El anhelo de progreso y una vida más plena palpita con fuerza en cada cubano y cubana. Este deseo, tan fundamental como la respiración, clama por un sistema económico que lo alimente y lo impulse hacia adelante. Un modelo que reconozca la dignidad intrínseca del trabajo, ese motor que enciende el esfuerzo individual y colectivo, la chispa de la creatividad y los frutos legítimos cosechados bajo el amparo de la ley.

Durante demasiado tiempo, la promesa de un horizonte más brillante ha permanecido como un espejismo distante para muchos en Cuba. En este contexto, un modelo económico democrático sería no solo como una aspiración política, sino como una necesidad apremiante, un derecho inalienable de cada ciudadano a participar activamente en la edificación de su propio bienestar y el de su nación.

La piedra angular de este nuevo amanecer económico debería ser la reivindicación de la dignidad del trabajo en todas sus manifestaciones. Reconocer y recompensar de manera justa el esfuerzo, tanto individual como colectivo, lo que actuaría como un poderoso incentivo para la productividad y la innovación. Se liberaría así el vasto potencial creativo que reside latente en el corazón de la sociedad cubana. La creatividad, esa capacidad humana esencial para generar nuevas ideas y soluciones, debe erigirse como un pilar central, cultivada y respaldada para que florezca en cada rincón de la economía.

Los frutos que emanen de esta actividad económica deben ser percibidos como legítimos, siempre y cuando se obtengan dentro de un marco legal que sea transparente y equitativo para todos. La certeza jurídica y la igualdad de oportunidades resultarían condiciones sine qua non para establecer la confianza y estimular la inversión, tanto nacional como extranjera, en un entorno donde las reglas del juego sean claras y justas para cada participante.

Un modelo económico democrático y eficiente para Cuba implicaría, en su esencia, el empoderamiento de su ciudadanía. Significa proporcionar a cada cubano y cubana las herramientas y las libertades fundamentales para emprender sus propios proyectos, para desarrollar plenamente sus talentos y para participar activamente en la toma de decisiones económicas que impactan directamente sus vidas. Este proceso requiere una apertura gradual y meticulosamente planificada, que permita la coexistencia armoniosa de diversas formas de propiedad y gestión, fomentando una sana competencia y una asignación eficiente de los recursos disponibles.

Es innegable que este camino no estaría exento de desafíos significativos. La transición hacia una democracia económica demanda un diálogo constructivo, la búsqueda constante de consensos y la edificación de instituciones sólidas que garanticen la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas por parte de todos los actores y la protección efectiva de los derechos económicos individuales y colectivos. Sin embargo, la recompensa de una sociedad más próspera, más justa y con un abanico más amplio de oportunidades para todos los cubanos y cubanas bien vale cada esfuerzo por invertir en esta trascendental transformación.

El derecho al progreso y a una existencia mejor y más plena no es una concesión graciosa, sino un derecho humano fundamental. Un modelo económico democrático, cimentado en el valor intrínseco del trabajo, el impulso del esfuerzo, la efervescencia de la creatividad y la solidez de la legalidad representa el camino más firme y esperanzador hacia la realización plena de ese derecho para cada ciudadano de Cuba, abriendo las puertas a un futuro de esperanza y prosperidad genuinamente compartida.