La pregunta en torno a cómo debemos distribuir el poder entre las diferentes instancias de gobierno —locales y nacional— está estrechamente ligada a las ideas de libertad, igualdad y gobernabilidad. La fundación de la república estadounidense y el sistema federal que de ella emana es claramente el resultado de la tensión entre libertad y gobernabilidad. Esto es, por un lado, es imprescindible que los ciudadanos sean libres y puedan influir sobre las decisiones del gobierno, así como es importante que los gobiernos tengan a disposición un aparato estatal fuerte para poder entregar servicios públicos y satisfacer las demandas de esos ciudadanos libres.

De modo que lo que vino inicialmente a resolver el federalismo —que garantiza que determinados poderes queden en manos de las regiones, departamentos, estados, provincias, etc., limitando así el poder del gobierno central— en los Estados Unidos fue encontrar un balance entre ambos bienes: la libertad y la gobernabilidad. Así mismo, sistemas más centralistas —o unitarios— han enfrentado el mismo problema y han intentado resolver el dilema mediante procesos de devolución, descentralización, dando mayor protagonismo a los gobiernos locales. El caso español es típico en este caso y su modelo autonómico, donde los gobiernos locales conservan competencias, en la práctica funcionando casi como una especie de estado federal, donde hay poderes reservados para las autonomías, otros reservados al estado central, y otros donde ambas instancias se complementan. En el caso español, el concierto autonómico estuvo ligado a la transición a la democracia, pero se ha profundizado desde entonces con, por el ejemplo, el concierto económico vasco a comienzos del segundo milenio.

Ya sea bajo un diseño federal o uno unitario, un estado descentralizado no está libre de tensiones, siendo la más evidente en lo referente a las competencias de cada instancia del estado. Estas tensiones emergen con aun más fuerza en tiempos de crisis donde los gobiernos locales no son lo suficientemente fuertes para gestionar la crisis, y la intervención del gobierno central genera dudas y protestas respecto a si este estaría abusando su poder. Un ejemplo de ello fue la gestión de la pandemia dado que la gestión de la salud publica suele ser una de las competencias de las regiones. Asimismo, otros pueden argumentar que el acceso a determinados bienes públicos no debe estar supeditado a la región, estado o provincia que se habita. Es aquí donde se desvela el otro elemento de las tensiones entre el estado central y las regiones: la igualdad.

Por un lado, el poder de las regiones en principio expande la libertad al poner al gobierno más cerca de la gente de modo que los ciudadanos de una misma región pueden influir sobre sus gobiernos y encontrar soluciones específicas a su contexto, a la vez que limita el poder del estado central. Sin embargo, esto en ocasiones puede atentar contra la igualdad de los ciudadanos encontrándonos con realidades muy distintas en un mismo país. Por ejemplo, niveles de vidas muy dispares con sueldos mínimos muy distintos. Un ejemplo extremo de estas desigualdades lo podemos encontrar en los Estados Unidos de finales del siglo XIX y primera mitad del XX donde los estados del Sur —derrotados en la guerra y después que se ratificara la enmienda XV que prohibía la discriminación racial respecto al derecho al voto— crearon leyes electorales que en la práctica limitaban la participación política de las personas negras. De modo que, si eras negro, tu derecho al voto se veía limitado o condicionado dependiendo donde vivieras.

En general, el caso estadounidense se ha movido primero hacia el empoderamiento del gobierno central y luego hacia un proceso de devolución de competencias que comienza en los 80s del siglo pasado. En el caso español, desde la transición a la democracia el proceso ha sido hacia la descentralización del poder del estado central.

Cuba, sin embargo, no cuenta ni con un vasto territorio nacional con regiones muy diferentes unas de otras, ni con una sociedad tan diversa con diferencias —por ejemplo, lingüísticas— marcadas. Si bien un diseño federal —o cuasi federal como el español— puede justificarse simplemente bajo la premisa de que, sin importar el tipo de sociedad o territorio, este gestiona mejor las tensiones entre libertad, gobernabilidad e igualdad esta premisa es perfectamente debatible. Sin embargo, lo que parece generar más consenso es el hecho de que, aun bajo un modelo unitario —donde no hay poderes reservados para los gobiernos de cada región— los países deben dar pasos hacia la descentralización.

En América Latina, donde predominan los diseños unitarios, la descentralización también, como en el caso español, estuvo marcada por la transición a la democracia. Con ello, por ejemplo, los gobiernos centrales han ido dejando de elegir a alcaldes y gobernadores, entregando esa atribución a los ciudadanos de cada localidad. Sin embargo, esta devolución ha sido en ocasiones contradictoria porque se ha entregado el derecho a elegir a los ciudadanos y la responsabilidad de gobernar a los lideres locales electos, pero no suficiente poder a estos últimos, haciendo que su gestión siga dependiendo mucho del gobierno central. Esto, desde luego, puede terminar generando mucha frustración en la ciudadanía porque eligen a un gobierno local que en la práctica en muchos aspectos no puede gobernar.

Adicionalmente, la descentralización muchas veces ha significado la delegación de gestiones, sin que venga acompañada de poderes. Esto se ve principalmente en la marcada dependencia de los gobiernos regionales de las transferencias de dineros desde el gobierno central. Mientras este último siga siendo el principal contribuyente de los gobiernos locales, la descentralización corre el riesgo de estar muy permeada por el clientelismo tan visible, por ejemplo, en Colombia, donde los congresistas actúan como intermediaros entre el gobierno nacional y los jefes locales para conseguir la mayor tajada posible de la partida de presupuestos a cambio de apoyo político.

Otro problema importante en la descentralización en la región es la poca institucionalización de los gobiernos locales. Estos están marcados por el personalismo y las extensas redes clientelares. Sin una institucionalidad sólida donde las reglas prevalezcan sobre las personas resulta difícil imaginar un proceso de descentralización sólido que no resulte en más corrupción. Esto es algo que probablemente afectará a Cuba en el futuro. Si bien el régimen totalitario cubano fue capaz de construir estado como no lo habían conseguido los regímenes previos al 59, esta construcción ha sido únicamente en lo referente al estado central, relegando lo local a una mera extensión —o poleas transmisoras— del estado central. Adicionalmente, este proceso de fortalecimiento del estado está siendo irónicamente revertido y destruido. No es difícil imaginar que lo que construyó el totalitarismo será destruido por el mismo totalitarismo en su tozudo empeño por anquilosarse.

Los gobiernos locales necesitan competencias y la capacidad de autofinanciarse al menos parcialmente, sin que esto signifique, desde luego, rechazar de un tajo la financiación externa. Por ejemplo, es perfectamente razonable que el estado central use la financiación para generar un mínimo de igualdad de modo que aquellas regiones y ciudades más afortunadas no se conviertan en un país distinto al resto de ciudades. Asimismo, es también comprensible que los gobiernos locales echen mano a préstamos que les sirvan para mejorar su infraestructura. Sin embargo, es también importante que cada gobierno local pueda ser lo suficientemente independiente para tomar decisiones y legislar en áreas muy puntuales de acuerdo con el clamor popular.

[1] Por motivos de simplicidad, en este articulo uso los términos gobierno y estado como sinónimos o análogos.