En 2026, el presidente estadounidense Donald Trump está listo para «tomar» Cuba como le dé la gana. Lo cierto es que aquel “faro revolucionario” está perdiendo ya toda su capacidad de sobrevivir. Con las 176 “medidas” aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado 18 de junio, el Partido Comunista y Estado cubano trata de satisfacer la exigencia norteamericana de: “capitalismo o muerte”. 

Estudiando el paquete de estas 176 medidas, es difícil evitar la tentación de afirmar con credibilidad profética o una visión retrospectiva: “¿Qué decir ahora?”  Llevo 15 años debatiendo con colegas economistas, cientistas sociales y activistas cubanos sobre como encontrar un camino de salida a la crisis del país. Intenté resumir eso en mi tesis doctoral de 2019, publicada en forma abreviada en el libro Cuba, from Fidel to Raúl and Beyond (Palgrave MacMillan, 2020). Resulta llamativo observar la gran similitud entre las medidas leídas por el primer ministro Marrero Cruz ahora, y los famosos Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados por el sexto Congreso del Partido Comunista en 2011.

Abortando Los Lineamientos

Hace diez años se libraba una batalla decisiva por el futuro de Cuba, justamente en base a los Lineamientos y su propuesta de “actualización” del sistema, palabra clave de aquellas anunciadas reformas. Raúl Castro había puesto en marcha la implementación de estos Lineamientos, para aflojar el control del Estado sobre la economía. Hasta 2016, se reportó que apenas un 21% de las medidas de entonces se habían implementadas, y que 4 de cada 5 medida quedaron sin implementar. 

Mientras el presidente estadounidense Barack Obama estaba de visita en marzo, 2016, y se reunía con un grupo de emprendedores privados –los cuentapropistas–, las discusiones internas eran especialmente duras en torno a qué hacer con la agricultura. La camisa de fuerza estatal obligaba a Cuba a importar entre el 60 y el 70 por ciento de sus alimentos, mientras buena parte de la tierra cultivable estaba ociosa y otra parte se aprovechaba de manera escandalosamente deficiente. Los tomates podían pudrirse por falta de transporte en Güira de Melena, una zona agrícola rica a 60 o 70 kilómetros al sur de La Habana, mientras en la capital no había manera de conseguirlos.

El economista agrícola Armando Nova llevaba años escribiendo artículos sobre lo irracional que era la gestión de la agricultura cubana. Demostró, por ejemplo, la paradoja increíble de que los campesinos cubanos recibían precios muy por debajo de lo que el Estado pagaba por importar los mismos alimentos: apenas el 45 por ciento del precio de los frijoles importados, el 30 por ciento en el caso del arroz y el 20 por ciento en el de la leche. El problema, tal como él lo veía, era una poderosa burocracia agrícola que atravesaba el sistema cubano de arriba-abajo y que bloqueaba toda reforma sensata porque se aferraba a su poder. Nova propuso un paquete de reformas que, a su juicio, haría posible un aumento drástico de la producción cubana de alimentos. En resumen, su firme recomendación era que los propios campesinos, apoyados por organizaciones gremiales democráticas, tomaran el control de la producción, la distribución y la venta de sus productos. El Ministerio de la Agricultura reconoció que el 56,5 por ciento de toda la superficie agrícola estaba ociosa en 2016, y que un uso más racional de la tierra podía sustituir fácilmente el 60 por ciento de las importaciones de alimentos.

Algunas reformas importantes estaban ya en camino. Raúl Castro había dicho una y otra vez que Cuba podía aprender mucho de las reformas de China y Vietnam. Una gran parte de las tierras, antes estatales, se estaba entregando en usufructo a pequeños campesinos –los usufructuarios–, generalmente organizados en cooperativas. La proporción de la tierra que pasó por ese cambio en la forma de gestión menos estatizada creció de una quinta parte a la mitad entre 2007 y 2016. Y pronto quedó claro que la productividad de esas fincas más autónomas superaba con creces a la de las controladas por el Estado.

La otra reforma importante fue que los campesinos obtuvieron permiso para comercializar por su cuenta una parte mayor de los productos, en lugar de entregarlo todo al tristemente ineficiente sistema estatal de comercialización conocido como los Centros de Acopio. El Ministro de la Agricultura propuso en 2014 eliminar ese poderoso tapón del sistema de comercialización. Se establecieron los primeros mercados mayoristas alrededor de las grandes ciudades. La oferta de alimentos en los mercados privados, por ejemplo, a través del mercado mayorista “El Trigal” en el municipio de Boyeros en la cercanía de La Habana, se disparó, y los precios se fijaban según la oferta y la demanda.

Pero mientras siguiera habiendo escasez de alimentos, era inevitable que los precios en los mercados privados subieran. Los enemigos de las reformas se agarraron de eso. Una de las primeras contrarreformas, a principios de 2016, fue reintroducir el control de precios sobre los alimentos. Otra fue prohibir los mercados mayoristas privados, incluyendo el cierre de “El Trigal”, mientras los Acopios seguían vivitos y coleando. Los incentivos para los campesinos volvieron a esfumarse, y todo el sistema libre de comercialización se vino abajo, frenado por inspectores sobrecelosos que interceptaban los camiones no estatales que entraban a las ciudades cargados de comida.

El séptimo Congreso del Partido Comunista de abril de 2016 le puso freno a la mayoría de las llamadas “actualizaciones”. Al mismo tiempo se cancelaba en la realidad el deshielo con Estados Unidos, incluso antes del término de la presidencia de Barack Obama. Hay buenas razones por sospechar que el motor de esa contrarreforma fue el propio Fidel Castro, aunque para entonces ya había entregado formalmente todos sus cargos. Murió en noviembre de ese mismo año, 17 días después de que Donald Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos con la promesa de acabar con la distensión hacia Cuba.

La organización campesina ANAP nunca fue una voz de los campesinos. Era un instrumento del Partido Comunista, y una pieza importante de esa burocracia agrícola enemiga de las reformas. Hubo algunos intentos dispersos de organizar el campesinado de forma más democrática. Una cooperativa campesina de la provincia de Santiago de Cuba, llamada Transición y dirigida por Pedro Antonio Alonso Pérez intentó desafiar a la ANAP y tomar la iniciativa de un gremio campesino más independiente y horizontal, como habían propuesto Armando Nova y sus colegas. Pero después del Congreso del Partido de 2016 y de la fuerte resistencia a las reformas, nadie en la dirección del Partido se atrevió a respaldar semejante iniciativa.

La revolución china del mercado

¿Qué pudo haber aprendido Cuba de China en materia de agricultura?

Después de la Revolución Cultural en China, la situación del agro era bastante parecida a la que existía, y todavía existe, en Cuba. También tenía fuertes rasgos en común con la catastrófica colectivización forzosa que Stalin impuso en la Unión Soviética, después de que la «nueva política económica» de Lenin (la NPE, 1921–1929) hubiera levantado temporalmente la producción. Pero entonces llegó una rebelión desde abajo que, a partir de 1978, encontró un aliado en la cúpula: Deng Xiaoping.

Hace poco conocí a uno de los protagonistas de aquella rebelión, en la provincia de Anhui, en China.

El hombre sonriente y ya entrado en años que tenía delante, con un cigarro colgando de la comisura de los labios, Yan Jinchang, no tiene precisamente pinta de rebelde. Lo que más le gusta es hablar de todos sus hijos, nietos y bisnietos, y del sencillo restaurancito que ahora posee en su aldea natal, Xiaogang.

Pero la noche del 24 de noviembre de 1978 participó en cambiar la historia de China –y quizás la historia del mundo. Junto a otros 17 campesinos de la que entonces era la comuna popular de Xiaogang, una comunidad rural en las afueras de Hefei, la capital provincial, estampó su huella digital en rojo sobre un documento secreto de rebeldía. Ninguno de los 18 sabía escribir su nombre. El documento repartía la tierra colectiva entre los hogares, algo que sabían perfectamente ilegal. Se le llamó una especie de «contrato de vida o muerte», porque los participantes temían la cárcel o el fusilamiento si el intento salía a la luz. El sistema se llamó dabaogan, conocido como un “sistema de responsabilidad familiar”.

«Nosotros lo único que queríamos era llenar la barriga», dice ahora, pensativo, mientras le da una buena calada a su cigarro. «Nuestros muchachos no tenían ni comida ni ropa suficiente, y vivíamos en casas miserables. Pero cuando tomamos aquella decisión, nos acusaron de ser «caminantes de la senda capitalista», algo que normalmente se castigaba con cárcel o, en el peor de los casos, con el fusilamiento», continúa.

El acuerdo consistía en repartir la tierra entre las familias. Una vez que cada hogar cumpliera con las entregas de grano y demás cuotas exigidas por el Estado y el colectivo, el resto podía quedárselo la propia familia, para su consumo o para la venta. Se trataba de salir de lo que ellos sentían como una trampa estatal y colectiva de coerción y de pobreza.

Esa misma noche se repartieron entre los hogares la tierra de la aldea, los animales de tiro –bueyes y búfalos– y los aperos, echándolo a la suerte para que fuera justo.

En la primavera de 1979, las autoridades locales descubrieron el experimento. El secretario del Partido Comunista del condado visitó Xiaogang en abril de 1979 para investigar los rumores, pero optó por hacerse el de la vista gorda. No fue una declaración pública de apoyo, pero resultó decisivo: el experimento no fue aplastado.

La provincia de Anhui ya había empezado, a principios de 1978 y en medio de una gran sequía, a experimentar con fórmulas más flexibles. Entre otras cosas, a algunos campesinos se les había permitido «tomar tierra prestada» para sobrevivir a la crisis. Wan Li, el primer secretario de la provincia, respaldaba ese tipo de soluciones pragmáticas.

El contrato secreto que firmó Yan Jinchang se suscribió apenas un mes antes de que la línea modernizadora de Deng Xiaoping fuera adoptada como rumbo oficial del Partido Comunista chino. Probablemente no sabían los unos de los otros. Las mismas ideas empezaban a abrirse paso tanto en la cúpula del Partido Comunista como entre los campesinos más pobres: el comunismo colectivista a rajatabla no funcionaba. Los campesinos necesitaban más libertad, y poder vender el excedente directamente en el mercado.

No fue hasta enero de 1980 que el secretario provincial Wan Li llegó de visita. Elogió el experimento y supuestamente afirmó: «Les autorizo a probar el dabaogan durante cinco años». Contado desde el 24 de noviembre de 1978, ese respaldo provincial explícito llegó unos 14 meses después de la firma. Con ello, Wan Li convirtió el experimento de Xiaogang de secreto ilegal en ensayo protegido. En la práctica, su apoyo significó que los cuadros locales tuvieran cobertura política para no dar marcha atrás.

El 31 de mayo de 1980, dieciocho meses después de la reunión secreta de los rebeldes, el propio Deng Xiaoping salió al ruedo con un respaldo político decisivo a esa política rural que había dado resultados tan buenos y tan rápidos. El contenido de esa política consistía precisamente en repartir la tierra colectiva entre las familias, con un contrato que las obligaba a entregar una cuota determinada al Estado. El resto podían quedárselo o venderlo en el mercado.

Los dieciocho campesinos de Xiaogang podían exhibir resultados realmente asombrosos. La producción de grano saltó de 10–15 toneladas en 1977 a más de 50 toneladas en 1978. Los ingresos de los campesinos se multiplicaron. Las familias, que habían padecido hambre abierta, lograron por primera vez cubrir sus propias necesidades de comida. Algunas tuvieron excedentes para vender. La aldea pasó de depender de la ayuda de emergencia a ser casi de inmediato autosuficiente. No es imposible que el clima les echara una mano. El modelo se copió rápidamente en toda la provincia de Anhui y en la grande e importante provincia vecina de Sichuan, y paulatinamente al resto del país.

Deng podía, por tanto, demostrar con datos claros que los experimentos de Xiaogang y de las comunas vecinas habían dado vuelta a la situación en un año. Dijo además que la preocupación de que esto dañara la macroeconomía era innecesaria. La clave, dijo, estaba en desarrollar las fuerzas productivas según las condiciones locales y los deseos de los campesinos.

Aquel discurso no se publicó de inmediato, pero circuló internamente y dio respaldo político a los partidarios de las reformas. No fue hasta septiembre de 1980 que salió el documento oficial del Comité Central sobre el fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema de responsabilidad productiva en la agricultura. Por primera vez se daba allí un marco político más amplio a ese tipo de arreglos, y se reconocía que no se trataba necesariamente de una restauración capitalista. Ahora llegaba el vínculo formal entre los experimentos locales y el nivel político nacional. Se convirtió en una pieza absolutamente fundamental de la política de reformas de Deng Xiaoping.

«¿Sabían ustedes que aquel documento que firmaron iba a cambiar la historia de China?», preguntamos.

«Ni idea», responde Yan, abriendo los brazos. «Llevábamos años hablando de esto. No hubo mucha discusión. ¿Quién dice que los campesinos no saben sembrar comida? Era nada más eso lo que queríamos.»

Cuando Xi Jinping, durante la visita de Estado su colega norteamericano de mayo de 2026, pasea al presidente Trump por el Templo del Cielo –Tiantan–, el complejo imperial al sur de la Ciudad Prohibida puede contarle que los viejos emperadores acudían allí a rezar por las buenas cosechas. Y buenas cosechas ha tenido China, en el sentido de un desarrollo económico de fábula, desde que los campesinos de Xiaogang le demostraron a Deng Xiaoping que la agricultura privada –y la economía de mercado en general– funcionaba tanto para el crecimiento como para la distribución. La agricultura china de hoy adopta muchas formas distintas. La propiedad de la tierra sigue siendo estatal, administrada por el colectivo de la aldea. Ciento cincuenta millones de pequeños campesinos tienen contratos de usufructo a largo plazo, contratos que se pueden heredar. Pero una parte cada vez mayor de la producción pasa a manos de empresarios especializados.

China es autosuficiente en un 95 por ciento en alimentos básicos, y en las frutas y verduras que son la base de la variada y rica cocina china. Esa parte del abasto se cultiva sobre todo en pequeñísimas parcelas independientes. Pero la clase media urbana le ha tomado el gusto a la carne, lo que dispara las importaciones de soya: el 85 por ciento de esa demanda hay que cubrirla con importaciones, por ejemplo, de Brasil.

Otro país modelo al que apuntaban los reformistas cubanos era Vietnam. Diez años después de la victoria sobre los estadounidenses en 1975, con una agricultura colectivizada y una escasez crónica de alimentos, arrancó el programa de reformas Doi Moi. Las granjas colectivas se disolvieron en 1988 y la tierra se distribuyó entre pequeños campesinos con contratos de arrendamiento a largo plazo y heredables. Los campesinos pudieron vender la cosecha en el mercado abierto. La producción de arroz se disparó, y Vietnam se convirtió pronto en el segundo exportador mundial de arroz. El país es hoy también el segundo productor mundial de café, sobre la base de pequeños productores. Vietnam tiene ahora, además, una agricultura industrial considerable.

Cuando discutíamos las reformas agrícolas en Cuba hace diez o quince años, nos acompañaba un economista vietnamita, Le Dang Doanh, que había sido uno de los principales asesores de las reformas de su país. Terminaba todas sus intervenciones mirando a los cubanos y diciendo:

«Recuerden: ¡hay que darle libertad a la gente!»–. Seguramente pensaba más en la economía que en la política. La preocupación de los guardianes del museo cubano era, evidentemente, que las reformas económicas desembocaran en cambios políticos y amenazaran el monopolio del poder del Partido Comunista. Por eso prefirieron cerrar la llave de las reformas.

La quiebra total del agro cubano – y las nuevas medidas

El Congreso del Partido Comunista de 2016 designó a Miguel Díaz-Canel como heredero del régimen de los Castro. Resultó ser el hombre de los ortodoxos, de los enemigos de las reformas. En una reunión interna del Partido Comunista en febrero de 2017, recién estrenado el primer mandato de Trump en Estados Unidos, amenazó con que lo que querían los reformistas era reinstaurar el mismo capitalismo salvaje que Cuba había tenido antes de la Revolución de 1959.

«Perderíamos todas nuestras conquistas sociales, todo se privatizaría, desaparecería toda la identidad cultural de la Revolución», sostuvo. Ninguno de los muchos reformistas cubanos que conocí tenía ni en su fantasía más desbocada algo semejante. Al contrario: la idea era asegurar una base productiva para poder reconstruir el Estado de bienestar que alguna vez existió en la revolución cubana. 

En 2026, la agricultura cubana ha colapsado por completo, también en los productos básicos: el arroz, los frijoles y el maíz. El viejo gigante azucarero tiene ahora que importar azúcar. La escasez de alimentos, y el hambre pura y dura, se extienden. Es una situación que venía de antes, pero que se ha vuelto agudísima con el bloqueo total de Estados Unidos a toda importación de petróleo.

En esta situación, el Parlamento cubano se ve obligado por la feroz presión norteamericana a aprobar su nuevo paquete de medidas, aún más profundas que los Lineamientos abortados. Su Eje 7, “Recuperación agrícola”, parece contener todas las propuestas de Nova y sus colegas, similares a los principios chinos de dabaogan, pero también algo más drástico. Se otorga el derecho real de usufructo a personas jurídicas privadas, por tiempo y con la cantidad de tierra indeterminados. Se elimina el requisito de “trabajo directo y estable”, lo que abre la puerta a que el usufructuario sea, de hecho, un gestor o arrendador que contrata fuerza de trabajo. Podría ser un giro desde el modelo del pequeño campesino-usufructuario hacia propiedades mayores con lógica empresarial. Combinando eso con la apertura a empresas privadas e inversión extranjera en el agro, considerando el interés que existe entre algunas familias cubanas ex terratenientes grandes en Florida, queda por ver cómo se equilibrará el principio de seguridad alimenticia con la agricultura de exportación. 

Y aquí estamos ahora: Estados Unidos puede estar en condiciones de tirar por la borda todo lo que la Revolución significó en materia de seguridad social, e implantar un capitalismo a ultranza, sin redes de protección. Es decir, exactamente aquello con lo que amenazaba Díaz-Canel en 2017. Al cancelar las reformas de entonces, él mismo ha convertido la Revolución cubana entera en una quiebra, en una masa en bancarrota de la que Trump puede recoger los restos. Estados Unidos no puede quedar eximido de su responsabilidad por tal desastre. Pero tampoco lo puede el Partido Comunista, que paralizó las reformas en 2016.

(Los datos sobre Cuba están principalmente basados en mi tesis doctorado: “The End of an Era – or a New Start? Economic Reforms with Potential for Political Transformation in Cuba on Raúl Castro´s Watch (2008-2018), en la Universidad de Oslo, 2019; lo cual fue resumido en el libro: Cuba, From Fidel to Raúl and Beyond. Palgrave Macmillan, London, 2020.)