A continuación, publicamos el acápite sobre sujetos de la reconciliación del Informe del Centro de Estudios Cuba Próxima, de 2021, titulado Cuba: reconciliación y futuro. Propuesta de Informe sobre la Reconciliación Nacional en Cuba, autoría de Juliette Fernández Estrada, Lilian Rosa Burgos Martínez, Julio Antonio Fernández Estrada y Michel Fernández Pérez (coordinador).   

Los sujetos de la reconciliación nacional en Cuba deben ser los necesitados de ese proceso, es decir, las instituciones, organismos, entes, asociaciones, sociedades, clubes, fundaciones, institutos, centros, Iglesias, cofradías, grupos, movimientos, colectivos, comunidades, organizaciones sociales y de masas, organizaciones políticas consideradas ilícitas, de la sociedad civil y del Estado, que, junto a personas naturales que tengan presencia individual en el escenario de diálogo, tengan el interés de entrar en un proceso de reconciliación, con sus implicaciones éticas, temporales, procedimentales, logísticas y jurídicas.

Los sujetos de la reconciliación no deberían censurarse de antemano sino por reglas y principios producidos en el mismo proceso de diálogo, por lo tanto, nunca de forma autoritaria ni impuesta por el estatus quo que produce el contexto de necesidad de reconciliación.

La ilicitud de grupos, partidos, establecida por el Estado actual, debe ser considerada como un punto de arrancada para fortalecer el análisis precisamente sobre esos actores que no han contado con protección jurídica en el orden institucional vigente.

Los sujetos de la reconciliación deben mantener una postura de respeto a los instrumentos internacionales de Naciones Unidas sobre derechos humanos y no participarán del diálogo desde posturas ortodoxas sino abiertos a la discusión.

No se fomentará la participación de sujetos con discursos de odio de cualquier ideología, con mensajes de exclusión, discriminación, denigrantes de la dignidad individual o colectiva de personas, grupos o colectivos.

Quiénes se van a reconciliar y cómo lo harán

Estado, gobierno y partido

En el proceso de reconciliación el Estado puede estar representado por funcionarios o directivos de organismos de su administración central y cuadros de todos los niveles del Poder Popular, siempre que su voluntad, como la del resto de los actores del diálogo, sea recorrer juntos y en un ambiente de respeto un camino hacia una posible reconciliación.

Sería idóneo que el Estado esté representado en el proceso de diálogo por diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, miembros del Consejo de Estado y delegados y delegadas del Poder Popular, municipal y provincial. 

Es muy importante que los sujetos que representen al Estado no provengan solo de las instancias centrales del poder sino desde las instancias locales, incluidos líderes de Consejos Populares y líderes comunitarios relacionados directamente con programas estatales.

Los representantes del gobierno deben provenir del Consejo de Ministros y de las instancias locales de gobierno como las Intendencias, además de que los ministerios e institutos homólogos que se consideren sujetos imprescindibles del proceso de reconciliación deben tener representación propia.

Los representantes del partido deben ser funcionarios del Comité Central, del Buró Político o de los Comités provinciales y municipales de distintos lugares del país, porque la militancia puede ser representada de forma separada a estas estructuras de dirección, por su distinto sentido y peso en el sistema político.

Sería ideal que las distintas oficinas en las que se divide el trabajo del Comité Central del PCC estén presentes mediante representantes en el proceso de reconciliación porque han jugado un papel fundamental en las relaciones entre Estado, gobierno, partido y sociedad civil, desde hace décadas.

Será objetivo del proceso de diálogo, dilucidar mediante hechos, evidencias, testimonios, ejemplos, la forma real en que se ha desarrollado el entramado del poder, las relaciones concretas entre Estado, gobierno, partido y sociedad civil en los últimos sesenta años.

Sociedad civil, partidos de oposición, organizaciones y grupos reconocidos o no, Iglesias

El dilema de qué es la sociedad civil cubana o quiénes la conforman, debe quedar zanjado en este proceso de reconciliación, que debe partir de la asunción de una sociedad civil inclusiva y no discriminatoria, es decir, que asuma las organizaciones reconocidas por el Estado desde el triunfo de la revolución, en 1959, y que acepte las formas de asociación reconocidas por la Ley de Asociaciones de 1985, más todas las formas de organización no legalizadas que han actuado en Cuba o fuera de Cuba, bajo objetivos legítimos de carácter cultural, político, económico, periodístico, deportivo, o cualquier otro. 

No se considerarán entes de la sociedad civil cubana organizaciones o grupos, que, dentro o fuera del país, se dispongan o se hayan dispuesto a realizar actos contrarios a la dignidad humana, la paz y los derechos humanos.

La sociedad civil cubana se entenderá compuesta, también, por organizaciones religiosas, formas empresariales no estatales, cooperativas, brigadas de trabajo, familias e Iglesias de todo tipo, reconocidas o no por la ley, siempre que cumplan con los parámetros de no violación de derechos humanos, dignidad humana y la paz.

En el proceso de diálogo se usarán como principios los valores del laicismo, que permiten atender con la misma consideración a Iglesias tradicionales con fuerte presencia en el país y a cultos y organizaciones religiosas de menos recorrido, pero de suficiente relevancia en la sociedad civil.

Ningún sujeto que participe en el diálogo hacia la reconciliación puede anular a otro por razones ideológicas, políticas, de origen regional, o por su situación migratoria o su desempeño, en algún momento, en algún cargo o responsabilidad oficial.

Papel del Estado

El proceso de reconciliación debe ser diseñado para la participación más amplia posible de actores interesados en el diálogo, por lo que la presencia del Estado es importante, pero existe la posibilidad de que sus funcionarios, directivos u organismos no quieran formar parte, como política general o como decisión puntual de algunos de ellos.

En estos casos el proceso de diálogo debe asumir la visión del Estado y sus intereses como parte de las discusiones, análisis y acuerdos. Se trata de no anular, aun en esta coyuntura, los puntos de vista y los valores que han caracterizado la actuación estatal durante décadas, lo que significaría un esfuerzo mayor en la resolución de los conflictos o en la proposición de soluciones a las contradicciones históricas y del presente.

Es fundamental en el proceso de diálogo hacia la reconciliación, no arrastrar el error histórico, que ha formado parte de los discursos oficiales de divulgación y de la propaganda política ideológica, de confundir o igualar los conceptos y los sujetos que forman parte del Estado, el gobierno y el partido.

Para el cumplimiento de este objetivo, proponemos un proceso de capacitación previo de todos los actores implicados, en talleres, cursos, conferencias, sobre el sentido ético, político, humano, filosófico, histórico, de la reconciliación en Cuba y sobre la metodología particular de este proceso, para establecer puntos de partida semejantes entre los sujetos que llevarán adelante el diálogo.

La metodología que se proponga debe prever situaciones tipo con participación estatal y sin ella, para adelantarse a contextos en los cuales estén activos los representantes oficiales o no.

En estos talleres debe ser fundamental la discusión sobre qué es nación, nacionalidad, ciudadanía, emigración, Estado, gobierno, partido, régimen político, sistema y forma de gobierno, y otros conceptos y categorías básicos de la teoría del Estado y la teoría política.

Reconciliación dentro de la sociedad civil

El proceso de diálogo debe desarrollase, también, hacia el interior de la sociedad civil cubana, no solo entre esta y el Estado, el gobierno y el partido.

La sociedad civil cubana es tan diversa como cualquier otra, por lo que es de esperarse que dentro de ella se encuentren más conflictos e incomprensiones que en la relación entre ella y las estructuras del sistema político.

Es muy importante establecer un camino que permita igualar en la mesa de diálogo a los actores de la sociedad civil que han sido permitidos por el Estado, y a los que no lo han sido por más de cincuenta años, lo que propiciará un ambiente de encuentro y reconocimiento mutuo.

En este diálogo, nuevamente, es necesario desnudar los prejuicios que han alimentado las contradicciones durante tanto tiempo, para concentrar los esfuerzos en los verdaderos puntos de conflicto.