Responde a Cuba Próxima Marcos G. Cruz, pastor anabautista y coordinador de la Red Anabautista Digital

– ¿Cuáles serían los fundamentos de una sociedad civil activa, regida por leyes, pero autónoma, no tutelada?

Partiendo del escenario actual, el gobierno cubano sólo reconoce como sociedad civil, a quienes se integran en organizaciones afines, que se hacen eco de la política oficialista. Mirando en otra dirección, hay espacios como las iglesias, muchas con personalidad jurídica, que se posicionan continuamente respecto a temas que afectan la vida de la nación, y en su mayor parte no coinciden con las iniciativas gubernamentales. Así mismo, aflora un mosaico de expresiones que integran agrupaciones de interés político, artivistas, periodistas, por tan sólo citar algunas, aunque las mismas no cuenten necesariamente con un respaldo legal.

Dado el desconocimiento de una sociedad civil más plural, y la correspondiente negación de su legitimidad y legalidad; se impone en primer lugar un énfasis en la educación cívica que empodere a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos, el Centro de Estudios Convivencia resulta un adecuado referente. La educación cívica podría acelerar la emancipación incluso de la auto-censura para exigir derechos; la promoción y participación en consultas cívicas e iniciativas legislativas, podrían ser un instrumento adecuado para gestionar una sociedad civil, legal y autónoma. 

– ¿Cómo deberían ser los vínculos de un estado cubano democrático con una sociedad civil cubana ya transnacional?

El exilio cubano radicado en la Florida, ha tenido un rol protagónico esencial en el discurrir histórico de la nación cubana desde las gestas independentistas. Aquel exilio decimonónico se le ha reconocido un rol de importancia por la historiografía más oficialista en Cuba. En abierta discrepancia, el exilio posterior a 1959 ha sido altamente vilipendiado, y hoy su estima se reduce a su rol como aportador de remesas que inciden significativamente en la economía cubana. Ese exilio en la Florida podría considerarse hoy epicentro de una amplia diáspora cubana cada día más organizada asociando a cubanas y cubanos en diferentes países.

No es difícil constatar que parte de la ciudadanía cubana radicada en el exterior, viaje a Cuba antes del término de dos años con el fin de preservar su ciudadanía. Otra realidad ha sido la ciudadanía española que se hace más extensiva para quienes en Cuba descienden de españoles hasta donde sea permisible por las leyes al efecto. Toda esa realidad contrasta con el artículo 36 de la constitución que rige de facto el actual ordenamiento jurídico cubano, que desconoce el uso de la ciudadanía extranjera a persona cubana que se encuentre dentro del territorio nacional. Se hace necesaria una constitución para la nación, que integre en común los derechos de nacionales radicados dentro y fuera del país, así se podría facilitar la participación conjunta en aras de gestionar mejores políticas para el bienestar de la nación. Paradójicamente, el artículo primero de la actual constitución reproduce la expresión martiana «con todos y para el bien de todos», se impone recordar que no fue pronunciada dentro de Cuba, sino por el Apóstol en Tampa.

– De los actuales actores y proyectos significativos de la sociedad civil cubana –transnacional-, ¿Cuáles destacarías y que aportarían a una Cuba democrática?

Sin pretender ser excluyente o reduccionista, quisiera mencionar tres proyectos a los que concedo especial importancia, de reconocido compromiso democrático. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha sido una organización decana en materia de Derechos Humanos en relación con la isla; sus estadísticas no son meros datos, sino que reflejan el estado de la sociedad actual en Cuba, sus informes pueden ser punto de partida para elaborar estrategias y políticas que respondan a los intereses reales del pueblo cubano. Muy de cerca, el Centro de Estudios Cuba Próxima, un foro plural consecuente con su proyección de inclusión sociopolítica, y a favor de la democracia y el bienestar; ha presentado importantes propuestas que responden a los presentes desafíos de Cuba, es de esperar que su trabajo pueda ser prontamente llevado a consultas cívicas e iniciativas legislativas. Cubalex, constituye el mejor referente en materia de defensa y capacitación en derechos humanos relacionado con la isla, y ello en aras de alcanzar el Estado de Derecho; es necesario exaltar su oportuno acompañamiento y asesoría a las víctimas; también es plausible aseverar, que su proyección puede servir como ruta para quienes insistan en su compromiso con la justicia y la transparencia.

– ¿Cuánto necesita la sociedad civil -para ser autónoma y vital- de las libertades de expresión, información, prensa, reunión, manifestación y asociación, y de los derechos a la educación, al trabajo, al cuidado de salud, la seguridad social, la asistencia pública en caso de dificultad y desventaja, y la protección ciudadana y judicial?

Ante el precario espacio actual para una sociedad civil plural, cuesta predecir cuánto necesita la sociedad civil -para ser autónoma y vital- de las libertades enunciadas. Para responder la presente interrogante me remito al espacio eclesial en el cual me desenvuelvo. Los diferentes cuerpos eclesiales son una expresión organizada, y en buena parte legalizada de la sociedad civil. Abrigados bajo su cobertura, se pueden encontrar publicaciones, agrupaciones profesionales, proyectos educativos que incluyen licenciaturas y maestrías, asilos de ancianos, que en gran medida se abren a la acogida de personas no religiosas, o no necesariamente correligionarias.

¿Podría ir la iglesia más allá de sus muros? Puedo afirmar que sí. Es de señalar el meritorio acompañamiento de la Conferencia Cubana de Religiosos (CONCUR), quienes asistieran a detenidos del 11J interponiendo los correspondientes recursos de Hábeas Corpus. Por otra parte, desde la iglesia también se ha viabilizado la ayuda humanitaria para personas en situación vulnerable. Hay un hecho que me parece trascendente, y es que en respuesta a la Resolución 16/2021 de la Ministra de Educación, se han llegado a recoger según los medios, 140.000 firmas en rechazo a la citada resolución; no sería difícil inferir, que desde la iglesia se estaría en capacidad de superar las 10.000 firmas requeridas actualmente para una iniciativa legislativa. El «Proyecto Varela» logró superar las 10.000 firmas requeridas por la constitución de entonces. La iglesia está en mejor posición para gestionar una sociedad civil con más autonomía y vitalidad.

Nota: El texto fue corregido en 7/02/2022, en razón de un error detectado por el entrevistado.