Por Lorenzo Vega-Montoto

El anuncio de Amelia Calzadilla sobre la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano desde Madrid ha generado, como era de esperar, una tormenta de reacciones. No voy a entrar en el mérito de sus decisiones personales ni en el valor de su propuesta programática. Amelia es una mujer valiente que pagó un precio real por su activismo, y ese capital moral le pertenece sin disputa. Lo que me interesa, y lo que creo que merece una conversación seria, no es ella sino el fenómeno que su gesto representa, y las consecuencias que ese fenómeno puede tener para algo mucho más grande que cualquier individuo: la causa de la transición democrática en Cuba.

Porque Amelia no es la primera. Lejos de ello. En los últimos treinta años hemos visto ese mismo arco narrativo repetirse con una regularidad que ya debería darnos pistas sobre su naturaleza estructural. Eliécer Ávila comenzó como el estudiante que le plantó cara a Ricardo Alarcón en un video que recorrió el mundo, y terminó fundando Somos Más. Antonio Rodiles construyó su legitimidad en el activismo jurídico y cívico del Estado de SATS, y eventualmente deriva hacia posiciones de liderazgo político. Yunior García, dramaturgo, rostro de Archipiélago, termina en el exilio intentando articular un proyecto que va más allá de la denuncia cultural. Y así, una y otra vez, el mismo patrón: el líder cívico que encuentra en la política partidista el siguiente escalón lógico de su vocación transformadora.

Hay que decirlo con claridad: esa transformación no es en sí misma ni mala ni buena. En una sociedad democrática consolidada sería no solo normal sino deseable. El pluripartidismo no es un defecto del sistema democrático, es su nutriente fundamental. La diversidad de voces, de propuestas, de proyectos de país, es exactamente lo que le da a la democracia su textura, su resiliencia, su capacidad de representar la complejidad real de una sociedad. Si Cuba fuera hoy una democracia en funcionamiento, la existencia del PLOC, de Somos Más, del MCL y de otros veinte proyectos más sería una señal de salud cívica, no de fragmentación patológica.

Pero Cuba no está ahí. Cuba está en un lugar mucho anterior. Cuba está combatiendo, con recursos desiguales y en condiciones de represión sistémica, a un régimen que, a pesar de seis décadas de fracaso económico, de un éxodo histórico sin precedentes, de apagones de veinte horas y de una inflación que pulverizó los ahorros de generaciones enteras, sigue persistiendo monolíticamente. Un régimen que controla el ejército, el poder judicial, los medios, el acceso a internet y la definición misma de la realidad para millones de personas que aún viven bajo su órbita. Un régimen que en su Constitución de 2019 tuvo el cinismo de codificar la prohibición de cualquier otro partido político, y que sin embargo dedica tiempo de su televisión nacional a burlarse de una mujer en Madrid que funda uno desde su computadora.

Esa última imagen, la de Con Filo mordiendo el anzuelo de Amelia, es en realidad la clave de todo el problema. Cuando el régimen dedica recursos propagandísticos a desacreditar a una persona que no tiene presupuesto, ni estructura, ni militancia real, no está actuando por pánico sino por cálculo. Lo que amplifica no es el miedo a Amelia, sino la invitación tácita a que otros hagan lo mismo, a que cada líder cívico con vocación transformadora dé el mismo paso, funde su propio partido, construya su propia marca, y compita por la misma base social fragmentada. Porque lo que el régimen en realidad no puede controlar, lo único que genuinamente le quita el sueño, es una oposición unificada y coherente que llegue al momento de la fractura del sistema con una propuesta legítima y plural de lo que viene después. La atomización no es su pesadilla. Es su estrategia.

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La historia lo confirma con una consistencia que debería ser incuestionable para cualquiera que haya estudiado las transiciones del siglo XX.

En Polonia, Solidaridad no era un partido. Era una coalición deliberadamente heterogénea que contenía en su interior a obreros del astillero de Gdansk, a intelectuales católicos del KOR, a democratacristianos, a socialistas liberales y a nacionalistas que en cualquier otro contexto habrían estado en veredas opuestas. Su disciplina colectiva consistió precisamente en eso: en diferir el debate programático para el momento en que hubiera un sistema democrático capaz de procesarlo. La Mesa Redonda de 1989 fue posible porque Solidaridad llegó a ella como un bloque con una sola demanda mínima, digna e irrefutable.

En Chile, la Concertación fue el milagro improbable de partidos que se habían odiado antes del golpe, la democracia cristiana y la izquierda, sentándose a construir un No común. No acordaron el modelo de país. Acordaron derrotar a Pinochet. Lo demás lo dejaron para después. Y ese aplazamiento disciplinado produjo el único resultado que importaba en ese momento: la transición.

En Argentina, la Multipartidaria de 1981 juntó al peronismo y al radicalismo, dos fuerzas que llevaban cuarenta años de hostilidad mutua, bajo un programa mínimo de restauración constitucional. No fue la Multipartidaria la que derrumbó a la junta. Ese mérito corresponde a las Malvinas, pero fue la Multipartidaria la que aseguró que cuando la junta cayera hubiera una alternativa democrática lista para llenar el vacío, y no un nuevo caudillo con uniforme.

En España, Suárez usó los propios mecanismos del franquismo para desmantelarlo, y los partidos de la oposición, el PCE de Carrillo, el PSOE de González, los nacionalistas vascos y catalanes, tuvieron que aceptar condiciones que ninguno de ellos habría elegido libremente. Aceptaron la monarquía. Aceptaron la ley de amnistía que cubrió también los crímenes del régimen. Construyeron la Constitución de 1978 sobre silencios estratégicos. El costo moral fue real y tardó décadas en saldarse. Pero la democracia española existe, y eso no habría sido posible sin esa disciplina dolorosa de la unidad táctica.

Y si esos ejemplos parecen demasiado ajenos a la fibra de lo que Cuba es y ha sido, entonces vale la pena recordar que el argumento más poderoso no viene de Varsovia ni de Santiago ni de Buenos Aires. Viene de Tampa y de Cayo Hueso. Viene de José Martí.

Cuando Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892, no fundó un partido ideológico. No fundó una agrupación de autonomistas, ni de reformistas, ni de anexionistas desencantados que habían llegado tarde a la conclusión de que Washington no era la respuesta, ni de independentistas puros que llevaban décadas en esa convicción. Fundó deliberadamente una coalición. Bajo su techo cabían corrientes que habían pasado años mirándose con desconfianza: el veterano mambí de la Guerra de los Diez Años que cargaba sus cicatrices como credenciales, y el emigrado tabaquero de Tampa que nunca había empuñado un rifle pero que remitía sus ahorros semanales desde el taller porque había llegado a la misma conclusión por un camino distinto. Cabían el cubano negro que entendía la independencia como la única ruta posible hacia una igualdad que ninguna otra fórmula le había ofrecido, y el criollo que venía de familias donde el anexionismo había sido durante generaciones el horizonte natural, y que sin embargo había terminado en el mismo lugar. Cabían Máximo Gómez, dominicano, y Antonio Maceo, afrocubano, y los miles de anónimos que creyeron en un proyecto que era de todos precisamente porque no era doctrina de nadie en particular.

Martí entendió algo que sus contemporáneos más doctrinarios no quisieron o no pudieron entender: que el momento exigía unidad funcional, no homogeneidad ideológica. Que la diversidad de los que querían una Cuba libre era una fortaleza si se canalizaba hacia un objetivo común, y un veneno si se dejaba fragmentar en facciones que competían por la pureza de sus respectivos programas. El PRC no era el partido de ninguna clase social ni de ninguna familia doctrinaria reconocible. Era el partido de la independencia, y esa sola definición era suficiente para el momento histórico que Cuba atravesaba.

La ironía, amarga y perfecta, es que ese modelo fundacional cubano, esa sabiduría política que Martí laboró artículo por artículo en las Bases y los Estatutos del PRC, es exactamente el modelo que Polonia, Chile, Argentina y España redescubrieron cada uno a su manera un siglo después. No porque lo hubieran leído, sino porque la lógica de las transiciones frente al poder totalitario impone sus propias lecciones con independencia de la geografía y del idioma.

Cuba ya sabe cómo se hace esto. Lo inventó antes que nadie. La pregunta es si la generación actual está dispuesta a aprenderlo de su propio pasado.

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Lo que todos estos casos comparten es algo que se puede formalizar con precisión utilizando un marco analítico que a primera vista parece frío para este tipo de debates, pero objetivamente ilustrativo: las cadenas de Markov.

Una cadena de Markov modela la evolución de un sistema entre estados discretos, donde la probabilidad de pasar al estado siguiente depende únicamente del estado actual, no de toda la historia acumulada del sistema. Si aplicamos esta lógica a las transiciones políticas, los estados posibles son algo así como: totalitarismo consolidado, autoritarismo en fractura, transición negociada, democracia inestable y democracia consolidada. El régimen cubano lleva décadas entre el primer y segundo estado con una probabilidad de permanencia aún muy alta. Las crisis del Período Especial, el 11J, los apagones sistémicos de 2023 y 2024, el éxodo de más de un millón de personas, son señales de que esa probabilidad se está erosionando, de que el sistema está acumulando presión hacia el estado de fractura.

Pero aquí está la clave que el modelo ilumina con una claridad casi brutal: la probabilidad de que una fractura derive en transición democrática en lugar de en regresión autoritaria completa o mucho peor en caos no depende solo de que el régimen se debilite. Depende de que exista, en el momento de la fractura, una oposición con suficiente densidad organizacional y legitimidad moral para ocupar el vacío con una propuesta creíble. Y esa densidad organizacional, esa variable oculta que el modelo de Markov llama estado latente, es exactamente lo que se destruye cada vez que la oposición se atomiza en veinte proyectos que compiten entre sí por la misma base social.

Hay un aspecto del modelo que parece una limitación técnica pero que en realidad contiene la clave política más profunda de este argumento. La propiedad Markoviana dice que el sistema no tiene memoria, que el próximo estado depende del presente, no del pasado. En términos políticos eso significa que los actores de una coalición de transición deben ser capaces de comportarse como si su historia de conflictos ideológicos no existiera, como si sus diferencias programáticas no fueran el determinante de la próxima jugada. Esa capacidad de suspensión temporal de la memoria ideológica es exactamente lo que hizo posible la Concertación, la Multipartidaria, Solidaridad, la transición española y la guerra del 98.

No es olvido. No es impunidad. Es una operación de disciplina política donde los actores acuerdan que su desacuerdo sobre el modelo de país que quieren construir no puede ser más urgente que el acuerdo sobre el régimen que quieren remover. La justicia, la memoria histórica, la rendición de cuentas por los crímenes del castrismo, todo eso es real y no puede ni debe borrarse. Pero tiene su momento, y ese momento es cuando existan instituciones democráticas sólidas capaces de procesarlo con legitimidad y apego al derecho. Intentar ese ajuste de cuentas antes de tener las instituciones es condenarlo al fracaso, o peor, convertirlo en una nueva forma de violencia política.

El problema de la proliferación de partidos cubanos en el exilio no es que sobre pluralismo. El problema es el momento. En una transición, el pluralismo programático es el combustible de la democracia, pero en la fase de combate al totalitarismo, el pluralismo prematuro es la medicina que se convierte en veneno.

Amelia Calzadilla tiene todo el derecho de fundar su partido. Eliécer Ávila tiene todo el derecho de consolidar el suyo. Yunior García, Antonio Rodiles y los treinta nombres que vengan después tienen ese mismo derecho. Y en cualquier otro contexto yo sería el primero en celebrarlo. Pero mientras el régimen sigue en pie, mientras la probabilidad de permanencia del totalitarismo cubano sigue siendo la más alta de la matriz, el dividendo político de esa proliferación no va a la cuenta de la democracia. Va a la cuenta del desgobierno de La Habana.

La pregunta que todos ellos tendrían que hacerse, y que nosotros como comunidad tendríamos que hacernos colectivamente, no es si tenemos derecho a diferir. Es si podemos permitirnos el lujo de diferir ahora.