La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos. José Martí

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Relaciones UE-Cuba, ¿acuerdo de cooperación o mecenazgo de cúpulas y élites?

La sociedad civil cubana autónoma, además transnacional, que formalmente es objeto del Acuerdo, debe definitivamente resultar sujeto de este. Las organizaciones ciudadanas cubanas deben exigirlo y prefigurar los nuevos derroteros de este Convenio. De lo contrario, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea y Cuba podría tornarse en simple mecenazgo de cúpulas y élites.

03 Sep 2023
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Imagen © FP

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea y Cuba ha suscitado debate en el contexto de la Cumbre Unión Europea-CELAC realizada en Bruselas el 17 y 18 de julio. Este, suscrito en 2016, establece un conjunto de temáticas para laboral, los actores bilaterales a implicar y los mecanismos para gestionarlo.

La democracia y el desarrollo son algunas de las cuestiones del Acuerdo para las que Cuba recibiría cooperación de la Unión Europea (UE). En otros asuntos, la Isla brindaría cooperación a Europa. Alrededor de la democracia refrenda cooperación en Derechos Humanos, imperio de la ley, sociedad civil, educación, buena gobernanza, transparencia, modernización de la administración pública y políticas sectoriales. Sobre el desarrollo indica compromiso en transferencia de tecnología, desarrollo sostenible, empleo, protección social y atención a las personas en situación de vulnerabilidad. A su vez, la Isla cooperaría en la lucha contra el tráfico y proliferación de armas, el terrorismo, la delincuencia organizada, la trata de personas, las drogas ilícitas y el lavado de activos.

Por Cuba serían protagonistas el Gobierno e instituciones públicas, los gobiernos provinciales y municipales, la sociedad civil (incluidas las asociaciones científicas, técnicas, culturales, artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad, las organizaciones sociales, los sindicatos y las cooperativas). Por la UE las agencias de desarrollo de los Estados que la integran, las organizaciones internacionales y sus agencias, y la sociedad civil europea (también científica, técnica, cultural, artística, deportiva y sindical).

Un Consejo Conjunto, integrado por representantes ministeriales de ambas partes, supervisaría y tomaría decisiones vinculantes, cuya presidencia es ejercida de manera alterna, de reunión a reunión, por un representante de la UE y un representante de Cuba. A este Consejo lo asiste un Comité Conjunto, compuesto por funcionarios de alto nivel que representan a las partes.

Según las declaraciones oficiales, de ambas partes, el Acuerdo marcha en diversos ámbitos y con indicadores de satisfacción. Esto acaba de ratificarse durante la visita a Cuba de Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, del 25 al 27 de mayo, mientras organizaba dicha Cumbre Unión Europea-CELAC. Ello ha generado rechazo y preocupación.

Sectores cubanos polarizados producto de la condición de pobreza, represión y desesperanza que impone el Gobierno a Cuba, emprendieron una cruzada para deslegitimar este Acuerdo y reclamar su derogación. Ello como parte de una visión política que asume de manera absoluta, rígida y única el aislamiento del Estado cubano y la promesa de liquidación a priori, aunque ello aumente las penurias de los ya empobrecidos cubanos —lo cual suelen considerar «daños colaterales»—. Mas no me referiré al rechazo y preocupación de estos.

Presentaré la inquietud que proviene de otros sectores cubanos, también opuestos al Gobierno, pero que optan por un entendimiento urgente —si bien no ingenuo— capaz de soluciones —y haciendo de la libertad una condición innegociable—, para no continuar dilatando el sufrimiento del pueblo. Asimismo, incorpora la valía de toda presión política, pero comprende que cerrar de manera absoluta las «puertas» y las «ventanas» jamás será una opción política liberadora, transformadora.

Para estos cubanos, evidentemente no han sucedido cooperaciones reales en asuntos de derechos humanos, democracia y otros análogos. Quizá han ocurrido limitadas cooperaciones en cuestiones empresariales o comerciales, sin impacto favorable para la población. A título de sociedad civil tal vez han concretado mínimos beneficios a determinadas experiencias locales o religiosas, y acaso sea posible destacar cierto intercambio de élites paraestatales cubanas con instituciones de la UE. Esto legitima la duda acerca la supuesta cooperación amplia y satisfactoria y sobre el uso de la cuantía financiera empleada.  

La sociedad civil cubana autónoma, no anexa al PCC, ha sido desestimada del Acuerdo, si bien gran parte de ella trabajó a su favor y la inclusión de la ciudadanía activa era un compromiso esencial. Excepto, ocasionalmente, cuando determinados actores independientes disfrutan de alguna tolerancia oficial y mientras la conservan; como ahora ocurre con algunos nuevos empresarios privados —lo cual es positivo—.

Asimismo, a los empresarios europeos que invierten en Cuba no les corresponde interpelar los déficits democráticos del sistema sociopolítico establecido, pues son extranjeros radicados para cuestiones económicas de acuerdo con una cooperación política (UE-Cuba) que le ofrece un marco para hacerlo. A la vez, al Gobierno cubano tampoco le corresponde repudiar los horizontes empresariales y laborales de las inversiones europeas en Cuba acerca, por ejemplo, de la contratación de empleados, el pago de salarios y otros derechos laborales.

Exigir a los empresarios europeos funcionar «contra derecho» en la Isla sería una injerencia inaceptable, así como lo fuera la intervención de estos en la política interna cubana. De este modo, si los inversionistas europeos aceptan presiones de esta índole estarían lesionando los principios y fines refrendados en el Acuerdo UE-Cuba —en este caso vinculados al trabajo decente, la protección social y los Derechos Humanos—. Entonces la presencia de tales empresarios en la Isla se alejaría de dichos valores para aproximarse, lamentablemente, a un mero mercantilismo lucrativo.     

Culmino aquí el elenco de preocupaciones, pues son suficientes para sostener que el Acuerdo no tiene por qué ser derogado, si bien el Consejo Conjunto y su Comité sí deberían rendir cuenta de manera transparente y pública. También para sustentar que la UE debería establecer con claridad y rigor los modos de gestión de este Pacto, según el propósito original y considerando la experiencia obtenida durante estos años.

La sociedad civil cubana autónoma, además transnacional, que formalmente es objeto del Acuerdo, debe definitivamente resultar sujeto de este. Las organizaciones ciudadanas cubanas deben exigirlo y prefigurar los nuevos derroteros de este Convenio. De lo contrario, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea y Cuba podría tornarse en simple mecenazgo de cúpulas y élites.

SOBRE LOS AUTORES

( 92 Artículos publicados )

Director de Cuba Próxima. Jurista y politólogo. Miembro del Diálogo Interamericano. Editor de la revista católica Espacio Laical (2005-2014) y director del Laboratorio de Ideas Cuba Posible (2014-2019).

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