A continuación, publicamos el acápite sobre hoja de ruta para la reconciliación nacional del Informe del Centro de Estudios Cuba Próxima, de 2021, titulado Cuba: reconciliación y futuro. Propuesta de Informe sobre la Reconciliación Nacional en Cuba, autoría de Juliette Fernández Estrada, Lilian Rosa Burgos Martínez, Julio Antonio Fernández Estrada y Michel Fernández Pérez (coordinador).  

De cara a un proceso de reconciliación en Cuba es posible esbozar diferentes escenarios que plantearían diversos caminos para el logro del mismo objetivo.

El proceso de reconciliación nacional, para que pueda implementarse plenamente, requiere de la voluntad del Estado. En todos los procesos de este tipo que hemos estudiado los gobiernos los asumen como parte de sus programas políticos. En el caso cubano el gobierno actual no reconoce siquiera la necesidad de este proceso, por tanto, no va a implementar regulaciones o políticas en este sentido. Ante esa negativa del gobierno, el mejor camino para iniciar el proceso es comenzar la reconciliación con los actores de la sociedad civil cubana que deseen incorporarse al proceso.

En este primer escenario los grupos de la sociedad civil crearán las bases para la futura reconciliación una vez que se produzca un cambio en la orientación del gobierno sobre este tema. Si tenemos en cuenta lo dicho con anterioridad, es casi imposible que el actual gobierno, basado en el modelo de partido único y no reconocimiento de la pluralidad política, se incorpore en este camino; aunque tampoco se deben cerrar las puertas, ya que, producto de las presiones sociales o contradicciones dentro del grupo dominante, pudiera darse el caso, remoto pero no imposible, del inicio de la reconciliación nacional dentro del régimen actual. En este caso un elemento clave debe ser evitar que el proceso se convierta en un performance para obviar la responsabilidad del gobierno y que se mantenga la falta de libertades públicas y de democracia. 

Dentro de los escenarios posibles para el proceso de reconciliación hemos previsto tres. El primero y más probable, como se mencionó, es comenzar el proceso a lo interno de la sociedad civil cubana, sin participación oficial del gobierno u organizaciones subordinadas a este. El segundo escenario consistiría en que se produzcan simultáneamente un proceso de apertura política, con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de acuerdo a los estándares internacionales, y el proceso de reconciliación. En el tercer escenario el proceso de reconciliación se realizaría con posterioridad a una transición democrática en Cuba, en la que desde los nuevos poderes establecidos se lanzaría el proceso de reconciliación nacional. 

Primer escenario 

En este primer escenario se sentarán las bases para una futura reconciliación con la participación del gobierno cubano, para ello la sociedad civil cubana identificará los mecanismos necesarios para la reconciliación nacional y la reconstrucción de la memoria histórica. Cuba Próxima actuará como facilitador y organizador del proceso. En este sentido se sugieren las siguientes acciones:

1- Llamado a los actores de la sociedad civil cubana para iniciar la preparación del proceso de reconciliación.

2- Identificación de los actores que han respondido al llamado, incorporación de nuevos actores.

3- Creación de mecanismos de comunicación entre los diferentes actores implicados.

4- Establecimiento de mesas de diálogo y espacios de debate sobre el alcance y los propósitos de la reconciliación.

5- Discusión sobre la creación de leyes para la reconciliación, creación de la Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica; mecanismos de justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas. 

6- Sistematización de los hechos que necesitan ser parte del proceso.

Segundo y tercer escenarios 

El segundo escenario es el que más retos presenta, ya que puede suceder que se instrumentalice el proceso de reconciliación en línea con los intereses del grupo en el poder en Cuba, que necesita buscar nuevas fuentes de legitimación. En este escenario las posibilidades objetivas de Cuba Próxima son más limitadas que en el primer escenario, puesto que el proceso dependerá de las decisiones políticas. En este sentido las acciones se enfocan principalmente en proponer las vías más apropiadas para el proceso de reconciliación e intentar ser garante para alcanzar resultados que no repitan la supresión de un grupo político por otro. 

El tercer escenario parte del presupuesto de que ya está constituido un sistema de gobierno que garantiza el pluralismo político, la competencia electoral de los diferentes actores políticos y están garantizados los derechos civiles y políticos de todas las personas de acuerdo con los estándares internacionales. Este sería el escenario más favorable para la implementación del proceso de reconciliación, pero pueden presentarse obstáculos tales como que el partido o grupo político en el poder sea heredero del actual partido comunista cubano y no le interese este proceso, o que el partido en el poder priorice otras políticas sobre la reconciliación.  

En estos dos escenarios las propuestas de acciones coinciden, ya que en ambos se parte de la participación del Estado, pero la implementación de estas es mucho más compleja en el segundo escenario que en el tercero. En este sentido las acciones sugeridas son las siguientes:

1- Proponer la aprobación de una ley que regule el proceso de reconciliación, la comisión de la verdad, la aplicación de la justicia, la reconstrucción de la memoria histórica, la reparación de los daños y la indemnización de las víctimas.  

2- Promover la incorporación de Cuba a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, haciendo especial énfasis en los que permiten el acceso de las personas a los mecanismos jurisdiccionales internacionales. 

3- Apoyar el trabajo de la Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica, velar por la composición equilibrada de la misma y que no responda directamente a los intereses del gobierno.

4- Verificar que no se excluyan actores del proceso y que no se repriman las personas y los grupos cuyas opiniones no coincidan con las del gobierno.