Por Roberto Veiga González

La Grecia clásica influyó de manera significativa en las ideas y praxis democráticas, pero no al modo representativo. Tampoco los romanos, con múltiples y extensos territorios, establecieron instituciones democráticas; pues sólo eran asambleas realizadas en Roma para elegir magistrados y aprobar leyes. A estas asambleas no solían asistir los ciudadanos de zonas distantes, por lo cual no puede afirmarse que se ejerciera la ciudadanía.

Un republicanismo, asentado en el pensamiento de Aristóteles y otros pensadores, reformuló esto a lo largo de varios siglos; particularmente la Roma republicana (509 a.C), la República de Venecia (desde el siglo IX hasta 1797) y con posterioridad Estados Unidos (a partir del siglo XVIII).

Tales ideas sobre una República continuaron sosteniendo -desde la tradición democrática griega- la naturaleza social y política de los individuos, la convivencia por medio de la asociación política, la necesidad de virtudes cívicas en busca de un buen ciudadano que procure el bien de todos, y el empeño por la igualdad de todos los integrantes del pueblo ante la ley.

No obstante, estas ideas republicanas -a diferencia de aquellas ideas democrática- destacan la fragilidad de la virtud, el peligro de corrupción y los riesgos ante los conflictos de intereses; pues el pueblo no es una totalidad absolutamente homogénea. También resaltan la necesidad de una Constitución que instituya el Estado.

De este modo, asimilaron las asambleas que se habían ido transformando en cuerpos representativos, si bien acaso virtual y no efectiva. Por ejemplo, en Inglaterra y Suecia, los monarcas o nobles convocaban asambleas para tratar cuestiones importantes, como la recaudación de impuestos, las guerras y la sucesión real.

A la vez, las ideas y prácticas republicanas colocaron énfasis en algunas de estas experiencias, por ejemplo, las reuniones por separados de los distintos estamentos, lo cual condujo a la existencia de más de una cámara. Así fue como la Constitución romana de entonces instituyó los cónsules, senadores y tribunos del pueblo; y la Constitución inglesa del siglo XVIII fijó un ordenamiento monárquico, con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, en busca de equilibrios.

Indudablemente, la representación no fue producto de la democracia, sino del desarrollo de una institución medieval de gobierno monárquico y aristocrático. Asociaron la idea democrática de gobierno del pueblo con la práctica no democrática de la representación, por lo general a través cuerpos legislativos.

Uno de los presupuestos de esto fue que la amplitud y complejidad social alcanzada progresivamente no permitía suponer el ejercicio de gobierno del demos sin nuevos y complicados mecanismos. De esta manera, por ejemplo, alejaron el gobierno del contacto con el pueblo, pero consiguieron el establecimiento de instituciones que prefiguraron el orden socio estatal con suficiente alcance territorial y funcional.  

Con posterioridad Estados Unidos expresó un republicanismo más radical, que objeta lo aristocrático y opta por modos de elegir a las autoridades, en busca de actores idóneos. Pretende que la representación política se aproxime a los intereses de los electores, procurando a su vez equilibrio entre los intereses de los pocos y los intereses de los muchos, sin que ello sea una especie de preponderancia de los pocos. Acepta la existencia de dos cámaras legislativas -una cámara alta y otra baja-, pero no como entidades propias de estamentos determinados. Igualmente, asume la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, procura equilibrios, intenta que todo el poder no sea para nadie, pues la concentración instituye la tiranía.

Quizá desde diferentes perspectivas esta mixtura ha definido el republicanismo prevaleciente, con aportes significativos a la gobernabilidad y gobernanza de los Estados nacionales. Mas aún padece déficits sumamente importantes, pues ha sido estremecido por las dificultades para comprender un concepto de intereses ya mucho más complejo, no sólo de unos pocos y otros muchos; por la escasa capacidad para manejar los conflictos provenientes de tales intereses; por la escuálida solidez en la búsqueda de modos para asegurar que el bienestar general sea prioridad por encima de estos intereses particulares; y por las debilidades para integrar republicanismo y democratización.

Sin embargo, esta propia experiencia establece con claridad que el desarrollo de un republicanismo de mayor democracia demanda incorporar otro modo de alcanzar la prevalencia del bien público en sociedades que, por su amplitud y complejidad, tienden a fragmentarlo en intereses de individuos y grupos. También indica el imperativo de lograr una relación de mayor provecho entre ciudadanía e institucionalidad, mandato y representación.  

Esto además reclama una evolución cualitativa del ejercicio político de las sociedades, con base en una especie de principio categórico de la igualdad política. Pero ello se sostendría, principalmente, en que la mayoría de los ciudadanos esté convencida y dispuesta para el desempeño de la política; lo cual resulta difícil, pues constituye un reto cultural, tal vez antropológico. Sin embargo, esto anhelo no es absurdo, al menos en la proporción necesaria, puesto que las ideas y praxis políticas actuales contribuyen a su favor con el ensanchamiento de los Derechos Humanos y la libertad. Esto último posiblemente sea el pilar de la evolución democrática, pues la naturaleza humana tiene una condición compleja que sólo asegura su avance si opta a favor de la libertad, no en su contra.

Las personas y los pueblos son seres históricos que se columpian entre dos tiempos: el pasado y el porvenir, el cual sólo se construye desde el presente de la libertad, saltando y rompiendo su clausura para verterse hacia nuevos horizontes.