Por Roberto Veiga González

El Parlamento suele denominarse Cámara de Diputados o Asamblea Nacional o Asamblea Legislativa o Cámara de Representantes. En todos los casos debe constituir la rama legislativa del poder del Estado. Existen las ramas judicial, ejecutiva y legislativa y, por lo general, son independientes unas de otras.

Tal autonomía de cada rama del poder tiene el objetivo de evitar que una sola persona o un grupo concentre excesivamente todos los poderes del Estado, lo cual facilita el abuso de poder. Por ello, la independencia de los poderes intenta que cada uno controle y detenga el poder de los otros; si bien -en el cometido de sus fines esenciales- todos deben complementarse y cooperar.

Debemos reafirmar que, entre los propósitos de todo Parlamento, están las funciones siguientes: 1- Representar, en armonía con los intereses generales compartidos por la sociedad, los intereses de los electores de cada uno de los diputados. 2- Legislar, de acuerdo con los preceptos constitucionales elaborados y aprobados con participación de la ciudadanía, y teniendo en cuenta, a su vez, los objetivos de los electores de cada diputado y del plan de gobierno apoyado por el pueblo. 3- Aprobar las cuestiones jurídicas, sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras, que la Carta Magna coloca como responsabilidad suya. 4- Controlar, según facultades otorgadas en la Ley de Leyes, todos los asuntos del gobierno, de la justicia y de la sociedad en general, indicados en dicho texto.

Los diputados, electos por el pueblo, son los actores de estas responsabilidades. Ofrecí algunos comentarios sobre estas autoridades en el texto Los diputados en el epicentro político.

Todo Parlamento, dado su amplio carácter representativo y la naturaleza de sus funciones, debe trabajar desde la lógica de “sesión permanente”. Esto implica frecuentes reuniones plenarias y de las comisiones permanentes y temporales de trabajo, y un cualitativo trabajo conjunto entre los diputados. Lo cual demanda un Parlamento de composición racional, tanto en cantidad como cualidad, capaz de marcar la pauta de un quehacer parlamentario vital.

Asimismo, las comisiones permanentes de trabajo del Parlamento pueden constituir un elemento esencial para la dinamización, descentralización y democratización. Estas suelen poseer condiciones para estudiar problemas complejos que requieran soluciones, ya sean a largo plazo o inmediatas; y agilizar respuestas cuando estas reclamen urgencia; así como desempeñar gestiones, observaciones y controles que correspondan al ámbito de sus competencias; entre otros desempeños.

Estas comisiones deben estar integradas sólo por diputados. Sin embargo, dicha labor reclama interacción con otros actores, naturales y jurídicos, implicados en las materias que competen a estas. Esto aconseja el establecimiento de algún tipo de vínculo de actores de esta índole con dichas comisiones.

De igual forma, unos sustentan la pertinencia de dos cámaras legislativas –o sea, una de diputados y otra de senadores-, y otros indican la conveniencia de una sola cámara de diputados. Los que optan por dos cámaras buscan combinar la representación de los intereses de los ciudadanos electores y de territorios establecidos con personalidad jurídica sólida, así como el contrapeso mutuo. Ello acontece, por ejemplo, en Estados Unidos.

A la vez, suele existir dos maneras de concebir la existencia de una segunda cámara parlamentaria. En una de estas concepciones, las preferencias se orientan a que cada cámara desempeñe la generalidad de las funciones parlamentarias de forma independiente, y cada cuestión resulte aprobada sólo cuando sea consentida en ambos foros. Según la otra concepción, dicha segunda cámara debe analizar, deliberar y pronunciase sobre la generalidad de los asuntos parlamentarios, una vez que hayan sido debatidos y consensuados por los diputados; quienes estarán obligados a reanudar el debate si posteriormente la segunda cámara emite consideraciones al respecto; y cada cuestión quedará resuelta definitivamente en una siguiente deliberación por parte de los diputados. En algunos casos, dicha segunda cámara integra, parcialmente, ambas concepciones. El senado español, por ejemplo, funciona de acuerdo con esta versión.

Todo Parlamento posee un presidente, al menos un vicepresidente y un secretario. El presidente y vicepresidente son electos por los diputados a partir de nominaciones que realiza la fuerza sociopolítica con mayoría parlamentaria; aunque en algunos casos también pueden provenir de la auto nominación de diputados o recaer en los diputados con mayores votos obtenidos, pero esto responde a un criterio del ejercicio de la presidencia parlamentaria a modo de arbitro. El secretario, dada la característica de su desempeño, es designado a propuesta del presidente del Parlamento, con la aprobación del plenario de los diputados.

Los coordinadores de diputados por organizaciones de procedencia, los directivos de las comisiones de trabajo -en especial las permanentes-, y esta presidencia del Parlamento, suelen constituir una entidad que gestiona las funciones parlamentarias, representa al pleno de diputados en los periodos que no sesiona el mismo, y decide -sólo en casos imprescindibles y establecidos legalmente- sobre cualquier asunto relacionado con las funciones de la institución; lo cual tendría que ser confirmado o no por el pleno, con prontitud y después de un análisis exhaustivo.

Todo Parlamento auténtico debe erigirse en el centro del quehacer político del Estado, integrado por delegados de la sociedad, con poder y capacidad para ejercer sus responsabilidades. Debe representar a los ciudadanos, legislar, aprobar y controlar las ejecuciones del gobierno. De lo contrario, no sería un Parlamento; simplemente estaría usurpando la representación del pueblo.