La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos. José Martí

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Por una real protección nacional e internacional de los Derechos Humanos

Yo apuesto a un sistema que integre el multipartidismo, pero donde a la vez no sean los partidos los elementos exclusivos de transmisión entre la sociedad civil y la política

Imagen © Fernando Almeyda

Cuba Próxima convocó a importantes actores ciudadanos para ofrecer opiniones sobre las libertades que demanda la nación y la República, las condiciones para un arreglo político nacional, las necesidades de un nuevo texto constitucional, los actuales actores políticos de la nación y las normas legales necesarias para el acceso de la sociedad a las instituciones del Estado.

Responde Fernando Almeyda, abogado y activista.

1- ¿Qué libertades deberían ejercerse en Cuba para hacer posible el cambio sociopolítico que demanda la nación y la Republica?

La respuesta es tan amplia como sencilla y tal vez un poco tautológica. ¿Qué libertades? Pues precisamente todas las que el régimen de La Habana ha perseguido y condenado. De hecho, la libertad misma que se encuentra secuestrada en abstracciones al servicio de un poder absoluto; palabras como patria, historia, Revolución, Partido, moral, Estado, enemigo son figuras intangibles e inmedibles que se emplean para coartar el ejercicio de la libertad. Libertad que no esté reconocida y en función de individuos, de seres humanos de carne y hueso, es solo una falacia totalitaria o populista. Habría que abarcar una real protección nacional e internacional de los Derechos Humanos, pasando por ratificar instrumentos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al menos para empezar.

2- ¿Cuáles deberían ser los tópicos de una presunta negociación entre actores ciudadanos plurales y del poder? ¿Qué condiciones podrían facilitarlo?

Cada día estoy más convencido de que al poder en Cuba no le interesa dialogar, ni lo necesita, ni le conviene, salvo para ganar tiempo. Cada vez que han estado en una mesa de negociaciones ha sido para ganar tiempo con el objetivo de exigir más créditos. El poder en Cuba opera muy cómodamente e invita a todos los que con él pacten a formar parte de su cofradía, a compartir las bondades que le ofrece la inmensa finca que ha devenido Cuba.

Para el castrismo, conversar es sinónimo de debilidad. A cada rato examino los estados de opinión de sus defensores acérrimos, y se encuentran decepcionados del díaz-canelismo: le perdonan la falta de resultados, pero le condenan por su debilidad, consideran que ha faltado mano dura. Los problemas del disenso son porque es tolerado.

En la visión más radical (más cercana al núcleo militar del Estado cubano y a su historia misma) los problemas con el disenso se resuelven con violencia, cárcel y paredón. Los que piensan así jamás permitirían que el ala «moderada» siquiera reconociera como interlocutores válidos a alguien que se le opusiese. Antes venderían la isla de Cuba a sus acreedores (algo que poco a poco ha ido concretándose en los últimos diez años).

Sin embargo, hay muchas cuestiones que tienen que plantearse: qué hacer con los responsables de crímenes de lesa humanidad, de agentes de la represión, quiénes serán amnistiados o indultados y quiénes no.

Las propiedades y activos off-shore; qué hacer con entidades como Gaesa: ¿expropiar, confiscar, nacionalizar, reconocer? El tema de la deuda externa. La transición ordenada de poderes. El licenciamiento de los cuerpos represivos y la disolución de los grupos paramilitares. Son muchas cuestiones en este aspecto, sin dejar de lado lo obvio: presos políticos, libertad de expresión, reunión y asociación, etcétera.

3- Acaso la actual Constitución de la República dificulta el establecimiento de un Estado de Derecho. ¿Reforma constitucional o constituyente por una nueva Carta Magna?

La nueva Constitución no se entiende, se dice y se desdice. Trata de quedar bien con radicales y moderados, y al final no complace a ninguno. Tiene tantos defectos que una reforma poco formulada no cambiaría nada o casi nada, y una reforma bien planteada terminaría por liquidarla completamente.

Definitivamente necesitaríamos una Constituyente que armonice la nueva constitución material de la sociedad cubana con la constitución política. El asunto es sobre qué base se convoca a esta Constituyente, lo cual depende mucho de cómo resulte la transición. Si es desde las alturas, inevitablemente el marco será la Constitución de 2019 (prácticamente irreformable), y si es por un efecto de vacía, el marco provisional podría ser la Constitución del 40, o tal vez una Ley Fundamental Provisional redactada al efecto. Los tres escenarios son peligrosos de por sí, muy peligrosos, puesto que recuerdan viejos caminos constitucionales que terminaron siendo dictaduras, más o menos consolidadas.

En mi opinión, es prioritario una Convención Constituyente que promulgue una Ley Fundamental con otras leyes esenciales como una ley electoral, entre otras reformas. Si hablamos de reivindicar al pueblo como soberano, eso es lo que habría que hacer. Sin embargo, no habrá forma de evitar que sea un período convulso y traumático. El castrismo y los poderes internacionales han querido evitar lo anterior a toda cosa, pero a veces es peor el remedio que la enfermedad; al parecer el momento para ello ha pasado. Hace diez años era el instante idóneo para hacerlo así, pero ese barco zarpó hace mucho tiempo y, para bien o para mal, naufragó completamente el 11 de julio de 2021.

4- ¿Cuáles son los actores políticos cubanos plurales con peso específico que usted identifica con capacidad para establecer un proceso de cambio sociopolítico?

Indudablemente, aquellos más férreamente controlados por los órganos de la Seguridad del Estado y por los órganos ideológicos: ejército regular, gremio médico, gremio universitario, la emigración económica irregular.

El primero controla las armas, son la fuerza, tiene la capacidad de desarticular al resto de los cuerpos de inteligencia y paramilitares. Existe una aparente unidad entre la casta militar y la familia Castro-Espín; sin embargo, para un ojo agudo es evidente que las diferencias están creciendo y el descontento en el ejército está elevándose.

Los trabajadores de la salud tienen en su seno a buena parte de la fuerza de trabajo y representan una de las mayores fuentes de ingreso y consenso del régimen; todos respetan a un médico, y ante los ojos del pueblo cubano son intocables. La no cooperación o la sublevación en masa de este sector pondría patas arriba al sistema. Muchos de los daños en el consenso que ha sufrido el castrismo en Cuba han sido a raíz del abandono del sector público.

El gremio universitario abarca académicos, profesores y estudiantes, y son la máquina generadora de conocimientos, saberes y ciencia. Si este sector se comprometiera en su mayoría con el cambio, tendría bajo su ala la capacidad de reconquistar la visión de futuro de la nación y el monopolio de la formación del pensamiento. Son la punta de lanza contra la ideologización y adoctrinamiento.

Por último, tenemos a los migrantes económicos irregulares, quienes a través de remesas sostienen a sus familias al costo de sufragar los gastos del monopolio político-comercial que las mantiene en estado de perpetuo secuestro. Un mayor compromiso de su parte podría significar un manejo mucho más calculado y socialmente responsable de las remesas y los recursos que envían a Cuba, sin contar el impacto moral y la influencia en el apoyo al activismo dentro de la Isla.

5- ¿Cómo debería ser la nueva ley electoral que Cuba necesita?

Una nueva ley electoral resulta un tema complejo, lo cual se definirá in situ, de acuerdo a cómo quede conformado el nuevo sistema político.

Yo apuesto a un sistema que integre el multipartidismo, pero donde a la vez no sean los partidos los elementos exclusivos de transmisión entre la sociedad civil y la política. Los partidos deben ser un elemento más, dando mayor flexibilidad a la postulación de figuras independientes, provenientes de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales o entidades civiles. Además, debemos separar definitivamente los mandos militares de los mandos públicos.

SOBRE LOS AUTORES

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Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho y Políticas Públicas

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