Sobre el 11-J responde a Cuba Próxima Elaine Acosta González, socióloga, doctorada en Estudios Internacionales e Interculturales, magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, y directora ejecutiva de Cuido60-Observatorio sobre Envejecimiento, cuidados y derechos.
1- ¿Cuál ha sido el significado de las protestas del 11-J para Cuba y el gobierno?
El domingo 11 de julio se vivió una jornada inédita. Inédita por su carácter masivo, espontáneo y de alcance nacional, teniendo en cuenta que se registraron protestas en prácticamente todo el país. A pesar de las lecturas parcializadas que se puedan hacer de los sucesos, lo cierto es que entre las muchas frases que se repitieron, algunas resonaron con más fuerza: ‘libertad”, “sí se puede” y “no tenemos miedo”, cuestión que indica, por un lado, el contenido político de los reclamos, y por otro, contrarresta la visión imperante de una ciudadanía pasiva, indiferente o despolitizada. En las últimas décadas ha emergido en la sociedad cubana un conjunto de nuevos actores con demandas y mecanismos de expresión y participación más desconectados del molde político tradicional, junto a un creciente desarrollo e influencia del periodismo “independiente”.
Lo que hemos presenciado significa también que las expresiones crecientes de descontento popular se han salido de las redes sociales y se han volcado a las calles, al unísono, evidenciando que el malestar social acumulado era profundo y transversal a la sociedad cubana y necesitaba otros canales de expresión. Estas protestas hay que leerlas también como un grito desesperado de las familias cubanas que llevan años sosteniendo con grandes sacrificios cotidianos la gestión triunfalista y soberbia de un gobierno, incapaz de reconocer sus errores y de escuchar los reclamos ciudadanos, siempre depositando las responsabilidades en terceros (el embargo, la indisciplina social, la burocracia, etc.). Estas protestas han sido una forma de hacer valer y escuchar los reclamos de una inmensa mayoría de la población que nadie escucha y que, la mayor parte del tiempo, quedan entrampados en una burocracia ineficiente y con crecientes grados de corrupción. La falta de respuesta al malestar social por parte del gobierno cubano y sus instituciones, la inmutabilidad del sistema político y su diseño institucional, el aumento de los mecanismos de represión y su mayor visibilización, han ido generando crecientes tensiones y mayores niveles de conflictividad social que han eclosionado el 11 de julio.
2- ¿Cuáles son las motivaciones y las causas del 11-J?
Las causas del 11-J son múltiples y hay que situarlas en distintos planos. Influyen elementos coyunturales, pero el carácter y repercusión de las jornadas de protestas sugieren motivaciones de un calado más profundo. Sin embargo, lo importante para lograr un análisis justo y balanceado es no simplificar las causas del 11J ni desmerecer en modo alguno el rol y la agencia de los cubanos y cubanas que, contra todo pronóstico, hicieron suyas las calles para hacer alzar su voz. Situándolas en un contexto más amplio, lo primero que cabe destacar es que las protestas aparecen en un escenario muy complejo de superposición de crisis. Son crisis, además, en todos los ámbitos, que desbordan con creces la crisis sanitaria generada por la pandemia y la gestión gubernamental de la misma, especialmente desacertada en los últimos meses.
Existían claras señales de agotamiento de un modelo de sociedad y del proyecto político, carente de políticas comprehensivas que se hicieran cargo de la complejidad de las múltiples crisis. Muchas de ellas no resueltas y agudizadas desde principios de los años 90, con intervalos de relativa mejoría. La economía de la isla ya se encontraba en una situación de máxima fragilidad y se habían usado las reservas y espacios de política fiscal para suavizar los impactos de la situación previa. La presencia de válvulas de escape como la migración, acrecentada significativamente en la última década con la creciente circularización y transnacionalización de los flujos, funcionó como un dispositivo importante de aplacamiento del descontento y resolución privada del malestar social, pero es una opción cada vez más limitada, compleja y de alto costo.
Las reformas gubernamentales propuestas desde el 2008, en las que se ha priorizado el ámbito económico, han sido lentas, inconclusas y regresivas en términos sociales. La Estrategia económica-social para enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, que el gobierno adopta a mediados del 2020, y la llamada Tarea de Ordenamiento, implementada el 1 de enero de 2021, son muestras de ello. El impacto de esta última en la vida de las personas ha sido altamente negativo, revelando una falta de correspondencia entre el incremento salarial y el aumento de precios. Van en la dirección contraria de lo que se supone debe ser una política social y económica en un contexto de crisis sanitaria, restringiendo aún más las posibilidades de obtención de medicinas y alimentos en la moneda en que se recibe el salario en Cuba.
Todo ello confirma y profundiza la tendencia hacia la reducción significativa en el gasto social producida en los últimos años y una retirada explícita del Estado de buena parte de los programas de asistencia. El enfoque ha cambiado hacia la focalización y familiarización de las políticas sociales, o sea, un traspaso hacia las familias de la gestión del bienestar. La creciente estratificación social y racial resultante de estos paquetes de medidas han sido una fuente de enorme frustración popular. La pandemia ha venido a reforzar el patrón de vulnerabilidad social en el país, que ha ampliado las poblaciones en riesgo. Todo esto obviamente agravado por el recrudecimiento de las medidas en torno al embargo, tomadas por la administración Trump y la falta de una estrategia de parte del gobierno cubano para minimizar su impacto.
La sociedad cubana venía mostrando síntomas de un malestar social creciente y latente, con sucesos y antecedentes previos de su agravamiento. Diferentes acciones, con mayor visibilidad y resonancia desde el gremio artístico, a las que suman acciones de reclamo popular desde las barriadas y sectores más empobrecidos (tomas de viviendas por mujeres, protestas en las calles por falta de agua o electricidad, etc.) o por las precarias condiciones de atención médica. El rol de la incipiente sociedad civil cubana hay que considerarlo también entre las múltiples causas del estallido social. El abanico de grupos y organizaciones de carácter independiente se ha ampliado, pese a las enormes restricciones. Se ha conformado una serie de grupos en torno a muy diversas demandas, ya sea en defensa de los animales, en contra de la violencia de género, los derechos de la comunidad LGBT, entre otros. El tejido asociativo y su capacidad de agencia ha crecido y se ha diversificado. Cada uno de estos grupos con demandas específicas y sectoriales, ha ido creciendo en visibilidad y presencia, especialmente a través del uso de redes sociales, y con ello disputando espacios al gobierno.
El mayor acceso a las redes sociales que, aunque sigue siendo altamente costoso, ha permitido también a estos grupos de la sociedad civil poder denunciar y exigir derechos, así como visibilizar su trabajo e incidir en el posicionamiento de ciertos temas en la esfera pública. Esto ha sido posible también gracias al trabajo de la prensa independiente y el rol de los periodistas independientes que han conformado un sistema de medios diverso y de interés cada vez mayor para la población cubana, frente a una prensa estatal triunfalista y anquilosada. Este trabajo, también ha sufrido un acoso permanente por las instituciones del Estado, vigilancia continua, encarcelamiento, pero, aun así, muchos se han mantenido visibilizando distintos problemas y articulando demandas. La fotografía del domingo 11 de julio amplifica y evidencia toda esa inconformidad latente y el aprendizaje social cívico, rompiendo el mito de que la disidencia es sectorial y vinculada a una élite ilustrada.
3- ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno cubano y su interpretación de estos sucesos?
La respuesta del gobierno ha sido lamentable y vergonzosa, ratificadora de su carácter autoritario. Ha sido más que evidente su accionar altamente represivo y criminalizador del derecho a la protesta y manifestación pacíficas. Es lo que claramente se interpreta de la reacción inicial del propio presidente Miguel Díaz-Canel cuando hace su primera alocución como una “orden” de “combate” y retomar la consigna de que “la calle es de los revolucionarios”.
Ha sido también una muestra de la distancia cada vez mayor que se ha establecido entre la cúpula gobernante y la ciudadanía, de su incapacidad de leer y comprender los cambios sociales y en la subjetividad que han venido ocurriendo en la sociedad cubana. El gobierno/partido ha evidenciado falta de voluntad política para gestionar con mínimos democráticos una sociedad en crisis y, en consecuencia, ha seguido comportándose como un padre autoritario que continúa infantilizando a la ciudadanía, desconfiando de su capacidad de agencia. En esta misma lógica, el gobierno no ha podido ofrecer una interpretación de los hechos que se salga del libreto “dominante”, por lo general dicotómico, con que se ha intentado deslegitimar el disenso desde los inicios del proyecto “revolucionario”.
La sociedad cubana ha experimentado una renovación de sus subjetividades y las élites políticas han sido incapaces de comprenderlas y gestionarlas políticamente. En los últimos años se ha conformado además una sociedad cubana transnacional, con todo el intercambio de bienes materiales y simbólicos que ello implica, lo que ha tenido un impacto significativo en los modos de ser, de ver el mundo, de pensar la sociedad de las cubanas y cubanos. Eso explica que los deseos y expectativas de la sociedad cubana, en su conjunto, con todas sus diversidades, vayan por un lado y que las políticas y procederes del gobierno vayan por otro.
4- El 11-J estremece la nación, devasta los frágiles soportes del inmovilismo oficial, desatada odios y coloca a Cuba al borde de una guerra civil; condición en la cual no debe permanecer el país. ¿Cómo deben actuar el gobierno, la oposición democrática y la sociedad civil para un cambio sociopolítico que además implique una reconciliación nacional?
En mi opinión, el 11-J establece un antes y un después en las lecturas, comprensiones y salidas a las múltiples crisis que atraviesa la sociedad cubana. Sin embargo, para que ello pueda traducirse en un proceso de cambios que facilite una transición a la democracia va a depender de muchos factores, entre ellos, de las capacidades y agencias que activemos como sociedad civil transnacional, de las alianzas que hagamos con actores internacionales, del rol de los medios de prensa, del accionar del propio gobierno cubano y, no menos importante, del de los Estados Unidos. Este es el inicio, sin dudas, de una nueva etapa, de maduración de la sociedad civil cubana, pero al mismo tiempo, de puesta a prueba de sus capacidades para enfrentar la represión y manipulación con la que está respondiendo el gobierno cubano a las protestas.
La transición hacia la democracia no la tenemos dada, no viene por manual, ni es resultado de un estallido social. Pueden existir otras salidas no necesariamente de camino a la democracia también, si es que el gobierno y los distintos actores no somos capaces de avanzar en una agenda mínima hacia dicha transición. De momento, está claro que el gobierno cubano no tiene ninguna voluntad de promover cambios que conduzcan hacia mejoras de distinta naturaleza. Antes bien, ha venido desplegando viejas fórmulas, efectivas en el pasado, para nuevos problemas.
Varios caminos están abiertos, con un conjunto infinito de obstáculos, y va a depender mucho de las capacidades, agencias y alianzas múltiples que se desplieguen, para que se abone a la reconstrucción del país y la elaboración de un nuevo pacto social. El presente es un listado, no exhaustivo, de propuestas, prioridades y caminos a tomar como resultado del estallido social del 11 de julio. Toma como premisa que se trata de un proceso de largo aliento, de cara a la búsqueda de soluciones para una salida pacífica del conflicto y la búsqueda de la ansiada transición a la democracia del país. En términos de temporalidades, considera propuestas de corto y mediano plazo, en los ámbitos político, jurídico, social y psicosocial.
En el corto plazo
Ámbito político
– Continuar con la visibilización y la denuncia internacional de lo sucedido y de las razones que lo motivaron.
– Constituir un grupo de trabajo/comisión, de carácter internacional (con expertos y líderes de la sociedad civil cubana transnacional) que trabaje en un análisis de la coyuntura y realice propuestas al gobierno cubano. Contar con participación de líderes internacionales, que puedan respaldar el trabajo y sirvan de “mediadores” con el gobierno cubano.
– Hacer una Relatoría de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas, con el fin de redactar un informe que se pueda presentar ante organismos internacionales y sea base del trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
– Simplificar los procedimientos migratorios (eliminando requisitos de visa para los cubanos que abandonaron el país antes de 1971, así como las prórrogas bianuales necesarias para mantener vigente el pasaporte a quienes emigraron con posterioridad a esa fecha).
Ámbito jurídico
– Apoyar el trabajo de búsqueda y liberación de detenidos/desaparecidos, así como de asesoría jurídica de las víctimas. Habilitar vías expeditas de asistencia jurídica a las víctimas.
– Visibilizar y documentar en los medios independientes el trabajo que estos grupos de asesoría jurídica están realizando. Dar a conocer en forma permanente y actualizada las listas de detenidos/desaparecidos.
Ámbito social
– Explorar y presionar al gobierno cubano en la apertura de vías más expeditas y accesibles para enviar ayuda humanitaria (medicamentos y alimentos) a la población cubana.
– Exigir al gobierno cubano dar pasos concretos para ampliar el acceso de la ayuda humanitaria de la comunidad transnacional cubana y no solo aquella que se ha autorizado en forma personal. Las Iglesias e instituciones vinculadas a la cooperación internacional podrían constituirse en un grupo de presión al respecto.
– Fortalecer las redes de ayuda y cooperación transnacional que actualmente existen y crear otras para canalizar las donaciones y envíos.
– Visibilización por parte de la prensa independiente de estas iniciativas y ayuda en la coordinación.
– Coordinar a organizaciones no gubernamentales de la isla para apoyar con la recepción y distribución de donaciones, garantizando que estas lleguen a las comunidades y sectores más vulnerables o marginados.
– Solicitar al gobierno cubano el incremento de los vuelos procedentes de Estados Unidos y la autorización del uso de la vía marítima para la transportación de ayuda humanitaria.
– Flexibilizar las medidas de cuarentena vigentes para viajeros con carné de vacunación y prueba de Covid-19 negativa, facilitando la permanencia en sus viviendas o lugares de destino durante el periodo establecido de aislamiento.
– Elaborar propuestas de ampliación de la asistencia social y hacer incidencia para que el gobierno las implemente.
– Apoyar y fortalecer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que tienen iniciativas o proyectos de asistencia social y atención a grupos vulnerables.
Ámbito psicosocial
– Proporcionar apoyo psicológico a las víctimas de las protestas.
– Potenciar y apoyar el trabajo de organizaciones no gubernamentales con foco en poblaciones específicas en situación de mayor vulnerabilidad, como Yosítecreo Cuba, que ya tienen experiencias en brindar apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.
– Crear/facilitar espacios de Mediación familiar para las familias fracturadas o en tensión como resultado de las protestas.
En el mediano plazo
– Elaborar una propuesta de Mesa de Diálogo (de carácter transnacional y con apoyo de la comunidad internacional) que considere la convocatoria para un Plebiscito Nacional y la constitución de una Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación.
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