La reciente culminación, en noviembre de 2024, de un modelo de texto constitucional por parte del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho «Cuba Próxima» ha significado una contribución novedosa y sustancial al debate sobre el futuro político y social de Cuba. Este documento, que evoluciona del trabajo previo del Laboratorio de Ideas «Cuba Posible» plasmado en el libro «La Cuba que quisimos» (2018-2019), se presenta como una propuesta concreta para un futuro proceso constituyente genuinamente representativo y plural.

En un contexto donde diversas voces buscan espacios de diálogo sobre el devenir de la nación cubana, la propuesta de «Cuba Próxima» emerge como un intento de articular un marco legal fundamental capaz de generar un amplio consenso. El Centro de Estudios enfatiza que este modelo constitucional ha sido concebido para un escenario de debate nacional inclusivo, donde diferentes posiciones políticas, corrientes de pensamiento y tendencias socioeconómicas puedan converger en la construcción de un futuro compartido.

La relevancia de esta iniciativa radica en su ambición por abordar desafíos estructurales y aspiraciones largamente postergadas por la sociedad cubana. Desde tal aspiración, la propuesta cimienta un Estado de Derecho y bienestar social, con un compromiso inquebrantable hacia los derechos humanos fundamentales, abarcando tanto derechos civiles y políticos como sociales, económicos y culturales.

Se enfatiza el papel proactivo del Estado en la garantía de los derechos socioeconómicos, con la obligación de fomentar progresivamente las condiciones para su pleno ejercicio, priorizando la igualdad y la no discriminación. Para lograrlo, por ejemplo, se presenta un análisis crítico de la desigualdad racial en Cuba, seguido de la proposición de medidas concretas para impulsar la equidad a través de un enfoque integral que abarca educación, economía, inclusión social y la lucha frontal contra la discriminación.

Propone un modelo de sociedad civil que priorice la protección de los derechos, la inclusión social y la autonomía de las organizaciones. Se busca crear un entorno donde los ciudadanos puedan participar activamente en la vida pública y defender sus intereses de forma independiente.

Enfatiza la importancia de la protección social como pilar fundamental para garantizar los derechos humanos y el bienestar de la población. Se propone un modelo de protección social integral y sostenible, basado en la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad civil.

Propone un plan integral para transformar la economía cubana, priorizando la diversificación, la estabilidad, la competitividad y el bienestar social. El objetivo central es establecer un modelo económico dinámico y equitativo que impulse el desarrollo sostenible del país. Se define una economía mixta, donde el Estado ejerce un rol regulador y promotor clave, reconociendo simultáneamente la propiedad privada y otras formas de organización económica. Se enfatiza la justicia social, la equidad y la protección de los derechos laborales. La creación de una Comisión Trisectorial subraya el compromiso con el diálogo social y la concertación en la formulación de políticas económicas.

Defiende un modelo de relaciones laborales que prioriza la protección de los derechos de los trabajadores, la libertad sindical y el diálogo social. Se busca crear un entorno laboral justo y equitativo, donde se garantice la dignidad y el bienestar de los trabajadores.

Aboga por una concepción integral de la cultura y la educación como fundamentos del desarrollo humano, enfatizando la importancia de la libertad creativa, el acceso universal a la educación, la protección del patrimonio cultural y la libertad de expresión. El objetivo es fomentar un entorno donde los ciudadanos puedan desarrollar plenamente su potencial y participar activamente en la vida cultural, social y política.

Establece instituciones clave para salvaguardar el Estado de Derecho, el control del poder y la protección de los derechos ciudadanos, garantizando su autonomía y rendición de cuentas. Estas instituciones incluyen la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, la Contraloría General y el Banco Central de la República. También se propone la Comisión Nacional Electoral, garante de un modelo electoral libre que prioriza la transparencia, la equidad y la participación ciudadana, protegiendo el proceso electoral de influencias indebidas y asegurando la responsabilidad de los representantes electos ante la voluntad popular. Finalmente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad asegura una seguridad democrática que equilibra la necesidad de orden y seguridad con la protección de los derechos individuales y las libertades civiles.

Propone una Presidencia de la República, que no gobierna, con amplios poderes de representación estatal, dirección política e influencia sobre los demás poderes del Estado, aunque sujeta a mecanismos de control como la revocación parlamentaria y la rendición de cuentas.

Establece un Parlamento con amplios poderes legislativos y de control político, que busca equilibrar la representación partidista con la participación ciudadana, y una organización interna que garantice la eficiencia y transparencia, ejerciendo un control significativo sobre los demás poderes.

Establece un sistema de Gobierno parlamentario, donde un Primer Ministro, como jefe de Gobierno, ejerce un liderazgo robusto, junto a un Consejo de Ministros con amplias atribuciones. Se define una clara separación de poderes con la Presidencia. Se implementan mecanismos de control parlamentario, que incluyen la rendición de cuentas y la posibilidad de mociones de censura.

Impulsa un modelo de descentralización y autonomía local, otorgando amplias competencias a los Gobiernos provinciales y municipales. El objetivo primordial es fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el desarrollo económico local, facultando a los Gobiernos locales para establecer relaciones internacionales que impulsen su crecimiento.

Establece un sistema judicial que garantiza la independencia y autonomía, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana en la administración de justicia. Se implementan mecanismos de control y responsabilidad para jueces y magistrados.

Configura un Tribunal Constitucional con amplias competencias para la protección de los derechos fundamentales y el control de la constitucionalidad.

Asegura la independencia e imparcialidad de los magistrados mediante un régimen de incompatibilidades y un sistema de elección pluralista, fortaleciendo así el Estado de Derecho.

Establece un sistema de reforma constitucional que busca equilibrar la estabilidad con la capacidad de adaptación, implementando procedimientos más exigentes para la modificación de principios fundamentales. Se garantiza la participación ciudadana, especialmente a través de iniciativas populares.

Asimismo, se reconoce la necesidad de un período de transición para la implementación efectiva de la Constitución, que incluya un plan de legislación coherente y medidas específicas para abordar la crisis socioeconómica. Se reconoce la necesidad de tiempo y recursos para la realización de los derechos sociales.

Es importante destacar que “Cuba Próxima” también ha elaborado un documento complementario titulado Normas para regular el proceso constituyente en Cuba. Aunque no se presenta como una propuesta definitiva, este material esboza posibles reglas mínimas para un eventual proceso constituyente, detallando sus fases desde la convocatoria hasta la ratificación constitucional mediante referendo.

El acceso al modelo de texto constitucional, facilitado a través de un enlace con el título Constitución de la República de Cuba, representa un avance significativo en el debate sobre el futuro institucional del país. La propuesta de “Cuba Próxima” se suma al esfuerzo de muchos por construir una Cuba libre, próspera y democrática, ofreciendo un marco concreto para la reflexión y el diálogo entre los cubanos de diversas procedencias y perspectivas. Su valor reside no solo en el contenido detallado de sus artículos, sino también en su vocación de ser un punto de partida para un debate nacional inclusivo y constructivo.