El documento de «Cuba Próxima» Por una norma para elegir y nombrar las autoridades del Estado, de septiembre de 2023, presenta una propuesta de organización -acaso provisional- del sistema electoral para garantizar la base legal del inicio de un proceso de transición democrática que garantice el pluralismo político y la competencia electoral. Ello en las condiciones actuales de Cuba, aún carente de reglas e instituciones democráticas —que quienes resulten electos deberán comenzar a crear—, sin sólidos medios de comunicación, sin organizaciones de la sociedad civil establecidas, sin fuerzas políticas establecidas y sin una previa nueva constitución.

Opinan sobre este documento, Guennady Rodríguez, Elena Larrinaga, Alberto Guadalupe y Lennier López.

Guennady Rodríguez:

La propuesta de Ley Electoral Provisional para Cuba, presentada por el Centro de Estudios «Cuba Próxima», es un sólido punto de partida para enfrentar un reto tan significativo y complejo como encaminar a la sociedad cubana hacia una institucionalidad democrática. Es una propuesta pragmática, que busca iniciar un cambio con las menores transformaciones posibles y que conduzca a un cambio estructural y pautado hacia la democracia.

La fortaleza de la propuesta radica en establecer los cimientos institucionales para elecciones libres y competitivas. Para ello, hace énfasis en aspectos como la inclusión ciudadana, permitiendo la auto nominación para los cargos, algo que marcaría el fin de un largo período de «comisiones de candidatura», que han operado, en definitiva, como filtros de lealtad política e ideológica para ejercer el poder en la Isla.

Además, la propuesta prioriza la divulgación de las agendas electorales de los diferentes actores políticos, la precisión necesaria en los registros de electores y la claridad en cómo resolver los conflictos derivados del proceso. La propuesta pone un énfasis imprescindible en la transparencia y supervisión internacional, un aspecto fundamental para considerar si esta alternativa fuera aceptada por la mayoría del espectro político cubano.

En los puntos débiles de la propuesta se encuentran también las claves para avizorar qué apoyo puede reunir entre las diferentes posiciones políticas. En primer lugar, sería necesaria una reforma constitucional, que se desarrollaría, al menos en uno de sus escenarios, bajo el control del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué métodos se podrían emplear para conseguir que esto ocurriera? La respuesta a esta pregunta determinará en gran medida el respaldo que obtendría una propuesta así. El escepticismo sobre un cambio realmente democrático por parte de la élite política cubana, y no una fachada electoralista que acabe dando ventaja a quienes hoy detentan el poder sobre todos los demás, será un punto determinante.

La ausencia de instituciones democráticas previas y de una sociedad civil articulada, que pueda funcionar también como árbitro social y contrapeso para que el proceso sea conducido de manera justa y apropiada, augura mayor fricción entre los propios actores políticos en una sociedad profundamente polarizada. Este es un contexto que, no obstante, ninguna propuesta sobre el futuro de Cuba podrá evadir.

En conclusión, la propuesta ofrece una vía para alcanzar una institucionalidad democrática en Cuba desde el menor, menos costoso y más factible cambio posible dentro de la Isla, pero debe enfrentarse a un contexto muy complejo, que sólo podrá ser superado con un gran compromiso por el cambio y la asunción de sus riesgos por parte de una mayoría de los involucrados y de la sociedad cubana transnacional.

Elena Larrinaga:

El mayor reto de proponer una Ley Electoral es preguntarnos si se hará cuando la naturaleza del régimen haya dado muestras de cambio y renovación democrática, cuestión imprescindible para garantizar un proceso de elección de candidatos que sea justo, equitativo y en igualdad de condiciones.

Con todo sentido, y en cualquier país del mundo que ha transitado de una dictadura a una democracia, se intenta construir un modelo que asegure la estabilidad de un país, lo que puede llevar a la cristalización, en aras de la estabilidad, de que la ley Electoral favorezca a los «grandes».   

La propuesta de Ley Electoral Provisional del Centro de Estudios «Cuba Próxima», desde el punto de vista teórico es impecable, pero como ciudadana, inexperta en esta materia, me surgen algunas dudas, muy básicas, que traslado a continuación:

1- ¿Se habrá devuelto de antemano el poder a la soberanía nacional?

2- ¿Habría paridad de las partes en la nominación de candidatos?

3- ¿Tendría garantías de que los candidatos puedan expresar sus propuestas libremente a través de los medios de comunicación masiva?

4- ¿Las sociedades civil y política cubanas poseen personas expertas y con formación certificada en este asunto?

5- ¿Cuál institución, o cuáles instituciones, en la Isla pudiera garantizar un proceso de esta índole, con autoridad cierta? 

6- ¿Quiénes serían los responsables de fiscalizar el financiamiento?

7- ¿Existirá un compromiso previo, explícito y seguro, de «juego limpio»?  

Alberto Guadalupe:

La propuesta de Ley Electoral Provicional presentada por el Centro de Estudios «Cuba Próxima» busca, sin lugar a duda, institucionalizar el proceso de transición apoyándolo desde el inicio en el sufragio universal, garante de la expresión directa de la soberanía nacional.

Sin embargo, este es un tema muy técnico en el cual el «diablo» está en los detalles y que precisará, ante todo, de una voluntad política amplia entre los cubanos para que pueda dar sus frutos, ósea, de instituciones legitimas capaces de transformar los órganos del Estado y con la capacidad de dotar a los cubanos de una constitución verdaderamente con todos y para el bien de todos. Algunos aspectos técnicos se podrían modificar durante las negociaciones que seguramente habrán de llevarse para lograr un proceso de tal índole.

En cuanto a la propuesta de composición del Consejo Electoral Nacional sobre el cual recae buena parte del peso de la transición pienso que el rol que se le da a la ONU nos deja a expensas de los intereses contrarios de las diferentes potencias que se enfrentarían al respecto ante el Consejo de Seguridad lo cual pudiera bloquear nuestro proceso electoral. En cambio, podríamos consultar a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dichos jueces tienen un deber de imparcialidad y al mismo tiempo en la actualidad ni Cuba, ni Estados Unidos, ni Venezuela forman parte de las estructuras de la Corte lo que de cierta manera refuerza su carácter imparcial. Por supuesto, esto supone tomar las medidas legales necesarias para que esta consulta sea legal.

Otro aspecto importante que recoge el documento es el tipo de elecciones que se pudieran realizar en este proceso de transición. La elección a la Presidencia de la República parece acomodarse bien a una elección de tipo mayoritario a dos vueltas. Al mismo tiempo eso pudiera reforzar el carácter personal del poder ejecutivo. En los últimos 70 años, luego del Golpe de Estado de Batista hemos sufrido los efectos de un poder personal.

Para controlarlo parece necesario que la Asamblea disponga de un poder verdaderamente superior, pero para esto necesita suma legitimidad. Por tanto, ésta debe representar al arco político cubano de la manera más fiel y quizás la mejor forma de lograrlo sería a través de un voto proporcional de los diputados por lista y no de manera mayoritaria por circunscripciones. De este modo, la Asamblea se compondrá de todas las fuerzas políticas presentes, aunque éstas representen el 5% del cuerpo electoral. Al mismo tiempo esto le quita peso al nombre del diputado para dárselo al programa que defiende la lista. Pienso que será una de las condiciones para que un amplio sector del espectro político cubano se sienta comprometido en promover esta transición a la democracia.

En resumen, la voluntad de institucionalizar el proceso es la mejor manera de operar una transición pacífica que desemboque en reconciliación nacional.

Lennier López:

Las propuestas de Ley Electoral Provisional del Centro de Estudios «Cuba Próxima» son en general realistas y reflejan una necesidad clave en el contexto cubano: la necesidad de crear una institucionalidad que genere confianza en los ciudadanos cubanos y legitimidad democrática. Tal es el caso, por ejemplo, de cómo se conforma el Comité Nacional Electoral y como se elige su presidente. Conseguir que las elecciones que nos pueden dar el último paso de inicio del proceso transicional sean lo más confiables posible, parte de tener un órgano electoral rector que tenga la menor influencia posible de la clase política. 

Asimismo, la propuesta refleja principios democráticos elementales tales como el derecho de todos los ciudadanos cubanos —sin importar donde residan— a votar, así como garantías para la libre circulación de información sobre los candidatos. La propuesta es además respetuosa de las tradiciones presidencialista y semi-presidencialista cubana de modo que, si bien implica una refundación del estado de cosas actual, no rompe con la historia del país ni intenta experimentar con un engranaje institucional completamente nuevo.

A su vez, la propuesta no escatima en innovar allí donde puede hacerlo. Por ejemplo, la inclusión del voto preferencial es una herramienta que puede contribuir a limitar el impacto de candidaturas polarizantes en tanto brinda a los ciudadanos la posibilidad de «castigar» con su segunda y tercera preferencia al candidato del extremo opuesto. Estas segundas y terceras preferencias hacen también más viable el éxito de candidaturas moderadas.

El punto tal vez más controversial de la propuesta puede estar en la conformación de distritos mayoritarios que solo eligen a un candidato, lo cual genera menos representatividad. Esto es, el ganador en cada distrito se lo lleva todo mientras que los votos que van al candidato o candidatos perdedores no obtienen representatividad en la Asamblea. Sin embargo, este diseño puede generar menos fragmentación en la Asamblea en tanto brinda menos opciones a que pequeños partidos obtengan representación. En cualquier diseño electoral una de las disyuntivas centrales radica precisamente entre la fragmentación —que puede generar problemas de gobernabilidad— y la representatividad —que puede generar problemas de exclusión de algunas minorías. Desde luego, ningún diseño es perfecto, así que siempre que elijamos entre una u otra formula esteremos beneficiando una u otra variable. Si miramos a las democracias latinoamericanas, creo que es palpable que uno de sus problemas principales es la gobernabilidad que frecuentemente se alimenta de la excesiva fragmentación política en sus congresos nacionales.

Con todo, la propuesta es un punto de partida lo suficientemente realista, así como democrática, para generar el consenso inicial necesario que necesitaremos durante una transición democrática. Sin embargo, como propuesta al fin no debe buscar ser la última palabra al respecto, sino ilustrar en qué marco institucional se pueden llevar a cabo las primeras elecciones democráticas en la Cuba después de muchas décadas de autoritarismos y con muy escaza —o nula— memoria democrática como sociedad.