¿Existe América Latina? Estudiosos de distintas disciplinas y orientaciones llevan siglos devanándose los sesos para demostrar o negar la existencia de una categoría capaz de abarcar la interminable extensión que va desde Río Bravo hasta Tierra de Fuego. ¿Es un continente? ¿Una unidad histórico-cultural? ¿O sólo un producto de la imaginación, un sueño inacabado, una meta por alcanzar?

Sea cual sea la respuesta, hay hilos rojos que unen a los distintos países. En este arraigado tejido, es posible identificar ciertos hilos subyacentes que trascienden las fronteras nacionales.

El principal, que concierne a todo el continente, más allá de la especificidad de las situaciones individuales, es la crisis de la democracia. Lo que la amenaza, en este comienzo de milenio, no son los golpes más o menos heterogéneos del siglo XX, sino algo que acecha en sus entrañas mismas. Es ahí, en los nudos no resueltos del proceso de democratización continental del siglo pasado -garantía universal de derechos civiles y políticos, pero no de derechos sociales, negados de la manera más brutal a grandes mayorías, y defensa a ultranza de las posiciones de renta, también en términos de impunidad, de élites intocables- donde ha crecido el Estado paralelo, con sus propias leyes –violentas- y organizaciones armadas.

Segundo Estado», lo llama la antropóloga argentina Rita Segato, imagen negativa del oficial, en el que una pujante economía ilegal -favorecida por la abundancia de una de las materias primas más rentables: la droga- crea activos de tal magnitud que los controles institucionales se vuelven insignificantes. Crimen organizado o narcos es el término mediático en boga que, sin embargo, corre el riesgo de confundir. Porque no es una realidad «distinta» al aparato institucional formal: nacido en su seno, ha logrado, año tras año, capturar trozos enteros del mismo. Por eso, la delincuencia en América Latina no es tanto una cuestión de seguridad como de democracia. Y es precisamente la supuesta lucha contra los narcos -las distintas «guerras contra las drogas»- la que acaba convirtiéndose en un instrumento de legitimación de nuevos autoritarismos.

Es el caso de El Salvador con el «populismo punitivista» de Nayib Bukele, centrado en una lucha contra las pandillas o maras llevada a cabo con mano de hierro -encarcelamientos masivos y estado de excepción-, una gestión poco transparente de los asuntos públicos y la limitación de las libertades civiles y políticas. En menos de dos años, en virtud de leyes especiales, las autoridades han encarcelado a 72 mil personas sin pasar por los tribunales. Con 96.000 personas entre rejas, El Salvador tiene ahora el mayor número de presos del mundo. Paralelamente, Bukele restringió los poderes del Parlamento, acosó a los medios de comunicación independientes y se hizo con el control del poder judicial eliminando a los togados incómodos. Al final, obtuvo luz verde de un «manso» Tribunal Superior para presentarse a un segundo mandato, a pesar de la prohibición explícita de la Constitución. Y volvió a ganar en unas elecciones libres y competitivas, pero lo celebró después de haber torcido las reglas institucionales. Esta es la paradoja de estas nuevas «democracias autoritarias».

Y, sin embargo, el ‘método Bukele’ está marcando la pauta, desde Honduras a Ecuador, pasando por Argentina. El estafador Daniel Naboa declaró el ‘conflicto interno’ en Quito y desplegó el ejército contra los narcos con un coste de mil millones de dólares. El ultraconservador Javier Milei -que redujo la inflación a un máximo histórico con recortes draconianos en el gasto público, reduciendo la pobreza al 50%- quiere hacer lo mismo en Argentina. Sin embargo, ambos se han cuidado de señalar al «duro» Bukele como su modelo.

El salvadoreño también ha inspirado la política de la progresista hondureña Xiomara Castro, que hasta ahora ha gastado garantías constitucionales en 120 comunidades. En Colombia, Chile y Costa Rica se multiplican los políticos que se montan en la narco guerra para ganar consenso. La consigna, en definitiva, se ha convertido en el equivalente latinoamericano de los muros antinmigrantes, cuyo efecto electoral es inversamente proporcional al real. Sobre todo, en un escenario de bajo crecimiento en el Continente: 2,4 por ciento, menos que el promedio mundial.

En 2023, América Latina recuperó su nivel de renta pre-Covid. Sobre los hombros del Continente pesa como un peñasco el peso de la desigualdad, que sigue siendo la más alta del planeta. Como señala Cepal, el organismo de vigilancia regional de la ONU: el índice de Gini -que mide la desigualdad- es un 15% superior al de África, el segundo más alto. La desigualdad y la violencia alimentan la migración: casi 137.000 personas pidieron asilo en México en 2023, una cifra sin precedentes. Muchas más, 1,7 millones, se fueron a Estados Unidos. Otro medio millón -el 22% mujeres y niños- atravesaron la selva colombiana del Darién desde el sur del continente.

Brasil es la excepción que confirma la regla. El gigante del sur no sólo está experimentando una explotación que le ha llevado a convertirse en la novena economía mundial. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también privilegia el papel de la policía para garantizar la seguridad interna. No tanto por razones idealistas, sino por desconfianza hacia las fuerzas armadas, tras el fallido asalto a la sede de las instituciones el 6 de enero.

Un signo de esperanza nos llega de Guatemala, donde el liberal progresista Bernardo Arévalo consiguió desbaratar un sistema de poder cimentado en la corrupción y ganar la presidencia gracias a la excepcional movilización ciudadana. Un hecho insólito en una América Latina en recesión democrática.