Por Leonardo M. Fernández Otaño

La competencia política es una realidad reciente y aún en ensayo en pequeño en la vida de la ciudadanía en Cuba. Después de setenta años de autoritarismo de Estado, más aún cuando deben pensarse y establecerse las bases para una Cuba postotalitaria, este proceso de alternancia va esbozándose en space, debates y foros, aunque sin llegar a los poderes del Estado. Frente a esta limitante, los escenarios futuros para la participación política y electoral de la ciudadanía deben ser amplios, teniendo como común denominador el respeto al Estado de Derecho.

Para situar un marco de competencia política en la esfera pública insular, debe valorarse el contexto actual. En un intento por agrupar posturas, tendencias, características ideológicas y articulaciones cívicas, se ha realizado la siguiente estructuración del campo político: en un primer bloque tenemos al oficialismo, dividido en dos posturas, visibles por las grietas que han permitido a los analistas descifrar el complejo intríngulis del aparato del poder en Cuba. En un segmento se encuentra el núcleo conservador, integrado por los criterios estalinistas y antirreformas. En la contraparte se encuentra un grupo reformista y tecnocrático, que pretende hacer concesiones cosméticas a fin de lograr un acercamiento con el gobierno estadounidense, que permita fortalecer el deprimido tejido empresarial, en especial la actividad económica de Gaesa.

En un segundo segmento, diverso en cuanto a su composición ideológica y su genoma asociativo, se sitúan las diversas organizaciones que integran la sociedad civil, aglutinadas en torno a diversas agendas por la conquista de derechos. La composición de estos colectivos nos evidencia el alto nivel de complejización-compartimentación de la sociedad civil contemporánea en Cuba. De igual modo debe puntualizarse que en las circunstancias actuales este segmento sociopolítico vive un proceso de repliegue, caracterizado por el alto costo represivo del ciclo cívico 2019-2021: el estallido social de julio de 2021 y el alto número de presos políticos, el exilio de importantes voces dentro del activismo y la marcha del 15 de noviembre, así como la consiguiente crisis de la plataforma Archipiélago.

Un tercer bloque está compuesto por organizaciones políticas opositoras, que absorben en muchos casos las estructuras de los partidos políticos, observándose un predominio del posicionamiento hacia la centroderecha o la derecha. En otro grupo deben ubicarse varios sectores asentados en la diáspora o en una ciudadanía silente, que en cuanto a la participación en el espacio público se sitúan a la extrema derecha, así como los miles de seguidores de los youtubers, destacando en particular el caso de Alexander Otaola.

En este escenario, atravesado por la crisis y supervivencia del Estado totalitario, nos planteamos un grupo de elementos indispensables para el desarrollo de la competencia política en un futuro marco democrático. En primer lugar, el futuro arco asociativo debe evitar el desarrollo del clientelismo político ―fenómeno presente en las realidades electorales regionales desde la segunda mitad del siglo xix y al cual Cuba llegó con mayor intensidad en los inicios de la vida republicana―, que deforma la salud democrática del Estado y condiciona el fortalecimiento del bienestar ciudadano, al preferirse la burocracia electoral y proselitista por encima del empleo seguro, en la mayoría de los casos ciudadanos con altos niveles formativos.

Otro elemento que se heredará del Estado totalitario es el empobrecimiento de las comunidades vulnerables. Sería indispensable para las fuerzas políticas tener proyectos serios y consensuados en torno al enfrentamiento a la pobreza en los barrios. Pero esta estrategia no debe depender de las alternancias políticas, menos aún ser objeto de instrumentalizaciones, pues en los diversos escenarios, comenzando por el cubano, se ha demostrado que se convierten en manipulaciones discursivas que desembocan en formas de gestión populista.

Otra condición esencial para una sana competencia política se basa en el respeto de las instituciones judiciales del Estado, evitando la colonización de los cargos por parte de las entidades partidistas, en especial en la impartición de justicia a la ciudadanía, así como en la auditación del poder ejecutivo. La convocatoria a una Comisión de la Verdad, que aglutine a los diversos sectores de la sociedad civil que han acompañado la violencia de Estado, debe ser un consenso de los sectores que participen en la futura competencia política, pues esta estructura es necesaria para favorecer un proceso de reconciliación nacional, así como para la reparación de las víctimas de la represión y las diversas violencias ejercidas por el Estado.

Otro elemento que generaría una profunda polémica y nuclearía fuerzas electorales en los diferentes grupos políticos desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha sería las políticas en favor de los derechos de las minorías descartadas por el autoritarismo. Este aspecto debe ayudar a entender que, en el caso cubano, la competencia política debe estar asociada a la memoria histórica, no como recurso de anquilosamiento o hiperideologización, sino como opción para la legislación en favor de grupos que necesitan tener goce pleno de otros derechos que ya posee el conjunto de la ciudadanía.

En Cuba se necesitan opciones políticas amplias que respondan a los intereses de la ciudadanía, que acompañen su proceso de repolitización, desarrollen políticas públicas transparentes y actúen de manera consciente frente a las sucesivas embestidas populistas, adecentando el ejercicio de la política sobre el respeto a los derechos humanos fundamentales y al hilo democrático que se establezca en el país.