La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos. José Martí

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La crisis del nacionalismo cubano en la «era Trump» 2.0

Frente a las amenazas de agresión externa y el carácter moribundo de un proyecto «socialista burocrático» fracasado, a la vigente generación de cubanos le corresponde el desafío de garantizar las mayores cuotas de independencia, justicia e igualdad, ante las maniobras de sujetos políticos y empresariales (nacionales o extranjeros), que pretenden imponer una agenda oligárquica, ajena a los intereses democráticos y soberanos de la voluntad popular.

16 Nov 2026
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Imagen @ MSM

La llegada al poder en enero de 2025 del presidente Donald J. Trump a la Casa Blanca, marcó el principio de una arremetida feroz de sanciones económicas sin precedentes, en la intensidad y multidimensionalidad de la historia posrevolucionaria cubana. La nueva escalada tuvo como base las más de 243 medidas coercitivas implementadas durante la administración precedente del magnate empresarial (2017-2021), a las cuales se incorporaron los novedosos ataques a la infraestructura energética, las misiones médicas en el exterior y la industria hotelera del país.

El mandatario republicano propone una doctrina de seguridad consagrada a reforzar su control hemisférico en la región, al tiempo que pretende contrarrestar las influencias de Rusia y China como competidores directos en el área geográfica. A criterio de expertos internacionales, esta decisión se debe a la pérdida de capital político, comercial y financiero en espacios importantes de disputa como Europa, Asia y Oriente Medio, así como a la pérdida de confiabilidad del dólar estadounidense como moneda de transacción internacional.

En este contexto, revive con fuerza el discurso histórico anticomunista como reserva de movilización de la base conservadora trumpista y el ascenso de una narrativa populista de extrema derecha, asociada a imaginarios neofascistas que arremeten contra los ideales de igualdad, sectores excluidos, instituciones multilaterales de seguridad global, organismos internacionales de derechos humanos e incluso, los principios democráticos que sustentan el Estado de Derecho.

Ante la evidente reconfiguración de la economía mundial, la Mayor de las Antillas se encuentra inserta en medio de un complejo contexto geopolítico que la convierte en espacio de conflicto con la mayor potencia del hemisferio. Este diferendo es entendido por sociólogos e intelectuales como uno de los últimos reductos de la «guerra fría», dada la permanencia de políticas cuyos orígenes se remontan a esa época histórica. Sin embargo, la complejidad de las relaciones predominantes entre ambos países, resultan precedentes a la fundación del Estado cubano en 1902, debido a la intervención estadounidense en la última guerra independentista de la Isla contra el régimen colonial español (1895-1898), luego de varias décadas de no reconocimiento a la beligerancia revolucionaria en sus esfuerzos de liberación nacional.

Las sanciones económicas como política imperial genocida contra el pueblo cubano

La historia evidencia que los Estados Unidos no movilizan el despliegue de sus fuerzas militares para la defensa de valores como la democracia, las libertades civiles o el respeto a los derechos humanos. En cambio, las razones que motivan la participación de sus tropas en operaciones de combate, se encuentran signadas por intereses estratégicos que demandan la aprobación del complejo militar-industrial, sus principales medios de prensa y los poderes formales del Estado, fundamentalmente el aparato legislativo, en caso de existir una «declaración de guerra».

Dicho lo anterior, resulta de una flagrante ingenuidad política, desconocimiento histórico y enorme desapego con la objetividad, la idea manejada en círculos de poder estadounidenses y cubanoamericanos, que respaldan la arremetida militar contra la Isla, como parte de una «pretendida» estrategia de liberación política, restauración democrática y dignificación social. Si bien la crisis que enfrenta el país antillano remonta sus orígenes a la década de los noventa del siglo XX, los efectos materiales, sociales y humanos del recrudecimiento del bloqueo/embargo durante la segunda administración Trump, solamente pueden ser soslayados desde un criterio apartado de la realidad. Este posicionamiento lesivo a los intereses nacionales, refleja un franco desapego al sentir de las mayorías humildes del territorio, quienes padecen las dificultades cotidianas del cerco energético criminal, acompañado de una persecución negacionista del derecho fundamental a la vida.

El respaldo de las sanciones económicas por activistas auto-proclamados defensores de una agenda democrática, anti-totalitaria y/o progresista para el país, resulta incoherente con el propio costo en vidas que organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, advierten genera el impacto del bloqueo/embargo estadounidense contra la población civil cubana. Esta alternativa acorde a una política de castigo colectivo como instrumento de presión contra regímenes autoritarios, demuestra su vulnerabilidad al momento de asegurar la existencia de organizaciones encargadas del restablecimiento de la institucionalidad democrática, el cumplimiento de garantías constitucionales y la instauración de un marco jurídico acorde a estándares internacionales de derechos humanos. En su lugar prevalece la descapitalización de la infraestructura económica, el accionar desmovilizativo de la sociedad civil y la permanencia de un escenario propicio para el resurgimiento de nuevas élites, asociadas en sus capitales e influencias con estructuras precedentes del poder político, que en no pocos casos incorporan prácticas de procedimiento mafioso.

Las consecuencias de la transición neoliberal del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba

Ante los efectos de la crisis económica, la escasez de productos indispensables y el deterioro de servicios básicos, las autoridades cubanas suelen reaccionar con la deslegitimación pública, el uso excesivo de la fuerza y la represión policial contra el derecho a la protesta, en medio de un escenario de hartazgo, asfixia y agotamiento generalizado. La respuesta desproporcionada ante la ocurrencia de este tipo de manifestaciones enteramente comprensibles, ofrece la impresión de que la violencia parece ser la única herramienta en manos de quienes detentan el poder, a la hora de enfrentar los graves problemas sistémicos que golpean a la nación.

La dirigencia gubernamental y partidista, en sus propuestas de reformas económicas, ―aún segmentadas, insuficientes y fragmentarias―, parece tener conciencia que la solución a las problemáticas estructurales no se agota con una eventual flexibilización de sanciones; sino principalmente, con la adopción de políticas enfocadas en lograr un escenario de mayor dinamismo, eficiencia y productividad. El carácter estratégico de las medidas, apunta a garantizar una participación superior de los cubanos con recursos materiales, voluntad y disposición empresarial ―sin discriminación de ningún tipo en las numerosas actividades económicas, formas de gestión y propiedad existentes―, de manera que logren articularse las potencialidades de la Isla.

Sin embargo, ello no resulta suficiente para las necesidades del territorio, dado que el archipiélago aún constituye un país de alto riesgo en materia de inversión, no solamente por el factor de las sanciones externas, sino además por la inestabilidad monetaria, desequilibrios macro-económicos y baja confiabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Adicionalmente, el contexto de inseguridad jurídica ofrece escasa motivación a los empresarios, siendo incluso conocedores de las particularidades culturales y necesidades del mercado nacional, como es el caso de los cubanos residentes en el exterior, con solvencia económica para emprender grandes proyectos inversionistas.

Si bien las consabidas urgencias del modelo político movilizan el accionar del gobierno por la vía reformista y la flexibilización de su rigidez histórica, cual elementos indispensables para enfrentar la crisis sistémica. Por otra parte, las medidas económicas aprobadas en junio de 2026, apuntan hacia una liberalización que potencia las oportunidades de negocios en el mercado para la franja del capital; al tiempo que relega aspectos concernientes a los derechos laborales, la cooperativización, el empoderamiento obrero, el fortalecimiento sindical y la participación comunitaria acorde a las realidades locales.

Las circunstancias de este fenómeno permiten sostener que las políticas neoliberales llegaron a la Isla por mediación del Partido Comunista de Cuba (PCC), en momentos donde la clase trabajadora y jubilada, contempla una severa devaluación de sus ingresos monetarios. Por su parte, el sistema de contraprestaciones sociales sufre una degradación sostenida, como resultado de la crisis del sector público, la migración de profesionales y el deterioro de la infraestructura nacional, cuya única propuesta resolutiva por el Gobierno apunta hacia la privatización. Asimismo, las políticas oficiales reflejan un desmontaje del sistema de seguridad social y subsidios a las personas en condiciones de pobreza, en medio del repunte de la mendicidad, el trabajo infantil, el racismo, la desigualdad, la inseguridad alimentaria y la prostitución de ambos sexos.

En consecuencia, es posible advertir la transición hacia un régimen capitalista autoritario bajo dinámicas de neo-liberalización económicas, que si bien por un lado contribuyen a reducir la carga fiscal del Estado, por otra parte se convierten en catalizadoras al resurgimiento de antiguos flagelos. Igualmente, resulta preocupante que dicha implementación opera con elevados niveles de opacidad, al favorecer esquemas de acumulación privados en sus licitaciones y concesiones operatorias, lo cual contribuye a la reproducción de prácticas clientelares, correspondiente a las lógicas de un modelo «capitalista de compadres», divorciado plenamente de los ideales de igualdad y justicia que deben caracterizar los principios y valores del socialismo.

El ocaso del nacionalismo frente a la política «americana» intervencionista

Ante la gravedad de la situación humanitaria que convierte la cotidianidad en una batalla constante por la supervivencia, el cansancio y la indignación se apropia de las clases populares. Estos sectores padecen a su vez la incapacidad de las autoridades partidistas y de gobierno en la resolución de sus problemáticas, dado que los márgenes de maniobra de los funcionarios públicos y dirigentes resultan superados por la ineficacia sistémica.

En este contexto, el cinismo de la clase política estadounidense adquiere niveles insuperables, especialmente en la figura del secretario de Estado Marco Rubio, junto a los congresistas Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, quienes insisten en negar la responsabilidad norteamericana en la crisis energética, económica y social de la Isla. Sin embargo, los efectos de las sanciones adquieren un carácter inminente en el cierre apresurado de agencias, aerolíneas, navieras, bancos y empresas extranjeras, negadas a comercializar con el país caribeño. Esta estrategia de presión, transversaliza todos los ámbitos de la sociedad e impacta cotidianamente en millones de seres humanos, lo cual se traduce en vidas que se agotan o perecen, como consecuencia de una despiadada estrategia de asfixia, que afecta sectores sensibles como la sanidad, la educación, el transporte y la producción de alimentos.

Por otro lado, resulta de una incoherencia contumaz el tratamiento que reciben los migrantes latinoamericanos en territorio norteño, incluidos aquellos provenientes de la Isla, quienes son víctimas de redadas policiales, revocación de estatus migratorio y procedimientos al margen de la legalidad; mientras se proclama que dicho cúmulo de sanciones económicas y agresividad en la política exterior estadounidense, ―al punto de amenazar con el uso del poderío militar―, responde a intereses signados por el restablecimiento de la «democracia, las libertades y los derechos humanos en Cuba».

No obstante, una parte considerable de los sectores populares, percibe la «intervención americana» como una salida a la crisis, ante el predominio de un régimen autoritario renuente al pluralismo e incapaz de generar bienestar en la ciudadanía; en tanto facilita la persecución de los manifestantes en espacios públicos, mediante el uso de la fuerza a través de su aparato represivo y la deslegitimación de quienes se muestran desafiantes del modelo político.

En esa contradictoria acumulación de autoritarismo, represión policial, sanciones externas e ineficacia económica, resulta comprensible que el agotamiento, el descontento y la desmovilización, siembren la desesperanza en sectores no despreciables de la población cubana, al punto que una parte de su composición avale la salida militar intervencionista, como probable escenario «resolutivo» de la crisis.

La historia demuestra que los Estados Unidos no despliega sus tropas por razones de carácter ideológico, sino debido al resguardo de sus intereses geopolíticos y a la persecución de objetivos que contribuyan al sostenimiento de su hegemonía como potencia mundial. En ese contexto, el endurecimiento de las acciones contra Cuba responde a la agenda del presidente Donald J. Trump de retomar su influencia en la región, así como a los intereses del empresariado corporativo en desarrollar las potencialidades turísticas, geográficas y comerciales que ofrece el país antillano, sin obviar las apreciables reservas mineras vinculadas a la industria del níquel, de carácter estratégico para los fines bélicos del complejo militar-industrial.

Debido a ese cúmulo de factores, es posible asegurar que el territorio enfrenta uno de los períodos de crisis más profundos del nacionalismo cubano, debido a una etapa de elevada conmoción como resultado del desgaste generalizado, la emigración masiva, la descapitalización sistémica, el deterioro permanente de la infraestructura y la ausencia de una salida democrática a las formas libres de expresión de la ciudadanía.

La alternativa democratizadora: hacia un Estado social de Derecho

Después de más de seis décadas de monopolio político del Partido Comunista de Cuba, caracterizado por un proceder excluyente del disenso y la alternatividad, la democratización del espacio público se vislumbra como única alternativa para resolver los conflictos que enfrenta la Isla. La crisis estructural que padece el archipiélago se encuentra transversalizada por el pensamiento excluyente, ejemplificado en narrativas de enfrentamiento como: disidente vs. revolucionario, capitalista vs. comunista, liberal vs. marxista, homosexual vs. hombre nuevo, materialista vs. idealista, religioso vs. ateo, trumpista vs. castrista, entre otros.

La tradición persistente de una sociedad desarticulada en sus capacidades de organicidad, como resultado de una maquinaria represiva diseñada para la obtención de tales resultados, contribuye a la reproducción de un lenguaje totalitario y la proyección de un accionar anclado a dichas lógicas de pensamiento, el cual resulta predominante incluso fuera de las propias fronteras nacionales. Ante el predominio de tales lógicas, signadas por intereses políticos de fraccionamiento, divisionismo y confrontación, que además propician una escasa cultura democrática, se hace necesario el restablecimiento de una institucionalidad republicana, dirigida a la conformación de una estructura de funcionamiento público, acompañada por el accionar consciente de una composición civil, responsable de los retos históricos que afronta la nación.

Frente a las amenazas de agresión externa y el carácter moribundo de un proyecto «socialista burocrático» fracasado, a la vigente generación de cubanos le corresponde el desafío de garantizar las mayores cuotas de independencia, justicia e igualdad, ante las maniobras de sujetos políticos y empresariales (nacionales o extranjeros), que pretenden imponer una agenda oligárquica, ajena a los intereses democráticos y soberanos de la voluntad popular. Ante esos peligros, la transición hacia un Estado social de Derecho, debiera constituir el paradigma de aquellos actores comprometidos con ideales de liberación, en consonancia con la herencia independentista, patriótica y nacionalista cubana.

La materialización de ese camino, es posible mediante la articulación consolidada de un movimiento cívico de regeneración nacional, capaz de hacerle frente tanto a los postulados autoritarios esgrimidos desde instancias de poder, como a los intereses imperiales, extractivistas y neo-colonizadores, que sustentan el accionar agresivo de la administración de Donald J. Trump, como parte de su estrategia de seguridad hemisférica. En contraposición a dichos objetivos políticos, permanece incólume aquella prédica martiana, consciente de la importancia estratégica que implicaba impedir a tiempo con la independencia de Cuba, la expansión de los Estados Unidos con esa fuerza más, sobre nuestros pueblos de América.

SOBRE LOS AUTORES

( 7 Artículos publicados )

Cubano. Licenciado en Historia y activista afrodescendiente. Sus principales temáticas de investigación están enfocadas en los estudios sobre pobreza, racismo, desigualdades, marxismo heterodoxo, republicanismo negro, socialista y popular.

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