Poco más de una semana ha trascurrido, desde que el pasado 2 de agosto se anunciara por autoridades del Banco Central de Cuba (BCC) la Resolución 111/2023, que entró en vigor el día siguiente. Mucho se ha hablado sobre sus implicaciones, impactos y posibles derroteros de la economía cubana tras esta nefasta medida. Lo anterior obedece a decisiones desesperadas, que fuera de toda lógica, el régimen implementa para hacer prevalecer sus decisiones políticas por sobre las leyes de la economía. En apenas una semana, han visto lo suficiente como para temer sus efectos y la posibilidad de una oleada de insatisfacciones derivadas en un nuevo 11 de julio. Remontarnos unas décadas atrás ofrece un mejor hilo conductor para entenderlo.

La entrada en vigor de la resolución 111/2023, así como la presunta marcha atrás esconden varios aspectos que indican que el sistema va hacia la deriva irremediablemente. Si bien la gran apuesta del régimen ha sido la eliminación de la dualidad monetaria en la segunda década de este siglo -con la celebración de congresos del partido comunista y la puesta en práctica de la “tarea ordenamiento”- los resultados hacen palpable su fracaso. Tampoco podemos entender claramente este proceso de descalabro económico, sin remontarnos a fines del pasado siglo. La apertura de la economía cubana tras el colapso del socialismo soviético y la apuesta por el turismo, canalizaron los gérmenes de una realidad en la que poco a poco el país llegó a exportar casi nada e importarlo casi todo, como ha reconocido recientemente la Asamblea Nacional del Poder Popular en la figura de su presidente Esteban Lazo. 

Las relaciones monetario-mercantiles, que durante más de cuatro décadas se intentaron asfixiar emergieron y pronto la economía cubana abrió paso al sector privado. Con ello la entrada de dólares y las sucesivas limitantes y penalizaciones por su tenencia incentivaron el crecimiento del mercado informal como la otra cara del proceso de apertura. Esta economía sumergida que desde entonces ha crecido vertiginosamente se ha convertido en la sombra de cuanto intento del régimen por sobrevivir a la hecatombe. Mientras el partido comunista ha jugado a dos bandas, primero permitiendo, luego echando para atrás y finalmente volviendo a autorizar el sector privado como actor en la economía, las distorsiones han crecido cada vez más. Una vez se amenaza con el retroceso, en este caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) que ven amenazada su existencia en esta resolución. Por otro lado, se han desatado los efectos de la dualidad monetaria y cambiaria al tiempo que la tarea ordenamiento desordenó más aún el caos que en política monetaria se ha venido haciendo.   

La política económica se ha venido desarrollando en medio de una gran discrecionalidad y el BCC opera al margen de la estabilidad macroeconómica del país. Si bien la incidencia de la COVID-19 a escala internacional ha desatado una inflación muy marcada, arreciada por la invasión rusa a Ucrania y la desalación económica global, hay que destacar que la inflación ya venía siendo particularmente elevada en 2019 en el país. Los salarios ya se habían estancado desde mucho antes y la ligera subida experimentada para “ordenar la economía” aún no cubre la canasta básica, pero tampoco lo habían hecho hasta 2019. La devaluación del peso cubano (CUP) respecto al dólar o el euro ha tocado máximos históricos y cada vez se acerca más a los 250 pesos cubanos -duplicando la devaluación de los años noventa y la grave crisis subsiguiente- y la economía no recibe señales que estimulen la producción que sirva de respaldo a la inflación. De este modo los precios ni son señales para reactivar la economía, como postula la teoría económica convencional, ni mucho menos constituyen una forma de expresar el valor, como postula la teoría marxista. Ante la falta de paradigma, la improvisación y la prueba y error marcan el ritmo de cada medida aprobada. 

Es en este contexto que la resolución 111/2023 emitida por el BCC entra en escena. Los responsables alegan que “el incremento del uso del dinero en efectivo en las transacciones económicas y financieras ha provocado un retroceso en los niveles de bancarización e inclusión financiera en el país”. Esto es falso, dado que el dinero en efectivo no es el problema, es precisamente que el régimen necesita ese efectivo para cercar financiera a las MIPYME y así aliviar el déficit de dinero, ya que hay un respaldo constitucional para evitar la creación de riqueza. Mientras limitan el crecimiento del sector privado, construyen hoteles y cada vez el turismo que arriba al país es menor y consume menos. La apuesta por captar divisas es cada vez más complicada y se han enfocado en recolectar el efectivo en manos de la población casi arrebatándoselo. 

Las reservas de divisas cubanas han disminuido sustancialmente y en medio de las tensiones que generan las dos demandas internacionales que enfrentan por incumplimientos en el pago de la deuda externa, la liquidez necesaria para el funcionamiento de la economía es cada vez más cara y lo que sucede con los cajeros es que no existe una oferta monetaria capaz de hacerle frente. El mercado cambiario está regido por el mercado informal y la tasa oficial de cambio es más de un 50% menos que la tasa real con que operan las MIPYME y en general el sector privado. Esto genera un mecanismo de trasmisión de precios informales hacia toda la actividad económica y ellos lo saben, por ende, han querido eliminarlo asfixiando financieramente al sector privado. 

Si bien las MIPYME no han gozado del agrado del régimen, su aprobación fue un trago amargo ante la imposibilidad del sistema de producir los bienes y servicios que demanda la sociedad. De este modo, y aunque con muy limitado marco para importar, la llegada al país de insumos básicos en su generalidad dio un respiro a la escasez. Al propio tiempo se dio una concentración del poder entre las MIPYME y se creó una cadena de distribución, en la que las más poderosas en manos de “gente de confianza” del régimen manejan de forma monopolística toda la cadena de distribución. La “bancarización” a la que alude esta resolución, resulta incompatible con un proceso de digitalización que está muy limitado, y no solo por la falta de electricidad, las limitaciones de acceso a internet y el soporte tecnológico, sino porque el uso de los pagos electrónicos no está extendido en un país con elevados índices de dinero en efectivo en circulación. Este es un proceso que ocurre de modo natural al tiempo que las economías alcanzan niveles de desarrollo superior. Si las personas no se desprenden de su dinero efectivo y no confían en los bancos, resulta imposible pretender hacer política monetaria y mucho menos loable que la tasa de interés sea la variable decisoria, cuando las expectativas de los agentes económicos son nulas.   

Últimamente no es habitual que una medida económica adopte el método de prueba y error. La “actualización del modelo económico y social” en 2011 fue un proceso complejo, fracasado, pero aun así no dieron marcha atrás, y aunque el cumplimiento de los “lineamientos” de congreso a congreso del partido comunista apenas llegaba al 30% la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria siguió adelante. La “tarea ordenamiento”, en medio de una pandemia fue otro fiasco económico más y no por ello se detuvo, sus efectos dan cuenta hoy de un país en estancamiento económico e incapaz de ofrecer los bienes y servicios básicos. Sin embargo, con esta resolución se dieron cuenta que las inconformidades han ido creciendo y la desconfianza en el régimen aduce una oleada de sucesivas protestas de cara al fin del plazo que han colocado como tiempo máximo para limitar el uso de efectivo a 5.000 pesos. Las comparecencias en el espacio televisivo de la mesa redonda de altos directivos dejan entrever que no serán tan severos como indica la resolución y que serán muy flexibles en su aplicación. Obviamente han dado un paso atrás y temen que eso genere nuevas manifestaciones populares.  

Entonces, en este contexto, ¿qué esconde esta resolución 111/2023 del BCC en materia de política monetaria? La devaluación ha sido tan grave que ya es más fácil controlar la inflación prácticamente arrancándole el efectivo a las personas que promoviendo políticas que incentiven el depósito en los bancos o que al menos los agentes económicos confíen en el sistema creditico y bancario del país. Hacer ver a las MIPYME como los responsables de la espiral inflacionaria es un error táctico y estratégico que evidencia la improvisación económica por atornillarse al poder político. El propio ministro de economía ha dicho que la especulación que generan las transacciones de los cuentapropistas es la culpable y de nuevo juegan a la centralización y descentralización que caracteriza el accionar económico del régimen desde sus inicios. Esta resolución tendrá una corta vida, pues atemorizar a los actores económicos en medio de tanta incertidumbre económica parece más un suicidio político y presumiblemente han debido recapacitar. La solución más loable sería un cambio de sistema, siendo la única vía de recomponer el país. Sin duda, se están cocinando poco a poco en su propio caldo.