Por Eloy Viera

Los derechos deben arraigar en las condiciones materiales de la existencia. La expresión Derechos Humanos así lo indica. Por esa razón, no deberían ponderarse derechos que, como sistema, elevan a los seres humanos de la condición de animales a personas.

El hecho de clasificar los Derechos Humanos en diferentes tipos no debe conducir al error de verlos como independientes entre sí. La concepción positivista de las generaciones de derechos contribuye sobremanera a agrandar esa confusión. La creación de generaciones de derechos diferenciables entre sí no es más que una ficción producida por la evolución lógica del pensamiento jurídico-social. Sin embargo, ha permitido también que se profundice la discusión intrascendente ―acrecentada durante la Guerra Fría― sobre qué derechos son más importantes. La importancia de los Derechos Humanos no puede ser medida. La universalidad del sistema de los Derechos Humanos es la mejor forma de mirar todo el conjunto de prerrogativas reconocidas a la persona por su condición.

La universalidad de los Derechos Humanos ha sido uno de los principios más importantes codificados en el derecho internacional durante el siglo xx. Es también ―con independencia de las clasificaciones y divisiones posteriores― la idea central de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Declaración consagró en treinta artículos la protección tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales. Pero la dinámica de la bipolaridad mundial y las ideas de preponderancia de uno y otro tipo de derechos impulsadas desde cada uno de los puntos cardinales, representantes del conflicto Este-Oeste, fue la que ocasionó que, en 1966, se aprobaran dos instrumentos internacionales para regular por separado estos derechos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales materializaron esa diferenciación que todavía hoy muchos invocan.

Sin embargo, desde el proceso de elaboración de los dos pactos internacionales mencionados, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1950, a través de la Resolución 421 E (V), señaló que el goce de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales «están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente».

No obstante, el escenario de la Guerra Fría propició que, durante mucho tiempo, los derechos económicos, sociales y culturales fueran considerados como un catálogo diferente de los derechos civiles y políticos. Esta discusión todavía hoy está ideologizada. Parte, en lo fundamental, del criterio liberal que sostuvieron en su momento la mayoría de las economías de mercado del Oeste, las cuales solían hacer más énfasis en los derechos civiles y políticos, mientras que, las economías de planificación centralizada del Este, destacaban la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales.

Esa discusión también motivó en amplia medida la definición ―todavía influyente en el pensamiento de quienes apuestan por la ponderación de derechos― de las generaciones de Derechos Humanos. El pensamiento liberal influyó decididamente en el hecho de que la «primera generación» de Derechos Humanos agrupara a los derechos de carácter civil y político que traslucen la lucha del individuo frente a los excesos autoritarios del Estado (libertad de expresión, de reunión, de asociación, etcétera). La agrupación de esos derechos en un primer bloque originario aún se utiliza para considerarlos los más importantes, los principales.

Solo después de la definición de los primeros derechos «originales» y aspiraciones básicas del liberalismo se desarrolló una «segunda generación» que agrupa derechos de naturaleza económica y social. Con posterioridad se han desarrollado derechos de tercera y cuarta generación que reúnen derechos de tipo cultural y colectivo, y asociados a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Pero más allá de las diferenciaciones producto de la evolución de la doctrina, las conquistas de la sociedad mundial y el consenso de gran parte de la comunidad internacional, lo cierto es que la verdad histórica muestra ―como señaló la Asamblea General de la ONU desde 1950― que la lucha por las libertades no conoce de clasificaciones. Demuestra que la conquista de los derechos políticos ha sido siempre parte inseparable de la disputa en favor de los económicos y sociales.

Desde mi punto de vista ―junto con la desaparición de uno de los bloques que pugnaban por la ponderación― la anterior es la causa principal para que, con el tiempo, el sistema universal de protección abandonara la rígida separación entre Derechos Humanos que le fue impuesta por motivaciones político-ideológicas. En los últimos años, se ha producido un restablecimiento ―al menos formal― de la arquitectura original de la Declaración. Algunos de los tratados más importantes de Derechos Humanos aprobados en decenios recientes han integrado todos los derechos en un único cuerpo normativo. Ejemplos fundamentales son la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A pesar de los avances y de los abordajes desde una visión universal y progresiva de los Derechos Humanos, la discusión sobre la importancia de unos derechos sobre otros (o sobre la necesidad de tener unos primeros para poder garantizar otros) no ha cesado. Algunos ―sobre todo amparados en las ideas liberales que dieron lugar a la agrupación de los derechos de primera generación― aspiran aún a la defensa irrestricta de aquel bloque primario de Derechos Humanos de «primera generación», porque lo entienden como paso indispensable y necesario para impulsar y pujar por el reconocimiento de los que han ido apareciendo con posterioridad.

También consideran que es preferible pujar y preciar ese primer grupo por encima de otros, porque no requieren de una intervención estatal considerable para ser materializados. Más bien lo que propugnan es la necesaria inhibición estatal en las libertades individuales. En esa cuerda arguyen que los derechos económicos, sociales y culturales, por su lado, requieren un mayor grado de inversión e intervención estatal.

Es cierto que muchos derechos económicos, sociales y culturales requieren en ocasiones grandes inversiones ―tanto financieras como humanas― para garantizar su pleno disfrute. No obstante, los derechos económicos, sociales y culturales también exigen que el Estado se abstenga de interferir en las libertades individuales (como las sindicales o el derecho a elegir el trabajo que se desee). En paralelo, los derechos civiles y políticos, aunque abarcan libertades individuales, también requieren inversiones para lograr su plena efectividad. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos exigen ciertas infraestructuras, como un sistema judicial que funcione, un sistema penitenciario que respete condiciones de vida mínimas para los reclusos, asistencia letrada y un entramado cada vez más costoso ―sobre todo por la introducción de las tecnologías en los aparatos electorales― para garantizar elecciones libres e imparciales.

La realidad indica que los Derechos Humanos son interdependientes. Suele ser más difícil para las personas que no saben leer ni escribir tomar parte en actividades políticas o ejercer su derecho a la libre expresión. De igual modo, el hambre es menos probable que se reproduzca en ambientes en los que las personas pueden ejercer sin consecuencias sus derechos políticos, como el voto.

Para los cubanos esta no es una discusión menor. Nacimos en un país donde el totalitarismo ha bebido y explotado la retórica de la ponderación de derechos civiles y políticos en favor de los derechos económicos, sociales y culturales. Asumir esas ideas ha justificado ―junto con la excepcionalidad amparada en la política exterior de Estados Unidos hacia el archipiélago― que el Estado niegue a sus ciudadanos derechos políticos y libertades individuales que les permitan revertir el modelo.

Esto puede conducir a pensar que la situación actual justifica una nueva ponderación de derechos, pero en este caso a la inversa. Justifica que pensemos realmente en la necesidad de impulsar y concebir los derechos civiles y políticos como llaves primarias para el progreso. Sin embargo, esa es una idea que debería matizarse. La universalidad de los Derechos Humanos también puede explicarse desde las desgracias.

Es cierto que un sistema extensivo de derechos sociales no puede mantenerse sin la existencia y reconocimiento del resto de los Derechos Humanos. La ausencia de libertades individuales impide el progreso. Sin progreso no pueden sostenerse una vida digna y los recursos que el Estado necesita para impulsar la inversión social.

La ausencia de derechos políticos en Cuba ha motivado, además, que los cubanos no podamos controlar, por ejemplo, el destino de los fondos públicos ni los privilegios de una clase política que ha apostado por un modelo de país que parece exclusivo para unos pocos. Pero la ausencia de esos derechos políticos, que ha impedido la inexistencia de accountability ciudadana al Estado, ha conllevado también a que, incluso aquellos derechos sociales que el sistema decía defender con vehemencia, hoy sean solo un espejismo de lo que fueron.

Esa situación condiciona que la idea de futuro para Cuba pase por una visión integral, universal y progresiva de los Derechos Humanos. Más allá de las ideologías, la política tiene que ser vista como un servicio que se desenvuelva en el marco que imponen los Derechos Humanos, y no al revés.

No hay mejor forma de controlar la calidad del servicio político cubano presente y futuro que si se evalúa la dignidad con la que viven sus destinatarios. De nada valdrá que, en el futuro cubano, se afirme que formalmente todos tenemos derecho a libertades civiles y derechos políticos, si el ejercicio de esos derechos no contribuye a una mejoría en las condiciones de vivienda, salud integral y educación.

La apuesta para Cuba, o para cualquier país del mundo, no puede morir en la conquista de derechos civiles y políticos. La materialización de esos derechos de primera generación no garantiza per se los derechos sociales, económicos y culturales de los que hoy los cubanos tampoco disfrutamos o lo hacemos de formas precarias.

El mejor proyecto de futuro para Cuba se basará en la universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos para todos los cubanos. Solo una visión integral de los Derechos Humanos podrá ofrecernos libertad plena.