A continuación, publicamos el acápite sobre componentes de la reconciliación del Informe del Centro de Estudios Cuba Próxima, de 2021, titulado Cuba: reconciliación y futuro. Propuesta de Informe sobre la Reconciliación Nacional en Cuba, autoría de Juliette Fernández Estrada, Lilian Rosa Burgos Martínez, Julio Antonio Fernández Estrada y Michel Fernández Pérez (coordinador).   

Diálogo y negociación

El diálogo debe ser el eje que guíe a un proceso de reconciliación. Diálogo debe haber en la planificación de los pasos, en la discusión de lo que se debe implementar y en la realización de los momentos de la reconciliación.

El diálogo debe ser un medio y un fin de un proceso de reconciliación, no debe agotarse en ninguno de sus momentos. 

Pueden aplicarse diversas metodologías de organización del diálogo, pero cualquiera de ellas debe comprender principios de no discriminación, igualdad de género, transparencia, búsqueda de consensos, respeto de las minorías; respeto de las distintas formaciones, instrucciones, culturas, orígenes sociales, nacionales e ideologías.

Los procesos de negociación al interior de la reconciliación deben alimentarse de las experiencias de resolución de conflictos fuera del ámbito de la justicia profesional, para esto será imprescindible estudiar las experiencias de jueces de paz, arbitrajes, justicia comunitaria en diferentes países de Américas Latina, como México, Colombia, Perú, Chile.

La negociación no tiene como objetivo desustanciar la justicia sino resolverla en otro plano. Los acuerdos entre partes que han tenido graves conflictos pueden lograrse mediante negociaciones, pero cuidando el posible desequilibrio entre los sujetos del acuerdo, para evitar menoscabo de los más pobres, menos instruidos, de regiones empobrecidas o discriminadas, mujeres, jóvenes, niñas y niños, ancianos y ancianas, personas con discapacidad.

Las negociaciones evitan llegar a procesos de jurisdicción regular y en manos de jueces profesionales, que deben resolver aplicando normas jurídicas vigentes o precedentes judiciales establecidos, mediante resoluciones judiciales que deben hacerse firmes.

La negociación, por su parte, puede ser guiada por un mediador o mediadora, que no es juez ni jueza y que no aplica derecho, sino que basa su coordinación en encontrar puntos de acuerdo, consenso o acercamiento entre las partes.

La negociación puede ser parte de un proceso judicial en el que las partes resuelven su litigio sin llegar a juicio oral y a presentación de pruebas y casi siempre finaliza con compensaciones económicas o morales, pero cargan el peligro, como hemos adelantado, de que las partes más poderosas la puedan usar como atractiva solución de problemas aprovechando las necesidades económicas de la otra parte en disputa.

También puede haber negociaciones fuera del ámbito de la justicia oficial, y pueden ser políticas, económicas, mercantiles, contractuales, familiares, laborales, etcétera.

Una negociación puede contar con asesores de ambas partes del conflicto y debe tener como objetivo primordial el logro de una solución armoniosa, pacífica, utilitaria, saludable a la convivencia física e ideológica de las partes negociadoras.

Un proceso de reconciliación puede contar con varios procesos internos y constantes de negociación que vayan desmontando situaciones de tensión política, económica, ética e ideológica.

Aplicación de justicia

En el caso de Cuba se pueden usar los procedimientos previstos en las leyes adjetivas de procesos, de proceso administrativo y de proceso penal, sin olvidar el posible proceso de defensa de derechos humanos que todavía está a la espera de una ley de desarrollo.

Proponemos una alternativa de jueces de paz o jueces no profesionales, que puedan ser convocados de forma privada por las partes en conflicto, que antes no han podido resolver sus asuntos por la vía de la negociación o la mediación.

Los jueces de paz pueden ser electos en procesos democráticos municipales y de esas listas de magistrados se podrían seleccionar por las partes que no quieran acceder a la justicia profesional.

Los jueces de paz evitan el engorro, la demora, el formalismo, sus decisiones no son recurribles, pero pueden llegar a convertirse en líderes decisivos de las comunidades porque interpretan el sentido de los problemas locales, conocen de los valores de las poblaciones, de los valores más allá de sus cuantías económicas, de los principios que el derecho no ha incorporado por su relación más lenta de incorporación de valores sociales.

Los jueces de paz no existen en el derecho positivo cubano, pero tenemos la experiencia de los jueces legos, que con esta propuesta serían potenciados como protagonistas de la solución de litigios de todo tipo.

En América Latina los jueces de paz no suelen resolver asuntos penales pero la práctica los ha llevado a ser preferidos por los particulares en todo tipo de conflictos, no solo civiles.

Las estadísticas de la preferencia de los habitantes de comunidades y pueblos, sobre todo de regiones alejadas de los centros urbanos, de la intervención de los jueces de paz para resolver sus conflictos, en América Latina, es abrumadora a favor de estos, frente a la justicia tradicional de los tribunales profesionales.

En todo caso, se debe controlar que estos jueces de paz cumplan requisitos morales y de procedimiento, que permitan una verificación de su verticalidad ética y de su seriedad en el trabajo; así como para impedir influencias sobre ellos de entes, personas, grupos, Iglesias. En este caso recomendamos que los jueces de paz desarrollen sus funciones dentro de la instrumentación de la negociación, para que haya una fiscalización constante de su desempeño y de sus resultados.

Reparación integral de las personas afectadas por el conflicto 

La reparación como proceso que comprende aquellas acciones dirigidas a compensar los daños resultantes del conflicto sociopolítico sostenido y la violencia, supone mejoras sustanciales en las condiciones de vida y seguridad de las víctimas y personas afectadas, junto al reconocimiento y legitimación de sus derechos humanos. Siendo componente esencial de la reconciliación, es tributaria a la construcción de la paz y los procesos de democratización, que se vuelven cada vez más necesarios en escenarios políticos con fuertes tendencias a la discriminación, represión, violencia, exclusión y segmentación política.      

El proceso puede comprometer varias dimensiones: económica, política, judicial, psicológica, sanitaria, social y moral. Debe producirse de forma sistémica y conducir a la identificación de aquellos grupos y personas que han sufrido el impacto directo de tales actos en sus vidas y en la red de su tejido social.

La reparación debe involucrar actores/as, agentes e instituciones diversas de la sociedad civil y del sector estatal. El alcance que puedan tener estas acciones y sus futuros impactos en la reconciliación estarán influidos por la posibilidad de concebir medidas reparadoras centradas directamente en personas afectadas y agredidas, cuya influencia alcance su tejido social y tribute a restauraciones institucionales y comunitarias. El trabajo con personas agresoras también se considera, desde el supuesto que las transformaciones en las situaciones generadoras y desencadenantes del conflicto y sus efectos deben trascender a las víctimas, incorporando acciones que tengan influencia directa en aquellos sectores y grupos de poder, desde los que se perpetúan las agresiones.      

Concebir procesos de reparación desde un enfoque integral implica desarrollar medidas de compensación, restitución, rehabilitación, satisfacción de necesidades y demandas sociopolíticas urgentes. Comprende además llegar a acuerdos de no repetición y cese de formas de represión y victimización sostenidas a lo largo del tiempo.^[1] La reparación psicosocial es relevante en la construcción de la justicia y la verdad, como aspectos inherentes a la recuperación y bienestar que necesitan las personas para vivir de forma digna.   

 Reparación psicosocial en el proceso de reconciliación 

En el marco del proceso de crisis económica y sociopolítica que ha venido acentuándose en Cuba, siendo mayor en el contexto de crisis sanitaria e impacto de la pandemia por COVID-19, los procesos de reparación psicosocial deben irse desarrollando aun cuando las tensiones resultantes del conflicto sociopolítico latente se exacerben.

¿Qué y a quiénes colocar en el centro del proceso de reparación psicosocial?

El conflicto sociopolítico en Cuba ha sido visible esencialmente en dos registros: primeramente, entre el Estado y la sociedad civil. En otro orden, entre fuerzas y actores internos a la sociedad civil, incluyendo grupos de la emigración externa. 

La división, conflicto y dificultades para organizarse y construir agendas políticas comunes ha sido una debilidad en la sociedad civil cubana. De haber resultado las alianzas y un trabajo más unificado a favor de derechos políticos, derechos humanos y otros reclamos existentes en la actualidad,^[2] podrían resultar ciertos avances que no pueden depender solamente de la voluntad política del Estado o de un orden de prioridad que siempre ha llevado a agendar aquello que resulta más sensible para el enfoque político que ha querido defenderse desde sus funcionarios.        

En el centro del proceso de reparación deben ser colocadas aquellas personas, familias y grupos sociales que han recibido el impacto directo de la violencia y consecuencias derivadas del conflicto, junto a aquellos sectores en mayor situación de riesgo y vulnerabilidad por motivos políticos: activistas y defensores/as de derechos humanos, personas privadas de libertad por razones políticas, periodistas y profesionales de medios independientes que han estado en primera línea de fuego para divulgar y generar información desde fuentes no oficialistas, así como grupos de oposición históricamente reconocidos en el país.

El alcance de la reparación no debe limitarse al trabajo exclusivo con estas personas en riesgo o que han sido más dañadas políticamente. Debe incluir acciones que involucren a toda la ciudadanía y que incluya a otros grupos estigmatizados o criminalizados por el sistema. 

Todas las personas se encuentran en riesgo de sufrir violencia política o discriminación política, en tanto construyan procesos identitarios, consoliden creencias y estructuras cognitivas reacias al adoctrinamiento político dominante en sistemas políticos totalitarios. Concebir la violencia política desde un enfoque privativo de la psicología clínica conduce a muchos sesgos: desde la privatización y patologización del daño^[3]  hasta la victimización que oculta las responsabilidades reales de victimarios y de la estructura social y estatal.  

De acuerdo a Zubero^[4] la violencia política es ejecutada con intencionalidad política a partir de una visión o aprehensión subjetiva de la realidad, desde la que se construye el problema y se adopta la violencia como único camino posible. Lira, Becker y Castillo^[5] explican cómo a través del miedo, el uso del sufrimiento, la impotencia, el horror y el poder, se regula la conducta política de la población, dejando un mensaje conciso que llegará a toda la sociedad.       

Pilares del proceso de reparación psicosocial

La identificación de los daños consecuentes y su magnitud es un punto de partida necesario. La pérdida de confianza y desesperanza, impotencia, incertidumbre existencial, dificultades para gestionar duelos y sufrimientos ante la privación de libertad, exilio, separación de familiares, aislamiento social y sentimientos que provoca vivir situaciones de violencia política, son problemáticas que requieren del apoyo de un proceso terapéutico, sustentado por profesionales, que pudiera ser optativo para la persona afectada y sus familiares. 

Estos daños que en su mayoría se naturalizan o se resisten a lo largo del tiempo, en parte por no contar con servicios sanitarios ni psicológicos especializados y capacitados para atender esta forma de violencia sin estigmatización, acentúan la cristalización de la identidad víctima-victimizado/a.^[6] Las consecuencias derivadas se traducen en afectaciones globales del bienestar, calidad de vida y salud mental de las personas afectadas y sus familias.          

La ética en el trabajo y cuidado en la atención a víctimas, procurando no revictimizar, es un punto central de la atención en el marco de procesos de reparación, donde la calidad, calidez, respeto y empatía hacia su historia de vida y narrativas, tendrá mejoras sustanciales en su salud, bienestar y recuperación.     

Realizar abordajes interdisciplinarios de estas problemáticas, dada la complejidad de los daños físicos, psicológicos, sexuales, morales y colectivos causados, requiere intervenciones precisas de equipos profesionales que garanticen la atención integral, desde enfoques asistencialistas, psicosociales y jurídicos. 

Dadas las dificultades de colocar este tema como prioritario dentro de la agenda política estatal, urgen intervenciones, iniciativas y compromisos mayores desde proyectos independientes de la sociedad civil, instituciones no gubernamentales y personas comprometidas y dispuestas a promover la reconciliación y fortalecer las capacidades de diálogo entre actores/as diversos.    

El enfoque de focalización de capacidades y resiliencia es importante para favorecer la construcción de discursos y prácticas que apuesten por interrelaciones y alianzas comunitarias y sociales dialógicas que permitan reconstruir los discursos y narrativas de odio, los daños estructurales subjetivos que arrastramos, junto a la restauración del sentido de agencia para reconstruir la vida política.  

La intersección de estas cuestiones junto a variables como el género, la raza, sexualidad y territorialidad, puede dar luces notables para responder a demandas urgentes de la sociedad civil, que han recibido dilaciones y criminalizaciones múltiples por parte del Estado cubano. Las protestas emergentes en el escenario político cubano han necesitado nuevos lentes políticos para comprender por qué la mayoría de las personas detenidas y sancionadas el 11 de julio fueron personas de sectores pobres y marginalizados en el país o para comprender cómo en la violencia política a mujeres activistas, periodistas u otras, sigue entrecruzándose el mensaje de coerción, subordinación y control del cuerpo y sexualidad de las mujeres.     

Procesos de reparación en el marco de programas de atención, acompañamiento y rehabilitación psicosocial

Los programas de acompañamiento psicosocial y rehabilitación a personas afectadas por la violencia política son escasos en Cuba. A raíz de los hechos de 11 de julio, la Iglesia católica ha habilitado espacios de atención y acompañamiento psicopastoral a familias y personas afectadas en algunos centros no gubernamentales. 

Concebir las acciones en el marco de un proceso psicosocial supone trascender el abordaje puramente psicológico, para incluir y alcanzar otras que ofrezcan beneficios y protecciones en el contexto social en que transcurren las vidas de las personas. 

Los programas de acompañamiento psicosocial a víctimas y personas dañadas por la violencia política según Arévalo^[7] están orientados a: construir un proceso reflexivo entre las víctimas, las personas y redes que integran su tejido social en función de superar los efectos sociales y emocionales de la violencia sufrida, resignificando su identidad y contribuyendo al reconocimiento de sus recursos personales y sociales y de sus derechos humanos. 

Algunos ámbitos de acción que la autora destaca en el acompañamiento psicosocial son:

– Diagnóstico del impacto psicosocial de la violencia sociopolítica a partir de aspectos como el género, ciclo vital, tipo, intensidad y duración de la violencia, tipo de pérdidas sufridas, presencia o ausencia de apoyo social.

– Identificación de los ámbitos para reconstruir la dignidad, donde se integran estas acciones psicosociales junto a otras de alcance jurídico y del campo de los derechos humanos.  

– Ámbito de configuración o fortalecimiento de las redes sociales como soporte para recuperar la confianza y vida social.

– Ámbito para la reflexividad institucional y de acompañantes.

– Ámbito para recrear la identidad.

Los programas de acompañamiento psicosocial pueden incluir intervenciones terapéuticas individuales, familiares y comunitarias en beneficio de resignificar el sufrimiento y rehabilitación del daño emocional. Acciones sociales complementarias centradas en cubrir necesidades inminentes de las víctimas son indispensables en estos programas. Por eso el trabajo psicoterapéutico o de acompañamiento psicosocial debe cubrir esas necesidades sociales que implican apoyos logísticos o alimentarios, refugios o estancias temporales u otros que permitan asistir las necesidades puntuales de estas personas y sus familias.    

Procesos de reparación en el marco de la justicia  

El acceso a la justicia y construcción de la misma ha sido un proceso necesario para la rehabilitación, recuperación y reparación psicosocial que necesitan las víctimas tras el trauma emocional o conflicto sostenido que causa perjuicios considerables en su identidad y bienestar.

En un marco judicial eminentemente punitivo, las reparaciones resultarían muy limitadas. Las restauraciones y reparaciones psicosociales correspondientes deben tener soporte en garantías y protecciones robustas en el marco de la legislación nacional vigente. 

Las reformas y actualizaciones del ordenamiento jurídico cubano siguen siendo temas pendientes que necesitan transformaciones y capacitaciones inmediatas desde operarios del Derecho y funcionarios de la Administración Pública. Los principales impactos en este sentido pueden derivarse de la participación y activismo político. Bajo estas presiones e influencias el Estado pudiera modificar su papel en función de descriminalizar las protestas pacíficas y reconocer las peticiones y demandas políticas urgentes.   

Exigir medidas de reparación de los daños existentes ante la institucionalidad cubana, buscar apoyos a estos reclamos en cortes de justicia internacional y exigir leyes a favor de la justicia y la paz, son acciones necesarias para la reconciliación nacional.

Reconstrucción de la memoria histórica

En el proceso de reconciliación se deben justipreciar los testimonios diversos de personas y grupos que relaten hechos de violencia, injusticia, censura, persecución y discriminación, en búsqueda de una posible reconstrucción de memoria histórica, sin afán de repertorio del desastre ni de evidencias de la necesidad de venganza, sino como necesidad de la nación de saber, comprender, hacer justicia y sanar.

La memoria histórica debe ser compuesta por análisis historiográficos, trabajos de prensa, investigaciones censuradas, programas de televisión olvidados o censurados en su momento de realización, películas censuradas, tanto de ficción como documentales, testimonios de personas y colectivos, archivos de organismos de la administración central del Estado, archivos fotográficos de personas e instituciones, que nunca hayan sido divulgados, información clasificada que oculte violaciones de derechos humanos, procesos de remoción de figuras importantes de la política cubana de la etapa revolucionaria, procesos penales a figuras trascendentales del mismo período, testimonios de individuos, relatos familiares sobre los procesos masivos de emigración desde Cuba en 1965, 1980, 1994 y años posteriores.

Se podrá organizar un sistema de recogida de datos para la reconstrucción de la memoria histórica, que incluya cualquier etapa de la historia nacional, pero que haga hincapié en los últimos sesenta años.

Este sistema brindará asistencia a personas que quieran contar sus historias y recogerá evidencias sobre estos testimonios, archivándose de forma digital todo lo que se recopile.

El proceso de rescate de la memoria histórica debe incluir la recogida de información producida por emisoras de radio, como entrevistas, programas especializados, reportajes, con el mismo afán que hemos expuesto.

Es muy importante la memoria de las instituciones educativas, sobre todo universidades, en busca de información sobre procesos políticos y sus consecuencias dentro de sus ámbitos.

El rescate de la memoria histórica tiene como objetivo establecer un punto de partida para la reconciliación que no arrastre consigo el olvido, la tergiversación, el odio infundado, los prejuicios de clase, el desconocimiento sobre figuras históricas, la interpretación equivocada de momentos de la historia cubana.

Este proceso podría ayudar a enriquecer los conocimientos del pueblo cubano sobre los aportes de todos los momentos de la historia patria a nuestra nación y nacionalidad.

De la misma manera este rescate de memoria histórica debe hacer justicia a grupos y personas discriminadas también en el ejercicio historiográfico, como las mujeres, los esclavos y esclavas, las personas de piel negra después de la abolición de la esclavitud, los emigrantes, las mujeres dedicadas a los trabajos domésticos y de cuidados; las mujeres y hombres dedicadas a la vida religiosa, como sacerdotes, pastores, monjas, etcétera; las personas derrotadas en los procesos de guerra en el siglo XIX y en el XX, los presos políticos, los presos comunes; los miembros de partidos o grupos de oposición, legales o ilegales; personas con diversa identidad de género y con diversas orientaciones sexuales, enfermos y enfermas mentales, personas dedicadas a la prostitución, todo esto con mirada decolonial y tomando en cuenta historias oficiales y de vida.

El rescate de la memoria histórica debe permitir una visión panorámica más justa, diversa, inclusiva y realista de la cultura cubana, que alivie la obsesión por el triunfalismo, el chovinismo y el revanchismo. En un contexto así se podrá propiciar un diálogo más sosegado, respetuoso, constructivo, sobre un ambiente menos enrarecido y desconocido, con más verdades expuestas y comprendidas, con más mentiras expuestas y comprendidas.

[1] Arévalo, L.: “Atención y reparación psicosocial en contextos de violencia sociopolítica; una mirada reflexiva”. En Revista de Estudios Sociales, No. 36, 2010, pp. 29-39. 

[2] Demandas puntuales sobre derechos en materia de género, temas raciales, religiosos, derechos LGBTIQ, temas medioambientales y de protección animal, junto a derechos políticos.  

[3] Arévalo, L.: Ob. cit.

[4] Zubero, I.: “Victimarios y víctimas de la violencia: Los nuevos escenarios de la violencia”. En Camino para la acción y educación para la paz en el 40 aniversario de Pacem in terris. Madrid, Instituto social León XIII, 2003.

[5] Lira, E., Becker, D. y Castillo, M.I.: “Psicoterapia de víctimas de la represión política bajo la dictadura: un desafío terapéutico, teórico y político”. En Todo es según el dolor con el que se mire, Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, 1989.  

[6] Arévalo, L.: Ob. cit.

[7] Arévalo, L.: Ob. cit.