidad en paz y libertad. Ello exige:

– Promover las ciencias y una libre iniciativa cultural orientada hacia la libertad, el bienestar, la paz y la justicia.

– Fomentar donaciones y créditos a largo plazo y con intereses reducidos, a favor del desarrollo de la obra cultural de individuos o grupos con talento.

– Defender la libertad religiosa, entendida como una neutralidad positiva por parte de un Estado que ha de garantizar la igualdad proporcional a todas las religiones.

– Asegurar que todas las religiones tengan derecho patrimonial y accedan a subvenciones, y además puedan participar en la educación y formación de opiniones, organizar servicios sociales y prestar asistencia en los hospitales.

– Garantizar una educación pública universal extendida y elevada, y obligatoria hasta culminar los estudios de bachillerato o análogo. También podrán educar instituciones privadas con idénticos requisitos.

– Asegurar la autonomía de las universidades.

– Promover que los padres posean el derecho a elegir la educación que prefieren para sus hijos.

– Impulsar la enseñanza técnico-profesional media y superior, y orientar el bachillerato hacia la formación vocacional.

– Establecer la enseñanza de la inteligencia artificial, la informática y su tecnología, en todos los niveles y tipos de formación.

– Promover un sistema de formación profesional y universitaria que integre dinámicas de instituciones de todo el mundo. Además, que asegure a cada estudiante la titularidad de la carrera por parte de todos los institutos y universidades que participaron en su formación.

– Desarrollar la formación pedagógica y docente como carrera, y retribuir a los educadores de los centros públicos con un sistema especial de salarios que los dignifique.

– Asegurar que todos los ciudadanos, organizaciones e instituciones, tengan acceso a información veraz, variada, plural y socialmente relevante, y a la vez puedan informar y participar a través de medios de comunicación propios o públicos.

– Los medios públicos de comunicación tendrán que garantizar cualquier participación debidamente solicitada, siempre que el mensaje no contradiga la ética y las normas jurídicas, e instituir el derecho a réplica, la responsabilidad ulterior y la prohibición de la censura previa. La dirección de estos deberá constituirse de manera que asegure su carácter público y evite convertirlos en instrumentos del gobierno de turno.

– Un Consejo integrado por una representación amplia de diversos sectores de la sociedad civil debe participar en la producción y evaluación de los productos y la programación mediática de los medios públicos de comunicación, de modo que estos puedan ser espejo de la sociedad realmente existente.

– Garantizar la pluralidad de medios de comunicación en igualdad de derechos y obligaciones.

– Promover el acceso a Internet que el Estado debe garantizar.

Protección social

No habrá Derechos Humanos ni nación sin la capacidad social de reproducir de manera cotidiana a las personas, sobre todo en aquellas dimensiones donde estas no pueden lograrlo con el esfuerzo individual o solidario. Esto requiere:

– Rediseñar el modelo de bienestar y protección social, sobre la base de la redistribución de funciones y atribuciones entre los distintos actores (Estado, mercado, familias y sociedad civil). Es necesario evitar la excesiva centralización de la gestión, el hiperestatalismo y el verticalismo de su funcionamiento.

– Desarrollar un modelo de gobernanza que incluya multiplicidad de actores y esferas en la gestión del bienestar y el cuidado social por medio de acuerdos solidarios de corresponsabilidad.

– Defender el acceso universal a una atención de salud integral, incluso preventiva, por medio del desarrollo de diferentes instituciones sanitarias, y el progreso de las ciencias y la industria médicas. Permitir el ejercicio privado de la medicina con regulación estatal, que incorpore un sistema de seguros médicos establecido por ley con diversidad de coberturas y contraprestaciones acordes a la realidad económica existente en el país y al poder adquisitivo real de los ciudadanos.

– Sustentar una política medioambiental basada en diagnósticos y sugerencias de la ciencia, sobre los principios del derecho ambiental, los tratados y convenios internacionales, el fomento de fuentes de energía limpia, la educación ambiental y la participación ciudadana, que incluya un programa “cambio verde”.

– Desarrollar una Defensa Civil que organice y ejecute la respuesta ante catástrofes naturales, sanitarias, humanas u otras. Para lo cual debe garantizar la permanente disponibilidad, coordinación y ejecución de los necesarios recursos económicos, científicos, legales, institucionales, profesionales y sociales que el Estado debe asegurar.

– Promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, la atención a las personas con discapacidad, el cuidado de las personas mayores, y la lucha contra la violencia de género.

– Proteger a las personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones y voluntad de prestarle ayuda.

– Rediseñar e integrar las políticas sociales que promueven el derecho al cuidado, a la vez que protejan a quienes brindan estos servicios, sea en forma remunerada o no.

– Reformar el sistema de pensiones y de seguridad social, para que sea sostenible a largo plazo, tanto financiera como actuarialmente. Instituir gradualmente una reserva que se invierta de manera productiva y de ese modo contribuya a mejorar las actuales bajas pensiones, e incorporar representantes de trabajadores y empleadores a la administración de la seguridad social mediante legislación que establezca expresamente estas funciones, sus facultades y sus límites.

– Desarrollar políticas demográficas que atiendan los múltiples desafíos derivados del envejecimiento poblacional y demás dinámicas demográficas como el aumento sostenido de las migraciones internacionales.

Orden público, defensa, seguridad

Un Estado civilista demanda orden y seguridad. Lo cual solicita:

– Abolir el servicio militar obligatorio.

– Integrar los institutos militares por cuerpos que garanticen la civilidad y el respeto de las normas constitucionales y legales.

– Prohibir que los militares pertenezcan a una agrupación política, o que sean elegidos para ocupar estos cargos, mientras permanezcan en activo, si bien puedan elegir autoridades.

– Instituir que estas instituciones participen de la responsabilidad internacional por la paz a través de los «cascos azules» de la ONU y de los mecanismos para la lucha contra el crimen organizado en el orbe y el hemisferio.

– Las fuerzas policiales deben poseer carácter «civil», lo cual exige que en sus funciones los agentes cumplan sus desempeños ordinarios dentro de lo establecido legalmente. A la vez que solo puedan ejecutar operaciones de otra índole bajo el mandato o autorización casuística de la fiscalía o los tribunales. También que se rijan por una disciplina de cuerpo, pero a la vez puedan, a título individual y en última instancia, apelar al imperio constitucional o a sus conciencias.

– Una Ley establecería todo lo anterior y las funciones de cada uno de los cuerpos e instituciones. Debe quedar proscrita toda intervención e intromisión de cualquiera de estos en la vida de la sociedad civil, ante lo cual los ciudadanos podrían presentar querella por vías de jurisdicción ordinaria y bajo la supervisión judicial, nunca mediante cuerpos de investigación especiales de carácter político.

Relaciones internacionales

Cuba necesita redefinir sus objetivos de política exterior y sus relaciones con el mundo.

El país debe dejar de representar los intereses de un sistema/partido y comenzar a definir y a defender los intereses de una nación y un país. Esta cuestión tiene la mayor importancia para los destinos de la nueva república, y deberá partir de las condiciones naturales, geopolíticas e históricas que tiene Cuba, del estado actual del país, así como de los objetivos que como nación busquemos alcanzar.

Cuba es un archipiélago, de herencia hispano-americana-africana, ubicada en el Caribe, con recursos naturales limitados que la obligan a tener una economía abierta. Somos y seremos altamente dependientes del comercio y de nuestras relaciones con el mundo. Cuba es también hoy un espacio descapitalizado y atrasado en términos económicos, mercantiles y tecnológicos.

La Cuba transnacional que se ha ido configurando en los últimos años, cada vez con más claridad, con millones de nacionales residiendo en el exterior, también requiere un mayor reconocimiento de los vínculos del país con el mundo.

La redefinición de las estrategias de los vínculos de Cuba con el exterior debería partir de la necesidad de poner al ciudadano cubano y a las necesidades del país por encima de cualquier interés partidista, ideológico o circunstancial. De lo contrario, será difícil que el país consiga las condiciones de estabilidad económica, social y política, capaz de asegurar mayores niveles de prosperidad y derechos para el pueblo cubano.

Lo anterior nos llevaría a pensar y a trabajar en los siguientes objetivos generales:

– Propiciar vínculos de amistad, buena voluntad y cooperación con todos los países del orbe.

– Promover unas relaciones internacionales favorables a la paz, la solución negociada de los conflictos, la promoción y el cumplimiento de los Derechos Humanos, y la concertación política sobre los asuntos fundamentales de interés del país.

– Prohibir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio cubano.

– Incentivar la cooperación económica y en materia de políticas públicas y la contratación de técnicos y profesionales sobre bases justas. Promover internacionalmente un uso eficiente y justo del capital humano del país, tanto del personal científico técnico profesional como de la capacidad de inversión y el know how de los nacionales cubanos.

– Promover un uso inteligente de nuestra posición geográfica, de nuestra condición de isla en el Caribe, de herencia hispano-americana-africana, pero con vínculos políticos, económicos, culturales y familiares significativos con Estados Unidos. Al tener en cuenta nuestra privilegiada posición geográfica, debemos promover el desarrollo del transporte marítimo y el comercio regionales, así como un turismo sano y sustentable.

– Renegociar las deudas financieras con el Club de París, el Club de Londres, Rusia y otras deudas bilaterales públicas y privadas.

– Definir y promover una bien pensada política de oportunidades de mercado para atraer inversiones, y procurar el beneficio de los cubanos en estos esfuerzos.

– Participar activamente en los organismos multilaterales y firmar y cumplir los acuerdos internacionales que contribuyan a los intereses de ese nuevo país.

– Desarrollar las relaciones de Cuba con nuestro espacio inmediato, el Caribe, en el que prevalezca más la cooperación que la competencia.

– Ingresar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.

– Trabajar por el acceso a créditos ventajosos y mejorar nuestra posición crediticia a escala global.

– Lograr acuerdos de cooperación, de condición de nación más favorecida, acuerdos de libre comercio y ventajas arancelarias en nuestras relaciones, acuerdos o futuras concertaciones con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el CARICOM, el Mercosur, la UE, y otros mecanismos económicos regionales, internacionales y de bloques que resulten convenientes.

– Firmar la Carta Democrática y participar más activamente en el Sistema Hemisférico, ingresando en los mecanismos que aún queden pendientes.

– Renegociar los temas en disputa, o pendientes, con los Estados Unidos. Resolver esas disputas en apego al interés nacional.

– Eliminar toda injerencia directa en los asuntos internos de los cubanos como nación soberana e independiente.

– Mantener y desarrollar las relaciones con otros países centrales del orden mundial existente, sobre la base de los intereses del país.

– Redefinir las relaciones con actores globales o potencias emergentes.

– Prestar mayor atención a la Cuba transnacional que hoy existe, pues cada día son más los nacionales que residen en el exterior y son poseedores de otras nacionalidades.

Carta magna

El establecimiento de tal Estado de Derecho impone la convocatoria a un proceso constituyente. Lo cual requiere:

– Participación de todos los sectores socioeconómicos y de las distintas posiciones políticas y corrientes de pensamiento.

– Dinámicas libres, plurales y democráticas, de genuino diálogo y concertación.