Durante las últimas décadas, Cuba ha sido testigo de un preocupante aumento de la pobreza y la marginalización. Sin embargo, esta regresión generalizada ha impactado de manera desproporcionada a un sector específico de la sociedad: la población afrodescendiente. Las deudas históricas con este grupo son innegables y se manifiestan en su tradicional relegación a las zonas más desfavorecidas, a empleos precarios y a una escasa movilidad social.

La disminución de la asistencia social estatal en la última década ha exacerbado aún más esta situación para los afrodescendientes, quienes también enfrentan mayores obstáculos para emigrar, invertir y participar en las nuevas dinámicas económicas como el cuentapropismo y las MiPymes. Esta realidad clama por una transformación profunda, por un nuevo contrato social que siente las bases para una República más justa y equitativa, capaz de disminuir las disparidades sistémicas que hoy laceran a la sociedad cubana.

Para avanzar hacia una mejora tangible en las condiciones de vida y reducir la brecha entre los diversos grupos humanos, es imperativo implementar políticas públicas concretas y leyes específicas que aborden estas injusticias históricas.

En tal sentido, se podría, según el documento programático del Centro de Estudios “Cuba Próxima, elevar los estándares educativos en los barrios con alta presencia de afrodescendientes. Esto implica fortalecer la enseñanza técnico-profesional, fomentar la capacitación en nuevas tecnologías, impulsar las artes y oficios, así como las disciplinas humanísticas. La implementación de una educación bilingüe de alto nivel también se presenta como una herramienta poderosa para abrir nuevas oportunidades.

También favorecer la entrega de tierras a la población afrodescendiente, ya sea bajo la figura de usufructo, cooperativa o propiedad directa, lo que puede convertirse en un catalizador para su desarrollo económico y autonomía. Esta medida no solo permitiría la producción de alimentos y la generación de ingresos, sino que también fortalecería su arraigo y sentido de pertenencia.

Establecer, asimismo, un fondo específico destinado al desarrollo económico de estas comunidades, lo cual resulta crucial. Este fondo podría facilitar el acceso a exenciones impositivas y otorgar microcréditos, incentivando el emprendimiento y la creación de negocios propios, pilares fundamentales para su empoderamiento económico.

De igual modo, implementar políticas claras de inclusión social que garanticen el acceso de los afrodescendientes a la educación superior y a puestos de trabajo en las instituciones estatales en proporción a su representación demográfica. Esta medida no solo corregiría una injusticia histórica, sino que también enriquecería la diversidad y representatividad de las instituciones.

Defiende además la presencia de los afrodescendientes en los medios de comunicación, la oferta cultural y las promociones estatales, que deben ser ampliadas y presentadas de manera positiva, rompiendo con estereotipos dañinos y reconociendo su invaluable contribución a la identidad nacional.

Igualmente, indica que resulta ineludible penalizar de manera efectiva las prácticas racistas, de segregación y marginalización que aún sufren estas comunidades. La promulgación de leyes específicas y su rigurosa aplicación son esenciales para construir una sociedad donde la igualdad y el respeto sean la norma.

La implementación de estas políticas no solo representaría un acto de justicia histórica, sino también una inversión estratégica en el futuro de Cuba. Al empoderar a la población afrodescendiente, se libera un enorme potencial humano y se fortalece el tejido social en su conjunto. La nueva República tiene la oportunidad histórica de construir un futuro donde la igualdad de oportunidades no sea una aspiración, sino una realidad palpable para todos sus ciudadanos, sin importar su origen.

El momento de saldar las deudas del pasado y construir un futuro más justo e inclusivo es ahora.