Para avanzar hacia la libertad y el bienestar en Cuba, se requerirá una reforma constitucional transitoria. Esto se haría necesario en un escenario de distensión que permita una mayor participación sociopolítica a nivel nacional, incorporando una interpretación amplia de los Derechos Humanos. De esta manera, se posibilitaría la liberación de los presos políticos y la garantía de derechos fundamentales como la libertad de expresión (incluyendo el acceso y la divulgación de información pública y la libertad de prensa), de movimiento, reunión, manifestación y asociación. Asimismo, se necesitaría una legislación empresarial y comercial que establezca un modelo económico eficaz y eficiente, junto con una Ley Electoral provisional —quizás de aplicación única— que permita el acceso de una ciudadanía plural a las instituciones públicas de representación, en un contexto que aún carece de instituciones y reglas democráticas sólidas.

Los representantes que resulten electos en este proceso transitorio deberán desarrollar la legislación necesaria para estos derechos y establecer las condiciones sociales, económicas y políticas que contribuyan a la estabilidad del país. Igualmente, deberán consolidar las bases jurídicas, institucionales, cívicas, culturales e intelectuales para la convocatoria de un proceso constituyente.

Estas autoridades no actuarían como una simple comisión electoral encargada de organizar elecciones en un plazo breve y sin las condiciones adecuadas. Su mandato consistiría en estabilizar el país —posiblemente durante un período de unos tres años— y preparar el terreno para que una sociedad civil y política fortalecida pueda establecer la Cuba deseada.

Para llevar a cabo estas tareas, será imprescindible ajustar el marco constitucional vigente. De lo contrario, resultaría imposible afrontar estos desafíos. La actual Constitución de 2019 presenta carencias, contradicciones e impedimentos para garantizar los derechos fundamentales, el imperio de la Ley, la democracia política, las elecciones libres y la transparencia pública. En este sentido, el nuevo Parlamento debería modificar selectivamente la actual Ley de leyes a través de una reforma democrática. Sin embargo, esta reforma sería un punto de partida provisional para desarrollar la sociedad civil y política, así como las condiciones sociales y políticas necesarias que conduzcan a un proceso constituyente en el que el pueblo defina el país que anhela.

De este modo, se transitaría hacia una asamblea constituyente auténtica y prometedora, con la participación de todos los sectores socioeconómicos y las diversas posiciones políticas, basada en dinámicas libres, plurales y democráticas, de diálogo y concertación genuinos. Esta asamblea tendría la responsabilidad de establecer —además de la nueva Constitución— una nueva Ley Electoral que, una vez aprobada la Carta Magna, convoque a elecciones generales de acuerdo con la voluntad del pueblo soberano.

Entre las modificaciones propuestas, la relativa al carácter socialista de la Constitución está protegida por el artículo 229, que impide su modificación. Por esta razón, la única vía legítima para remover esta protección especial es mediante la expresión concreta de la voluntad popular en ejercicio del poder constituyente originario, consultando al pueblo en referendo sobre esta propuesta. En este mismo referendo, se debería incluir otra pregunta sobre si se está de acuerdo con la realización de un proceso constituyente con la participación de todas las fuerzas políticas para ofrecer al país una nueva constitución.

De esta forma, los representantes electos bajo la nueva ley electoral provisional podrían trabajar en la preparación de las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso constituyente. Con este propósito, “Cuba Próxima” ofrece este borrador de modificaciones a la actual Constitución de 2019, para que sea considerado por un Parlamento democrático con el fin de asegurar un marco legal fundamental provisional que facilite esta transición.