Respuestas de Mauricio De Miranda Parrondo al dossier de Cuba Próxima titulado “Cuba necesita reemplazar el actual modelo económico empobrecedor”, en el que además participan Juan Carlos Albizu-Campos, Omar Everleny Pérez Villanueva, Pavel Vidal Alejandro y Tamarys Lien Bahamonde Pérez.

1- Cuba padece una crisis -nacional- con una pobreza creciente, quizá endógena. ¿Será posible salir de esta crisis y lograr bienestar sin una liberalización profunda de la económica, con la participación de todas las potencialidades nacionales y extranjeras posibles?

La crisis actual de Cuba tiene un carácter multidimensional porque además de económica tiene severas connotaciones sociales y políticas. Además, lejos de ser una crisis coyuntural, es una crisis estructural porque implica una crisis de los fundamentos en los que se basan tanto el sistema económico como el político. Es una crisis del sistema de administración centralizada de la economía y del sistema institucional que soporta el modelo seguido por el país en las últimas seis décadas.

Puede resultar incomprensible que la dirigencia cubana no haya tomado las debidas lecciones de la crisis que condujo al derrumbe del llamado “socialismo realmente existente” en la antigua Unión Soviética y en los países de Europa Oriental. Como es sabido, ello condujo al derrumbe del sistema político y a una transición hacia el capitalismo. Mientras tanto, en China y Vietnam la crisis del modelo fue sorteada con una profunda reforma del sistema económico orientada al fortalecimiento de los mercados y la creación de oportunidades crecientes para el desarrollo del sector privado, mientras que el Estado en ambos países mantuvo su carácter totalitario, pero transformó su tradicional interferencia a nivel microeconómico en una fuerte capacidad reguladora a través de las palancas de la política macroeconómica.

En la crisis actual, Cuba enfrenta severos problemas estructurales, entre los que destacan: 1) estancamiento de la producción industrial y agrícola; 2) obsolescencia tecnológica del sector productivo en general; 3) deterioro y subdesarrollo de la infraestructura; 4) crisis energética; 5) debilidad del sector exportador; 6) excesiva dependencia de las importaciones; 7) escasez de oferta de bienes de consumo y de bienes intermedios; 8) exceso de capacidad instalada en el sector turístico; 9) insuficiente capacidad de ahorro bruto para canalizar hacia las inversiones que resultan imprescindibles para dinamizar el crecimiento de la producción; 10) altos déficits presupuestales que han sido cubiertos con emisión monetaria; 11) alto nivel de inflación; 12) mantenimiento de una dolarización parcial que produce la segmentación de los mercados; y 13) emigración creciente de la población económicamente activa, unida al descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población.

A estos fenómenos estructurales le suman otros que resultaron choques externos más recientes, como son la pandemia del Covid-19 y el endurecimiento de las sanciones económicas por parte del gobierno de Trump que no han sido modificadas esencialmente durante el gobierno de Biden que constituyen factores de agravamiento, pero no causa de la crisis.

La política económica no ha sido capaz de corregir estos problemas estructurales y, de hecho, ha agravado muchos de ellos. En gran medida, restricciones ideológicas y políticas, unidas a un evidente interés en no ceder el control que los funcionarios del Gobierno tienen sobre el sector productivo son los factores que limitan el despliegue adecuado de las fuerzas productivas. Así las cosas, desatarlas de sus amarras, implica cambios esenciales que, hasta el momento, las autoridades no han estado dispuestas a hacer.

Sin duda es necesario liberalizar la economía, aunque no creo que debamos caer en el espejismo del “mercado libre”, entre otras cosas porque los mercados libres no existen. La labor económica del Estado es necesaria, como elemento regulador, no como controlador. Hasta el momento, las aperturas hacia el mercado que se han producido en Cuba han sido limitadas por su intermitencia, falta de profundidad y por el carácter controlador del Estado, que termina limitando su desarrollo.

2- ¿Cuáles podrían ser los fundamentos de un modelo económico orientado al desarrollo y al bienestar general, que establezca al trabajo como valor que sustenta la riqueza individual y social?

Una sociedad en la que el trabajo no permite satisfacer las necesidades es inviable tanto desde el punto de vista económico como político y social. Una de las cuestiones que habrá que asegurar en Cuba es precisamente la dignificación del trabajo.

En la actualidad, los descalabros de la política económica del Gobierno han llevado a algunos a preferir el modelo del libre mercado que defienden los libertarios en el que el Estado se reduce a la mínima expresión, no interviene en la economía, una especie de “laissez faire, laissez passer” idílico, bajo el principio de que el Estado es una carga para la sociedad.

Sin embargo, la experiencia histórica muestra la importancia del Estado en el abordaje de crisis devastadoras como la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX y mucho más cerca en el tiempo durante la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Por otra parte, precisamente fueron las medidas desreguladoras adoptadas desde los años ochenta, las que crearon las condiciones para la crisis financiera que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008-2009.

La propaganda política en los países del “socialismo burocrático” -Cuba incluida-, ha pretendido identificar al socialismo con el Estado y la propiedad socialista con la estatal, cuando no son la misma cosa. Si nos atenemos a concebir el socialismo como un sistema en el que predomina la propiedad social y se trata, como escribió Engels, de una “asociación libre de productores”, ni Cuba, ni los países que se hicieron llamar socialistas, lo han sido en realidad. En ninguno de ellos la propiedad social ha podido realizarse como tal, la sociedad en tanto “propietaria colectiva” de los medios de producción, ha carecido de la capacidad de ejercer un control sobre la gestión de esa propiedad y más bien, han sido los gestores -léase burócratas- quienes han usufructuado esa propiedad, obteniendo de ello pingües beneficios personales y vínculos corruptos que muchas veces se ramifican hacia sus familias.

Mientras tanto, ha resultado evidente que un modelo de administración centralizada de la economía, con un predominio de la propiedad estatal, administrada burocráticamente, no es capaz de asegurar un desarrollo sostenido de la economía que se traduzca en el mejoramiento del bienestar social. El fracaso de este modelo está corroborado por la experiencia histórica y Cuba es precisamente uno de sus últimos ejemplos demostrativos.

Soy consciente de la inmensa probabilidad que existe de que se intente un viraje radical que lleve al país del actual sistema estatizado a uno de privatización generalizada, basada en el clientelismo y la corrupción. Por ello, resulta necesario alertar sobre el peligro real que se cierne sobre una sociedad que ha estado -en su inmensa mayoría- inmovilizada por la pasividad y el miedo a reclamar sus derechos, a pesar de que la Revolución Cubana justamente se hizo para restaurar las libertades y para construir un país con justicia social.

No es posible concebir un modelo económico orientado al desarrollo y al bienestar social sin democracia política, es decir, sin el pleno ejercicio de las libertades, cuyo reconocimiento por los poderes establecidos ha sido el resultado de más de dos siglos de luchas sociales. A partir de esto, creo necesario combinar el desarrollo pleno del emprendimiento privado y de opciones cooperativas con un Estado democrático que posea una serie de funciones económicas para evitar los “fallos del mercado”, que lo regule mediante instrumentos legales transparentes y que participe activamente en la provisión de bienes públicos y promueva la justicia social. Necesitamos un cuerpo legal robusto, tribunales independientes, con un banco central y una contraloría general independientes e instituciones y reglas de juego creíbles y transparentes para los inversionistas tanto nacionales como foráneos. Lamentablemente, no es lo que tenemos hoy.

3- ¿Será posible salir de la crisis y lograr un modelo económico eficaz sin avanzar en la devolución de la soberanía al peso cubano?

El actual sistema en el que el peso cubano no puede cumplir plenamente sus funciones como dinero en el territorio nacional, con tasas de cambio múltiples, en las que coexisten las fijas oficiales que están alejadas de la realidad económica con las flexibles del mercado informal que refleja la precariedad de este, agrava las distorsiones que arrastra la economía cubana desde hace varias décadas.

Como el Banco Central no es un organismo independiente del Gobierno, las autoridades pueden adoptar políticas monetarias basadas en la emisión excesiva de papel moneda para monetizar sus déficits presupuestales, lo cual resulta irresponsable, porque descarga sobre la población la pavorosa inflación, motivada por dicha emisión monetaria sin respaldo en bienes y servicios que resultan escasos debido al estancamiento productivo. En consecuencia, el costo de la vida supera ampliamente los incrementos de ingresos que produjeron los aumentos nominales de salarios y pensiones, provocando un considerable deterioro de los ingresos reales.

En mi opinión, resulta imposible salir de la crisis y lograr un modelo económico eficaz sin devolver al peso cubano su condición de única moneda, a menos que la alternativa fuera perder la soberanía monetaria y utilizar la moneda de otro país o grupo de países. Si ello llegara a ocurrir habíamos retrocedido más de cien años. Ahora bien, restablecer la soberanía del peso cubano significa que dentro del territorio nacional todas las transacciones económicas se realicen en pesos cubanos. Absolutamente todas. Es decir, resulta necesario eliminar las tiendas en moneda libremente convertible.

La dolarización parcial de la economía reproduce las distorsiones que habían aparecido en los años noventa del siglo pasado con la circulación paralela de dólares, que segmentó los mercados y llevó al deterioro de la capacidad adquisitiva de la moneda nacional, porque con ella no resultaba posible adquirir lo que se necesitaba para vivir. Estamos ante una situación parecida, con la diferencia de que las transacciones en dólares se hacen con tarjetas electrónicas y no con efectivo.

Esto, además del impacto político y económico negativo, es un factor adicional para que se deprecie la moneda nacional en el mercado informal. No resulta justo que se dolaricen los gastos de la población y no sus ingresos.

Por eso, en otras oportunidades he expresado que, si la dolarización o eurización resulta imprescindible, porque es imposible estabilizar la moneda nacional, ese proceso debe abarcar a toda la economía y no a una parte de ella, y por supuesto requiere de acuerdos con los emisores, lo cual descartaría al dólar, debido a la existencia de sanciones económicas por parte del país emisor. Podría resultar difícil un acuerdo con el Banco Central Europeo y los países de la zona euro en la actual situación política del país. Esto nos deja como alternativa, la soberanía plena del peso y la necesidad de estabilizar la moneda, como necesario resulta estabilizar la economía en su conjunto.

El peso debe ser plenamente convertible en divisas dentro del territorio nacional, a una tasa de cambio flexible para que esa flexibilidad sirva como mecanismo de ajuste externo de los desequilibrios. Una tasa de cambio flexible ayudará a establecer precios relativos adecuados y una vez que funcione un mercado cambiario legal y transparente, es muy probable que no se produzcan grandes sobresaltos ni picos cambiarios y la economía tenderá a la estabilidad, aunque las distorsiones actuales son muchas.

4- ¿Cuba tendría que negociar con las tradicionales Instituciones Financieras Internacionales? ¿Con cuáles otras sería conveniente?

Cuba fue uno de los países fundadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), pero el Gobierno Revolucionario decidió abandonar ambas instituciones durante los primeros años de su establecimiento.

En aquel entonces el panorama era totalmente diferente, ya que los países del “socialismo real” habían aceptado la presión de Stalin de no incorporarse a estos organismos y en esa línea Cuba decidió salirse en los años sesenta y cuando se creó el Banco Interamericano de Desarrollo en 1959, el país no se integró a esta institución. Era una forma de no tener que rendir cuentas a los organismos internacionales, entregando información económica sensible, contando, sin embargo, con líneas de financiamiento que se sustentaban en relaciones políticas.

El Gobierno cubano de entonces apostó por la ayuda económica de la Unión Soviética por razones políticas, como sustitutivo de los créditos de fomento que habrían podido tramitarse ante el Banco Mundial y los de equilibrio de balanza de pagos que podrían haberse gestionado en el Fondo Monetario Internacional. En aquellos tiempos, se descartaba la posibilidad de que el “socialismo realmente existente” implosionara.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el sistema de votación en estos organismos, donde las decisiones se adoptan por mayoría cualificada en la que Estados Unidos, en la práctica, tiene la posibilidad del veto, habrían conducido a que muy difícilmente Cuba, afectada por sanciones económicas impuestas por el Gobierno de ese país, hubiera podido acceder a esas líneas de crédito.

Sin embargo, desaparecida toda posibilidad de ayuda económica por razones políticas, algo que la dirigencia cubana actual busca en sus relaciones con China y Rusia, pero que difícilmente consiga, no quedan otras opciones que volver a estas organizaciones e integrar incluso el Banco Interamericano de Desarrollo. No creo que esto sea posible para el Gobierno actual en medio de las sanciones estadounidenses. De hecho, muy probablemente, Estados Unidos bloquearía el regreso de Cuba, a menos que se avanzara por el camino de la democratización, dejando sin piso argumental la ley Helms-Burton.

5- Salir de la crisis quizá también demanda procurar inversiones extranjeras y nacionales que recuperen los sectores industrial y agropecuario, así como la infraestructura de vías, transportes y comunicaciones. ¿Cómo lograrlo?

En las condiciones actuales, Cuba no es un país atractivo para la inversión extranjera. Examinemos rápidamente cuáles son los móviles esenciales para que un inversionista foráneo invierta en un país diferente al suyo. Entre los más importantes podrían mencionarse los siguientes: obtener beneficios extraordinarios a los que obtiene en sus otras inversiones;  reducir costos aprovechando una mano de obra barata y con capacidad de asimilación tecnológica para aumentar beneficios; insertar esa nueva inversión en cadenas productivas globales; disponer de una adecuada infraestructura de vías, puertos, aeropuertos, sistemas de transportes y de comunicaciones; y acceder al mercado del país en el que está invirtiendo. Para que todo esto sea considerado resulta necesario un clima de garantías a la inversión que incluya la verdadera independencia judicial en caso de conflictos con las autoridades nacionales.

Es evidente que Cuba no ofrece esas garantías, no dispone de un sistema jurídico realmente independiente, su mercado no es atractivo debido al bajo nivel de ingreso de la mayor parte de la población y adicionalmente, el gobierno cubano mantiene un sistema de vinculación de trabajadores a través de empresas cubanas que cobran por la fuerza de trabajo lo que luego no le pagan a los trabajadores, de forma tal que la fuerza de trabajo no es barata en términos internacionales y adicionalmente los inversionistas han debido pagar la “lealtad” de sus trabajadores con erogaciones “por debajo de la mesa”, y todo el sistema de infraestructura está profundamente subdesarrollado. Toda esa opacidad y el retraso tecnológico, afecta al país como un mercado creíble y atractivo para la inversión extranjera. A ello se suma que las autoridades cubanas han mantenido un alto grado de discrecionalidad en la autorización de las inversiones foráneas, bajo el presupuesto de conducir dichas inversiones a las prioridades gubernamentales y no a los intereses de los inversionistas.

Ahora bien, Cuba carece de la capacidad de fomentar las inversiones que necesita su sector productivo, debido a una bajísima tasa de ahorro bruto nacional, por tanto, necesita importar ahorro externo. Por tanto, para que fluyan recursos al país con el objetivo de reconstruir la economía resulta necesario que se corrijan precisamente todas esas debilidades institucionales que he mencionado antes.

Personalmente no creo que en el caso cubano sea posible atraer capitales frescos con transferencia tecnológica bajo el actual sistema institucional. Las transformaciones institucionales deberían llevar hacia un sistema democrático con independencia de poderes, lo que implicaría un robusto sistema jurídico independiente de la interferencia de la dirección del Partido Comunista. Si la hegemonía de la dirección de esta formación política persiste en la sociedad, no habrá nada que hacer.  

Frente a este criterio podrían contraponerse los casos de China y Vietnam. Sin embargo, las condiciones son diferentes. China es un mercado de más de 1.400 millones de consumidores y Vietnam de más de 100 millones. Las ventajas de fabricar allí han sido evidentes. Pero incluso en el caso de países latinoamericanos existen muchas opciones más ventajosas que Cuba, tales como República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Colombia (este último, por el momento) por solo mencionar algunos casos. Además, ni China ni Vietnam enfrentan sanciones económicas de Estados Unidos en estos momentos, como si es el caso de Cuba, sin embargo, el país del Sudeste Asiático si se enfrascó en un proceso de reformas profundas cuando aún se mantenía un mecanismo de sanciones económicas estadounidenses.

Ahora bien, Cuba es importante para los cubanos, el resto del mundo puede vivir sin Cuba, ésa es una realidad que deberíamos tener clara por esa lamentable tendencia que tenemos de creernos el centro del mundo. Le importaba a la Unión Soviética cuando podía utilizarla en su juego político contra Estados Unidos. Podría pensarse que lo mismo podría servirles a los gobiernos de China y Rusia. No son las mismas condiciones. China tiene otros frentes mucho más importantes que solucionar y retos económicos muy complejos que, por ahora, está tratando de solucionar en África y en Asia e incluso en países de América Latina con economías mucho más atractivas que la cubana. Rusia, por su parte, carece de la fuerza económica y política que tenía la Unión Soviética en los tiempos de su existencia. Así las cosas, los intentos de los gobernantes cubanos de revivir una relación especial como la que existió con la Unión Soviética están condenados al fracaso.

La comunidad cubana en el exterior podrá ser un factor decisivo en la recuperación económica del país, pero eso no ocurrirá si no se producen cambios institucionales conducentes a una democratización del sistema político, que permitan el funcionamiento de un sistema legal transparente y que ofrezca adecuadas garantías a los inversionistas y demás actores económicos. Todo ello pasa por el reconocimiento de los derechos plenos de ciudadanía a los varios millones de cubanos que han emigrado a lo largo de estas seis décadas.

6- Quizá urge un cuerpo legal que garantice una auténtica dinámica económica, con instituciones eficaces y auténticos desempeños judiciales. ¿Qué opina usted?

Sí, es lo que he venido diciendo en respuestas anteriores. Mientras esto no exista, es imposible que los actores económicos diferentes al Estado cubano puedan considerar invertir en Cuba como una opción plausible. Ello requiere una profunda reforma institucional y un cambio constitucional, que no se avizoran en las actuales condiciones políticas del país.

7- Al parecer en el futuro próximo serán amplios y diversos los segmentos sociales que necesitarán ayuda humanitaria. Tal vez esto sea imprescindible aun si comenzara una reforma económica eficaz, pues ello requerirá de cuantiosos recursos, mucho esfuerzo y tiempo prolongado. ¿Habría que sostener una suficiente institucionalización de la gestión humanitaria?

Por supuesto. Es por ello por lo que en diversos foros he dicho que Cuba requiere de una especie de “Plan Marshall” en el sentido de recibir un paquete de recursos en forma de ayuda económica que permita reconstruir la economía y sostener los objetivos de justicia social que inspiraron originalmente la Revolución Cubana, administrados por un gobierno democrático y con estricta veeduría internacional.

Quienes defendemos las ideas de la justicia social no podemos aceptar que los ancianos y las personas desvalidas sean abandonados a su suerte. Muchas de esas personas mayores hicieron inmensos sacrificios personales con la intención de construir una sociedad justa en la que sus hijos y nietos pudieran vivir. Sin embargo, para nadie es un secreto que la realidad actual está lejos de corresponder al ideal por el cual ellos se sacrificaron. Los ancianos cubanos fueron abandonados por la llamada “Tarea Ordenamiento”, que puso a los pensionados del país -excepto a los militares- en condiciones de pobreza, dada la escasa capacidad adquisitiva real de sus pensiones y las duras condiciones para asegurar la sobrevivencia.

No se trata ahora de devolver el reloj de la historia más de ochenta años, pero ciertamente necesitamos el establecimiento de un sistema democrático que sea capaz de incorporar los avances sociales alcanzados por las luchas de los trabajadores por sus derechos y también de quienes han puesto su vida al servicio de la democracia, la justicia social y los derechos humanos y que establezca las reglas de juego para que dichos avances sean sostenibles.

En este proceso necesitaremos ayuda porque las deformaciones estructurales y el estancamiento que afecta a la economía cubana llevaría décadas recomponerlo, con el peligro de que las dificultades para lograrlo nos lleven a conmociones sociales y a nuevas opciones totalitarias y mesiánicas.

Sin embargo, el efecto positivo de la ayuda externa que pueda provenir de instituciones multilaterales de desarrollo debería ser el complemento del emprendimiento doméstico y del trabajo productivo que puede potenciarse a partir del reemplazo del actual modelo económico empobrecedor por uno que libere el desarrollo de las fuerzas productivas.