La noción de Derechos Humanos y la propia existencia de una nación cohesionada no son abstracciones etéreas. Su vitalidad reside en la capacidad concreta de una sociedad para garantizar la reproducción cotidiana de sus miembros, especialmente en aquellas esferas donde el esfuerzo individual o la solidaridad aislada resultan insuficientes. El texto que nos ocupa ilumina con claridad esta verdad fundamental en relación con un eventual rediseño el pacto social en Cuba.

Resulta indispensable rediseñar profundamente el modelo de bienestar y protección social. Se aboga por una redistribución inteligente de funciones y atribuciones entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad civil. Este llamado de atención contra el hiperestatalismo no implica una renuncia al rol fundamental del Estado, sino una búsqueda de gobernanza colaborativa, donde la gestión del bienestar y el cuidado social se articule a través de acuerdos solidarios de corresponsabilidad entre múltiples actores y esferas.

Esta visión se traduce en propuestas concretas y urgentes. En el ámbito de la salud, se defiende un acceso universal a una atención integral, incluyendo la prevención, a través de un sistema plural de instituciones y el avance constante de la ciencia y la industria médica. La coexistencia de la medicina privada, bajo una regulación estatal que incorpore un sistema de seguros médicos obligatorio con diversas coberturas adaptadas a la realidad económica, se presenta como una vía para ampliar el acceso y la calidad.

La política medioambiental se concibe como un imperativo basado en la evidencia científica, los principios del derecho ambiental y la participación ciudadana, impulsando un ambicioso programa de “cambio verde” y la adopción de energías limpias. Ante la creciente vulnerabilidad a las catástrofes, se subraya la necesidad de una Defensa Civil robusta, con recursos garantizados y una coordinación eficaz para responder a emergencias de diversa índole.

La protección de los más vulnerables se erige como un pilar fundamental. Esto incluye el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, la atención a las personas con discapacidad, el cuidado de los adultos mayores y la lucha contra la violencia de género. Se explicita la obligación de proteger a aquellos que, por su condición, no pueden trabajar ni cuentan con apoyo familiar. Asimismo, se plantea la crucial tarea de rediseñar e integrar las políticas sociales para garantizar el derecho al cuidado y, simultáneamente, proteger a quienes lo brindan, ya sea de forma remunerada o no.

La sostenibilidad de esta política se aborda con la propuesta de reformar integralmente el sistema de pensiones y seguridad social. Se aboga por la creación gradual de una reserva invertida productivamente para mejorar las pensiones actuales, y por la incorporación de representantes de trabajadores y empleadores en la administración de la seguridad social, otorgándoles roles claros y definidos por ley.

Destaca también la necesidad de desarrollar políticas demográficas que aborden los complejos desafíos del envejecimiento poblacional y el aumento de las migraciones internacionales, entendiendo que la dinámica demográfica es un factor crucial para la sostenibilidad del bienestar y la cohesión social.

En fin, urge un pacto social donde la responsabilidad del bienestar colectivo se comparte, donde la gestión se descentraliza y se abre a la participación de múltiples actores, y donde la protección de los derechos y la dignidad humana se cimienta en una red sólida y diversificada de instituciones y políticas.

La construcción de una nación justa y próspera en el siglo XXI exige este cambio de paradigma, un rediseño valiente y colaborativo de nuestro modelo de convivencia y protección social.